Un nuevo certificado otorgado por el Consejo de Manejo Forestal (FSC) a una gran operación de madereo hace que silvicultores, ambientalistas y activistas por los derechos humanos vuelvan a fruncir el ceño. En Guayana, la empresa suiza de certficación SGS Qualifor acaba de otorgar un certificado del FSC a la gigante malayo-coreana del madereo Barama Company Limited (BCL), que opera en una concesión de 1,69 millones de hectáreas en el noroeste de Guayana. La empresa BCL es propiedad conjunta de la transnacional sudcoreana Sun Kyong.y la controvertida maderera malaya Samling Timbers Sdn Bhd, cuyas actividades de madereo en las tierras ancestrales de los Penan de Sarawak, Malasia, siguen generando protestas.
En 1991 BCL obtuvo la concesión en Guayana en circunstancias poco transparentes; el acuerdo le proporcionó una importante exoneración fiscal en términos tan generosos que, además de haber sido denunciado a grandes voces como traición por políticos de la oposición en medio de alegaciones de corrupción, también llegó a ser cuestionado por instituciones como el World Resources Institute. Hasta el gobierno británico, que más tarde apoyó el “desarrollo” del sector forestal de Guayana, admitió que el contrato era demasiado generoso y debería ser revisado.
Durante los años 1990, BCL llevó a cabo sus actividades de madereo desde el extremo norte de su concesión, desplazándose hacia el sur por carretera y entrando en los bosques cercanos a Arakaka y Matthew’s Ridge y despachando barcazas con los troncos extraídos desde Port Kaituma, río abajo, y luego hacia el este por la costa para procesarlos más cerca de Georgetown, la capital, en su fábrica de contrachapado de Land of Canaan. Las actividades de madereo fueron denunciadas por la Asociación de Pueblos Amerindios, la principal organización indígena nacional, que documentó la forma en que las operaciones de BCL habían ignorado los derechos indígenas, excavado en cementerios, realojado forzosamente a los pobladores amerindios para hacer lugar a la laguna donde generalmente se tiran los troncos, y habían permitido que cazadores y mineros se sirvieran de las carreteras madereras para destruir el medio ambiente del lugar. Al gobierno le llevó diez años regularizar la tenencia [de las tierras] de los indígenas Caribes de Baramita, en el borde occidental de la concesión, pero muchos otros asentamientos amerindios en la concesión carecen hasta ahora de títulos y reconocimiento. Entre tanto, la fábrica de contrachapado cerca de Georgetown es víctima del estruendo constante de conflictos laborales insolubles.
BCL alegó que tenía problemas para ganar dinero con su masiva concesión en el noroeste pues en esos bosques solamente se obtenían árboles baromalli de diámetros relativamente pequeños. Comenzó a comprar maderas de mayor calidad a otros concesionarios, e incluso entró en acuerdos controvertidos y mal reglamentados con comunidades amerindias que conllevaron sobrexplotación y divisiones en las comunidades, hechos que se han documentado.
En los últimos tres años, sin embargo, BCL ha retirado de Port Kaituma la base de sus actividades de madereo. Adquirió nuevos derechos sobre otras 300.000 hectáreas a lo largo de las orillas del río Essequibo y empezó a abrir nuevas carreteras madereras a partir de un lugar cercano a Buck Hall, en el este, a través de estas nuevas zonas y dentro de su propia enorme concesión. También se acercó a los organismos certificadores con miras a obtener la certificación de sus operaciones.
Los silvicultores locales se alarmaron con la apresurada carrera de BCL para obtener un certificado. Al mismo tiempo que se unía a otras empresas forestales y organizaciones conservacionistas en una iniciativa nacional para desarrollar normas FSC guayanesas, BCL procuraba la certificación bajo la norma genérica del FSC, que fue adaptada a Guayana por SGS Qualifor a través de consultas. Hubo un escándalo en 2003, cuando circularon versiones de que supuestamente BCL había insistido en eliminar de las actas de una reunión de múltiples partes interesadas todas las quejas expresadas por los amerindios. Los silvicultores guayaneses cuestionaron también la buena fe de BCL en cuanto al proceso de desarrollo de normas nacionales. ¿Por qué, preguntaron, la empresa no había esperado la interpretación nacional de la Iniciativa Nacional de Guayana para la Certificación Forestal y en su lugar intentaba obtener una certificación bajo la norma genérica de SGS Qualifor?
SGS Qualifor emitió el certificado de BCL el 17 de febrero de 2006 y poco después publicó el resumen público en Internet. Se trata de un documento extraño. En lugar de examinar el plan de manejo y el desempeño de la unidad de manejo forestal completa, el certificado se aplica solamente a las 570.000 hectáreas en las subdivisiones cuarta y quinta (la concesión se ha dividido en siete partes). Por lo tanto la auditoría excluye de su consideración las tres primeras zonas madereras donde la empresa encontró tanta oposición, en la zona de Port Kaituma, en el norte de la concesión. Tampoco considera los dos últimos tramos, que también pondrán a la empresa en contacto con comunidades amerindias sobre el río Cuyuni, en el sur. La auditoría parece ignorar por completo las inquietudes surgidas en torno a los conflictos en la fábrica de contrachapado y la controvertida compra de madera de fuera de la concesión por parte de la empresa. Aparentemente, se ha llevado la “certificación parcial” a otro nivel.
Al anunciar la certificación del FSC en una conferencia de prensa realizada el 26 de marzo en Georgetown, la capital de Guyana, BCL declaró que en sus 15 años sus operaciones no habían generado lucro (esto recordó las famosas operaciones de madereo japonesas y malayas en Papúa Nueva Guinea, que del mismo modo se las arreglaron para mostrar que no había ganancias, en gran parte gracias al truco de la ‘transferencia de precios’ de los auditores). La supuesta falta de rentabilidad de BCL nos obliga a preguntar cómo hizo la empresa para ser certificada siendo que uno de los principios claves del FSC es que las operaciones sean “económicamente viables”. Y si la empresa no se ha beneficiado con el madereo de cerca de un quinto de la “propiedad forestal permanente” de Guayana, ¿quién lo ha hecho entonces? La exoneración fiscal de la que goza la empresa significa que el tesoro guayanés ganó poco y nada. Los amerindios han expresado sus quejas a voces desde que empezó la operación. Por su parte, los residentes de Port Kaituma se lamentan de que se haya terminado la bonanza temporal de empleos de la década de 1990 y de haberse quedado con los bosques arruinados, la caza agotada y una infraestructura que se viene abajo. ¿Es este el “manejo forestal sustentable” que se supone que el FSC tiene que promover?
La certificación de BCL fue saludada con bombos y platillos, como “el mayor bloque de bosques tropicales del mundo certificado por el FSC”. Como para ponerse a vomitar...
Por Marcus Colchester, Programa para los Pueblos de los Bosques, correo-e: marcus@forestpeoples.org
La auditoría de SGS puede verse en: http://www.sgs.com/9205-gy_-_barama_ma2005-10_-_ad36a-03_gm.pdf