Desde 1990, compañías madereras, grupos rebeldes, redes delictivas, varios gobiernos interinos y el régimen del ex presidente Charles Taylor han actuado en connivencia para saquear los recursos naturales de Liberia. Durante este período el sector de la madera fue testigo de una plétora de actividades y prácticas ilegales. Las compañías madereras operaron en territorios manejados por los rebeldes sin que se aplicara ningún tipo de regulación de la Autoridad Forestal; ninguno de los ingresos generados durante este período benefició al pueblo liberiano. Después de ser electo, el ex presidente Charles Taylor comenzó a recompensar con concesiones madereras a sus aliados, a sus financiadores y a sus asociados, sin atenerse al debido procedimiento marcado por las leyes de Liberia. Se ha establecido que la mayoría de las compañías madereras que operaron durante este período no contaron con contratos de concesión ratificados por la asamblea legislativa de Liberia. Además, según las conclusiones de distintos paneles de expertos de las Naciones Unidas, los ingresos del sector se destinaban a proporcionar apoyo militar a grupos armados dentro y fuera de Liberia y a otros fines ilegítimos, excluyendo de las ganancias a la gran mayoría de los liberianos.
En 2003 las Naciones Unidas impusieron sanciones a la importación de madera liberiana por diversas motivos, entre ellos: el uso de los ingresos generados para el financiamiento de apoyo militar a grupos armados dentro y fuera de Liberia, contribuyendo así a la desestabilización del país y a la extensión del conflicto armado a los países vecinos de la subregión de África occidental; la inexistencia de un régimen de auditoría para frenar la alta incidencia de los gastos extrapresupuestales, la corrupción política y el desvío de los ingresos del sector hacia fines ilegítimos por parte del gobierno de Taylor, y la falta de buena gestión, transparencia y cumplimiento efectivo de la ley en el sector. La prohibición de la explotación maderera entró en vigencia el 7 de julio de 2003.
Sin embargo, en noviembre de 2003 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, exigió al Gobierno de transición nacional la reforma del sector de la madera como requisito para dejar sin efecto las sanciones.
Para facilitar la participación de la sociedad civil y su contribución en el proceso, el Instituto de Desarrollo Sustentable, bajo los auspicios de la Coalición de Organizaciones no Gubernamentales de Liberia, organizó el 8 de abril de 2004 un taller de planificación de la sociedad civil, apuntando a elaborar una propuesta de la sociedad civil, detallar los temas claves a ser abordados por el proceso de reforma y redactar recomendaciones sobre las formas de abordar los temas identificados.
La propuesta fue elaborada por el taller de planificación de la sociedad civil organizado en torno al tema "Aumentar la transparencia y promover la participación pública para mejorar la gestión y la aplicación efectiva de la ley de bosques". El borrador fue publicado durante dos días consecutivos en uno de los principales periódicos de Liberia, invitando a la opinión pública a efectuar comentarios y aportes. Después de una revisión de los comentarios y sugerencias recibidos, se terminó de redactar la propuesta por parte del Grupo de Trabajo de la sociedad civil para la reforma del Sector de Bosques el 21 de abril de 2004.
La propuesta, que enfatiza las cuestiones relativas a la transparencia y la rendición de cuentas, el aumento de la participación pública y la equidad en el reparto de los riesgos y beneficios del sector, hace hincapié en que el aumento de la transparencia y la responsabilidad en la rendición de cuentas, y la promoción de la participación pública y la equidad en la distribución de riesgos y beneficios deben ser los pilares de cualquier acción dirigida a solucionar la problemática del sector de forestal.
Los participantes identificaron los siguientes problemas como obstáculos para la aplicación efectiva de la ley y la buena gestión: la falta de transparencia y rendición de cuentas, el acceso limitado de la opinión pública a la información sobre la cadena operativa de los concesionarios y el manejo general del sector forestal a cargo de la Autoridad Forestal. Se quejaron de la centralización de las estructuras de manejo de bosques que excluyen la participación de la sociedad civil, en particular a las comunidades que dependen de los bosques, lo que ha llevado a la falta de participación pública adecuada en la toma de decisiones sobre el manejo de los bosques. Afirmaron que esto fue posible porque las reglamentaciones de la Autoridad Forestal o los contratos estándar de concesión no contienen disposiciones que establezcan un control independiente sobre la cadena operativa del sector forestal a cargo de la sociedad civil liberiana, especialmente por parte de organizaciones no gubernamentales locales y comunidades dependientes de los bosques, como forma de apoyar los esfuerzos de buena gestión y la aplicación efectiva de la ley nacional de bosques.
También se identificaron como problemas clave a los que se enfrenta el sector, la interferencia política y los conflictos de intereses, la falta de capacidad o la insuficiente capacidad dentro de la Autoridad Forestal y la sociedad civil para ejercer la buena gestión y la aplicación efectiva de la ley de bosques. En referencia al pasado, los participantes deploraron la entrega de concesiones madereras y otros derechos de explotación de los bosques, a compañías y personas individuales realizada durante el período del conflicto, que dio lugar al madereo descontrolado e ilegal y la militarización del sector de la madera desde 1990 hasta el presente.
Para abordar estas situaciones, la propuesta exhorta al Gobierno de transición nacional de Liberia a aprobar las recomendaciones como objetivos mensurables para el proceso de reforma y a tomar medidas inmediatas para su instrumentación. Las recomendaciones incluyen la realización inmediata de una auditoría del sector y la puesta en marcha de mecanismos para evitar el desvío de ingresos del sector hacia fines ilegales, así como la modificación del contrato de concesión existente para establecer el control independiente de las operaciones de madereo y explotación forestal, especialmente por parte de las ONGs locales y los habitantes de los bosques, como forma de respaldar y mejorar los esfuerzos nacionales de buena gestión y la aplicación efectiva de la ley de bosques, permitiendo el acceso público a la información relacionada con la totalidad de la cadena de operaciones de la industria de la madera, y haciendo públicos todos los contratos de concesión, incluyendo mapas y planes de manejo, corta anual, etc. La propuesta de la sociedad civil también exhorta a incorporar nuevas disposiciones en los acuerdos de concesión, que requerirían que las compañías madereras declaren públicamente todos los montos pagados al gobierno, incluyendo impuestos, cargos o multas. Esta disposición también exigiría que los concesionarios hagan pública información respecto de su producción, procesamiento, exportaciones, etc. De esta forma se contribuiría a reducir el alto nivel de corrupción del sector.
Seleccionado y adaptado de: “Increasing Transparency and Promoting Public Participation To Enhance Forest Law Enforcement and Governance”, elaborado en el Civil Society Planning Workshop y finalizado por el Forest Sector Reform Working Group, enviado por Silas Kpanan’Ayoung Siakor, Director, Sustainable Development Institute, correo electrónico: director@sdiliberia.org (correo electrónico alternativo: sdi_liberia@yahoo.com )