Las concesiones con fines supuestamente de conservación (parques nacionales, áreas protegidas, reservas naturales, etc.) tienen sus raíces en las ideas y creencias que sustentaron la colonización europea. El concepto de Áreas Protegidas se originó en los Estados Unidos a fines del siglo XIX, fundado en el deseo de preservar zonas ‘intactas’ de ‘vida silvestre’ sin presencia humana, principalmente para la caza de élite y el disfrute de la belleza del paisaje. Los parques nacionales de Yellowstone y Yosemite fueron violentamente vaciados de sus habitantes y proporcionaron el modelo para ‘hacer conservación’ que continúa hasta el día de hoy. Durante ese mismo período, los colonizadores europeos categorizaron grandes extensiones de los territorios ocupados en África como ‘áreas de caza’, después de desplazar por la fuerza a las poblaciones de dichas zonas. Esas reservas a menudo se crearon después de que los cazadores colonialistas hubieran exterminado gran parte de las poblaciones silvestres, en un intento por restaurar dichas poblaciones para poder continuar con la caza de ‘grandes especies’.
Sin embargo, la retirada de los colonizadores europeos de África no trajo el retorno a la tenencia consuetudinaria de la tierra. Los Estados recién formados a menudo continuaron con las políticas de uso y conservación de la tierra de los colonizadores, lo que demuestra cuán profundamente se habían institucionalizado las normas y los sistemas de conocimiento coloniales. Los procesos de colonización siempre han ido acompañados de la idea de que la ‘naturaleza’ está separada de los humanos, y que la ‘civilización’ es mejor que la impredecible e improductiva ‘tierra salvaje’. La idea de crear zonas de ‘naturaleza sin humanos’ tiene sus raíces, pues, en el pensamiento racista y colonialista de que solo los hombres blancos ‘civilizados’ podrían proteger y administrar esta ‘naturaleza’. Ellos y solo ellos podrían entrar en esta otra ‘naturaleza’ ‘libre de humanos’.
Y podemos observar que en muchos lugares esta idea persiste hasta el día de hoy. El turismo de safari, por ejemplo, es tan solo una continuación de esta tradición. Los turistas adinerados (predominantemente blancos) pagan grandes sumas de dinero para hospedarse en hoteles de lujo y tener el permiso de disparar a los animales (con armas o cámaras) considerados como trofeos. Mientras tanto, aquellas poblaciones que cazan para subsistir dentro de sus territorios-convertidos-en-parques son tildados de cazadores furtivos, y son criminalizados. Ese tipo de turismo depende de ciertas ideas sobre lo que significa ‘África’ para quienes realizan los safaris, lo que revela la mentalidad colonialista que creó estas reservas en primer lugar. Es por eso que las áreas protegidas son en su mayoría paisajes ‘libres de personas’. Las personas rara vez son consideradas como una parte intrínseca de la naturaleza y, si lo son, se las representa como intrusos o ‘cazadores furtivos’, o como paisajes turísticos para la compra de artesanías o para ver sus bailes, o como guías o ecoguardias que trabajan para una empresa extranjera o una ONG.
La mayoría de las ONG conservacionistas internacionales han facilitado esta imagen de los Pueblos Indígenas como invasores de sus propios territorios. Este relato ha puesto convenientemente el enfoque en la lucha contra las personas que usan el bosque para su subsistencia, en lugar de apuntar a los patrones de consumo y los intereses económicos de quienes apoyan y financian a dichas ONG.
