De los 3.500 millones de hectáreas de bosques que existen en el mundo, cerca de 63 millones están en Colombia y la mitad de ellos se localizan en los territorios enriquecidos por las culturas indígenas y de comunidades negras. Estos bosques, albergan a su vez una de las más ricas formas de diversidad biológica del mundo y son el soporte de numerosas culturas que los habitan. Son también lugares de regulación climática e hídrica y el hábitat de complejas e irremplazables formas de vida.
No obstante, y en lo que constituye un lamentable rasgo común a numerosos países del Sur, la biodiversidad, la relación cultura-selva y las condiciones de vida de numerosas comunidades se han visto dramáticamente afectadas por la puesta en marcha de encadenamientos productivos forestales promovidos por la USAID a través del Programa Colombia Forestal. También han incidido otros factores: el interés del Estado colombiano en convertir la biodiversidad y el resto del patrimonio ambiental de los pueblos indígenas y comunidades negras en mercancía al servicio del capital internacional y especialmente de los Estados Unidos en el TLC; la implementación de megaproyectos de infraestructura vial y portuaria, mineros y de bioprospección; el establecimiento de plantaciones a gran escala de palmicultura sobre territorios y espacios vitales de las comunidades negras e indígenas.
En ese marco de políticas se inscribe el Proyecto de Ley Forestal que se viene debatiendo en el Congreso de la República, ha sido aprobado por el Senado y está en último debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
Diversas organizaciones sociales colombianas han manifestado críticas al proyecto de ley, básicamente en cuanto a que no logra el propósito de poner orden en el caos que hoy vive el país en el aprovechamiento de los recursos forestales y, por el contrario, puede generar mayor caos jurídico dando lugar a la inaplicación tanto de las disposiciones existentes en la materia como de nuevas.
Denuncian en primer lugar que, en torno a la formulación del Proyecto, no se ha dado participación ni se ha consultado a las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas mestizas, como tampoco a otros actores sociales involucrados.
Por otro lado, el Proyecto de Ley Forestal aduce regular el manejo de plantaciones forestales y de bosques, pero las organizaciones sociales declaran que: “Su contenido es ante todo para el fomento en el país de la producción de madera a través de plantaciones, desechando la posibilidad de una ley para bosques naturales. Esta es una política que no tiene una perspectiva ambiental integral, ni contempla tampoco a los bosques como un ecosistema como lo fija la Convención de Biodiversidad puesto que se cambian los organismos que planifican y formulan las políticas del sector y se modifican radicalmente las instituciones correspondientes hasta el punto que buena parte del control queda en manos exclusivas del Ministerio de Agricultura y de agentes particulares”.
También se acusa al Proyecto de Ley de facilitar el acceso de las compañías internacionales al negocio forestal creando figuras legales que permitirían el acceso a los bosques nativos de las principales zonas del Pacífico y de la Amazonia. Ya hay suficientes historias como para saber que eso implicaría muy posiblemente la violación de los derechos de las comunidades autóctonas en la medida que se afecta resguardos indígenas, territorios colectivos de Comunidades Negras y asentamientos campesinos.
Las organizaciones señalan que “el marcado afán en el proceso de discusión y la rápida aprobación de la Ley en el Congreso no se compadece con el inmenso impacto que ella tiene sobre la riqueza forestal del país y sobre los derechos de muchos colombianos. En sentido contrario, es conocida la influencia que han tenido entidades extranjeras y empresas madereras interesadas en la promoción y aprobación del proyecto”. “La expedición de esta Ley, a las puertas de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el cual promueve el mercado de servicios ambientales, hace todavía más expeditos los previsibles resultados catastróficos sobre los que aquí estamos advirtiendo.”
Numerosas adhesiones individuales y de organizaciones han avalado la carta pública en la que se exponen los referidos argumentos y a la que es posible acceder en http://www.censat.org/Biodiversidad_Bosques_PL_Forestal.htm. Quien desee adherir a la misma, puede comunicarse con la organización CENSAT por el correo electrónico bosques@censat.org.
Artículo basado en información enviada por CENSAT: “Declaración sobre el proyecto de Ley Forestal”, “Carta abierta al Congreso de la República”, http://www.censat.org/Biodiversidad_Bosques_PL_Forestal.htm