Desde que India obtuvo su independencia política en 1947, las Zonas Protegidas y los proyectos de desarrollo --como grandes represas, minas, industrias, carreteras y cantones militares-- han desplazado a millones de personas en el país. Cifras de la Comisión de Planeamiento dan a entender que solamente entre 1951 y 1990 los proyectos de desarrollo desplazaron a 21,3 millones de personas. No hay cifras disponibles en cuanto a la cantidad de personas expulsadas por el Departamento Forestal (para crear nuevas Zonas Protegidas y desalojar a los “invasores de los bosques”). Según varios grupos que trabajan con las comunidades de los bosques de India, en los últimos cinco años se expulsaron unas 300.000 familias. No hubo compensaciones y se obligó a personas de todas las edades a abandonar sus hogares, bosques y tierras agrícolas para dejar lugar a plantaciones y zonas de vida silvestre.
Para la gente que vive en los bosques de India, se trata de la continuación de una vieja historia de persecución, represión y expulsión. Históricamente, el concepto de bosque quedó enraizado en la “otredad” social y política, el espacio que alberga a los animales salvajes, los marginales y los vencidos, y por lo tanto algo que hay que destruir (o combatir) en tanto extraño y maligno. De modo inverso, los bosques también han sido “valorados” en tanto tierra: para anexar, colonizar y asentar sujetos que el Estado pueda controlar. No importó que los pobladores autóctonos de los bosques tuvieran que morir, tanto física como culturalmente, en el proceso; esto es válido para cualquier período de la historia india.
La independencia del país acarreó mayor miseria para la gente que vivía en los bosques. El nuevo Estado endureció las viejas leyes forestales coloniales, limitando el acceso de las personas a los bosques. Entre tanto, en el nombre de la forestación productiva, se continuó con la destrucción de los bosques, que siguieron desapareciendo. El Raj de la “mafia forestal” dio inicio cuando una nueva generación de comerciantes y contratistas se unió a una burocracia forestal cada vez más corrupta. El saqueo oficial y extraoficial de los bosques destruyó la ecología de las comunidades tradicionales. La pobreza, el desempleo y el hambre obligaron tanto a inmigrantes como a nativos a convertirse en trabajadores a sueldo de la mafia forestal, y es así como comienza el proceso de proletarización de los habitantes de los bosques del país.
También estaba, oficialmente, la “necesidad” de hacer que el 33 % de la superficie geográfica de India fuera bosque, en cumplimiento de la nueva Política Nacional Forestal de 1988, y el nuevo avatar “conservacionista” del Departamento Forestal, que hasta entonces había trozado y talado más de la mitad de los bosques de India (entre 1951 y 1979 se talaron más de 3,33 millones de bosques naturales para hacer sitio a las plantaciones “industriales”), aceptó el “desafío”. En lugar de evaluar los diversos factores socioeconómicos detrás de la deforestación, el Departamento apareció con la lógica simplificada de la “usurpación”, como si la cobertura forestal del país fuese a aumentar milagrosamente si se pudiera expulsar a las comunidades de personas sin tierras que ocupan y usan las tierras de los bosques para la agricultura de subsistencia. La irresistible fuerza de la conservación siguió adelante, empezaron los desalojos a gran escala y ni el gobierno de India ni las ONG conservacionistas prestaron atención alguna al hecho de que el gobierno colonial estaba quitando a las comunidades la mayor parte de los bosques de India sin reconocerles derecho alguno, y que el verdadero y principal invasor es el propio Departamento Forestal. El proceso de Establecimiento de Derechos, que en virtud de la Ley Forestal india de 1927 es obligatorio previo a declarar cualquier zona como Bosque del Estado, en muchos lugares nunca llegó a tener lugar, en tanto en muchos otros los procesos quedaron incompletos.
Personas cuyos derechos no figuran en los registros habitan en un estricto “espacio estatal” donde se los trata como intrusos, invasores y enemigos del bosque y de la vida silvestre. El gobierno no necesita justificar las acciones coercitivas en su contra e incluso abundan los abusos físicos, la violencia sexual y los asesinatos. En India los desalojos de los bosques llevan la marca de la brutalidad ejemplar que los acompaña. El reciente informe (2005) de Tiger Task Force (designado por el primer ministro de India para investigar la muerte de tigres en varias reservas de tigres) describe la situación como “una verdadera guerra intestina, que implota dentro de las reservas y arrastra todo consigo.”
A esta confusión se sumó el Comité Central Facultativo (CEC) creado por la Suprema Corte y repleto de funcionarios forestales y conservacionistas y defensores de la vida silvestre puros y duros. El CEC ha estado dando vueltas por el país, emitiendo órdenes de desalojo a voluntad. Bajo sus órdenes se expulsaron cerca de 10.000 trabajadores de la pesca, que secaban pescado en Jambudwip, una isla en el sur de los Sunderbans, en el estado de Bengala Occidental. La policía de Bengala Occidental apaleó a los pescadores que volvieron a la isla el 16 de octubre de 2003, Día Mundial de la Alimentación. Destruyeron y tiraron al mar sus herramientas y paquetes de alimentos. El CEC también fue considerado responsable por la masacre de los Adivasi, inocentes y sin tierra, que se refugiaron en el Refugio de vida silvestre de Muthanga, en el distrito de Wayanad, Kerala.
