El gobierno calificó de chiste la intención de la petrolera Harken Energy de exigir, mediante un arbitraje, $57.000 millones al país. La empresa presentó una solicitud para un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés). Dicho organismo está adscrito al Banco Mundial y tiene su sede en Washington, EE.UU.
La amenaza de la compañía petrolera Harken Costa Rica Holdings se esfumó tan rápida como sorprendentemente. Se dio precisamente cuando en Costa Rica se discute ampliamente sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y sus influencias, y cuando Estados Unidos insiste una y otra vez sobre la apertura comercial a dos de sus negocios favoritos (telecomunicaciones y energía/petróleo).
El anuncio de retirar la demanda realizado por la compañía petrolera puede ser parte de su estrategia para tener una carta en la manga para la negociación, pues acaba de rebajar una de sus aspiraciones, que era el arbitraje internacional. Ahora la compañía pide una indemnización de unos 15 millones de dólares por sus trabajos en Costa Rica. Será sumamente interesante conocer por qué cuando la compañía firmó el Plan de Inversión con el gobierno anterior, el monto de inversión total era de US$ 2.980.000 y ahora habla de 15 millones. Entonces tendríamos unos 12 millones de dudas. La primera duda es sobre si la compañía registró un monto de inversión más bajo para pagar una garantía ambiental de 10% --unos $30 mil. La segunda duda es en qué bolsillos quedaron esos 12 millones de dólares. Sería bien didáctico saber quiénes realizaron esas “asesorías o consultorías”.
Para los ecologistas de OILWATCH-Costa Rica, esta es una de las historias que se convertirán en cotidianas cuando se profundicen los derechos de las compañías trasnacionales mediante los Tratados de Libre Comercio. Como lo declara el gobierno, la empresa incumplió el contrato, pues no logró que se aprobara un estudio de impacto ambiental (EIA). Esta era una cláusula que claramente se indicaba en el contrato.
Desde que empezamos a monitorear la actividad y el historial de esta compañía nos hemos dado cuenta de lo fraudulento de este negocio. La compañía Harken tiene intereses y concesiones desde Colombia hasta Belice, a través de la costa Atlántica, queriendo incluir a Costa Rica en su estrategia geopolítica de apoderarse de un territorio y convertir la región en parte de sus negocios transnacionales.
Es importante señalar que el actual presidente de los Estados Unidos George W. Bush integró el Consejo Directivo de Harken en los años 1990. Según reportajes del New York Times y otros periódicos norteamericanos publicados en el 2002, mientras integró la dirección de la compañía se constataron graves irregularidades en los informes contables, se exageraron los activos de la empresa, hubo ganancias no registradas y se evadieron impuestos. El resultado: tanto Bush como sus asociados se embolsaron millones de dólares.
Fiel a su historial, en Costa Rica recurrió a similares manejos. Oilwatch constata que durante la ejecución de la licitación en ese país, la empresa hizo traspasos de una compañía a otra, nunca tuvo una oficina en el país, ni hizo un trabajo serio para presentar una EIA adecuada.
La coalición Acción de Lucha Antipetrolera (ADELA) junto con Oilwatch han mantenido desde el año pasado una campaña por la derogación de la Ley de Hidrocarburos, para cerrar definitivamente las puertas a este tipo de amenazas a la soberanía y estabilidad social y económica del país.
Por: Mauricio Alvarez, Oilwatch-Costa Rica, correo electrónico: mauricio_alvarez_mora@hotmail.com