Después de 12 años, poderosas transnacionales mineras no han podido quebrantar la voluntad de los campesinos de la zona de Intag, Cantón Cotacachi, Provincia Imbabura, en el Noroccidente de Ecuador.
Esta pesadilla empezó en 1991, cuando un japonés hasta hoy anónimo, comenzó a andar para arriba y para abajo en su vehículo por la zona. Nadie sabía exactamente qué estaba haciendo. Hacia 1995 se supo que lo que hacía el japonés era “prospección minera”, es decir, que estaba a la búsqueda de minerales en el subsuelo.
Con la exploración, lo pintoresco del japonés se tornó en molesto y dañino, pues como resultado de las perforaciones realizadas y substancias contaminantes vertidas en las quebradas, los campesinos inteños comenzaron a percibir efectos nocivos sobre la salud de los niños que se bañaban en los ríos, enfermedades en el ganado y otros contratiempos. La población local inició un proceso de organización, cuyo motor en un principio fue la necesidad de obtener información acerca de lo que estaba pasando a sus espaldas. Eran los tiempos de la Bishi Metals, una multinacional japonesa, que quedó en el recuerdo como un juego de niños comparando su actuación en la zona con lo que más tarde vendría.
En ese contexto nació Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), una organización de base que coordina programas de educación y protección ambiental que incluyen un programa de protección de cuencas de agua y la conformación de la Reserva Comunitaria Junín, además de muchas otras iniciativas ambientales y sociales.
Los moradores de las comunidades de Cerro Pelado, Junín, El Triunfo, Villaflora, Cuaraví, La Armenia, Cazarpamba y Barcelona, las más afectadas por el proyecto minero, vienen ratificando desde los comienzos del ingreso de las empresas transnacionales mineras su decisión de no permitir su actividad en sus tierras. Hasta el día de hoy las empresas mineras no han podido iniciar los trabajos propiamente mineros, pues las concesiones se encuentran ubicadas dentro de la Reserva Comunitaria Junín, un área de bosques primarios de inmenso valor biológico situados en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, una de las más importantes del Ecuador. Además, estos bosques nublados forman parte de la bioregión Chocó y constituyen el hot-spot Andes Tropicales, el sitio biológicamente más candente entre los 34 hotspots más importantes del mundo. Esta reserva es protegida por las comunidades con gran celo.
La historia de la resistencia en contra de la minería en Intag no puede concebirse sin otros pilares organizativos, y con la suma de una serie de afortunados acontecimientos, uno de los cuales fue la elección en el año 1996 del Economista Auki Tituaña, un carismático dirigente indígena, como Alcalde de Cotacachi. El Alcalde impulsó un proceso político participativo real, que permitió entre otras muchas cosas la promulgación, por iniciativa de los moradores de Intag, de una Ordenanza Municipal que declara a Cotacachi Cantón Ecológico (texto disponible en: accionecologica.org/descargas/ areas/otros/documentos/ordenanza.doc), una normativa única en Latinoamérica y quizás en el mundo, encaminada a proteger los recursos naturales y para ello a obstaculizar la minería.
Muchas fueron las circunstancias, pero los hechos definitivos que terminaron con los días de la Bishi Metals en Intag fueron la toma de su campamento por parte de los habitantes de las comunidades que iban a ser afectadas por el proyecto minero: se expulsó a los guardianes, se retiraron las pertenencias de la empresa que fueron entregadas al Alcalde en custodia, se desmontó el campamento minero y lo que sobró, se quemó. Esto costó un juicio a algunos de los participantes en estos hechos, que fueron denunciados no por la empresa, que más o menos de mala gana pareció aceptar la voluntad del pueblo, sino por el Estado ecuatoriano, concretamente por el Ministerio de Energía y Minas. Como nunca pudo demostrarse que existiera culpabilidad de los campesinos por estos hechos, tras un largo proceso judicial, en 1999 quedaron definitivamente sobreseídos.
En este punto hay que señalar que en Ecuador, la Ley de Minería vigente fue financiada por el Banco Mundial a través del Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRODEMINCA), durante cuya ejecución se cometieron una serie de irregularidades a las propias normas ambientales del Banco Mundial, que fueron denunciadas en su momento por la DECOIN, resultando dicha denuncia en una investigación del proyecto por el mismo Banco.
Las áreas de concesión minera en la zona de Intag reciben el nombre de Golden 1, Golden 2 y Magdalena 1. Se trata de 7.000 hectáreas de concesiones mineras que, después de la salida de la Bishi Metals, fueron adquiridas por la compañía minera canadiense Ascendant. Hoy día las concesiones de Ascendant suman 22.500 hectáreas en la zona de Intag.
Según testimonios de los pobladores, con la entrada de esta compañía minera a la zona de Intag comienza la peor pesadilla que se haya vivido jamás en la región. La peor consecuencia es el conflicto social despertado por los ofrecimientos de relacionadores comunitarios --intermediarios entre la compañía y las comunidades por medio de organizaciones de desarrollo ficticias (primero Consejo de Desarrollo de García Moreno CODEGAM, después Organización de Desarrollo de Intag ODI), que provocó un conflicto que enfrenta entre sí a parientes, amigos y vecinos.
