Un 11 por ciento de la Amazonía se concentra en territorio boliviano. En una definición amplia, la región amazónica en este país comprende los departamentos de Beni y Pando, así como las regiones al norte de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
La deforestación en el territorio amazónico boliviano viene aumentando significativamente en los últimos años, principalmente con la expansión de la agroindustria, las obras de infraestructura, la minería, los incendios forestales a gran escala y el desarrollo de políticas de gobierno que agilizan la agenda extractivista.
El 2 de diciembre de 2018, por voluntad de 12 pueblos y organizaciones en resistencia al extractivismo, se creó la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP). Su objetivo principal es la articulación de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos que defienden sus derechos con independencia, en un contexto cada vez más adverso por las políticas extractivistas promovidas en el país.
La CONTIOCAP, en sus pocos años de vida, se ha posicionado en la opinión pública como un referente de dignidad y de aporte al debate público. Sus acciones incluyen análisis de la coyuntura, denuncias de las crecientes violaciones a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, y propuestas alternativas al extractivismo.
A fines de 2023, el WRM conversó con Ruth Alipaz, lideresa indígena originaria de la Nación Uchupiamona, en la Amazonía boliviana, integrante CONTIOCAP, para reflexionar sobre la situación en este territorio y la fuerte resistencia que los Pueblos Indígenas vienen librando.
El negocio de quemar
Se estima que en 2023 los incendios forestales se llevaron 3 millones de hectáreas de bosques en Bolivia. Los incendios se han visto agravados por la sequía que atraviesa el país, con una reducción de lluvias del 17 por ciento en 2023 en comparación con años anteriores. Pero esta situación no es por azar. Por detrás de estos incendios están principalmente las empresas del agronegocio. Es un ataque directo a los territorios y a las áreas protegidas, que se superponen en gran medida a los territorios indígenas.
Para ampliar la frontera agrícola, los empresarios agroindustriales realizan el chaqueo (la quema de ciertas áreas para luego realizar agricultura) indiscriminadamente y rebasan la frontera agrícola. Esto es posible ya que el gobierno no tiene ningún tipo de mecanismo serio de control a estas grandes corporaciones agropecuarias. A su vez, estas empresas muchas veces se benefician de las ganancias que producen en tierras comunitarias ya que los pobladores se ven obligados a alquilar las tierras porque no tienen los recursos suficientes para explotarlas para el beneficio de ellos y la comunidad. Estos empresarios que pasan la frontera agrícola ilegalmente son sancionados con la ridícula multa de 0,20 centavos de dólar por hectárea quemada, lo que significa, que es una invitación a quemar más de lo permitido y sacar enormes ganancias.(1)
Ruth Alipaz nos explica como las empresas le encontraron el negocio a quemar para que el bosque pierda valor. “Prenderle fuego al bosque es una forma de deforestación cruel de bosque primario a bajo costo. Permite el cambio de uso de suelos para luego poder establecer plantaciones de monocultivos por ejemplo”, afirma.
Ruth nos cuenta que “cada año las y los bolivianos respiramos el humo y las cenizas de nuestro futuro, porque nos están despojando de nuestros medios de vida y de nuestra dignidad. Y no solo a los Pueblos Indígenas. Para nosotros la dignidad nos la da nuestro territorio, donde somos conocidos y reconocidos porque somos alguien. Se tiene dignidad en la medida que se aporta con los sueños de realizar un proyecto para la autonomía haciendo uso de su cultura y saberes ancestrales”.
Sumado a los incendios, la deforestación en la Amazonía boliviana ha venido aumentando a pasos agigantados.
