Boletín Nro 32 – Marzo 2000

El modelo de desarrollo predominante está en gran medida basado en el petróleo, el cual ha sido impuesto como una de las principales fuentes de energía para la mayoría de las actividades humanas (industria, transporte, calefacción, cocción de alimentos, etc.). Sin importar cuan destructiva sea su extracción y uso, la razón principal de su éxito es su baratura. En razón de ser barato, su uso continúa aumentando y dado que su uso se incrementa, así también lo hace su extracción. En teoría, las compañías petroleras deberían estar extrayendo menos combustible para así obtener un precio más alto y por ende mayores ganancias.

El prestamo de US$3,5 millones que la Corporación Financiera Internacional (CFI) del grupo Banco Mundial está por conceder a la Compañía de Agricultura de Liberia (CAL) para el desarrollo de una plantación de 120.000 hectáreas de caucho en el condado de Grand Bassa está provocando una creciente preocupación en Liberia (ver Boletín 29 del WRM). El proyecto apunta a reiniciar operaciones y a comenzar un programa de rehabilitación de la plantación, la cual fue abandonada a raíz de la guerra civil que asoló al país entre 1989 y 1997.

Hay pruebas más que suficientes de que la prospección y extracción de petróleo constituye una de las causas importantes de degradación y destrucción de bosques, lo cual además trae aparejado la pérdida del sustento y los territorios de sus habitantes. En países tropicales, las compañías petroleras generalmente actúan con un fuerte apoyo de los gobiernos locales. Nigeria y en especial la región del delta del Níger es un caso paradigmático de esta situación, que hemos abordado en boletines anteriores del WRM (ver Nos: 22, 23, 27 y 28).

Debido a una disminución en la oferta de madera en su propio país -como consecuencia de años de prácticas depredatorias- las empresas madereras de Malasia se han reciente y rápidamente expandido en el exterior. Algunas de ellas, conjuntamente con las empresas de plantación de palma aceitera, son bien conocidas por los pueblos indígenas de Sarawak por haber afectado de manera negativa sus medios de sustento y por haber promovido la destrucción de los bosques nativos. El gobierno malasio ha públicamente expresado la necesidad de que las compañías de su país operen de manera responsable en el exterior, pero la realidad parece estar lejos de dichas preocupaciones.

Indonesia es un buen (mal) ejemplo de cómo un país puede aumentar las exportaciones y el PBI a través del agotamiento de sus recursos naturales -los bosques en particular- y a través de la violación de derechos humanos y territoriales de vastos sectores de su población. No sólo las organizaciones sociales y ambientales involucradas han denunciado esta situación. El informe sobre Indonesia publicado el pasado enero por el Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial (ver Boletín 31 del WRM) dice que "los logros en crecimiento económico se han logrado, sin embargo, a expensas de un significativo costo ambiental: la rápida y sostenida destrucción de los bosques naturales".

El caso de Sarawak es probablemente uno de los mejores para mostrar la importancia de las definiciones. Las plantaciones de árboles han sido definidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como "bosques plantados" y la profesión forestal en pleno -los "expertos"- es completamente reacia a revisar dicha definición. La razón es que sirve muy bien -incluyendo su imagen y sus presupuestos- a sus propósitos.

El verdor, la tierra mojada y las fuentes de agua pura dan una impresión de virginidad a quien allí llega. La oscuridad en el bosque y el sonido de las aves e insectos crean un mundo diferente. Es posible percibir todo esto en Sinharaja, que es el bosque virgen más famoso de Sri Lanka. Alberga el número más alto de especies y las tasas más altas de endemismo de Sri Lanka. La Revisión Nacional de Conservación de los bosques naturales del país, llevada a cabo entre 1991 y 1996, registró 337 especies de plantas leñosas en las parcelas que fueron estudiadas. De estas especies, 192 (57%) son endémicas y 116 (34%) son especies amenazadas de extinción a nivel global. Por su importancia, la Reserva de la Biósfera de Sinharaja fue declarada Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1989.

La Reserva de la Biósfera Maya, que se encuentra en la región septentrional de Guatemala, constituye el bosque tropical protegido más grande del país. La Reserva está en el corazón del bosque Maya, que es compartido con Guatemala, Belize y México y constituye, junto con el resto de la Selva Maya, el segundo bosque tropical más importante de América, después del Amazonas. Esta valiosa área ha sufrido depredación debido a las concesiones petroleras concedidas por el gobierno sin tomar en consideración los previsibles impactos negativos, estando probado que la prospección y la extracción de petróleo constituye una causa importante de deforestación y degradación de bosques en los trópicos.

