Juvy Capion, indígena de B’laan, era madre de tres hijos y firme defensora de sus tierras ancestrales en Cotabato del Sur, Filipinas, amenazadas por el proyecto minero Tampakan. Su hogar fue ametrallado a primeras horas de la mañana del 18 de octubre de 2012. Los hombres del 27º Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) que dirigieron el tiroteo, declararon que se trataba de una operación militar legítima contra un bandido. El “bandido” era Daguil Capion, el esposo de Juvy, quien era líder tribal y también se oponía firmemente al proyecto minero. El tiroteo mató a Juvy y a dos de sus hijos: Jordan, de 12 años, y John, de 8 años. Vicky, de 4 años, sobrevivió al ataque. Daguil, por otra parte, no estaba en su casa en ese momento.
Este caso, conocido como “La Masacre de los Capion", es uno más de los 31 asesinatos extrajudiciales relacionados con la minería y otras campañas extractivistas bajo el gobierno anterior, liderado por Aquino, que sigue sin resolverse.
Mientras tanto, el Proyecto Minero Tampakan de Sagittarius Mines, Inc., anunciado como el mayor proyecto de minería de cobre y oro en el sudeste asiático, sigue adelante. Este proyecto tiene como accionista a la compañía australiana Indophil Resources NL. El sitio del proyecto abarca unas 10 mil hectáreas que se superponen con tierras agrícolas y dominios ancestrales de los pueblos indígenas B'laan.
El nuevo gobierno, bajo la presidencia de Duterte, se había comprometido a autorizar sólo la “minería responsable” en el país, y a cerrar todas las minas que tuvieran impactos adversos en el medio ambiente. El Presidente designó a Regina López como Secretaria del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales. López es conocida por trabajar en campañas contra la minería, por lo que la noticia fue bien recibida por las comunidades afectadas por la minería así como por las organizaciones ambientales. La Secretaria López ordenó la realización de auditorías mineras, como resultado de las cuales se ordenó el cierre de 23 compañías mineras, y la suspensión de 5 más. Posteriormente también ordenó la cancelación de 75 contratos mineros, uno de los cuales fue el de Tampakan Mining.
Estas medidas se ganaron la ira de la industria minera, que presionó a la Comisión de Nombramientos del Congreso para lograr la revocación de López como secretaria del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A pesar de que las comunidades locales, los movimientos ambientales y la opinión pública en general apoyaron a López, después de una larga serie de audiencias, el Congreso terminó revocándola en su cargo. El secretario del Departamento de Hacienda, Carlos Domínguez, lanzó un suspiro de alivio cuando Regina López dejó el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La familia Domínguez tiene fuertes lazos con diferentes empresas mineras; su hermano, de hecho, es ejecutivo de Sagittarius Mines, Inc.
El Presidente, que antes había apoyado a López, en ese momento simplemente se mantuvo al margen de la revocación de su designada. Y ése fue el final de su promesa de campaña de una “minería responsable”. El lobby de la industria minera ganó y la agenda empresarial está firmemente instalada. Hay una apelación a todas las órdenes de cierre y el secretario Domínguez aseguró a la industria minera que todo volverá a la normalidad y que tales medidas adversas a la industria nunca volverán a ocurrir. “Nunca más”, dijo Domínguez. El siguiente secretario designado por Duterte para el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue el General Roy Cimatu, un jefe retirado de las Fuerzas Armadas. Si bien sigue hablando de “minería responsable” y “equilibrio entre el medio ambiente y las inversiones mineras”, Cimatu aplazó la orden administrativa de López que prohíbe la minería a cielo abierto en el país.
Aparte de favorecer aún más las inversiones de generales y otros militares retirados que están profundamente involucrados en la industria minera, el nombramiento de un militar en el organismo ambiental conlleva la militarización de los conflictos mineros, así como otros relacionados con los recursos naturales. Esto es muy preocupante. Hasta la fecha, y en base a la documentación de la campaña nacional contra la minería, o Alyansa Tigil Mina (ATM), en los 10 primeros meses del gobierno de Duterte ya se contaban 15 defensores de derechos humanos asesinados mientras defendían sus tierras y territorios. La mayoría de ellos eran dirigentes de comunidades y participantes activos de campañas contra la minería y el acaparamiento de tierras. Una de las víctimas más recientes fue una abogada de derechos ambientales y humanos, la abogada Mia Mascarinas. Estos asesinatos se suman a las más de 8 mil mujeres, hombres y niños que murieron por la guerra de Duterte contra las drogas.
