La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el organismo de la ONU que supervisa las cuestiones laborales, formulando políticas y programas relacionados principalmente con las normas destinadas a la protección de los trabajadores.
Sin embargo, el derecho al trabajo es más amplio que el de tener un empleo. La OIT ha incorporado también el concepto de trabajo decente: “El trabajo decente es esencial para el bienestar de las personas. Además de generar un ingreso, el trabajo facilita el progreso social y económico, y fortalece a las personas, a sus familias y comunidades. Pero todos estos avances dependen de que el trabajo sea trabajo decente, ya que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de los individuos durante su vida laboral.” (OIT, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm)
Para muchas comunidades rurales, sus tierras tradicionales y los conocimientos asociados son la base material de su modo de vida, de su cultura e identidad. Si pierden la tierra, pierden el derecho a trabajar, que es un derecho humano.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia, y Sawit Watch – la red indonesia de ONGs contra las plantaciones de palma aceitera – publicaron recientemente un informe sobre el conflicto entre el derecho a hacer uso de la tierra, que el Estado otorga a las empresas (HGU), y los derechos humanos (HAM). Dicho informe, titulado “HGU & HAM, derechos de uso de la tierra y derechos humanos”, refuerza el argumento de que se está priorizando el derecho de las empresas en desmedro de los derechos humanos, que suelen recibir menos consideración e incluso son ignorados por el Estado.
Lo que sigue es un extracto de partes del referido informe, que hemos editado con el fin de resumir lo referente a los impactos de las plantaciones industriales de palma aceitera sobre el derecho de las comunidades a trabajar sus tierras.
Las plantaciones de palma aceitera de Indonesia ocupan en total una superficie de 9,1 millones de hectáreas, el 40% de las cuales son plantaciones a gran escala. La estructura de la producción de palma aceitera está controlada por 27 grandes grupos, que poseen unas 6.000 filiales en 19 provincias. Sin embargo, las compañías estatales, como PTPN, aplican el mismo modelo a gran escala. Por otro lado, el tipo de plantación desarrollado en las tierras comunitarias es el llamado “plasma”, es decir un conjunto de plantaciones en pequeña escala controlado por una compañía central, que terminan formando una unidad a gran escala. Esto significa que las plantaciones de palma aceitera a gran escala ocupan la mayor parte de la superficie total.
La palma aceitera no es un producto nuevo en Indonesia. La plantación a gran escala con fines comerciales comenzó en 1911 en Deli Serdang, Sumatra del Norte. Después de la independencia, en 1948, las plantaciones de palma aceitera sufrieron algunos inconvenientes cuando el presidente Sukarno aplicó la política de nacionalización de las compañías holandesas y otras empresas extranjeras. Sin embargo, la industria volvió a florecer a fines de los años 1980, cuando el presidente Suharto estimuló el establecimiento de más plantaciones a gran escala.
En la actualidad, diversas medidas adoptadas y aplicadas por el gobierno de Indonesia han acelerado la expansión de las plantaciones de palma aceitera; por ejemplo, el acuerdo firmado con el sector empresarial para dedicar 3 millones de hectáreas a este cultivo, especialmente destinado a la producción de biodiésel. El gobierno también ha otorgado incentivos, bajo la forma de equipamiento y fondos para revitalizar las plantaciones, y ha distribuido tierras estatales a los menos favorecidos para que puedan contribuir a cubrir las necesidades de las empresas de palma aceitera.
Algunos medios de prensa publicaron el plan del gobierno, anunciado por el presidente, de destinar una superficie total de 1,8 millones de hectáreas a lo largo de la frontera para establecer la plantación de palma aceitera más grande del mundo. Los datos reunidos por Sawit Watch indican que casi todas las provincias gubernamentales han planeado expandir la superficie destinada a la plantación de palma, que llegaría a abarcar 19,8 millones de hectáreas.