En una medida coordinada para frustrar las expulsiones a gran escala, los Adivasi y otras comunidades de los bosques de los estados de Orissa, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan y Tamil Nadu, Bengala Occidental y Madhya Pradesh comenzaron a presentar miles de demandas relativas a la posesión de sus tierras ante los respectivos Recaudadores de Distrito. Este proceso de presentar demandas sobre sus tierras se convirtió en un movimiento masivo. La Campaña por la Supervivencia y la Dignidad, una plataforma de organizaciones de masas de los Adivasi y los habitantes de los bosques de 11 estados, empezó a organizar manifestaciones de protesta, explicando los detalles de lo que estaba sucediendo, la situación legal, cómo se violaba sistemáticamente las leyes y qué debería hacerse.
Con el fin de disipar la tensión creciente en las zonas tribales del país y de hacer modificaciones, el gobierno emitió en 2004 dos nuevas circulares que prescribían la regularización de las tierras cultivadas por los grupos indígenas desde 1993 y la conversión de todas las aldeas de los bosques (colonias de los trabajadores de las plantaciones, en tierras boscosas) en aldeas contribuyentes en el lapso de seis meses. Las mismas fueron ratificadas por la Suprema Corte de India. En diciembre de 2004 un nuevo conjunto de directrices prohibió el desalojo de los integrantes de tribus, salvo los “usurpadores no aptos” (lo que significaba que los desalojos continuarían). El 12 de mayo de 2005 otra nueva directriz prohibía el desalojo de cualquier habitante del bosque sin el debido proceso de verificación. El 3 de noviembre de 2005 se publicaron las directrices definitivas, que por primera vez disponían un proceso de reconocimiento de derechos a nivel de aldeas. Sin embargo, hasta hoy sigue habiendo expulsiones y este mismo mes hubo desalojos de personas de los bosques en el pequeño estado de Sikkim, en el Himalaya.
Las presiones políticas del actual gobierno y la presión sostenida y efectiva de parte de los movimientos por los bosques llevaron a la controvertida Ley de Reconocimiento de derechos sobre los bosques de 2005, que por primera vez en la historia india trata de los intereses y derechos tribales en los bosques y promete salvaguardarlos.
El proyecto propone 13 derechos específicos, heredables pero no enajenables ni transferibles, como por ejemplo la propiedad de hasta 2,5 hectáreas de tierra, derecho a los productos del bosque y al pastoreo, restauración de la cancelación ilegítima de títulos, cesión y arrendamiento de tierras, derechos tradicionales y consuetudinarios, derecho a los recursos comunitarios comunes, derecho al hábitat para los grupos tribales primitivos, acceso a la biodiversidad y derecho comunitario a la propiedad intelectual y el conocimiento tradicional, y el derecho a proteger los bosques.
Esta ley hizo que el grupo de presión “conservacionista” indio se alzara en armas, mientras las ONG y los funcionarios forestales ponían el grito en el cielo. Objetaron el proyecto de ley sobre la base de que éste distribuiría tierras boscosas a familias tribales y debilitaría la protección de los bosques y también porque la vida silvestre y la gente no pueden coexistir. ¡El proyecto se interpretó como “el fin del tigre indio”! Los movimientos por los bosques también se opusieron a la ley por encontrarla demasiado vaga. El gobierno tuvo que enviar el proyecto a un Comité Parlamentario Conjunto que recién ahora ha concluido su Informe sobre el Proyecto de Ley, luego de recoger declaraciones tanto de los movimientos por los bosques como de los “conservacionistas” durante los últimos tres meses. El Informe aún no se ha hecho público, y habrá que esperar para ver qué es lo que el gobierno indio decide hacer con eso. Pero no hay dudas de que este proyecto de ley anuncia un nuevo comienzo en la historia forestal india y que las cosas van a cambiar, para bien o para mal.
Con la Ley de Reconocimiento de los derechos sobre los bosques que se propone, la lucha de las comunidades de los bosques de India entra en una “fase política” más decisiva, en la que los movimientos por los bosques deben estar constantemente vigilantes para lograr posibles beneficios y ayuda a los oprimidos y los pobres entre los grupos étnica y económicamente diversos de personas que viven en los bosques indios y sus alrededores. Es necesario garantizar que este plan de poner el control social de los bosques de India en manos de las comunidades de los bosques no sea eclipsado por la dudosa y repentina “comunalización” del poderoso grupo de presión de la celulosa y el papel de este país y del Banco Mundial, ni que este empeño en ver el fin de la hegemonía estatal sobre los bosques signifique caer en manos de esas fuerzas que también trabajan por las reformas legislativas y políticas “pro comunidades” en el sector forestal. La lucha por los derechos de las personas y la ley forestal se convierte así en una lucha contra la inminente corporatización o privatización de los bosques. Aunque el contorno físico de esta lucha todavía no está definido, lo más sensato será estar en guardia y no dejarse adormecer por el sentimiento de falsa seguridad y euforia que la Ley podría brindar.
Por Soumitra Ghosh , correo-e: soumitrag@gmail.com y C.R. Bijoy. Basado en información de : Campaña por la Supervivencia y la Dignidad, National Forum of Forest People and Forest Workers