Costa Rica ha estado construyendo una economía orientada a la exportación, sin independencia política ni económica. La presión de las exportaciones ejercida por el sistema mundial sobre los recursos resultó en una gran desigualdad. A partir del Protocolo de Kioto, los neoliberales han redefinido los bosques como “generadores de oxígeno”, concepto que Costa Rica ha adoptado. En este contexto, las comunidades locales, en especial las que viven en las selvas y dependen para su supervivencia de las riquezas que éstas les brindan, han visto cómo se está erosionando su sistema básico de sustento.
La crisis ambiental mundial ha subrayado el hecho de que la vegetación de los bosques almacena carbono que, en caso de liberarse, contribuiría a atrapar calor en la atmósfera, aumentando la temperatura y acelerando el cambio climático. En el marco del desarrollo sustentable, los bosques se han convertido en un “capital natural”, pero en realidad son mucho más que eso. El bosque es un mecanismo esencial para el control de las inundaciones. En el bosque, los árboles están conectados entre sí mediante la multitud de seres que con ellos se relaciona para su alimentación, refugio o lugar para anidar, su acceso compartido al agua, el aire y la luz solar y un sistema subterráneo de hongos que une todos los árboles como un superorganismo. Las personas que habitan en el bosque también integran este superorganismo.
El llamado desarrollo sustentable agravó la desigualdad del acceso a los recursos al intensificar el enclaustramiento temprano de la tierra a través del Sistema de Conservación creado en 1989 por el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM, hoy MINAE). A través del SINAC (Sistema Nacional de Conservación) se instrumentó el modelo de zonas de conservación para gestionar la vida silvestre y la biodiversidad del país. Bajo la supervisión del actual Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el país fue dividido en once zonas de conservación que abarcan vida silvestre, terrenos privados y asentamientos humanos, expandiendo el modelo con el enclaustramiento del 25,58% del territorio nacional. Las tierras expropiadas se organizaron siguiendo la línea de los parques nacionales norteamericanos, que excluyen a las personas y les niegan toda participación en el mantenimiento de los ecosistemas. Estas tierras expropiadas se vinculan con redes transnacionales y políticas para inventar “interesados” locales y globales a través de categorías de administración tales como Patrimonio Humano, parques nacionales, humedales, reservas biológicas, zonas protegidas, reservas forestales y refugios para la vida silvestre. Al mismo tiempo se construyen fronteras internas separando a los habitantes locales, que comparten volcanes, cascadas, ríos, aguas termales, monos congo y refugios para el desove de las tortugas. Las tierras enclaustradas se convierten en sitios de minería, investigación, ecoturismo y venta de oxígeno.
El Protocolo de Kioto introdujo un nuevo concepto de los bosques tropicales del mundo. Ahora se los valora económicamente en términos de la cantidad de carbono que captan. Se considera que las Áreas de Conservación pueden recibir dinero por los “servicios ambientales” que prestan. En el Área de Conservación Arenal (ACA), organizada por el Fondo Mundial para la Vida Silvestre - Canadá (WWF-C), parques nacionales como el Parque Nacional Volcán Arenal y el Parque Nacional Volcán Tenorio y reservas forestales como la de Cerro Chato venden oxígeno. Pero para poner el oxígeno en el mercado, en 1994 la antigua reserva de Volcán Arenal tuvo que convertirse en parque nacional. De 5 hectáreas pasó a tener 12.010 hectáreas. El resultado fue que comunidades enteras fueron desalojadas por la fuerza. En un recurso de amparo presentado ante la Suprema Corte de Costa Rica (División IV del Sistema Judicial), campesinos y campesinos que vivían en la zona de la Cuenca Arenal del ACA informan de las importantes pérdidas sufridas. Perdieron tierras, pasturas, casas, lecherías y caminos. Antiguos propietarios pasaron a vivir en ranchos o tugurios. Los bancos comerciales confiscaron los efectos personales, como automóviles o pequeños electrodomésticos, de campesinos y campesinas cuando éstos no pudieron pagar los préstamos que habían pedido para el desarrollo económico. Cuando algunos de ellos, desesperados, volvieron a su tierra a plantar yuca, porotos, maíz y otros alimentos de subsistencia, se los declaró infractores de la ley y en algunos casos fueron presos.
