La deforestación en Indonesia no se trata solamente de la pérdida de superficies de bosque, es un asunto mucho más serio. Un sistema vivo que evolucionó hasta convertirse en un sistema de extraordinaria riqueza en materia de biodiversidad corre peligro de ser destruido.
Para las comunidades tradicionales, la preservación de los bosques no sólo implica mantener sus derechos sobre la tierra y el territorio sino, fundamentalmente, el proteger su civilización, de la que depende la esencia de su cultura. La cultura de las comunidades implica procesos de adaptación que se pasan a través de las generaciones, equilibrando la vida y la sustentabilidad de los ciclos naturales.
Cuando el Ministerio de Silvicultura de Indonesia realizó un inventario de las tierras, en el que catalogó a los bosques como zonas de bosques del Estado, los aspectos sociales y culturales no formaban parte del trabajo de dicho ministerio. Por lo tanto, la formulación y aplicación de las políticas excluyeron la presencia de los seres humanos que coexisten con los sistemas vivos del bosque.
Como resultado de esta clasificación, alrededor de 33 mil comunidades viven actualmente dentro de las denominadas zonas de bosques del Estado. Las empresas usan esto para argumentar que las comunidades son las culpables de perturbar y destruir los bosques, lo que, a su vez, se ha convertido en un instrumento para expulsar a las comunidades de los bosques de sus espacios de vida.
Es así que los conflictos con las comunidades forestales se simplifican con argumentos de necesidades económicas y reduciendo complejos sistemas vivos a meras ‘tierras’. Esta simplificación lleva a que las ‘resoluciones’ se traducen en esfuerzos de compensación y mediación.
De hecho, las ‘resoluciones’ de este tipo no respetan el justo derecho de las comunidades a la memoria intergeneracional y la dependencia cultural de los bosques. Por otra parte, los medios de comunicación debilitan a las comunidades al posicionarlas como equivalentes a las empresas durante los procesos de mediación. Al reconocer la presencia de la compañía en los territorios de las comunidades, sin embrago, ya se está reafirmando las violaciones de las leyes consuetudinarias por parte del Estado y las empresas.
En realidad, cuando se destruye un sistema ecológico, la carga al tener que adaptarse a cambios ambientales extremos y los costos que esto implica, terminan recayendo principalmente sobre las comunidades.
Para este artículo utilizo el ejemplo de una especie de enorme valor para la cultura de las comunidades indígenas en Indonesia. Este ejemplo ilustra cómo la devastación de varios sistemas biodiversos en el bosque tiene un gran impacto en la pérdida y destrucción de la vida de las comunidades.
El búfalo es una especie que depende de tres factores ambientales fundamentales: un amplio espacio abierto para moverse, una variedad de hierbas para alimentarse y generar la resistencia de su cuerpo, y una fuente de agua limpia libre de cualquier producto químico. En los últimos 10 años, el número de búfalos se ha reducido drásticamente a un millón de cabezas debido a la expansión de la palma aceitera, la explotación maderera y las plantaciones forestales industriales.
Sin que el gobierno de Indonesia lo hubiera siquiera consultado, la expansión de los monocultivos forestales industriales en las tierras de las comunidades promovió una disminución drástica de la población de búfalos - que en términos económicos representaba hasta 15 mil millones de rupias (alrededor de US$1,5 mil millones), cifra que podría financiar la educación de 1 millón de niños y los costos de salud. También ha destruido una importante fuente de alimento y ha provocado daños colaterales a los sistemas agrícolas tradicionales. Es muy importante reconocer y proteger los sistemas de manejo comunitario de los bosques. No sólo ayudan a que las comunidades puedan continuar vivendo dentro de los diferentes territorios, sino que también impiden que el pueblo y el Estado deban hacerse cargo de los costos cuando se producen catástrofes ecológicas.
Las decisiones sobre los bosques en Indonesia siguen estando en manos de instituciones poderosas. El gobierno no menciona en absoluto las cuestiones de la propiedad de los territorios o las causas de la deforestación, tales como el modelo de producción y consumo. Estos temas se excluyen intencionalmente de los debates con el fin de evitar la inmensa responsabilidad que tienen el Estado y los actores empresariales por los crímenes cometidos.
En la actualidad, la vida en las comunidades se ha vuelto cada vez más difícil. El Estado las está obligando a vivir en un sistema económico basado en mercancías, donde el dinero que ganan no les alcanza para cubrir sus necesidades, sobre todo después de haber perdido varios sistemas de vida que la naturaleza ponía a su disposición. Por su parte, el Estado de Indonesia también debe cubrir grandes costos, teniendo en cuenta el daño y los procesos de rehabilitación de los bosques y sus funciones, tales como el presupuesto que implica hacerle frente todos los años a los incendios forestales y las inundaciones.
Mientras que las comunidades deben soportar la pesada carga de los delitos ambientales y adaptarse continuamente al deterioro del ambiente, durante la Cumbre sobre el Clima organizada por las Naciones Unidas en septiembre de 2014, 27 Estados y 34 empresas implicados en el proceso de deforestación mundial firmaron la Declaración de Nueva York, sobre cómo salvar los bosques del mundo. La declaración propone la ‘restauración’ de 150 millones de hectáreas de bosques para el año 2020 y hasta 200 millones de hectáreas para el año 2030. Este compromiso se basa en el hecho de que 1.600 millones de personas en el mundo dependen de los bosques, mientras que la tasa de velocidad de la deforestación alcanza los 14 millones de hectáreas por año.
Es poco probable que el compromiso de reducir la deforestación y fomentar la ‘restauración de los bosques’ se convierta en una realidad. Este compromiso asumido por los gobiernos y una serie de grupos relacionados con el negocio de los monocultivos es, de hecho, sólo una estrategia para encubrir sus crímenes. Por ejemplo, en Indonesia, un grupo de empresarios firmó un compromiso para reducir las tasas de deforestación. Sin embargo, terminaron haciendo un trato con el gobierno por el cual, de los 14 millones de hectáreas que están amenazadas por la deforestación, 1,1 millones de hectáreas de bosques se destinarían a plantaciones de palma aceitera en 2015 y 5,9 millones de hectáreas de bosques se destinarían a plantaciones forestales industriales.
La Declaración de Nueva York sobre los Bosques no sólo oculta a los responsables de la destrucción de los bosques tropicales de Indonesia ante la opinión pública, sino que también trata de facilitar la siguiente fase del negocio con los recursos naturales en Indonesia. Los grandes grupos empresariales responsables de una serie de destrucciones del ambiente por las plantaciones de palma aceitera y monocultivos forestales para celulosa y papel, han salido indemnes y sin sufrir ningún tipo de sanción. No contentos con eso, ahora están entrando al tema del cambio climático para hacer más negocios. Las concesiones para ganar dinero con la conservación de la biodiversidad y el carbono ya han llegado a 397.878 hectáreas en el año 2014, y tienen la meta de llegar a 2,6 millones de hectáreas.
Si el gobierno hubiera querido aprovechar la cumbre para hacer frente verdaderamente a la deforestación, no debería haber autorizado que participaran en el foro grupos empresariales como APP, GAP, y WILMAR. Desde 2013, sus concesiones han sido la razón de la espesa y extensa niebla que cubre periódicamente a Indonesia como consecuencia de los incendios forestales. Nuestra organización también descubrió que WILMAR, a través de sus filiales, trató de ocultar casos de tala ilegal.
Zenzi Suhadi, zenzi.walhi@gmail.com
WALHI, http://www.walhi.or.id/en/#