Deforestación y agronegocios
En 2022, la tasa de deforestación de la Amazonía boliviana fue la segunda más alta de la región Amazónica, por detrás solo de Brasil, y la tercera a nivel global en cuánto a hectáreas deforestadas. Se estima que en ese año hubo 270 mil hectáreas desmontadas. De acuerdo a la Fundación Tierra, una organización boliviana, durante el quinquenio comprendido entre 2016-2021, la deforestación tuvo un aumento de 73 por ciento con respecto al período 2010-2015. Aún no hay cifras oficiales para 2023, pero los especialistas coinciden en que la tendencia es que la deforestación siga creciendo. (2)
Este aumento gigantesco en las tasas de deforestación es en gran medida el resultado de la expansión del agronegocio industrial, destinado a la producción de soja y ganaderaía para la exportación. De acuerdo a la Fundación Tierra, “la expansión del modelo soyero es el motor del cambio, cuya fuerza impulsora es la consolidación de los derechos de propiedad de la tierra para las grandes y medianas propiedades empresariales. Los bosques se eliminaron para habilitar más tierras para cultivos de soya, de modo que el sector soyero crece a un ritmo mayor que otros sectores comerciales (maíz, sorgo, trigo, caña de azúcar, arroz). La titulación de extensas áreas de bosques como tierras de propiedad privada y la masiva entrega de autorizaciones de desmontes sentaron las bases para habilitar ágilmente extensos campos de cultivos. Al avance de la agricultura industrial, le sigue la ganadería para la exportación”. Sólo de soja, Bolivia cuenta con cerca de un millón y medio de hectáreas plantadas y se ubica entre los principales exportadores.
A modo de ejemplo, el departamento de Beni, ubicado en el corazón de la Amazonía y donde habitan 18 de los 36 Pueblos Indígenas en Bolivia, no está exento de estas presiones, por el contrario. Los gobiernos que han estado de turno desde 2016 impulsaron la actualización del Plan de Uso de Suelo (PLUS) y, en 2019, se llevó a cabo una revisión y actualización del PLUS Beni. Según un estudio académico, este plan se realizó “bajo la premisa de ampliar la frontera agropecuaria y sacar al departamento de la pobreza”. (3) Sin embargo, numerosas organizaciones indígenas criticaron duramente el proceso por no tenerlos en cuenta ni haberlos consultado. Denuncian que solo se consideraron las opiniones de los sectores empresariales, en particular de los ganaderos, que tienen intereses económicos en ampliar la frontera agrícola-ganadera. (4)
El nuevo Plan PLUS Beni es a fin de cuentas una herramienta que habilita la destrucción de la Amazonía, sin considerar las formas de vida de los numerosos Pueblos Indígenas que tradicionalmente han habitado y por ende conservado estos territorios.
Palma aceitera para “biocombustibles”
Otra de las causas subyacentes de los incendios, según denuncias de activistas y organizaciones locales, está relacionada a la promoción de cultivos para la producción de los mal llamados ‘biocombustibles’. Recientemente, bajo pretextos de generar empleo y reducir la dependencia sobre combustibles fósiles, el gobierno boliviano lanzó una serie de medidas que favorecen la plantación y expansión de tres nuevos cultivos: palma aceitera, palma de jathropa y macororó. Se trata de la incorporación de tres nuevos cultivos, hasta ahora no expandidos en Bolivia, que se sumarán a las áreas ya existentes de soja, caña de azúcar, etc.
Las plantaciones de palma aceitera son un cultivo hasta hace poco desconocido en Bolivia. A través del llamado ‘Programa de Fomento a las Especies Oleíferas’, el gobierno ya ha establecido más de 18 viveros, con capacidad de producir 48 mil plantines. El programa está enfocado en la región amazónica ya que las palmas requieren de mucha humedad para crecer. El objetivo del programa es llegar en cinco años a plantar un área de 60 mil hectáreas. (5)
De acuerdo a declaraciones en medios de prensa nacionales de Javier Mamani Quispe, coordinador, “el programa no va a resultar en deforestación, sino que va a rehabilitar suelos degradados”. Sin embargo, la experiencia con este cultivo en países de Africa, Asia y América Latina no sólo muestra que las plantaciones industriales de palma son una causa de deforestación y contaminación de suelos y fuentes de agua, sino que además resultan en numerosos impactos sobre los pueblos que viven dentro y alrededor de los territorios que estos monocultivos ocupan.
¿Serán las miles de hectáreas de bosques primarios incendiados declaradas como tierras degradadas y por tanto plausibles de ser ocupadas con monocultivos de palma?
