El reciente informe de Global Witness “Logging in the shadows” (*) muestra que en Camerún, la República Democrática del Congo (RDC), Ghana y Liberia se está otorgando a empresas forestales industriales centenares de permisos que, en principio, están destinados a fomentar la pequeña empresa y a satisfacer las necesidades locales.
En Liberia, Atlantic Resources Ltd. y Alpha Logging & Processins Inc. –empresas vinculadas a la gran compañía malaya Samling Global Ltd.– obtuvieron derechos de explotación sobre el 10% del territorio liberiano por medio de “permisos ocultos”, a pesar de la dudosa reputación mundial de Samling.
Otorgados en secreto y sujetos a escaso control de sus operaciones, esos “permisos ocultos” facilitan el rápido acceso a los bosques para operaciones de explotación forestal a gran escala sumamente lucrativas, que evitan la supervisión de las autoridades. Suelen incluir bajos impuestos, escasa consulta de la población local, poco o ningún procesamiento en el lugar y requisitos ambientales mínimos.
Como señala el informe, “La ausencia de control efectivo de las operaciones realizadas con permisos ocultos permite a las empresas forestales operar sin gran preocupación por el medio ambiente. Rara vez se realiza una evaluación de impacto ambiental, y la tendencia a utilizar el mismo permiso en diversos lugares agrava el riesgo de daños ambientales. En Liberia, esto ha tenido consecuencias especialmente graves, dado que el 40% de los bosques del país ha sido objeto de Permisos de Explotación Privada.
A pesar del secreto que los rodea, se ha logrado denunciar los permisos ocultos en los cuatro países, pero la información se publicó mucho después del comienzo de la explotación, cuando ya era demasiado tarde para los bosques y sus habitantes.
El informe concluye que los permisos fantasmas son producto de una economía política que privilegia el poder, el clientelismo y los intereses particulares, por encima del medio ambiente y del conjunto de la sociedad. El mal comportamiento de las élites interesadas e irresponsables socava la confianza de los ciudadanos en el gobierno y frena el crecimiento de economías locales sostenibles. En ausencia de un sistema de permisos para uso local que funcione, las comunidades dependientes del bosque se ven obligadas a satisfacer sus necesidades de madera en forma ilegal, lo cual debilita aún más las leyes.
Si bien considera que la corrupción es una importantísima causa subyacente de la deforestación, el informe reconoce que, a menos de combatir otros factores determinantes como la demanda mundial de madera, ni los Acuerdos de Asociación Voluntaria de Europa ni otras iniciativas, tales como el Reglamento de la Unión Europea sobre la Comercialización de la Madera (EUTR) y la extensión de la Ley Lacey de Estados Unidos lograrán reducir la deforestación.
El informe hace valiosas recomendaciones, como un proceso abierto, transparente y competitivo para garantizar que se pague el justo precio por el acceso a los recursos, que los importadores europeos y estadounidenses no supongan que la madera es legal sólo porque tiene un permiso, la necesidad de redoblar esfuerzos para lograr un marco jurídico adecuado para los diversos tipos de manejo forestal de las comunidades y de dedicar los recursos necesarios para su implementación, para que les pueblos dependientes del bosque puedan tener un control apropiado de sus propios recursos.
Si bien el informe no lo dice, también sería necesario combatir con energía todo el sistema de producción, comercio y consumo que alimenta a la industria forestal, así como la corrupción que reina en ella.
(*) “Logging in the shadows” está disponible enhttp://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/Shadow%20Permit%20Report%202013%20Final_Web_0.pdf