Pocos lugares del Sudeste Asiático pueden igualar el renombre de Palawan, en Filipinas. Contiene siete áreas protegidas, un “Refugio de Fauna y Santuario de Aves” declarado en 1967, y una “Reserva de Manglares” desde 1981. En 19990, la UNESCO declaró toda la provincia “Reserva de la Humanidad y de la Biosfera”.
Hoy en día, además del impacto adverso de las minas de níquel, los pueblos indígenas locales y los agricultores de las llanuras se ven confrontados a las amenazas que plantea el desarrollo de la palma aceitera. El grueso de las operaciones de palma aceitera es efectuado por las compañías Palawan Palm & Vegetable Oil Mills Inc. (PPVOMI) y Agumil Philippines Inc. Hasta el momento ya se han convertido unas 15.000 hectáreas en plantaciones de palma aceitera. El 75% de Agumil Philippines Inc. es de capitales filipinos, y el 25% de capitales malayos. En cuanto a PPVMOMI, el 60% pertenece a Singapur y el 40% a Filipinas. Ambas compañías iniciaron oficialmente sus actividades en enero de 2006.
Según el gobierno provincial, el monocultivo de palma aceitera erradicará la pobreza y disminuirá la dependencia económica de los aceites comestibles importados. Sin embargo, desde el punto de vista de los pueblos indígenas locales, la expansión de la palma aceitera es una tragedia, dado que destruye sus tierras ancestrales y productos del bosque, lo cual los empobrece de manera sin precedentes.
Recientemente, los indígenas de Palawan decidieron tomar cartas en el asunto estableciendo lazos de solidaridad con las comunidades de Mindanao afectadas por la palma aceitera. Una importante reunión entre las comunidades de Higaonon y de Palawan tuvo lugar en Malaybaly (provincia de Bukidnon, Mindanao) el 21 y 22 de junio de 2013. Ésta fue facilitada por la red nacional ALDAW (Ancestral Land / Domain Watch) y por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Padre Vincent Cullen Tulugan (FVCTLDC). De la reunión surgió una Resolución Conjunta de Palawan y Mindanao contra el desarrollo de la palma aceitera.
La llamada “Resolución de Malabalay” tuvo el apoyo de más de 100.000 firmas reunidas con la ayuda de la ONG alemana Salva la Selva, y fue presentada a las autoridades gubernamentales. Como resultado, el 7 de agosto se realizó en Palawan una reunión inter-agencias, en la oficina del Gobernador. En ella participaron todas las agencias gubernamentales provinciales involucradas, así como delegaciones de ONGs y de pueblos indígenas y campesinos.
Hacia el final de la reunión, cuando uno de los moderadores preguntó directamente si los participantes estaban a favor de una moratoria de la expansión de la palma aceitera, la mayoría respondió SÍ. Las excepciones fueron, por supuesto, los representantes de las compañías de palma aceitera y el Consejo de Palawan para el Desarrollo Sostenible que, en el pasado, siempre tomó partido por las grandes empresas, inclusive por las corporaciones mineras.
A continuación tuvo lugar, el 28 de agosto, otra reunión inter-agencias sobre el mismo tema, en la oficina del Gobernador, con la participación de representantes de organizaciones de pueblos indígenas (ALDAW y NATRIPAL / Tribus Unidas de Palawan) y también de ONGs locales.
ALDAW y NATRIPAL presentaron sus conclusiones, según las cuales el desarrollo de la palma aceitera en Palawan ha tenido lugar sin supervisión alguna por parte de las autoridades competentes. Debido a esto, y al no existir mapas, es imposible para el gobierno determinar de manera sistemática la propiedad, la elevación, la clasificación del suelo, etc., de la zona en la que se están plantando palmas.
La presentación de ALDAW también señaló que se debería haber establecido un Equipo de Monitoreo Multipartito (EMM) para las plantaciones de palma aceitera de Palawan. Sin embargo, hasta ahora, después de más de siete años de actividades de plantación, las organizaciones indígenas y ONGs no tienen ningún dato sobre la composición del EMM ni de los resultados (si los hay) de las inspecciones realizadas en cada municipio afectado por la palma aceitera. Del mismo modo, no se ha suministrado información alguna a los miembros de la sociedad civil sobre los resultados (si los hay) de las actividades de supervisión del EMM referentes al impacto sobre el aire y el agua de la planta de procesamiento de aceite de palma, ni sobre el manejo y la eliminación de los desechos industriales y agrícolas por parte de PPVOMI-Agumil.
Refiriéndose específicamente al impacto del desarrollo de la palma aceitera sobre la biodiversidad, ALDAW también señaló que Palawan posee una de las últimas áreas contiguas de bosque de Filipinas. Las plantaciones de palma aceitera están rompiendo la contigüidad entre ecosistemas diferentes e interrelacionados, como el bosque de montaña, el bosque de llanura, la pradera, el humedal, etc., lo cual impacta a especies animales que se mueven y prosperan en diferentes nichos ecológicos, y afecta la integridad de cada nicho en particular.