El Parque Nacional Serengeti en Tanzania, por ejemplo, es quizás el símbolo más conocido de la ‘naturaleza salvaje de África’. Sin embargo, en la propaganda turística del Parque apenas se menciona cómo se creó el Serengeti: expulsando a los Indígenas Maasai de sus territorios ancestrales durante la época colonial. Y esta situación continúa hasta el día de hoy. (1)
Mordecai Ogada, coautor del libro ‘The Big Conservation Lie’ (La gran mentira de la conservación), explica en una entrevista realizada en 2021 que los espacios geográficos de las Áreas Protegidas funcionan frecuentemente como colonias, con la diferencia de que ya no están bajo la administración de un imperio sino de un red de élites con claros intereses económicos y políticos. (2) Explica que ésos son los colonizadores en las concesiones de conservación. Entran en estos acuerdos con grandes sumas de dinero y con frecuencia influyen en cualquier política nacional que pueda afectar sus intereses y áreas administradas. El poder de estas redes de colonizadores es tanto físico –imponen su régimen y dominio sobre el terreno– como político –tienen aliados en lugares estratégicos que administran oficinas gubernamentales y posiciones de financiación claves–, explicó Ogada. Además, los posibles conflictos que puedan surgir se descartan fácilmente como si no fueran su responsabilidad; esto lo hacen colocando la carga sobre la ‘condición soberana’ de los gobiernos nacionales. Estas redes responden a los donantes, a la industria turística y a los propios turistas, que se encuentran principalmente en el Norte global. Y perduran a base de imágenes de paisajes apacibles, que en su imaginación son paisajes sin gente.
Estas redes también involucran a poderosos empresarios con interés en financiar la conservación para compensar sus emisiones o encubrir sus actividades turbias y destructivas. Entre los ejemplos recientes figuran Jeff Bezos, CEO del gigante del internet Amazon, y su ‘Fondo para la Tierra’ de diez mil millones de dólares, con algunas de las mayores ONG conservacionistas recibiendo 100 millones de dólares cada una en una primera ronda de pagos (3), y las donaciones del empresario multimillonario suizo Hansjörg Wyss a la llamada iniciativa ‘30x30’ (4), cuyo objetivo es que para 2030, el 30 por ciento del planeta se convierta en Áreas Protegidas.
Actualmente, la industria de la conservación promueve la idea de ‘comprar’ las concesiones de conservación (Áreas Protegidas o Parques) y reconstituirlas como modelos de negocio con fines de lucro. Un ejemplo de ello es la ‘Red de Parques Africanos’ (APN, por su sigla en inglés), que administra 19 Parques Nacionales y Áreas Protegidas en 11 países de África.
La Red de Parques Africanos: la subcontratación de áreas protegidas a empresas privadas
La ‘Red de Parques Africanos’ (APN – African Parks Network) fue fundada en el año 2000 por el magnate multimillonario holandés Paul Fentener van Vlissingen. Su nombre fundacional fue Fundación de Parques Africanos. Fentener proviene de una de las dinastías industriales más ricas de los Países Bajos y fue director ejecutivo del conglomerado de energía SHV Holdings, que hizo negocios con el régimen del apartheid de Sudáfrica. Supuestamente tuvo la idea de crear ‘Parques Africanos’ después de una cena organizada por Nelson Mandela que contó con la presencia de la Reina Beatriz de los Países Bajos, en la que se discutió el futuro de los parques nacionales de Sudáfrica. Para el multimillonario era la oportunidad perfecta de restaurar su imagen, deteriorada por sus actividades durante el régimen del apartheid. Creada inicialmente como una empresa comercial, ‘Parques Africanos’ cambió este estatus por el de ONG en 2005, lo que atraería más fácilmente a donantes y fondos para la conservación. (5)
El modelo de negocios de APN se basa en una estrategia de Asociación Público-Privada para la administración de las Áreas Protegidas, en la que APN mantiene la plena responsabilidad y ejecución de todas las funciones de administración y rinde cuentas al gobierno. APN aplica un criterio comercial para la conservación de la vida silvestre, argumentando que ésta puede pagar su conservación si está ‘bien administrada’. Se presenta como una “solución africana para los desafíos de conservación de África”. (6) Sin embargo, detrás de la fachada de APN hay un gran grupo de gobiernos del norte y del sur, instituciones multilaterales, organizaciones conservacionistas internacionales, fundaciones de familias millonarias e individuos que financian su negocio de la conservación.
