Las comunidades ecuatorianas afectadas por la minería convocaron a un Levantamiento Minero para el 5 de Junio, Día del Medio Ambiente. Se establecieron diferentes puntos de resistencia repartidos por la geografía nacional en Imbabura, Quito, Chimborazo, Cañar, Azuay, El Oro, Zamora y Morona. A pesar de que la protesta se desarrolló en forma pacífica, la fuerza pública reprimió a las comunidades en Levantamiento durante los primeros días, especialmente en Tarqui, Victoria del Portete, Molleturo y San Carlos-Balao, causando la indignación de la población frente a los brutales atropellos cometidos por la policía, acerca de cuyas responsabilidades se está exigiendo investigación y sanción.
De todas formas, el Levantamiento fue todo un éxito, al haber movilizado a miles de afectados por los megaproyectos mineros en los sitios de mayores conflictos en el país. Esto fortaleció la decisión de las comunidades y organizaciones constituidas como Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, para continuar luchando hasta conseguir los objetivos propuestos en la plataforma de lucha y avanzar hacia la declaración de Ecuador como “país libre de minería a gran escala”. Además, los esfuerzos desplegados por las comunidades sirvieron para tematizar definitivamente el problema minero tanto a nivel nacional como internacional.
Uno de los puntos que más preocupa a las comunidades en resistencia en contra de la actividad minera en el país es la falta de decisión política del gobierno para respetar y hacer respetar la Constitución y los intereses colectivos de los ecuatorianos frente a la terrible amenaza que pesa sobre las vidas de las comunidades afectadas, con la omnipresencia de las transnacionales mineras y con su inminente actividad en algunos de los casos. Lo que defienden las comunidades al situarse en contra de la minería son sus derechos, su agua, sus bosques y un medio ambiente sano para las futuras generaciones. Las empresas mineras por su parte, se han apoyado en la fuerza pública o por sus propios cuerpos de seguridad, y en un enjambre de los llamados "relacionadores comunitarios", acosando y amedrentando a los dirigentes y comunidades, creando un estado permanente de inseguridad y violencia (ver Boletín Nº 118).
En la provincia amazónica de Zamora, el cantón Yantzaza se encuentra totalmente cubierto por las concesiones mineras. Esta zona de una rica y diversa flora y fauna únicas en el mundo, tiene aún frondosos bosques que han logrado sobrevivir a los embates de la lógica depredadora que impera desde épocas de la conquista. Zamora Chinchipe es además cuna de pueblos originarios y ha acogido generosamente a miles de familias lojanas y de otras provincias, desplazadas por la deforestación y su consecuente sequía y otras situaciones críticas. La cultura agrícola que han desarrollado en las cuencas fértiles de los ríos les permite gozar de autosuficiencia alimentaria y proveer de alimentos sanos a otras zonas del país. La Red de Defensa de la Naturaleza, la Dignidad y la Vida de esta provincia manifiesta: “Queremos que el estado establezca políticas que nos ayuden a enraizarnos y quedarnos en nuestros pueblos, viviendo en un país al que soñamos ecológico, agrícola y no minero”.
En los flancos occidentales de los Andes, las comunidades de la zona noroccidental de Intag, en la provincia Imbabura, defienden también un bosque tropical nublado, hábitat de una biodiversidad única en el mundo. Gracias a un proceso organizativo alternativo pionero en el país, las comunidades de esta parte han desarrollado diversidad de actividades productivas que consolidan el proceso en contra de la minería, que significaría no sólo el desplazamiento de familias y comunidades para dar paso al proyecto minero, sino también la destrucción de estas valiosas selvas.
También desde la Coordinadora Nacional manifiestan su “decisión de presionar al gobierno para que éste se decida a actuar en favor de su pueblo”. La actividad antiminera se está viendo dificultada en los últimos días, tras la renuncia del Ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, quien en un principio parecía dispuesto a apoyar a las comunidades y que por momentos fue visto como un posible gran aliado dentro del gobierno, a pesar de que no llegó a dar pasos concretos para retirar ninguna de las concesiones mineras, que es uno de los reclamos firmes de las comunidades afectadas. Con toda seguridad, fueron las presiones de diferentes grupos de interés las que sacaron al Ministro Acosta esta semana de su cargo para postularse como Asambleísta de cara a la Constituyente.
Con o sin Ministro aliado, la lucha antiminera continúa convocando a todos los sectores de la sociedad a ser parte activa en el Levantamiento que pretende ser continuado a finales de este mismo mes de junio, en vistas a detener la invasión de las transnacionales extranjeras que pretenden saquear los minerales del subsuelo dejando en el país pobreza, desempleo, contaminación ambiental y social. La Coordinadora Nacional insta al gobierno a “que escuche el clamor de miles de familias que están defendiendo su vida y la dignidad nacional y actúe en forma urgente dejando sin valor las concesiones, suspendiendo inmediatamente las actividades de las mineras transnacionales en todo el país y exigiendo abandonen nuestras comunidades”.
De cara a la Constituyente, otras medidas propuestas por las comunidades en resistencia, incluyen entre otras declarar a toda la Amazonía así como al nacimiento y riberas de las aguas como reservas ecológicas intangibles de los intereses privados comerciales de extracción y explotación; que el agua superficial y subterránea no pueda ser sujeta a ningún tipo de privatización; nacionalización de los recursos naturales y uso de acuerdo a las características ecológicas, sociales, culturales y ancestrales de los pueblos y comunidades; indemnización inmediata por los daños ecológicos, psicológicos y sociales causados por las actividades mineras a las comunidades; un marco regulatorio para mejorar las prácticas de minería artesanal; garantías para los agricultores en cuanto a la posesión del suelo y subsuelo, garantizando su actividad por encima de la extracción minera; garantías a las comunidades para no ser desplazadas.
Por Guadalupe Rodríguez, correo electrónico: guadalupe@regenwald.org