El 22 de marzo de 2002, William Bourdon, secretario general de la FIDH (Federación Internacional de la Liga de Derechos del Hombre) presentó ante los Magistrados Investigadores de París una demanda civil en representación de siete aldeanos cameruneses, alegando cargos por destrucción criminal de propiedad, falsificación, fraude, posesión de mercancía robada y corrupción de funcionarios contra los directores del grupo Doumé Affiliated Forestry Company (SFID) y la Cameroonian Legal Society, así como su empresa matriz ROUGIER S.A.
Los cargos presentados son el resultado de una investigación minuciosa realizada en el lugar por Amigos de la Tierra-Francia y SHERPA. Los cargos condenan lo que básicamente se resume como saqueo ilícito de recursos forestales en detrimento de los pobladores de Camerún, delitos que motivaron a Amigos de la Tierra-Francia a participar como parte privada en el juicio.
Esta demanda proporciona a los pobladores la posibilidad de identificar y llevar ante la justicia a los responsables de esos delitos, y de recibir compensación por los mismos. Esperan que la justicia francesa garantice un juicio independiente e imparcial para este caso. La corrupción domina la situación local, como resultado del poder que ejercen las compañías forestales para privar a los pobladores de esos derechos fundamentales.
En los cargos, los demandantes afirman que el Grupo Rougier S.A. debe ser considerado cómplice de los actos delictivos cometidos por su filial SFID, al igual que los directores franceses asociados, teniendo en cuenta la clara superposición e interdependencia entre las dos entidades.
Los cargos presentados ante los tribunales franceses contra el grupo ROUGIER S.A. y sus directores, constituye el primer caso para Amigos de la Tierra-Francia y SHERPA, y demuestra que una acción extraterritorial realizada por parte de entidades privadas no garantiza sistemáticamente su impunidad. Amigos de la Tierra-Francia y SHERPA, en cooperación con asociaciones extranjeras continuarán su asociación a través de una red de defensores legales, y mediante la realización de un estudio de viabilidad, planificarán nuevas iniciativas tanto en Francia como en otros lugares.
Por Frederic Castell, Amigos de la Tierra-Francia.