Desde 2017, el presidente de la empresa es el príncipe Henry de Gales, también conocido como el príncipe Harry, miembro de la familia real británica, que ha ayudado en la adquisición de fondos y socios.
APN controla una superficie total de 14,7 millones de hectáreas en África, aproximadamente la mitad del tamaño de Italia, y tiene la intención de expandirse aún más para administrar “30 parques en 11 biomas para 2030, asegurando la buena administración de 30 millones de hectáreas, contribuyendo así a la visión más amplia de tener el 30% de los paisajes únicos de África protegidos a perpetuidad”. Además, su hoja de ruta para 2030 establece que “otras 10 áreas protegidas que abarcan otros cinco millones de hectáreas serán administradas por socios selectos a través de nuestro recién creado ‘Programa incubadora’. Estos objetivos son ambiciosos y contribuirán significativamente a la meta mundial de proteger el 30% de la Tierra para mantener la prosperidad del planeta”. (7)
APN también revela su interés en vender bonos de carbono como fuente adicional de ingresos. Aunque tales créditos básicamente facilitan mayor contaminación y quema de combustibles fósiles, la página web de APN afirma que su modelo de conservación “representa una solución basada en la naturaleza al cambio climático (…). Dejamos seguro el carbono capturado en las plantas y el suelo en lugares de alto valor para la biodiversidad”. (8)
Sin embargo, en los hechos, las experiencias revelan cómo esta llamada ‘asociación’ público-privada en realidad refuerza y recrea relaciones de poder opresivas.
Un estudio académico de 2016 sobre la Reserva de vida silvestre Majete en Malawi es un buen ejemplo. (9) La reserva es administrada por APN desde 2003, con una concesión de manejo por 25 años. Fue el primer parque en ser administrado por APN. Según la concesión que se le otorgó, APN debe dar participación a los miembros de la comunidad en el manejo de la reserva. Esto supone consultarles en temas que requieren decisiones cruciales, como traer nuevos animales a la zona y permitir que dichos miembros utilicen y accedan a algunos de los recursos de la reserva, como pasto, peces y juncos.
Si bien existe una asociación formal y legal entre el gobierno de Malawi y APN sobre la distribución de las ganancias, no existe un acuerdo formal o claro entre las comunidades locales y APN acerca de cómo se distribuirán los beneficios. Los beneficios para las comunidades son solo indirectos, a partir de actividades como la venta de alimentos y la realización de bailes para un público turista. APN argumenta que, además de acceder físicamente a los recursos de la reserva de caza, las comunidades se beneficiarán de la conservación de la vida silvestre por los empleos creados, las actividades generadoras de ingresos en las que participan y a través de las iniciativas de responsabilidad empresarial de APN. Sin embargo, según la investigación, a las comunidades rara vez se les permite pescar o recolectar miel o juncos en la reserva de caza. En su lugar, se les permite cosechar pasto pero únicamente en épocas específicas del año. El argumento de la administración del parque es que se supone que las comunidades deben proteger y conservar estas zonas, y que esa cosecha molesta a los animales.
Una mujer entrevistada para la investigación declaró: “Perdimos el control sobre nuestros medios de subsistencia, pero tampoco podemos ser empleados por APN; se nos impide acceder a los recursos que necesitamos para la subsistencia de nuestra vida diaria, como pescado, hongos y miel”.
La misma investigación también subraya cómo APN usó engañosamente a la población local para lograr sus propios objetivos, de manera tal que no benefició a la comunidad en su conjunto. Por ejemplo, APN utilizó un vago acuerdo con los jefes locales (quienes fueron llevados a otros parques nacionales para un recorrido) como justificación para implementar una extensión de la reserva de vida silvestre en tierras ancestrales que estaban siendo cultivadas por las comunidades. Esto dejó a los miembros de la comunidad no solo sin voz sino también divididos. Esta situación se ha visto agravada aún más por la táctica de APN de coaccionar a las familias, y en particular a las mujeres, ofreciéndoles cubrir los gastos escolares de sus hijos.