El pueblo indígena Pataxó-Hã-Hã-Hãe de la región sur del Estado de Bahía está luchando para recuperar sus territorios ancestrales, demarcados en 1936, que abarcan un área de 53.000 hectáreas, que se encuentran ocupadas por casi 400 ganaderos, que obtuvieron sus títulos ilegalmente de sucesivos gobiernos de Bahía desde la década de 1960. Estas tierras, que albergan remanentes de la una vez densa "mata atlántica", han sido mayormente convertidas en pasturas y plantaciones de cacao. En 1983, la Agencia Brasilera de Asuntos Indígenas (FUNAI) fue a juicio para defender los derechos territoriales de los Pataxó-Hã-Hã-Hãe.

El pasado febrero el diputado Eugenio Tuma denunció que varios ataques terroristas contra plantaciones de árboles en la sureña IX región, acaecidos durante los últimos meses, podían haber sido llevados a cabo por empleados de las empresas de seguridad contratadas por las compañías forestales para proteger sus propiedades, con el objetivo de echarle la culpa al pueblo indígena Mapuche y así justificar su presencia en la región. Tiempo atrás Leonardo Espinoza, un ex -empleado de Osepar (una de tales empresas de seguridad) y quien fuera despedido por haber incendiado una propiedad de una compañía forestal, no pudo soportar el peso de la culpa y cometió suicidio.

Como parte de su lucha para evitar la ocupación de sus tierras por Occidental Petroleum (Oxy), un grupo de alrededor de 200 integrantes del pueblo indígena U'wa establecieron en noviembre de 1999 un campamento en el área donde la compañía está planificando perforar el pozo petrolero "Gibraltar 1" con la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, el cual durante todo este conflicto ha ignorado los derechos de los U'wa y ha defendido los intereses de Oxy (ver Boletín 30 del WRM).

En diciembre de 1999, devastadoras tormentas, inundaciones y deslizamientos de tierras causaron la trágica muerte de más de 30.000 personas y la pérdida de casas, pertenencias y sustento de muchos otros venezolanos. Una pérdida tan terrible de vidas humanas, cultivos, ganado e infraestructura puede ser visto como una tragedia provocada por la furia de la naturaleza. Sin embargo, como usualmente sucede en los llamados "desastres naturales", hay un componente de responsabilidad humana cuya importancia en la mayoría de los casos no es tomada en consideración.

Los cultivos genéticamente manipulados han estado acaparando el centro de la atención pública debido a la controversia que ha surgido acerca de sus consecuencias impredecibles sobre la salud y el medio ambiente. Sin embargo, la ingeniería genética aplicada a los árboles se ha mantenido mayormente en las sombras. Mientras tanto, gigantescas corporaciones han creado "joint ventures" para llevar a cabo investigaciones en el campo de la biotecnología forestal. Este "desarrollo" implica la intensificación del modelo industrial de plantaciones forestales predominante, el cual ha probado tener impactos ambientales y sociales negativos y consecuentemente está siendo resistido mundialmente por las comunidades locales afectadas.

El anuncio por parte del Primer Ministro de Papua Nueva Guinea (PNG) Mekere Morauta en diciembre de 1999 de su intención de imponer una moratoria sobre nuevas operaciones de tala y de extensiones a las vigentes y de reexaminar las concesiones existentes, fue recibido de manera entusiasta por ONGs ambientalistas nacionales e internacionales, así como por pequeños operadores locales de aserraderos, quienes consideran que cualquier nueva concesión de tala a gran escala debería ser detenida en un país que ya ha perdido más de un 10% de sus bosques por esta actividad depredadora (ver boletín 30 del WRM).

Los Tupinikim y Guaraní de Espírito Santo, Brasil, han estado luchando por años contra la poderosa Aracruz Celulose en la defensa de sus tierras ancestrales, que la compañía comenzó a ocupar en 1967. Luego de haber sufrido intimidación y violencia de parte de la empresa y de los militares y habiendo llevado a cabo acciones directas de ocupación de las tierras que les pertenecen históricamente, en abril de 1998 los Tupinikim y Guaraní fueron forzados a firmar un acuerdo con la compañía, el cual es válido por un período de 20 años. Según los términos del acuerdo, los pueblos indígenas "aceptaron" intercambiar los límites de sus tierras ancestrales -ocupadas por las inmensas plantaciones de Aracruz Celulose- por ayuda financiera a ser aportada por la corporación.

El Banco Mundial no es una estructura monolítica y muchos de sus funcionarios son crecientemente concientes sobre los impactos que los monocultivos forestales a gran escala están teniendo sobre la gente y sobre el ambiente. Sin embargo, hay señales de que a nivel de las altas jerarquías del Banco hay una voluntad de promover dichas plantaciones, ya sea como sumideros de carbono o como proveedores de materia prima para las industrias del papel, de la madera y del aceite de palma.