La expansión de la palma aceitera se vincula a la violación de derechos de los Pueblos Indígenas y comunidades campesinas, así como a la afectación de sus medios de vida y culturas. Se han documentado numerosos conflictos de derechos sobre la tierra. Las mujeres, incluyendo a las trabajadoras, y las niñas son quienes sufren las más profundas injusticias y desigualdades frente a la expansión de esta industria y se enfrentan a continuas formas de opresión. (6)
Mega-Represas e infraestructura
De la mano con el extractivismo, también avanza la construcción de obras de infraestructura necesarias para procesar y trasladar las mercancías producidas, como mega-represas para producir energía.
Por ejemplo, en la cuenca del Río Beni, que atraviesa el Parque Nacional Madidi -una de las zonas más biodiversas del planeta- y la Reserva Pilón Lajas, el gobierno intenta desde hace años impulsar las mega-represas de Chepete y Bala. Se estima que el 75 por ciento de la producción de energía que tendrá la represa del Bala será para exportar a Brasil. Ambos embalses inundarían miles de kilómetros cuadrados y se estima generarían una deforestación superior a las 100 mil hectáreas. Sobre las tierras que quedarían sumergidas viven seis Pueblos Indígenas: los Mosetenes, Chimanes, Esse-ejjas, Lecos, Tacanas y Uchupiamonas, el Pueblo al que Ruth pertenece. (7)
Hasta el momento la construcción de las represas está paralizada, pero el hostigamiento y la presión continúan. Asimismo, para construir represas se necesita de la apertura de carreteras, lo que abriría el territorio para las empresas madereras y mineras entre otras actividades destructivas. Ruth explica: “Es un hecho que toda esta avalancha de actividades extractivas, de normativa que las facilita y alienta, además de las grandes infraestructuras de energía y transporte, los complejos industriales de dudosa viabilidad técnica y económica (como el ingenio azucarero San Buenaventura) y los avances de colonos y especuladores de tierras, todo en conjunto, forma parte de una verdadera cruzada de colonización y expoliación hacia el norte amazónico, donde los grandes perdedores son las comunidades y Pueblos Indígenas”.
La visión indígena sobre la deforestación y sus luchas de resistencia
No obstante, durante la conversación Ruth remarcó cómo los Pueblos Indígenas en Bolivia han jugado históricamente un papel central en la defensa de los territorios y todavía se mantienen firmes en su lucha.
Como resultado de las luchas de los Pueblos Indígenas en Bolivia, tanto de la Amazonía, como del Chaco, de los Valles y el Altiplano, se dio la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) de 2009. Esta reconoce a los Pueblos Indígenas, a los Territorios Indígenas, a la Justicia Indígena Originaria Campesina, y principalmente a la Autonomía y Autodeterminación de los Pueblos Indígenas en sus territorios por derecho pre existente, con base en el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Leyes 3.760 y 3.897 en Bolivia.
Sin embargo, Ruth explicó cómo, sobre la Carta Magna y otras leyes como la de la Madre Tierra, se han ido emitiendo sistemáticamente otras leyes y decretos que contravienen lo establecido en la Constitución. Esas normas de menor rango son las que, en el análisis de Ruth, se imponen como política de gobierno, “legalizando lo ilegal e inconstitucional para una política económica extractivista, capitalista, donde los grandes capitales y empresarios nacionales y transnacionales son los que reciben normas a pedido y medida de sus intereses”.
Así, por ejemplo, durante el período 2013-2019, se aprobaron un conjunto de normas conocidas como las ‘normas incendiarias’, que directa o indirectamente amplían la cantidad de hectáreas permitidas para deforestar y quemar, flexibilizando los mecanismos legales que estaban vigentes en el país. De la misma manera, la Ley de Minería y Metalurgia 535 del mismo periodo permite la minería dentro de Áreas Protegidas sin cumplir con normas como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y dentro de Territorios Indígenas, eximiéndoles de realizar la Consulta Libre Previa e Informada (CLPI) a los Pueblos Indígenas, con el argumento de que los mineros tienen derechos preconstituidos a dicha ley.
