Se estima que aproximadamente 40% del territorio de Filipinas ha sido entregado en forma de concesiones a compañías mineras multinacionales. Sin embargo, este proceso no ha transcurrido sin oposición. Desde la región de Cordillera en el norte de Filipinas hasta la región sudoriental de la isla Palawan, los grupos indígenas Subanen, Tagbunau, Pala'wan, Tau't bato y Batak (ver Boletines N° 11, 28 y 67 del WRM) han luchado para defender sus territorios de los impactos masivos de la minería.
Este año, la Presidenta Gloria Macapagal-Arroyo inició una política de promoción de la minería en el país. En este marco, se inició un proceso nacional de consulta en cooperación con la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID), que ha enfrentado una fuerte oposición de varios grupos de la sociedad civil que se han reunido en la Conferencia Nacional sobre Minería (National Mining Conference - NMC). Han organizado un "aluvión de faxes" a nivel nacional para el 3 de diciembre, como forma de expresar la oposición unificada al Marco de Política Nacional de Minerales y a la Ley de Minería de Filipinas de 1995.
Como lo expresa esta organización, su oposición se basa en las siguientes razones:
“a. La ley está basada en un marco económico orientado a la exportación, una política que sigue siendo un factor esencial para conducir la economía del país a la quiebra.
b. La ley ha abierto nuestra riqueza mineral a la explotación absoluta por parte de
inversores extranjeros, entregando así nuestro patrimonio nacional y nuestra soberanía a entidades corporativas que controlan el capital y los conocimientos técnicos.
c. La ley no está basada en la realidad de Filipinas. Nuestro país es un archipiélago con ecosistemas frágiles y las áreas donde están localizados los minerales están habitadas principalmente por pueblos indígenas.
d. La ley no garantiza el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios y su derecho a la autodeterminación.
e. La ley continua distorsionando el desarrollo de nuestra economía que podría lograrse en primera instancia mediante el fortalecimiento de la agricultura y el impulso de la industrialización nacional, en vez de simplemente atraer las inversiones extranjeras para las industrias extractivas como la minería".
En consecuencia, la Conferencia plantea las siguientes demandas:
“1. Cancelación de todos los permisos de minería ya otorgados y declaración de una moratoria a las actividades de minería en gran escala.
2. Formulación de una nueva Política Nacional de Minerales que respete la integridad de la Creación, cumpla verdaderamente con los principios del desarrollo sustentable, defina claramente el papel de la industria minera en el fortalecimiento de la economía del país basada en el apoyo al desarrollo agrícola y la industrialización nacional, asegure el respeto a los derechos humanos básicos y fortalezca los procesos democráticos.
3. Legislación de un nuevo código de minería en base a esa nueva Política Nacional de Minerales.
4. Con el fin de que la Oficina de Minas y Geociencias mejore su práctica de procesos democráticos: transitar un proceso de consulta muy exhaustivo que asegure que las personas que han sido y serán las más perjudicadas por las operaciones mineras sean plenamente consultadas, posibilitar la expresión de los sentimientos y demandas de los pobladores, y garantizar la difusión de los resultados de la consulta para posibilitar comentarios y aportes. También promovemos la formación de un organismo intersectorial que estudie el impacto de las políticas de minería.
5. Reconocimiento y respeto al derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a la autodeterminación. Esto no se verá disminuido por los mecanismos que aseguren los permisos de acceso a los territorios de pueblos indígenas para implementar proyectos de desarrollo como la minería.
6. La resolución de los temas pendientes de las comunidades afectadas por la minería, (la limpieza de los ríos Mogpog y Boac, el conflicto entre los pueblos Subanon de Siocon y TVI, los derechos de los pequeños mineros en Diwalwal, la contaminación del río Abra por parte de la Lepanto Consolidated Mining Corporation, la rehabilitación de las zonas de minería a cielo abierto de la Benguet Corporation, el reclamo de una iniciativa popular de los pobladores de Didipio, la protesta popular contra la Western Mining Corporation, etc.) en vez de la aprobación apresurada de una Política Nacional de Minerales claramente favorable a la industria minera.
7. Realización de una evaluación de los impactos sociales y ambientales de los casi ocho años de instrumentación de la ley 7942 y sus instrumentos regulatorios.”
Estos grupos de la sociedad civil exigen: “Dejen que se oigan las voces del pueblo. La fortaleza de un gobierno solo puede garantizarse si éste satisface las aspiraciones básicas y las demandas de la mayoría que todavía vive marginada y oprimida”.
Artículo basado en información obtenida de: “Urgent Action - 'fax barrage' on Philippines' National Minerals Policy process”, 3 de diciembre de 2003, http://www.minesandcommunities.org/Action/action50.htm