Colombia, uno de los países megadiversos del mundo, cuenta con un área total de manglares de 365.902 hectáreas, el 80% de los cuales se extienden en un collar verde en la costa del Océano Pacífico.
Una reciente decisión del Ministerio de Medio Ambiente de ese país ha generado una controversia relacionada con el uso de los recursos naturales y los derechos territoriales y culturales de las minorías étnicas en dicha región. Las autoridades negaron los títulos sobre las tierras en la zona de manglares en la región del Chocó, en la costa del Pacífico, a las comunidades negras que han ocupado esta zona durante siglos. El gobierno entiende que los manglares y otras áreas costeras deben permanecer en el dominio público. Sin embargo, tal punto de vista ignora el hecho de que las comunidades negras han hecho de los manglares su espacio geográfico, manejándolos de manera sustentable, asegurando de ese modo la conservación de los mismos. Poderosos intereses -como los de las industrias maderera y camaronera- están esperando ansiosamente poder entrar a los manglares, lo que obviamente significaría no sólo su degradación o destrucción, sino también la pérdida de los medios de vida de las comunidades tradicionales negras.
Las comunidades afectadas consideran que la cuestionada decisión se basa en consideraciones exclusivamente ecológicas, desatendiendo otros aspectos relevantes, como los vinculados a su interacción ancestral con el ambiente y los recursos naturales. Al establecer que los manglares y áreas costeras de la región del Chocó no deben ser considerados tierras comunales, el Ministerio de Medio Ambiente está ignorando la complejidad de un problema en el que están implicados elementos no sólo naturales, sino también históricos, antropológicos y sociales. Los manglares resultan vitales para la vida de las comunidades locales en las áreas costeras que van desde Candelillas del Mar hasta la frontera de Colombia con Panamá. La mayor parte de éstas vive en pequeños poblados a lo largo de la costa y de las riberas de los ríos. Su vida en estrecho contacto con la naturaleza está fundada en tradiciones originadas a partir de sus ancestros africanos. Su existencia es posible gracias a una serie de actividades económicas que se basan en la utilización de los manglares y sus recursos -carbón y leña, pesca, recolección de moluscos, etc.- y que han demostrado estar en armonía con este frágil ecosistema.
Varios foros internacionales -como la Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), el Acuerdo de Río, la Declaración de Viena y la Convención de Ramsar- han expresado claramente la necesidad de abordar los temas ambientales tomando como centro al ser humano. Asimismo la Convención de Diversidad Biológica de 1992 -adoptada como Ley nro. 162 por Colombia en 1994- subraya la necesidad de tener en cuenta los valores ecológicos, sociales y también culturales de la diversidad biológica y sus componentes. Además la Ley de Recursos Naturales, que ya tiene 50 años de vida, así como más reciente legislación vigente en el país, garantizan la participación de las comunidades afrocolombianas en relación con la toma de decisión en los proyectos y las actividades que pueden afectar su integridad cultural, a la vez que reconocen los derechos de las comunidades negras de las área ribereñas del Pacífico.
La polémica decisión ha sido cuestionada a nivel del propio gobierno. Un memorándum oficial interno fechado 6/7/99 concluye expresando que una propuesta relativa a los manglares y las áreas costeras debería implicar la participación activa de las referidas comunidades, dado que ellas han habitado y desarrollado su vida allí, y deberían estar dirigidas a armonizar los derechos colectivos de las comunidades con la conservación de los recursos naturales a nivel nacional. El documento señala asimismo que el conocimiento tradicional puede contribuir con elementos creativos a la formulación de políticas para la conservación de los manglares, impidiendo la acción de otros agentes que quieren explotarlos a nivel comercial.
Las comunidades implicadas del Alto y Bajo Mira, Frontera, Palenque Nariño y Patria Grande están defendiendo sus derechos y han expresado que no habrán de recibir títulos sobre las tierras con las restricciones establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente, que son contrarias a lo establecido en la Constitución nacional. Las mismas presentaron a las autoridades un documento titulado “Los manglares: el hábitat donde hemos establecido nuestra cultura”. Sus representantes mantuvieron reuniones con funcionarios del INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria), quienes les expresaron su reconocimiento de los derechos ancestrales de las comunidades, así como la intención de ese organismo de asignar tierras a las comunidades tradicionales en la región. No obstante la solución todavía está pendiente y el conflicto se agrava.
La decisión ministerial es entonces otro ejemplo de una visión equivocada y generalmente tendenciosa de una naturaleza vacía de gente, que desgraciadamente predomina en los círculos oficiales. La realidad muestra -en el caso de los bosques, de un modo evidente- que ignorar la existencia de las comunidades tradicionales o indígenas en dichas áreas, el uso sustentable que ellas generalmente hacen de las mismas y sus derechos territoriales, sólo sirve para allanar el camino a poderosos actores que habrán de usurparles los territorios y los recursos en su propio beneficio, obteniéndose como resultado nada más que degradación ambiental y conflicto social.
Fuente: Gonzalo Díaz Cañada, Fundación Beteguma, 19/8/99.