La minería es una de las causas directas de deforestación. A pesar de ello, es una industria que no solo no ha detenido sus actividades, sino que en los últimos años ha logrado introducir cambios en las leyes y políticas nacionales e internacionales para beneficio de los consorcios que la integran. Esto ha sido en detrimento de la legislación que ampara a los pueblos indígenas y al medio ambiente.
Por otro lado, los poderosos intereses que se mueven en esta actividad no juegan solos. Cuentan con la presión de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en el marco de supuestos proyectos de "desarrollo" imponen programas de ajuste estructural que obligan a muchos gobiernos a liberar el flujo de capital para facilitar la expansión de la minería.
En Ecuador, sin embargo, una pequeña población se ha mantenido firme en sus derechos. En el sur de la Amazonía ecuatoriana, en el cantón Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, en el punto de confluencia de los ríos Zamora y Nangaritza, se ubica la población de Los Encuentros, capital de la parroquia del mismo nombre. Sus habitantes, empujados por la destrucción del bosque, emigraron de otros sistemas en busca de tierras mejores.
Recién llegados a la región, desconocían el ecosistema, lo que hizo que lo intervinieran de manera inadecuada. En estos momentos sufren las consecuencias de ese mal manejo, pero a su vez eso los llevó a reflexionar para tomar las medidas necesarias tendentes a corregir la situación, para que sus hijos no tengan que correr su misma suerte y vuelvan a tener que emigrar.
Pero en momentos en que han tomado conciencia de la dimensión ambiental y han empezado a planificar y tomar decisiones sobre el futuro ambiental de su zona, el Ministro de Energía y Minas dio en concesión 2.500 hectáreas, ubicadas en las riveras de los ríos Zamora y Nangaritza, para realizar allá actividades de minería aluvial. Las comunidades costeras, para quienes el río es un elemento vital para su supervivencia --tanto como fuente de alimentos, como para uso diario y para regar los valles donde producen alimentos--, saben que inevitablemente la minería supondrá su contaminación y sienten que eso constituye un atentado a su soberanía alimentaria.
Los pobladores de Los Encuentros, actuando por decisión de nutridas Asambleas Parroquiales, decidieron recurrir a la vía legal, donde expusieron sus reclamos y demostraron que el concesionario había violado preceptos constitucionales al omitir la consulta previa a la comunidad y al no haber presentado a su debido tiempo para su discusión, la Evaluación de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental.
Las autoridades dieron curso a su petición y el propio subsecretario de Energía y Minas les pidió un mes de plazo para que en asamblea se discutiera y analizara la EIA, aceptando acatar su decisión. Aún cuando recibió el voluminoso documento sólo dos días antes de la fecha, el pueblo se mantuvo en su decisión de rechazo a la minería, apostando a un futuro digno para sus hijos. Si bien la decisión fue aceptada por el Director Nacional de Minas presente en la reunión, y quedó sentada en un acta donde además se dio un mes de plazo para que la empresa saliera de la región, a los 15 días llegóuna notificación para los dirigentes que firmaron el acta. Se trataba de un amparo administrativo planteado por el concesionario y aceptado por la autoridad firmante, pidiendo la comparecencia de los dirigentes a una inspección administrativa y técnica, y acusándolos de terrorismo y vandalismo.
Los pobladores, armados de paciencia, acudieron en masa y reclamaron que se incluyera en el informe una serie de inseguridades evidentes, así como la falta de políticas ambientales en el campamento donde los desechos sólidos y líquidos eran vertidos directamente al río. Volvieron a esperar la fecha pactada para el retiro de la empresa, pero a los pocos días, en lugar de retirarse, el concesionario empezó a trabajar con respaldo militar. Entonces, los pobladores de Los Encuentros dijeron ya no más. Salieron a la orilla del río Zamora con sus herramientas --palas, picos, machetes-- y cortaron los árboles que sostenían una barcaza construida para campamento y explotaci´´on minera, obligando a paralizar sus trabajos y dándoles plazo de 12 horas para que abandonaran el lugar. La policía y los militares intentaron reprimir, pero la presencia era demasiado multitudinaria. Finalmente, la empresa se retiróel 18 de diciembre de 2001.
Para Los Encuentros, esa fecha quedó grabada en su historia, por haber defendido unida y valerosamente su derecho a vivir en un ambiente sano, expulsando una actividad contaminante que no querían y apostando a otras formas que no degraden el medio. Ellos supieron que su verdadera riqueza es la riqueza biológica y cultural. ¿Lo sabrá el gobierno?
Artículo elaborado en base a información obtenida de la memoria de los hechos narrados por Yolanda Reyes, Fundación Vientos de Vida.