Las políticas gubernamentales de los últimos años, afirma Ruth, están a favor de los grandes poderes económicos. “Estas políticas violan la integridad de la Madre Tierra, quitándole su virtud y capacidad de dar, generar y regenerar vida. Van cortándole sus venas, que son los ríos, para minería de oro con uso de mercurio y mega proyectos hidroeléctricos. Van desnudando su piel con la despiadada deforestación incluso con fuego para el agronegocio y la ganadería. Van envenenado sus órganos de producción de oxígeno, como los suelos y bosques, con agroquímicos para sembrar soya o la palma africana. Van dinamitando y perforando sus venas vitales, que son las vertientes de agua subterráneas y superficiales, para buscar petróleo. Van mutilando sus exuberantes montañas y las riberas de sus ríos, que fueron creadas para apreciar la belleza y la vida en abundancia. Esa abundancia de vida que hoy languidece porque las empresas mineras que se encubren en supuestas ‘cooperativas mineras comunitarias’ o actividades de ‘pequeña minería’ para no pagar impuestos o míseras regalías de 2,5 por ciento, están conectadas con empresas transnacionales chinas, brasileras, colombianas y grandes empresas nacionales”.
De la misma manera, Ruth aclara que estas políticas están sometiendo a los Pueblos Indígenas a la extrema pobreza. “El no tener agua significa extrema pobreza. Nada es posible sin agua”, advierte. “Entonces el proceso de extinción de la Amazonía se dará por los éxodos, porque los que ancestralmente la hemos habitado, cuidado, protegido y defendido saldremos a buscar afuera algo que ya no tenemos en nuestros lugares. O sufriremos un proceso de transformación para ser los destructores de nuestros propios territorios, porque nos obligarán a convertirnos en mineros o palmeros para intentar sobrevivir. Y así, una vez despojados de toda nuestra dignidad, de nuestras identidades, de nuestros principios y valores, de nuestra espiritualidad y veneración a la sagrada Madre Tierra, a nuestros ríos, a nuestras montañas, los bosques y territorios quedarán sin sus protectores que somos los Pueblos Indígenas.”
Pero, afortunadamente, dentro de este panorama cruel en cuánto al futuro de la Amazonía y sus pueblos, Ruth comparte su visión de esperanza, con los Pueblos Indígenas en lucha constante.
Así también, las nuevas generaciones están comenzando a replantearse qué futuro quieren. Para Ruth, en cuanto más jóvenes empiecen a entender que no es un derecho de quienes hoy vivimos despojarles de lo que a ellos les corresponde para vivir en un futuro muy próximo, la esperanza crecerá.
¡LUCHAR POR EL TERRITORIO ES LUCHAR POR LA VIDA!
¡Y VIVIR CON AUTODETERMINACIÓN ES UN DERECHO INEMBARGABLE DE NUESTROS PUEBLOS INDÍGENAS!
Artículo elaborado en base a entrevista con Ruth Alipaz Cuqui,
Lideresa de la Nación Uchupiamona, Amazonía boliviana, e integrante de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) y a las siguientes fuentes de información:
(1) Izquierda Diario, Incendios forestales: los intereses agroindustriales ante la mirada tibia del gobierno, November 2023
(2) Fundación Tierra, Deforestación 2016-2021. El pragmatismo irresponsable de la “Agenda Patriótica 2025,” June 2022
(3) Rojas Calizaya, J; Anzaldo García, A., El nuevo PLUS del Beni excluye a los actores y sus diversas visiones de desarrollo y atenta contra la Amazonía boliviana, Cipca, 2020
(4) Cejis, Análisis socioambiental del Plan de Uso de Suelo (PLUS) 2019 del departamento del Beni, 2020
(5) RTP Bolivia, Video: Engineer Javier Mamani Quispe, General Coordinator to foment production, January 2023
(6) Ver Sección “Aceite de Palma” en el sitio web del WRM
(7) Boletín WRM, “Sin agua no hay vida”: los ríos en la Amazonía de Bolivia, septiembre 2022