Hace tiempo que la línea divisoria entre lo “legítimo” y lo “criminal” es muy delgada. En efecto, se puede argumentar que las empresas capitalistas solo prosperan debido a que sus particulares formas de saqueo, robo, fraude y engaño han sido bendecidas con el agua bendita de la “legalidad”, mientras que otras formas, similares en sustancia, han sido calificadas de “ilegales”.
Por lo general, la criminalidad es presentada como el oscuro trasfondo de la sociedad - un submundo poblado por marginados que viven para infringir las normas. Como argumento, tiene un claro atractivo para quienes están interesados en que lo convencional sea visto como “honesto”, “legítimo” y “decente”. Pero la realidad es que hace tiempo que la línea divisoria entre “la ciudadanía honorable y la penitenciaría” (como lo expresó la revolucionaria alemana Rosa Luxemburgo) (1) es muy delgada. En efecto, puede decirse que las empresas capitalistas solo prosperan debido a que sus particulares formas de saqueo, robo, fraude y engaño han sido bendecidas con el agua bendita de la “legalidad”, mientras que otras formas, similares en sustancia, han sido consideradas “ilegales”.
La corrupción es una clara muestra de esto.
Algunos tipos de corrupción han sido criminalizados. En la actualidad, el soborno de funcionarios públicos está universalmente prohibido por ley, incluso en países, como Alemania, donde el soborno a funcionarios extranjeros (aunque no a funcionarios alemanes) fue legal hasta hace 20 años. El soborno ya no puede ser deducible de impuestos en Bélgica, Dinamarca, Francia, Japón, Canadá, Luxemburgo, Holanda, Austria, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, una práctica que también fue legal hasta mediados de la década de 1990. El fraude, la extorsión y el lavado de dinero son ilícitos en todas las jurisdicciones, aunque ni un solo banco de Estados Unidos ha sido enjuiciado jamás por el delito de lavado de dinero.
Pero el soborno, el lavado de dinero y el fraude no son lo primero ni lo último de la corrupción. De hecho, un enfoque restringido en tales crímenes (aun cuando sea vital investigarlos y enjuiciarlos) esconde numerosas prácticas perfectamente legales que el público general a menudo considera correctamente como corruptas. Algunos ejemplos incluyen: tratados ventajosos que le permiten a las empresas pagar impuestos mínimos; el nepotismo; hacer la “vista gorda” al acaparamiento de tierras de la época colonial que fundó las bases de numerosas grandes empresas que actualmente realizan sus actividades en los bosques; el uso de fuerzas militares para “proteger” inversiones privadas, violando con su accionar las vidas y formas de sustento de los ciudadanos; la eficaz inmunidad ante la justicia otorgada a empresas “demasiado grandes para ser condenadas”; la tolerancia oficial de conflictos de interés; la deliberada manipulación de vacíos legales que los abogados de las empresas hacen para eludir normas y reglamentaciones; y la privatización del diseño de políticas a través de presiones de grupos de interés y de donaciones políticas.
Aquí entra la marea continua de jefes de la industria, ex Ministros y funcionarios de gobierno que entran y salen (muy legalmente) por las puertas giratorias entre la política y los negocios. Aquí entran los comités de regulación bancaria, cuyos directivos (muy legalmente) son directores de los mismos bancos que se supone deben regular. Aquí entra la política egoísta que, a través de la privatización, la tercerización y las sociedades público-privadas ha transformado la prestación de los servicios públicos en sistemas de enriquecimiento fácil con la garantía de fondos públicos, que canalizan miles de millones de dólares de dineros públicos a las manos de inversionistas y financiadores privados. Aquí entran las instituciones y bancos de desarrollo del Norte global que presionan con su dinero de ayuda a funcionarios gubernamentales del Sur global para que establezcan las políticas neoliberales que beneficiarán a empresas de los países del Norte.
Varias de estas prácticas perfectamente legales pero aun así corruptas, son rutina dentro de gobiernos y empresas: incluso peor, tales prácticas con frecuencia se consideran como ‘buena gobernanza’. Algunas pueden incluso ser consideradas deberes del cargo; y muchas - la privatización, por ejemplo - son la misión declarada de organismos públicos. Esta normalización de la corrupción no es nueva: pero actualmente se ha extendido lo suficiente como para que Bruce Buchan, un destacado investigador de la corrupción, llame a nuestra era actual la “Época dorada de la corrupción”. (2)
No es tan solo que la ley, para utilizar la metáfora del escritor de sátiras anglo irlandés del siglo XVIII, Jonathan Swift, haya sido calificada como una telaraña que atrapa “moscas pequeñas pero deja pasar avispones y avispas”, si bien esto es muy cierto. Tampoco que la ley sea aplicada de manera desigual, aunque, nuevamente, esto sin duda alguna también es cierto - tres errores y vas a la cárcel si eres pobre y negro; ningún encarcelamiento si eres banquero. El deterioro es más profundo: las mismas políticas y leyes que manifiestan servir para combatir la corrupción son ahora un escudo para los corruptos.
Consideremos la definición de corrupción empleada por el Banco Mundial, a saber, “el abuso de un cargo público para beneficio privado”, una definición que ha servido de modelo para numerosas leyes y reglamentaciones ‘anticorrupción’. La corrupción se presenta como una patología exclusivamente del sector público: “el abuso del cargo público para beneficio privado”. Por tanto, la corrupción del sector privado está convenientemente excluida de la sanción legal. Es así que la definición convierte en “no corruptas” (y legales) a una serie de formas corruptas de manejo del poder, desde las contribuciones de políticas de las empresas hasta la influencia que ejercen a través de numerosas redes sociales de élite que vinculan a los directorios de las empresas con el gobierno.
El enfoque en la “ganancia privada” individual realizada por “funcionarios públicos” individuales también oculta las formas institucionalizadas de corrupción que actúan en beneficio de los intereses de grupos o clases, sin recompensar a ningún “funcionario” en particular directamente o en absoluto. Un funcionario que recibe una ganancia de un contrato del sector público infringe las reglas de la definición. Pero un político que utilice pagos ilegales de gobiernos extranjeros para financiar una campaña electoral sin obtener por ello personalmente beneficios económicos, no lo hace.
La fetichización de la corrupción del sector público tiene una utilidad estratégica adicional. Ignorando convenientemente la confabulación entre lo “público” y lo “privado” que hace posible la mayor parte de los casos de corrupción, concibe lo “público” (entendido como “el Estado” o “la burocracia inflada” o “los reguladores”) como una mano codiciosa, y lo “privado” (entendido como “el sector privado”) como su víctima, manchado solo porque se ve obligado a pagar sobornos para realizar su trabajo (no se menciona aquí el papel que desempeña el sector privado, principalmente occidental y multinacional, en facilitar el lavado del dinero obtenido por la corrupción).
Por lo tanto, las políticas anticorrupción pueden incluirse fácilmente (como ya lo están) a la causa de hacer retroceder al Estado, privatizar los activos estatales y dar al sector privado una mayor voz en la toma de decisiones. Esto supuestamente bajo la bandera de proteger intereses privados frente a ambiciosos funcionarios en busca de utilidades, quienes de otro modo pondrían obstáculos a las transacciones de los negocios. El resultado no es eliminar a la corrupción, sino más bien volver aceptables y normales a ciertos intereses corruptos dentro de la esfera de la toma de decisiones del gobierno.
Esto no debería sorprendernos. Porque, a pesar de la retórica de que lo “público” y lo “privado” son esferas separadas que deben mantenerse separadas, el entrelazamiento de ambas hace imposible tal separación. En efecto, una total separación, como señala el académico Peter Bratsis, tornaría a “la política tal como la conocemos… imposible”.
La cuestión es quién decide y cómo ese relacionamiento actúa o no para el bien común, lo que presupone un proceso mediante el cual la sociedad en su pluralidad (con todos sus diversos grupos) (y no solo el Banco) puede deliberar sobre lo que realmente constituye el bien común. Pero es precisamente este proceso el que ha sido corroído por la corrupción, por no hablar de la infinidad de otras formas de opresión arraigadas en una historia de colonialismo, racismo y patriarcado que excluyen a numerosos grupos de la sociedad de estos debates. Porque la trama común que atraviesa todas las formas de corrupción, desde el soborno hasta las puertas giratorias, es el apoderar o eludir las formas democráticas de deliberación.
Ese apoderamiento no es un efecto secundario no deseado del capitalismo: es esencial para su funcionamiento. De hecho, el entrelazamiento entre la corrupción y el capital es tal que desafiar la corrupción es desafiar al capitalismo moderno. Reconocer esto, y tomar en serio sus consecuencias, será sin duda esencial para que surjan estrategias y alianzas que permitan determinar el uso futuro de los bosques a través de políticas democráticas surgidas desde las bases, arraigadas en el respeto por los bienes comunes, y no por el estrecho interés del beneficio político o financiero.
Nick Hildyard
The Corner House, UK
(1) Rosa Luxemburg, The Russian Revolution, Chapter 7, The Struggle Against Corruption ; La Revolución Rusa, 7. La lucha contra la corrupción
(2) Buchan, B. (2016) ‘Our Golden Age of Corruption’. Arena.
(3) Swift, J. (1707) A Tritical Essay upon the Faculties of the Mind.
(4) Banco Mundial (1997) Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank. World Bank: Washington DC.