Entrevistas con jefes locales y líderes de organizaciones comunitarias también revelaron que, aunque están informados sobre los nuevos cambios dentro de la reserva, no tienen ningún poder para objetar las decisiones de gestión de APN. En consecuencia, se ven obligados a alinearse con la dirección de APN por temor a poner en peligro su relación con la organización.
El Parque Nacional Odzala-Kokoua en la República del Congo es otro caso que merece ser destacado. El Parque, creado en 1935 cuando el país era colonia francesa, se apropió de la mayor superficie de bosques de la región, llegando a los 1,35 millones de hectáreas. Desde 2010, la administración de este “nirvana para los amantes de la naturaleza”, como lo describe APN, ha sido puesta enteramente en manos de APN por un período de 25 años. Entre los socios del Parque figuran grupos como lo ONG conservacionista WWF, y la Unión Europea.
APN se asoció con Congo Conservation Company (CCC), una empresa creada y financiada por una filántropa alemana para realizar actividades turísticas comerciales en el Parque Nacional Odzala-Kokoua. Esto incluye tres albergues de alto nivel, a los que los turistas pueden acceder en vuelos chárter desde la capital congoleña, Brazzaville. Sin embargo, muy pocos habitantes de Brazzaville tienen la posibilidad de disfrutar de este turismo de lujo. Una visita de 4 días al Odzala Gorilla Discovery Camp, por ejemplo, cuesta US$ 9.690 dólares por persona.
Si bien el Parque fue fundado en 1935, APN afirma que “la zona ha sido ocupada por seres humanos desde hace 50.000 años”. La compañía señala que todavía hay 12.000 personas que viven alrededor del Parque, “y aún así sigue siendo una de las zonas biológicamente más diversas y ricas en especies del planeta” (énfasis agregado). Con esta formulación, más que reconocer la contribución de los habitantes para mantener el bosque en pie después de todos estos miles de años, la empresa deja claro que, a su juicio, la presencia de personas no es compatible con el objetivo de conservar los bosques; es a pesar de la presencia de las comunidades que todavía queda algo de biodiversidad. (10)
APN afirma proteger el Parque “con un equipo de ecoguardias mejorado y otras técnicas para la aplicación de la ley”, además de invertir en “cambiar el comportamiento humano”. Estas afirmaciones y puntos de vista sobre la conservación dejan en claro que para esta Red y sus patrocinadores y aliados, las personas que viven en los bosques y sus alrededores son consideradas una amenaza y que su negocio de conservación puede funcionar mejor sin ellas.
De hecho, según un estudio sobre la relación histórica entre las comunidades y la administración del Parque, se estima que 10.000 personas fueron desalojadas tras la creación del Parque en 1935, y nunca fueron compensadas por su pérdida. El estudio también señala que a pesar de la política más reciente de APN que sugiere la ‘participación’ y la ‘representación’ de las comunidades en los procesos de toma de decisiones, el sentimiento general entre las comunidades entrevistadas es que el Parque ha sido construido no solo por extranjeros sino también para extranjeros. Algunos miembros de la comunidad dijeron: “No queremos este parque que no nos da nada y menoscaba nuestros medios de vida; nos priva de nuestros derechos sobre el bosque. Nuestros derechos de acceso a recursos y tierras se respetan muy poco”. Otra persona dijo: “Los ecoguardias incautan lo que cazamos. Hay más miseria y pobreza porque no solo no podemos alimentarnos bien, tampoco podemos vender algo de lo que cazamos para comprar productos básicos como jabón y gasolina”. (11)
No debería causar sorpresa que por más de 10 años APN haya mostrado interés en explorar la posibilidad de que el Parque Odzala-Kokoua pudiera convertirse en un proyecto REDD+, porque a través del lente de dichos proyectos, las comunidades también son consideradas una amenaza y culpadas de la deforestación. (12) Además, no existen disposiciones para que las comunidades reciban una parte de las ganancias de la venta de créditos de carbono.
