El prestamo de US$3,5 millones que la Corporación Financiera Internacional (CFI) del grupo Banco Mundial está por conceder a la Compañía de Agricultura de Liberia (CAL) para el desarrollo de una plantación de 120.000 hectáreas de caucho en el condado de Grand Bassa está provocando una creciente preocupación en Liberia (ver Boletín 29 del WRM). El proyecto apunta a reiniciar operaciones y a comenzar un programa de rehabilitación de la plantación, la cual fue abandonada a raíz de la guerra civil que asoló al país entre 1989 y 1997.
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que será llevada a cabo por un equipo de la CFI, llegado recientemente al país, no es una garantía de que las consecuencias sociales y ambientales del proyecto -así como los antecedentes negativos de la CAL en el área- serán tomadas en consideración. Por el contrario, los ambientalistas liberianos consideran que la decisión ya ha sido tomada y que la EIA será sólo una formalidad para apaciguar sus reclamos.
Las preocupaciones no sólo están basadas en las falsas promesas que la CAL ha formulado en relación al desarrollo del área, sino también en el propio proyecto. En realidad la CAL ha fracasado en el pasado en satisfacer las expectativas en lo referente a salarios adecuados para sus trabajadores, educación para sus hijos y salud y alojamiento decentes. Luego de tres décadas de presencia de la CAL en el área, las escuelas ubicadas dentro de la propiedad de la compañía podían funcionar sólo gracias a la ayuda brindada por miembros de la Iglesia Católica, mientras que los trabajadores aún viven en unidades habitacionales parecidas a campos de concentración, que en el momento actual se encuentran en estado casi ruinoso. En el interín, los negocios de la compañía han prosperado.
Varios puntos oscuros del proyecto son también preocupantes. Por ejemplo, no se menciona que parte del área a ser plantada está ocupada por bosque, del que la compañía extraerá madera. La sustitución de los bosques por monocultivos de caucho en un área tan grande seguramente generará impactos ambientales negativos. Sin embargo, el proyecto ignora que la tala será un importante componente de la iniciativa y esto es considerado una maniobra de la CAL para así evitar una EIA en profundidad.
Adicionalmente, el destino de las comunidades tradicionales ubicadas en el área de la concesión jamás ha sido tomada adecuadamente en cuenta. La CAL ha dicho que "no hay ningún asentamiento dentro de las áreas de las nuevas plantaciones de caucho...pero que hay un pequeño número de agricultores migrantes". Esto parece implicar que al ser pocos y "migrantes", ellos no constituyen asentamientos y por ende pueden ser ignorados. La promesa de la CAL de que no se producirán reasentamientos o desplazamientos de las comunidades locales por razones económicas no resulta creíble. Como dijo recientemente un ambientalista local: "el rodear a las comunidades con árboles de caucho de manera de dejarlos sin tierra para agricultura y sin los medios para satisfacer sus restantes necesidades, para nosotros equivale a una orden: ¡váyanse o mueran!"
El Banco Mundial está actualmente llevando a cabo una revisión de la implementación de su política forestal del año 1991 (ver Boletin 31 del WRM). Esta es una buena oportunidad para hacer una revisión de este tipo de proyectos -que el Banco sigue apoyando- y ver si realmente están acordes con el mandato del Banco de alivio a la pobreza y de desarrollo sustentable, o si están reñidos con la justicia social y la sustentabilidad ambiental.
Fuente: Action Now! February 2000 edition;