Hoy en día queda en pie sólo el 3% de lo que fue la densa selva tropical de Filipinas. Además, la mayor parte de este reducido porcentaje ocupa pequeños parches e incluso ha sufrido un severo proceso de degradación (ver Boletín 27 del WRM).
El gobierno no ha hecho nada para evitar que se llegara a este estado de cosas. En realidad, ahora está promoviendo una aún mayor destrucción. Recientemente se ha anunciado que una propuesta veda total a la corta de madera no será implementada. Las autoridades argumentan que la prohibición significaría una merma en las entradas del erario público estimada en U$S 15 millones anuales y que constituiría un factor negativo para la balanza comercial. Antonio Ceriles, Secretario del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que parte de ese dinero es utilizado para pagar las importaciones de madera, especialmente las provenientes de Malasia. Una veda total probablemente estimularía el madereo ilegal, agregó.
El anuncio generó duras críticas por parte de grupos ambientalistas que justamente están presionando por una veda total. Los mismos aducen que el gobierno tiene una pobre política ambiental, tal como se refleja en el cumplimiento de su programa de reforestación. La misma ha alcanzado tan sólo entre 60.000 y 70.000 hectáreas anuales, mientras que la tasa de deforestación supera en diez veces esa cifra, siendo de 743.000 hectáreas por año. La Organización Filipina de Protectores del Bosque manifestó que las ganancias económicas no pueden compensar ningún tipo de degradación ambiental o social en un futuro próximo. Voceros oficiales también han hecho sentir sus críticas. Horacio Morales, Secretario de la Reforma Agraria, lamentó el hecho de que el gobierno esté haciendo muy poco para proteger los pocos bosques que quedan y pronosticó que, en caso de que se siga con la tala, todos los bosques del país habrán desaparecido para el año 2010. El Comité de Ayuda a las Tierras Altas -una federación de organizaciones no gubernamentales que trabaja con comunidades- considera que la principal razón de la ineptitud del gobierno para implementar la conservación de los bosques es que muchos políticos están involucrados directamente en el negocio de la madera. El propio Ceriles es dueño de una empresa maderera que opera en el sur del país.
La lógica subyacente a la decisión gubernamental es insustentable, tanto del punto de vista económico, como social y ambiental. Se ignora el valor de las selvas como fuente de productos y servicios, así como las negativas consecuencias de su acelerada pérdida. El dinero obtenido a costa de los bosques y de las comunidades locales es a su vez utilizado para promover indirectamente la destrucción de los recursos forestales de los países vecinos. Por último, pero no por ello menos importante: considerar que una veda total de corta promovería la tala ilegal revela la ineficiencia de los controles practicados por quienes supuestamente están a cargo de conservar el patrimonio forestal del país. Todo esto dejando de lado la oscura conexión existente entre los intereses privados de muchos políticos y la explotación comercial de los bosques.
Fuente: Environment News Service, 5/11/99, Comentarios a cargo del Secretariado Internacional del WRM.