Para WWF, son las personas y no las empresas mineras quienes amenazan los bosques
El Parque Nacional Odzala-Kokoua no es el único parque de la región. Es parte de lo que WWF llama el ‘Paisaje Tridom’, una zona que cubre el 10 por ciento de todo el bosque tropical de la cuenca del Congo, que incluye otros dos parques: la Reserva de Fauna Dja en Camerún y el Parque Nacional Minkébé en Gabón. Pero varios proyectos a gran escala están planificados dentro del ‘Paisaje Tridom’, en particular una zona de 150.000 hectáreas para concesiones para minería de hierro en la región fronteriza de Camerún-Congo. Debido a la inaccesibilidad de dicha región también se deben planificar grandes inversiones en infraestructura, como carreteras, una vía férrea para transportar los minerales y una represa hidroeléctrica para suministrar la electricidad necesaria. Esta última se llama Represa Chollet, llamada así por un tramo de cascadas en el río Dja, descrito por el propio WWF como “un sitio prístino”. (13)
WWF se ha involucrado y ha estado en connivencia con la persecución y el desalojo de los Pueblos Indígenas y otras comunidades de la región en nombre de la ‘protección’ de la naturaleza. Sin embargo, la ONG no ha anunciado medidas similares contra las empresas que promueven la minería, las grandes infraestructuras y las represas hidroeléctricas en esta misma zona. La explicación puede encontrarse en una reciente propuesta de proyecto (rechazada) que WWF presentó a la UE para crear otra Área Protegida, el Parque Messok Dja.
En esta propuesta, WWF argumenta que espera que las empresas mineras financien sus ‘medidas de protección’ en la zona de Triodom. En otras palabras, el nuevo Parque podría verse como una compensación del daño causado por la minería y la infraestructura relacionada a ella. Además de esto, los ecoguardias apoyados por WWF han estado involucrados en graves violaciones de derechos humanos, que incluyen palizas, torturas, abusos sexuales e incluso el asesinato de miembros de las comunidades indígenas que viven en Messok Dja, el nuevo Parque propuesto. (14)
La tremenda contradicción de perseguir a quienes han convivido con los bosques y los han conservado, mientras guardan silencio sobre los planes de las empresas mineras, revela los intereses reales de las actuales políticas de ‘conservación’, a saber, la continuidad de un modelo destructivo general basado en las ideas y creencias de los procesos de colonización y los colonizadores, antiguos y nuevos. La solidaridad con las comunidades que resisten y enfrentan los impactos de la ‘conservación sin gente’ es imperiosa. Empresas como APN representan y refuerzan estas creencias y políticas de la ‘conservación sin gente’.
Secretariado Internacional del WRM
(1) REDD-Monitor, Stop the evictions of 70,000 Maasai in Loliondo, Tanzania, January 2022.
(2) Death in the Garden Podcast, Dr. Mordecai Ogada (Part 2) - A case for scrutinizing the climate narrative, November 2021
(3) CNBC, Jeff Bezos names first recipients of his $10 billion Earth Fund for combating climate change, November 2020
(4) The Nature Conservancy, 30x30: Protect 30% of the Planet's Land and Water by 2030, February 2020.
(5) Le Monde Diplomatique, From apartheid to philanthropy, February 2020
(7) Idem (6)
(8) African Parks, Climate Action
(9) Sane Pashane Zuka, Brenda-Kanyika Zuka. Traitors Among Victims.
(10) Boletín del WRM, Setiembre de 2021, La región Sangha de la República del Congo.
(11) Rainforest Foundation, Protected areas in the Congo Basin: Failing both people and biodiversity?, 2016.
(12) REDD-Monitor, African Parks Network plans to sell carbon from Odzala-Kokoua National Park in Republic of Congo, 2011.
(13) REDD-Monitor, TRIDOM – one of the largest trans-boundary wildlife areas in Africa faces critical new threats. Far from protesting, conservationists are looking to cash-in on the destruction, 2022.
(14) Idem 13