Este violento empuje del negocio de la palma aceitera a gran escala está entrando en conflicto con los derechos consuetudinarios a la tierra comunal.
En el distrito de Sanggau de la provincia de Kalimantan Occidental, se han establecido plantaciones en los sub-distritos de Kembayan y Parindu. La superficie total de Parindu – originalmente habitado por dos grupos étnicos, los Malays y los Dayaks – es de unas 59.390 ha, en su mayor parte cubierta por plantaciones de palma aceitera en el sistema “plasma”.
Los Dayak Parindu poseen un sistema de propiedad colectiva de la tierra, reglamentado por la costumbre, según el cual la tierra se hereda pero su cultivo por parte de cada familia o individuo se realiza dentro de un sistema de propiedad colectiva o comunal. Tradicionalmente, la comunidad Parindu aplicó siempre el método de cultivo itinerante, pero esto prácticamente ha desaparecido debido a la expansión de las plantaciones de palma aceitera que han invadido y arrasado las tierras comunales y los bosques.
Una de las empresas de palma aceitera es PT.Perkebunan Nusantara XIII (Persero), o PTPN XIII. Se trata de una compañía estatal dedicada a la agroindustria que opera en Sanggau desde 1984 y sus principales productos son la palma aceitera y el caucho.
PTPN XIII invadió el “tembawang” de los Dayak Parindu, es decir la zona de bosque comunal donde la población cultivaba la tierra según la costumbre, y que le había asegurado su sustento pues allí obtenían alimento de varias clases, como los frutales. Pero los planes y las prioridades de la comunidad se desmoronan en segundos cuando se instala una plantación de palma aceitera.
Durante casi 20 años, PTPN operó en la región sin poseer la concesión exigida a cualquier compañía para cultivar con fines comerciales tierras pertenecientes al Estado; esas concesiones son llamadas Derechos de Uso de la Tierra (HGU) y tienen una duración máxima de 25-35 años.
Al comienzo, la compañía no dio participación a la comunidad, y las necesidades de mano de obra las cubrió con inmigrantes venidos de Java. Esto dio lugar a protestas de la comunidad local. Como consecuencia de eso, en 1997 la compañía comenzó a aplicar el sistema plasma (Pir-Bun), según el cual una comunidad cede formalmente 7,5 ha de sus tierras y recibe a cambio 2 ha de plantaciones de palma aceitera. En lo sucesivo, la comunidad debe reembolsar al banco los préstamos otorgados.
El estudio de campo realizado en la Comunidad Tradicional Sanggau de Kalimantan Occidental mostró que se atrajo a la gente y se la convenció de participar en el programa plasma con la promesa de que mejoraría sus condiciones de vida. Sin embargo, los miembros de la comunidad de Dayak Parindu manifestaron que ahora comprendían que habían sido engañados por PTPN XIII, y que nunca habían gozado de la prosperidad prometida por la empresa. De hecho, el resultado ha sido que la comunidad perdió la mayor parte de sus tierras.
Cuando decenas de hectáreas de tierras comunitarias de Kalimantan Occidental fueron cedidas al gobierno para que éste las arrendara a las empresas plantadoras, la situación legal de dichas tierras cambió, pasando a ser tierras estatales. Como consecuencia, la comunidad tradicional ya no tiene derechos ni autoridad sobre esas tierras, ni siquiera cuando expira el plazo del arriendo.
La adquisición de tierras comunitarias para favorecer los intereses de las empresas plantadoras provocó protestas que, en Sumatra Occidental, adoptaron la forma de ocupación y recuperación de tierras. La recuperación se ha convertido así en una suerte de movimiento social, en respuesta a la tentativa de diversos grupos dominantes, económicos y políticos, de privar a las comunidades locales de su derecho a trabajar y vivir en su territorio ancestral.
Artículo basado en “HGU & HAM Land Use Rights and Human Rights”, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Sawit Watch, 2011,http://wrm.org.uy/plantations/LandUseRight_HumanRight_SW.pdf