El 17 de Abril, más de 400 soldados de las fuerzas especiales del ejército ecuatoriano ingresaron al Destacamento Tigre, ubicado en la frontera sudeste con Perú, en la provincia de Pastaza, supuestamente para “capturar, neutralizar y aniquilar a dos columnas guerrilleras” detectadas en la zona. Este territorio pertenece a la comunidad Kichwa Yana Yaku, sede de la Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP), a la cual también ocuparon sorpresivamente 80 militares en la misma fecha, acusándola de ser el “eje de apoyo logístico” de supuestos grupos subversivos.
Aún cuando después de haber rastreado la zona durante 15 días el ejército no encontró prueba alguna de supuestos grupos subversivos, el 30 de abril, 60 soldados fuertemente armados volvieron e invadieron la comunidad de Yana Yaku, acusándola de ser “el eje de apoyo logístico” de los grupos insurgentes. Fuertemente armados con fusiles, metralletas, lanza granadas, lanza cohetes y otros armamentos pesados, allanaron viviendas y otras infraestructuras comunitarias, así como también amenazaron con armas y verbalmente a las mujeres que ofrecieron resistencia, decomisaron instrumentos de cacería, invadieron los huertos familiares buscando supuestas plantaciones de coca y tomaron por asalto la escuela causando pánico entre los niños. La comunidad denunció que los militares obligaron a los hombres de la comunidad a tomarse fotografías portando sus escopetas de cacería como “prueba de actividades subversivas”.
Paralelamente a estos operativos, el ejército incrementó la militarización del territorio de la comunidad Kichwa de Sarayaku –una comunidad a orillas del Río Bobonaza en Pastaza--, que ha venido defendiendo sus derechos frente a la gestión petrolera. Las mujeres de Sarayaku expresan su profunda consternación e indignación sobre esas operaciones que denuncian están vinculadas al llamado “Plan Patriota”, una controvertida operación militar que desplegaría alrededor de 15.000 tropas en los bosques tropicales de Colombia y Ecuador, como parte del Plan Colombia, abiertamente apoyado por los Estados Unidos. Las mujeres de Sarayaku también dicen que la creciente violencia del proceso de militarización de los territorios indígenas de Pastaza va en apoyo de la agresiva política petrolera emprendida en la provincia de Pastaza por el que en ese entonces actuara como Coronel del ejército y actual Presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez.
Las mujeres denuncian el doble discurso de los altos mandos militares, que por un lado proclaman públicamente su respeto por la Constitución y la democracia, mientras que por el otro amenazan las vidas de integrantes de comunidades, en flagrante violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, consagrados en la Constitución y en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Frente a estos hechos, la Asociación de Mujeres Indígenas de Sarayacu (AMIS) expresan su solidaridad con las mujeres y niños de la comunidad de Yana Yaku, y declaran: “Apoyamos los ideales de la propuesta de desarrollo alternativo de Sumak Kausai [la filosofía de vida del pueblo Kichwa], y al mismo tiempo apoyamos las propuestas presentadas por el pueblo Kichwa de Sarayaku ante el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas:
1- Inmediato retiro de los efectivos militares que se encuentran abusando y amenazando la integridad psicológica, convivencia pacífica y actividades productivas de la comunidad de Yana Yaku y la comunidad Jatun Molino en la jurisdicción de Sarayaku.
2- Que el conjunto de comunidades del Pueblo Kichwa y demás nacionalidades indígenas que habitamos tradicionalmente en la Provincia de Pastaza, jamás permitiremos ningún tipo de ocupación militar que a pretexto de montajes realizados por los mismos militares pretenden respaldar actividades petroleras en territorios indígenas de Pastaza.
3- Establecimiento de responsabilidades y destitución de la Dra. Clara Fernández, Jueza encargada del Ministerio Público de Pastaza, involucrada en los repudiables hechos.
4- Exigimos al Congreso Nacional, un juicio político del Comando Conjunto (Gral. Octavio Romero) y a los Comandantes de la Cuarta División Amazonas (Gral. Gonzalo Tapia) y de la 17 Brigada de Selva de Pastaza (Crnl. Fausto Rentaría) por atentar contra los derechos de los pueblos indígenas, derechos de la mujer, derechos de los niños y crear un ambiente de inseguridad en las comunidades, así como también por el derroche innecesario de ingentes cantidades de recursos económicos y logísticos que son patrimonios del pueblo ecuatoriano.
5- Conformación de una comisión interinstitucional integrada por la Comisión de Asuntos Amazónicos del Congreso Nacional, organismos de Derechos Humanos, Iglesia Católica, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CONAIE, y representantes de medios de comunicación, para investigar profundamente y aclarar a la opinión pública nacional e internacional sobre estos graves abusos y calumnias a la moral, honestidad, transparencia y dignidad de los pueblos indígenas de Pastaza.
6- Solicitar una comisión integrada por enviados de la ONU, la OIT y la OEA para investigar directamente la violación de los derechos indígenas de Pastaza.
7- Solicitar la intervención de la ALDHU y los diversos organismos de derechos humanos del Ecuador, para precautelar la paz y la integridad de las comunidades indígenas de Pastaza.
8- Denunciar ante el Foro Permanente sobre Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
9- Realizar una Asamblea de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza en la comunidad de Yana Yaku para solidarizarse con los habitantes y adoptar acciones encaminadas a precautelar los derechos a la vida y a la paz del pueblo Kichwa de Pataza, con presencia de la CONAIE.
10- Indemnización a la comunidad de Yana Yaku por los daños y perjuicios económicos y productivos, psicológicos y a la moral, causados por las incursiones que afectaron el desarrollo normal de la comunidad.
11- Como Asociación de Mujeres Indígenas de Sarayaku “AMIS“, en solidaridad con las mujeres de la comunidad Yana Yaku, demandamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación a los derechos de la Mujer y la Familia, consagrados en la Constitución de la república, por tanto damos las atribuciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ejecuten la demanda correspondiente en contra de la Dra. Clara Fernández, Jueza encargada del Ministerio Público de Pastaza.
Por otra parte afirmamos que la lucha del pueblo de Sarayaku por su dignidad, respeto a su territorio, a sus proyectos y sueños de un desarrollo alternativo, no es una lucha aislada, es la decisión de todas las comunidades Kichwa de base de la OPIP y demás sectores que se identifican con esta causa, por lo tanto la OPIP, jamás permitirá ningún tipo de abuso de ningún sector, sean estos petroleros, gubernamentales y militares”.
Artículo basado en información de: “Manifiesto de la Asociación de Mujeres Indígenas de Sarayacu ‘AMIS’ frente a la acción terrorista de las Fuerzas Armadas del Ecuador en la comunidad Kichwa Yana Yaku, en Pastaza”; “Militarización sigue en las comunidades indígenas de Pastaza en Ecuador”, por la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, http://www.earthrights.org/news/Yanayakuspanish.shtml ; “Acción terrorista de las Fuerzas Armadas del Ecuador en la comunidad Kichwa de Yana Yaku, Pastaza. Declaración de la Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP), Consejo de Gobierno del Territorio Autonómo de la Nación Originaria del Pueblo Kichwa de Sarayaku (TAYJASARUTA)”, 1 de Mayo de 2004, http://www.llacta.org/organiz/coms/com574.htm