En el Ecuador, los bosques de Esmeraldas, forman parte del último reducto de bosques tropicales de la costa del Pacífico en América. Estos bosques hacen parte de la región biogeográfica del Chocó, uno de los 10 "Hot spots" del planeta, que se extiende desde el Sur de Panamá hasta el Norte de Esmeraldas. En esta zona hay unas 10.000 especies de plantas de las cuáles unas 2.500 son endémicas. Este es el hogar de los pueblos Awá, Chachi y Tsachila, así como de comunidades afro ecuatorianas que mantienen formas de vida tradicional.
Sin embargo, estos bosques están siendo destruidos a un ritmo impresionante, debido a la deforestación provocada por el monocultivo de palma africana y la industria maderera, que han contado hasta ahora con la complicidad del gobierno nacional.
El 8 de agosto del 2002 el Presidente ecuatoriano Gustavo Noboa emite el decreto ejecutivo 2691, elaborado conjuntamente entre los ministerios del Ambiente, Agricultura y Relaciones Exteriores. Este decreto designa para uso agrícola, un polígono de 50.000 hectáreas. en el Cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas. De esta superficie 5.000 hás. son de Patrimonio Forestal del Estado ecuatoriano, más de 5.000 hás. son tierras ancestrales afro americanas, y más de 1.000 hás. son tierras indígenas Awá. Constitucional y legalmente, las tierras comunitarias son indivisibles e intransferibles. Este decreto tiene como objetivo no declarado legitimar la sistemática expropiación de tierras ancestrales y Patrimonio Forestal del Estado que desde hace algunos años vienen realizando las empresas palmicultoras en el norte de Esmeraldas. Las palmicultoras han ido arrebatando la tierra de las comunidades mediante compras ilegales y desplazamientos forzosos de las familias ancestrales. Este decreto va dedicado específicamente a los empresarios palmicultores, entre los cuales se encuentran familiares del presidente saliente Gustavo Noboa Bejarano.
Dentro de esta política de despojo se está aprovechando la coyuntura generada por el Plan Colombia en la frontera norte del país. Para mitigar los efectos del conflicto se crea la Unidad de Desarrollo del Norte (UDENOR), con fondos para apoyar a las comunidades ubicadas cerca de la frontera con Colombia. Estos fondos, sin embargo, al amparo del decreto mencionado, están siendo usurpados por los mismos empresarios palmicultores y no por las comunidades afectadas.
La constitucionalidad de este decreto ha sido cuestionada por la CONAIE, Acción Ecológica y otras organizaciones locales y ambientales mediante la interposición de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Por otro lado, el Ministerio del Ambiente no ha cumplido con su responsabilidad de controlar el proceso de deforestación en Patrimonio Forestal del Estado, y la adjudicación ilegal de estas tierras, por parte del INDA (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario) a las empresas madereras ENDESA y BOTROSA, parte del grupo Peña Durini, uno de los más poderosos del país. En investigaciones realizadas en el predio el Pambilar dentro del Bloque 10 de Patrimonio Forestal del Estado (uno de los muchos predios cuestionados) por el Ministerio del Ambiente en el año 2000, se identificó y comprobó que las 2.800 hás. del predio en cuestión fueron ilegalmente adjudicadas, por parte del INDA a la empresa BOTROSA. A partir de este caso, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción demostró que por lo menos otras 18.000 hás. de bosques fueron ilegalmente adjudicadas. El informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción provocó la intervención de la Contraloría General del Estado que, en julio del 2002, inició un examen especial al Ministerio del Ambiente y al INDA para identificar el estado de las adjudicaciones de los predios ubicados en Patrimonio Forestal, y establecer las responsabilidades administrativas civiles e indicios de responsabilidad penal, cometidos tanto por los funcionarios como por los actores directamente involucrados.
En este proceso la ministra del Ambiente, Lourdes Luque, también familiar del Presidente Noboa, se ha hecho de la vista gorda, y ha actuado a paso de tortuga beneficiando así a las empresas palmicultoras y madereras.
En octubre del 2002 el Tribunal Constitucional emite un fallo a favor de un amparo constitucional presentado por campesinos de la zona que fueron despojados de sus tierras, y demanda la sanción de los funcionarios involucrados en estas adjudicaciones ilegales, así como la devolución de las tierras e indemnización de los afectados por parte de las madereras ENDESA Y BOTROSA.
El bosque tropical ecuatoriano, albergue de una enorme diversidad cultural y biológica está a punto de desaparecer. No cabe en este proceso el concepto de explotación forestal certificada, como lo pretenden las empresas madereras ENDESA Y BOTROSA, que han presentado ante SMARTWOOD y el FSC una solicitud para certificar su explotación. Tampoco cabe creer que plantaciones o proyectos de reforestación pueden sustituir el bosque primario original.
En este escenario el gobierno entrante del Coronel Lucio Gutiérrez enfrenta un gran desafío para conservar lo poco que queda aún de bosque primario. Quizás lo único que pueda salvar el bosque es la declaración de una moratoria indefinida a la explotación comercial del bosque.
Por: Ivonne Ramos, Acción Ecológica, correo electrónico: creativo@uio.satnet.net