Más alarmante es la declaración de la ley marcial, impuesta en Mindanao por el Presidente Duterte en junio de 2017, supuestamente como respuesta al terrorismo del grupo islámico ISIS en la región. En Mindanao habita una gran población de musulmanes, así como de pueblos indígenas. También se considera la capital minera del país.
Mientras las comunidades locales de Mindanao sufren los duros impactos de la guerra contra el terrorismo - ataques aéreos que matan a civiles y destruyen hogares, miles de familias que deben abandonar sus comunidades, falta de alimentos y de la satisfacción de necesidades básicas en los centros de refugiados, y civiles atrapados en el fuego cruzado - la industria minera ha sido rápida en apoyar la guerra y la ley marcial de Duterte. Las actividades mineras a gran escala en la región, que en su mayoría están incluidas en el orden de cierre de la entonces Secretaria López, han anunciado que están funcionando como siempre y que la creciente presencia militar en la región les da mayor seguridad.
No es coincidencia que con el deterioro de los derechos humanos en el país y la mano dura, violenta y militarista del gobierno de Duterte haya aumentado la confianza de las empresas y los inversionistas extranjeros en el país. Seguramente eso permitirá silenciar la protesta de las comunidades locales, las organizaciones populares y los movimientos sociales. De hecho, la declaración del Presidente Duterte contra los derechos humanos (1) y sus amenazas a los activistas y defensores de los derechos humanos (2) resultan, como mínimo, escalofriantes: “No les crean a estos activistas de derechos humanos. Los mataré junto con los drogadictos, los decapitaré. No pueden burlarse de mí con eso. Traten de ponerme detrás de las rejas” (3). Su sobre protección a la policía y las fuerzas militares, a las que les asegura que en la implementación de su guerra contra las drogas y la criminalidad, él, el presidente, les da su respaldo. Es un compromiso con la impunidad. Les dio la misma seguridad a los soldados cuando declaró la ley marcial: “Iré a la cárcel por ustedes. Si llegaran a violar a tres mujeres, yo asumiré la culpa”. Estas declaraciones son una clara incitación a la violencia, especialmente contra las mujeres. Duterte también ha estado usando a las mujeres como parte de los incentivos y recompensas a los soldados militares. Es un presidente violento, militarista y misógino (5).
Con este panorama político, la situación es muy difícil para los defensores de los derechos humanos, en particular los que defienden los derechos de las comunidades. Los intereses empresariales están bien arraigados en el gobierno de Duterte. Los derechos humanos y los activistas de los derechos humanos están satanizados. Los homicidios, la violación y la deshumanización de las mujeres se constituyen en norma; se fomenta la cultura de la violencia y la impunidad. Además, Duterte sigue siendo popular entre sus 16 millones de votantes filipinos, a quienes utiliza para justificar su progresivo autoritarismo.
Sólo ha pasado un año desde que el presidente Duterte asumió el gobierno de este país. Para Juvy Capion y sus hijos, así como para el creciente número de mujeres, hombres y niños que han muerto en defensa de sus derechos, sus tierras y sus vidas, la justicia sigue siendo difícil de alcanzar.
Pero hay comunidades, grupos y organizaciones que a pesar de los temores y las cuestiones de seguridad, siguen manifestándose. Se reúnen para llevar a cabo acciones organizadas contra todos estos abusos y van a las comunidades para discutir en profundidad sobre los vínculos y las conexiones de la continua devastación de nuestros recursos naturales y el militarismo de este gobierno.
La esperanza está puesta en las comunidades y los pueblos que continúan resistiendo.
10 de junio de 2017
Judy A. Pasimio
LILAK (Acción Morada por los Derechos de las Mujeres Indígenas)
(1) Aljazeera, Rodrigo Duterte: “I don't care about human rights”, agosto de 2017, http://www.aljazeera.com/news/2016/08/rodrigo-duterte-human-rights-160806211448623.html
(2) Inquirer, “Duterte threatens to kill rights activists if drug problem worsens”, noviembre de 2016, http://newsinfo.inquirer.net/848933/duterte-threatens-to-kill-human-rights-activists-if-drug-problem-worsens
(3) Manila Standard, “Duterte vows to kill EU ‘rights activists’”, mayo de 2017, http://manilastandard.net/news/top-stories/237140/duterte-vows-to-kill-eu-rights-activists-.html
(4) The Washington Post, “Duterte jokes that his soldiers can rape women under martial law in The Philippines”, mayo de 2017,
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/05/27/duterte-jokes-that-his-soldiers-can-rape-women-under-martial-law-in-the-philippines/?utm_term=.2a4d86247043
(5) http://cnnphilippines.com/news/2016/04/20/duterte-complaint-womens-rights-group-chr.html