El arrebatamiento del bosque a las comunidades locales que lo utilizan para su sustento se ha convertido en una sentencia de muerte para los pequeños y medianos propietarios de tierras. Como resultado, sus necesidades son dejadas de lado y los integrantes de la comunidad que antes vivían del bosque hoy son declarados enemigos de los bosques. En 1996 La Cuenca de Aguas Claras también se declaró reserva forestal y empezó a haber cambios en la zona. En 2001 participé de una reunión pública en la Municipalidad de La Cuenca de Aguas Claras a la que llegaron más de 200 campesinos, hombres y mujeres, prontos para ser entrevistados. Puesto que eran demasiados, eligieron a Abel Fuentes y Luis Guimo para que hablaran en su nombre. Fuentes dijo que, según el MINAE, “nuestra forma de vida de subsistencia está produciendo deforestación y contaminación y reduciendo el nivel del agua de La Cuenca de Aguas Claras. El MINAE exageró el nivel de deforestación para expulsar a casi todos los habitantes porque está reforestando nuestra tierra para vender oxígeno a otros países y obtener ‘donaciones’”. Martín Guimo, otro pequeño propietario que todavía vive en la tierra expropiada, añadió: “Cuando pedimos información a los funcionarios del MINAE, son ellos quienes deciden cuándo y dónde podemos obtenerla. Cuando proponemos una reunión, ellos deciden cuándo y dónde podemos reunirnos y luego cambian la hora, la fecha o cancelan la reunión sin avisarnos. Muchos de nosotros vivimos lejos del lugar de reunión y a veces tenemos que viajar tres horas a caballo para llegar a la reunión, y es una desilusión llegar y enterarse de que la reunión se canceló” (Guimo, entrevista de julio de 2001).
El poder del mundo industrial de rediseñar los bosques en tanto productores de oxígeno exacerba las desigualdades. Al surgir una nueva estructura de acumulación, la desintegración del ecosistema que sustentaba las fuentes de subsistencia de las comunidades locales tiene fuertes efectos sobre la división sexual del trabajo y la opresión de las mujeres. Cuando las familias se desintegran violentamente o son desplazadas y se empobrecen, se alienta a las mujeres del medio rural a emigrar a San José y otras zonas turísticas con la esperanza de ganar un ingreso para ellas y sus desposeídas familias. Una vez introducidas en la economía monetaria, las mujeres empobrecidas ganan todo o parte de su sustento como prostitutas. Las prostitutas de Costa Rica son mujeres trabajadoras que mantienen hijos y familiares. No están en el mercado por elección sino por necesidad. Junto con ellas hay una sorprendente cantidad de niños y niñas que son comprados, vendidos y maltratados por la sociedad.
Las relaciones de poder de los acreedores, que alientan la mercantilización de la naturaleza, están escritas en los cuerpos del bosque, las mujeres y los niños y niñas de la endeudada Costa Rica. Cuando los habitantes son expulsados de sus tierras, mujeres y niños vulnerables y desposeídos se vuelven a la industria del turismo sexual, obligados a entrar en una nueva esclavitud en pleno siglo XXI: la esclavitud sexual masiva. Con la complicidad de los gobiernos locales, los hombres blancos del primer mundo explotan las penurias económicas de la crisis de desigualdad creada por el capitalismo global.
Este tipo de ‘solución’ permite al mundo industrial seguir contaminando mientras pueda comprar créditos de carbono a los países que tengan densos bosques tropicales. Entre tanto, nada detiene las emisiones producidas por el aumento de la quema de carbón y gasolina. El comercio del carbono es una relación colonialista con marcados sesgos de clase y sexo que afectan la naturaleza de los países endeudados, así como la producción de subsistencia y las vidas de las mujeres y los hombres de los bosques tropicales.
Extractos editados de: “La tragedia de los enclaustramientos: una perspectiva eco-feminista de la venta de oxígeno y la prostitución en Costa Rica”, por Ana Isla, profesora adjunta de la Universidad de Brock, Canadá, e integrante de la organización Toronto-Women for a Just and Healthy Planet, correo-e: aisla@brocku.ca. El documento completo en inglés está disponible en: http://www.wrm.org.uy/countries/CostaRica/Eco-feminist_Perspective_Costa_Rica.pdf