El Alcalde Tituaña se dirigió a la empresa en una carta abierta (15 de Diciembre de 2004), detallando su incumplimiento con las leyes: “Desde los primeros días de la presencia de Ascendant Exploration en nuestro Cantón, […] sus funcionarios no han informado a ninguna instancia de sus planes, ni han solicitado la autorización respectiva para realizar sus actividades dentro de nuestro territorio. Por otro lado, la gravísima falta de consultar con las comunidades potencialmente afectadas sobre el proyecto minero que su empresa persigue, constituye una ineludible violación a derechos constitucionales del Ecuador, violación que jamás dejaremos impune. […] se ha irrespetado la voluntad de comunidades, así como los planes de desarrollo locales elaborados participativamente con los actores sociales del cantón. Adicionalmente hemos recibido […] amenazas de muerte a líderes que luchan en contra de la minería”. Uno de los aspectos que se cuestiona fuertemente es la validez de las concesiones mineras.
Denuncias realizadas por los moradores ante los organismos de derechos humanos incluyen ofrecimientos de dinero a los presidentes de las comunidades a cambio de su firma a favor de la minería, presencia de guardaespaldas y paramilitares fuertemente armados con pistolas, gas y bombas lacrimógenas, que en varias ocasiones realizan disparos sobre los comuneros, pagos para la asistencia a reuniones convocadas por la minera, presiones para que los asistentes firmen papeles en blanco, contratación de tercerizadoras no autorizadas, reiteradas invasiones de la propiedad privada.
La concesión minera está situada en un área habitada por colonos de 5 comunidades (unas 150 familias), que deberían ser desalojados por el proyecto. Tradicionalmente, a los campesinos les ha resultado difícil escriturar sus posesiones, presentándoseles diferentes obstáculos relacionados con la documentación a presentar y la justificación de sus derechos sobre la tierra. Poco después de la llegada de las mineras, reconocidos traficantes de tierras, es decir, personas que profesionalmente se dedican a adjudicarse posesiones y demostrar con documentación falsa sus derechos sobre las mismas, han intentado repetidamente posesionarse ilegalmente y escriturar tierras situadas sobre las minas y en los alrededores, lo que han logrado en ocasiones en cuestión de días gracias a la complicidad de funcionarios corruptos. También se han realizado compras ilegales dentro de áreas de Patrimonio Forestal del Estado, o de áreas de protección minera o incluso de tierras cuyos vendedores ya las habían vendido con anterioridad a otras personas a precios inferiores. Por todas estas confusiones, la Comisión Anticorrupción (CCCC) realizó una exhaustiva investigación a punto de concluir en los próximos días.
Desde septiembre de 2006, las comunidades locales condenan los reiterados y sistemáticos intentos por parte de la minera de desprestigiar y calumniar a personas y organizaciones que han tomado una posición en contra de la minería. Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), una de las formas más agresivas en las que se han manifestado estos intentos es por medio de una campaña de denuncias sistemáticas en contra de diferentes líderes y campesinos, que se han interpuesto tras cada intento de ingreso a las concesiones mineras por parte del personal de la compañía o sus allegados.
Por el curso de los acontecimientos descritos, la oposición a la minería en la zona ha ido creciendo hasta hoy día contar con la unánime oposición de todos los gobiernos locales de la región. Cada uno de los siete gobiernos parroquiales de la zona de Intag y también el gobierno de la provincia así como las comunidades dentro de los límites y adyacentes a las concesiones de la minera, han expresado públicamente su oposición al proyecto minero.
Además de resistir a la minería, el interesante proceso organizativo que se ha dado en la zona de Intag ha permitido mejorar la producción de café orgánico, que se exporta casi en su totalidad a Japón a un precio justo que se mantiene a pesar de las fluctuaciones del mercado. Otros grupos organizados elaboran productos artesanales, como los confeccionados con fibra de cabuya (sisal), bordados a mano, jabones a base de Aloe vera y otros productos naturales. En la comunidad de Junín, centro de la resistencia, existe una iniciativa de turismo comunitario que agrupa a la mayoría de las familias de la comunidad y que recibe una media de más de 650 turistas al año, generando beneficios significativos. Además, se ha conformado un grupo de guardabosques que vela por la protección del medio ambiente y la integridad de los bosques primarios, las aguas y la biodiversidad.
Hombres, mujeres y jóvenes se han agrupado en diferentes organizaciones, cada grupo con propósitos definidos. El proceso de resistencia a la minería además, ha dado como fruto una generación de orgullosos líderes y lideresas, conscientes y preparados, conocedores de sus derechos. La posición común en la zona es No a la Minería, y no es negociable. Es por el medio ambiente, por el agua, por la vida y por las futuras generaciones. Es por el bosque nublado, el gallo de la peña, el oso de anteojos y miles de especies más.
A nivel político, el proceso que está viviendo el Ecuador es una puerta abierta al triunfo definitivo de este proceso que ya dura 12 largos años. El diálogo está abierto. Muchas esperanzas están depositadas en la Asamblea Constituyente, aunque como nos han explicado en Intag “No podemos esperar a la Constituyente, ésta es una lucha diaria”. Y tampoco los intereses económicos duermen.
Por Guadalupe Rodríguez, correo electrónico: guadalupe@regenwald.org (Lic. en Filosofía y Letras, activista de derechos humanos y medio ambiente, co-produjo y realizó en 2001 el primer documental acerca de la resistencia en contra de la minería en Intag “Intag, Mi Zona Verde”). Para más información ver: Defensa y Conservación Ecológica de Intag: www.decoin.org; Periódico Intag: www.intagnewspaper.org/; Documental “La Ruta del Cobre”, http://www.lifeonterra.com/episode.php?id=84; Balacera de contratados por la empresa Ascendanta a través de una de sus tercerizadoras sobre la población local de Intag: