“Los liberianos son más sanos, están mejor alimentados, tienen mayores ingresos, consumen más, están más alfabetizados y disfrutan de más libertad que nunca” (1), dice el gobierno de Liberia. También afirma que hay más liberianos que se están enriqueciendo y que se está reduciendo el desnivel entre ricos y pobres. Sin embargo, según el PNUD (2) el 84 por ciento de la población vive en estado de pobreza pluridimensional o sufre privaciones en materia de salud, educación y nivel de vida en general. En 2012, de los 186 países enumerados en el Índice de Desarrollo Humano, Liberia figuraba en el lugar 174. Más de dos tercios de la población están entre los más pobres del mundo, y la percepción general es que la desigualdad entre ricos y pobres continúa aumentando.
Las estadísticas del PNUD llevan a preguntarse por qué la mayoría de la población de Liberia es tan pobre, siendo que, como muchos países africanos, éste es tan rico en recursos naturales. Los factores responsables son numerosos pero los principales son la mala administración y el saqueo de los recursos del país que practican las élites y los políticos corruptos. Según la Coalición Internacional por la Tierra, “las malas decisiones en materia de tierras pueden generalizar y profundizar la pobreza, las desigualdades y la dependencia” (3).
Tomando como ejemplo el caso de la tierra, la introducción de cambios en las políticas y las prácticas contribuiría a revertir la situación en muchas partes de África. En lugar de tomar las tierras de los pobres para dárselas a corporaciones multinacionales, los gobiernos podrían ayudar a las comunidades a usar la tierra de manera productiva y rentable. Un modo de lograrlo consistiría en fomentar la inversión en la producción de alimentos con métodos de tecnologías sencillas pero eficientes.
Liberia, por ejemplo, “depende de la importación para obtener el 60 por ciento de los alimentos, de los cuales el arroz, alimento básico del país, representa el 65 por ciento” (4), y “el 81 por ciento de la población es muy vulnerable o medianamente vulnerable a la inseguridad alimentaria” (5). Para resolver este problema, dos de los tres grandes objetivos de la política agrícola del gobierno consisten en lograr que “se disponga en todo momento de alimentos seguros y nutritivos en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de todos los liberianos” (6) y garantizar “un crecimiento inclusivo y favorable a los pobres en materia de producción y productividad agrícola, competitividad, valor agregado, diversificación y acceso al mercado” (7).
Evidentemente, la inversión en la producción de alimentos posee el potencial de mejorar el poder económico de la población, disminuir la pobreza, aumentar la soberanía alimentaria y estimular un crecimiento económico que conduzca a un desarrollo más equitativo e inclusivo. En lugar de eso, el gobierno ha concedido más del 50 por ciento de las tierras del país a plantaciones de caucho y palma aceitera, a la explotación maderera y a la minería. Los discursos sobre la adopción de un enfoque favorable a los pobres para estimular el crecimiento del sector agrícola suenan a burla para los agricultores pobres a quienes se les despoja de sus tierras para dárselas a inversores extranjeros.
Las experiencias en toda África muestran que el sistema actual de concesión no sólo despoja a la gente de sus tierras y altera sus medios de vida sino que crea condiciones que refuerzan la pobreza, la desigualdad y las injusticias. Esa situación intensifica las protestas contra el Estado y sus colaboradores empresariales, y se vuelve un terreno fértil para la violencia y los conflictos. Además, el modelo dependiente de las exportaciones es vulnerable a la fluctuación de los precios; cuando el precio de las materias primas baja, los países dependientes de sus recursos naturales suelen enfrentarse a peligrosos déficit presupuestales.
De más está decir que cuando los gobiernos africanos adoptan medidas económicas insensatas, las envuelven en un discurso político y las justifican diciendo que apuntan a crear empleos, a reducir la pobreza y a promover el desarrollo, van en contra de los intereses de sus ciudadanos. Cuando no cumplen con su responsabilidad de negociar acuerdos comerciales que garanticen el mayor desarrollo posible para la población, están traicionando la confianza de ésta. Los errores que cometen, dan lugar justificadamente a la exigencia popular de un liderazgo responsable.
El 21 de setiembre de 2013, agricultores, movimientos sociales y ONGs de toda África reclamarán una vez más a los gobiernos que implementen programas de desarrollo sólidos, que apunten a lograr un desarrollo más inclusivo y equitativo. Esa exigencia no será nueva, pero tendrá ahora un carácter urgente que antes no existía. Lamentablemente, cuando los habitantes del continente exigen poder opinar durante la negociación de contratos y recibir una parte justa de los beneficios generados por sus recursos, los gobiernos responden de manera agresiva.
En Uganda, una nueva ley impone ahora numerosas restricciones a las manifestaciones públicas, una herramienta utilizada por los activistas para luchar contra el acaparamiento de tierras. En Gabón, ul ganador del Premio Ambiental Goldman ha sufrido acoso e intimidaciones que, según se dice, se deberían a su posición contraria a la concesión de grandes extensiones de tierra a los promotores de plantaciones. En Liberia, dos oficiales gubernamentales de alto rango atacaron públicamente el Instituto del Desarrollo Sostenible (SDI) y lo acusaron de oponerse al desarrollo, por haberse opuesto a las violaciones de derechos humanos asociadas a la expansión de las plantaciones de palma aceitera. Cuando se le pidió que justificara su intento de suspender una reunión ciudadana sobre la palma aceitera en la zona oeste de Liberia, el superintendente respondió que las ONG no estaban hablando de los beneficios que el desarrollo de las plantaciones iba a aportar al pueblo.
“Privar a los agricultores de sus tierras, destruir los bosques y rodear aldeas enteras de plantaciones de palma aceitera son acciones que no coinciden con nuestra visión del desarrollo en Liberia”, dice Nora Bowier, quien dirige el trabajo del SDI sobre la expansión de las plantaciones de palma aceitera. Para ella, cuando el gobierno concede tierras de las que dependen las comunidades tradicionales, sin el consentimiento de éstas y sin una indemnización justa, está contraviniendo su deber de proteger a los ciudadanos contra la violación de los derechos humanos. Por otro lado, cuando las compañías de plantación de palma aceitera u otras, como Sime Darby y Golden Veroleum en el caso de Liberia, infringen los derechos de las comunidades, no pueden trasladar la culpa al gobierno, porque su responsabilidad es independiente de la del Estado.
A medida que se multipliquen esas plantaciones en el continente, advierten los activistas, los conflictos territoriales se generalizarán. “Es sólo una cuestión de tiempo que las cosas empiecen a desmoronarse para el Estado, para sus colaboradores empresariales y para las comunidades; nadie saldrá victorioso de esta situación”, concluye Nora.
NOTA: Una versión más corta de este artículo fue presentada a D+C Magazine, http://www.dandc.eu (Alemania).
(1) Socioeconomic Achievements of the Government of Liberia, 2006 – 2011, p. 9, Government of Liberia. Disponible en: http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.mopea.gov.lr/ContentPages/2529148229.pdf
(2) Human Development Report, 2013, UNDP: Disponible en: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/English/HDR2013%20Report%20English.pdf
(3) Land Rights and the Rush for Land: Findings of the Global Commercial Pressures on Land Research Project, 2012, p.9, International Land Coalition.
(4) Everyone Must Eat? Liberia, Food Security and Palm Oil, 2013, p.5, Columbia School of International and Public Affairs.
(5) Food and Agriculture Policy and Strategy: from subsistence to sufficiency, sin fecha, p.1, Gobierno de Liberia.
(6) Food and Agriculture Policy and Strategy: from subsistence to sufficiency, sin fecha, p.xii, Gobierno de Liberia.
(7) Food and Agriculture Policy and Strategy: from subsistence to sufficiency, sin fecha, p.xii, Gobierno de Liberia.
Por Silas Kpanan’Ayoung Siakor, Sustainable Development Institute (SDI), e-mail: sksiakor2005@gmail.com