Trazar los antecedentes de la presión estadounidense sobre la política ecuatoriana podría llevarnos muy lejos en el tiempo y muchas páginas. No obstante, para analizar los recientes sucesos podemos citar la cumbre ministerial del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) realizada en Miami en noviembre de 2002, en que Estados Unidos perdió poder y tuvo que aceptar la propuesta de Brasil de un "ALCA más flexible". También fue decisiva la formación del Grupo de los 22 (por iniciativa de Brasil, China, India, demandando la eliminación de los abultados subsidios agrícolas del Norte) durante la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio celebrada en Cancún.
Frente a los obstáculos a sus intereses de expansión comercial, Estados Unidos ha buscado una estrategia que pasa por la firma de tratados bilaterales, impulsados intensamente por el gobierno de Bush. Con ellos logran mantener barreras proteccionistas en algunos sectores industriales e introducir nuevos mecanismos para enmascarar aranceles adicionales.
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, presentó el 18 de Noviembre del 2003 al congreso de ese país una carta en la que describe las razones de política exterior y comercial de negociar un área de libre comercio con Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.
Y una cosa trae la otra. Para suscribir un tratado bilateral con Estados Unidos y “acceder a su mercado”, el país en cuestión debe hacer una serie de cambios. La Embajadora Kristy Kenney declaró que para que el Ecuador llegue a la mesa de negociaciones de un convenio bilateral de libre comercio, debe hacer una serie de cambios de legislación en el campo ambiental, de biodiversidad, de propiedad intelectual y laboral, entre otros.
Es en este marco que surge en Ecuador la presión para que se apruebe una controvertida Ley de Biodiversidad que promueve, entre otras cosas, el control estratégico de las áreas ricas en biodiversidad. El 15 de enero de este año tuvo lugar una importante reunión en las oficinas de The Nature Conservancy (TNC) en Quito. Los asistentes, además de integrantes de la ONG anfitriona, eran representantes de las ONGs ambientalistas ecuatorianas CEDA (Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental), Ecociencia, Fundación Natura, Fundación Rumicocha, --algunas de ellas “socias“ de TNC--, y de la Agencia para el Desarrollo Internacional, de Estados Unidos (AID).
El objetivo de la reunión era “Plantear una estrategia de cabildeo a alto nivel, donde se designen los roles y tareas de las organizaciones socias de TNC, AID y Embajada Americana, con el fin de presionar a los miembros del Congreso Nacional en la aprobación en segundo debate de la Ley de Biodiversidad”. Definieron así una primera etapa de “perfil bajo” (durante dos meses), durante el cual se trabajaría con los miembros de la Comisión de Salud, Medio Ambiente y Protección Ecológica del Congreso Nacional para la aprobación del Informe de Ley de Biodiversidad. A continuación un cabildeo intenso con los bloques de partidos políticos para la aprobación de la ley en el plenario y por parte del Presidente de la República, con acercamiento y cabildeo ante la Asesoría Jurídica de la Presidencia y miembros del Partido Sociedad Patriótica. La segunda etapa sería de “perfil alto”, con presión a través de una campaña masiva, intensa, de corta duración, a través de radio, televisión y prensa, de comunicación y publicidad de la ley.
Las preguntas obvias son: ¿No es ésta una ingerencia abierta en los asuntos internos de un país soberano? ¿Es aceptable que una embajada extranjera conspire abiertamente para presionar a un parlamento popularmente electo para la aprobación de una ley hecha a su medida? ¿Para quién es tan importante esta ley? ¿A qué intereses beneficiaría y a quienes perjudicaría?
El caso es que este proyecto de ley habilitaría, entre otras cosas, la privatización de las áreas protegidas y el desconocimiento de los derechos colectivos. En su Art. 21 autoriza “la participación de … organizaciones no gubernamentales de conservación, e instituciones de investigación” en la planificación, coordinación, control y evaluación del manejo del sistema nacional de áreas naturales protegidas. El Art. 29 autoriza al Ministerio del Ambiente a dar participación a entidades públicas, privadas o mixtas a través de concesión, delegación y otras figuras legales, a los bienes y servicios del Patrimonio de Áreas Protegidas. Y ahí entra a tallar TNC.
TNC es una poderosa ONG de Estados Unidos cuya estrategia para el acceso y manejo de áreas protegidas a nivel mundial encaja perfectamente dentro de la estrategia de Estados Unidos de control del espacio en países --como el Ecuador-- ricos en biodiversidad (ver también artículo sobre Indonesia en este boletín). Es así que TNC ha recibido generosas donaciones del gobierno de Estados Unidos para contratos o compra de tierras, que llegaron a 147 millones de dólares entre 1997 y el 2001 y otros 142 millones de dólares en el año 2000.
En su afán de hacer coincidir los resultados ambientales con los negocios, TNC trabaja con grandes empresas. Es más, varias de ellas integran su directorio. Algunas de las compañías con mala reputación ambiental, que han contribuido con TNC para la compra de tierras y otras actividades son la petrolera BP, General Motors, Orvis, MBNA, Centex House, Georgia Pacific Corp., 3M, Bank of America, Busch Entertainment, The Republic of Tea, the Home Depot, American Electric Power, Boeing, General Electric, Merril Lynch, Millstone Coffee.
Los estrechos lazos que existen entre ciertas ONGs conservacionistas y las instituciones de investigación de los Estados Unidos con el sector empresarial privado deben ser seguidos muy de cerca por tod@s quienes apuestan a una defensa real de la naturaleza, de la cual el ser humano también forma parte y sobre la cual tiene responsabilidad. Algunos pueblos antiguamente así lo entendieron y actuaron en consecuencia, pero el desarrollo neoliberal moderno, con sus conocimientos econométricos y técnicos y sus urgencias de año fiscal, cada vez más pierde pie en materia de sabiduría e incluso instinto de conservación.
El pueblo de Ecuador sabe de esto, y está alerta, una vez más, en defensa de su pasado y su futuro.
Artículo basado en información obtenida de: “Alerta urgente desde el Ecuador. The Nature Conservancy conspira con Embajada de Estados Unidos y la AID para la aprobación de Ley de Biodiversidad”, Comunicado de Acción Ecológica enviado por Cecilia Chérrez, Acción Ecológica/Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, correo electrónico: instituto@accionecologica.org ; “El TLC bilateral Ecuador-Estados Unidos oculta demasiado”, Acción Ecológica, http://alainet.org/active/show_text.php3?key=5639 ; “Ayuda Memoria Reunión de Estrategia Ley de Biodiversidad”, Enero 15 del 2004.