Otro punto importante planteado en la reunión se refiere a los procedimientos por los cuales el Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (DENR) otorgó a Agumil y PPVOMI Certificados de Autorización Ambiental. Los Certificados de Conformidad Ambiental son documentos que prueban que un empresario cumple las normas ambientales y estipulan las condiciones que debe respetar. Sin embargo, el DENR otorgó los Certificados de Autorización Ambiental sin que fueran observados los procedimientos adecuados y sin que Agumil y PPVOMI presentaran un informe técnico que demostrara el cumplimiento de las normas ambientales. Más aún, ALDAW señaló que Agumil y PPVOMI nunca habían recibido del DENR un “Permiso de Tala” y que, por consiguiente, habían violado el Código Forestal Revisado P.D. 705 de 1987, así como la legislación ambiental existente.
Contra la afirmación de Agumil, según la cual el desarrollo de la palma aceitera está contribuyendo a erradicar la pobreza, ALDAW presentó hechos contundentes. El Municipio de Sofronio Española es el que tiene el mayor porcentaje de tierras (más del 45%) cubiertas de plantaciones de palma aceitera y produce la mayor parte de la materia prima para la planta aceitera. Sin embargo, Española es un municipio de cuarta categoría. Según el censo de 2008 realizado por el Sistema de Monitoreo Comunitario, Española figura en último término en el Índice de Desarrollo Humano referente a Palawan. También es uno de los 100 municipios más pobres del país. Un informe de Social Watch de 2007 menciona que, en 2006, el índice de pobreza de Española era del 58%. Sofronio Española también tiene uno de los índices de malnutrición más altos de la provincia (22,98%), según el responsable de la acción por la nutrición provincial.
Durante la reunión, el responsable de la Oficina Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PENRO) tomó decididamente posición contra Agumil. El Sr. Leonard Caluya de PENRO dijo a los representantes de Agumil: “calcularemos los daños que su compañía causó al bosque y los incluiremos en la demanda legal contra ustedes. Ustedes conocen nuestra política, y conocen sus propias limitaciones. Nosotros (DENR) nunca los autorizamos a talar árboles”. Recordó a la compañía la existencia de una moratoria nacional sobre la tala de árboles en los bosques residuales y que su oficina (PENRO/DENR) “seguirá cumpliendo con su mandato, con la ayuda de las ONG”. Según Caluya, es probable que, como forma de castigo, el DENR ordene a Agumil que elimine las palmas aceiteras ilegalmente plantadas en tierras forestales y que las reemplace por especies nativas.
Una buena noticia es que, como resultado de la presión constante generada por ALDAW sobre las autoridades gubernamentales de la provincia, diversas agencias están ahora movilizándose para realizar sus propias evaluaciones de campo sobre el impacto del desarrollo de la palma aceitera.
Hacia el final de la reunión, tanto los representantes indígenas como los de las ONG realizaron fuertes declaraciones categóricas. Datu Sangkula, del programa Non-Timber Forest Exchange, enfrentó a los representantes de Agumil y les advirtió que “el largo brazo de la ley los alcanzará, ya sea en lo penal o en lo administrativo”, y les recordó que “las violaciones de la ley IPRA (Ley sobre Derechos de los Pueblos Indígenas) conllevan responsabilidad penal y la compañía deberá dar explicaciones al respecto”.
Al final de la reunión, tanto los representantes de las ONG como de los pueblos indígenas confirmaron su pedido de moratoria sobre la expansión de la palma aceitera, al menos hasta que se disponga de datos científicos confiables sobre los beneficios reales obtenidos gracias al desarrollo de la palma aceitera comparados con sus costos no intencionales, como el aumento del dióxido de carbono (de las zonas desmontadas para las plantaciones), la pérdida del acceso tradicional a la tierra y los recursos, la disminución de la productividad de los suelos, la desaparición de los medios de vida tradicionales, etc.
ALDAW también declaró enérgicamente que es urgente que se realice un análisis serio de las plantaciones de palma aceitera existentes y proyectadas, para evaluar su situación ecológica actual y su superposición con las zonas aún conservadas y manejadas por la población indígena, y con las categorías de tierras de la ECAN (Red de Áreas Ambientales Críticas) previstas por la ley SEP. A menos que se realice dicho análisis, existe un alto riesgo de que se vean gravemente comprometidas la sostenibilidad ambiental y ecológica de la provincia, su productividad agrícola y la seguridad alimentaria de la población.
Ancestral Land/Domain Watch (ALDAW), correo electrónico: aldaw.indigenousnetwork@gmail.com, https://www.facebook.com/Aldaw.network.palawan.indigenous.advocacy