Desde su fundación hace ya 20 años, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) ha abogado por los esfuerzos desde la base para proteger los bosques del mundo del desarrollo destructivo y la planificación ‘de arriba hacia abajo’. Impugnamos las ‘soluciones’ impuestas a la crisis mundial de los bosques que excluyen a las comunidades locales, los pueblos indígenas, las mujeres y los oprimidos al negarles la voz y los derechos para forjar su propio destino. Seguimos insistiendo que incluso los esfuerzos bien intencionados para ‘salvar los bosques tropicales’ fracasarán si no se fundan en los derechos y son auténticamente participativos. Las ONG que establecieron el WRM en dos conferencias celebradas en Malasia en 1986 y 1987 adoptaron el credo ‘No somos la solución. Las soluciones las tiene la gente’.
Las cosas no han cambiado mucho desde entonces. Todavía vivimos en un mundo donde leyes injustas significan que a menudo los derechos de las comunidades a la tierra y los bosques no se reconocen o son frágiles, los gobiernos tienden a favorecer los intereses de las grandes empresas y los emprendimientos de capital intensivo, el acceso a la justicia es tortuoso y un sistema judicial independiente es un sueño distante y los políticos tienden a complacer a los ricos e ignorar las voces de los pobres que no tienen poder. Las continuadas desigualdades entre Norte y Sur y la creciente disparidad de la riqueza en los países tanto ‘desarrollados’ como ‘en desarrollo’ plantean más obstáculos a los campesinos sin tierra y a los pueblos dependientes de los bosques, que buscan asegurar el acceso justo y equitativo a los recursos naturales. En un mundo así, las reformas políticas y un mejor ‘gobierno’ para dar a la gente más lugar en la toma de decisiones deberían ser prioridad. El WRM está con aquellos grupos de la sociedad civil que exigen controles obligatorios, responsabilidad empresarial, imperio de la ley y una mejor capacidad estatal de reglamentar el sector privado.
Desgraciadamente y en todo de acuerdo con los intereses de las corporaciones, las principales tendencias del ‘desarrollo mundial’ están trabajando en el sentido opuesto. Todavía vivimos en una era de liberalización y ajuste estructural, liberalización del comercio y transferencias aceleradas de capital, mercancías y servicios. En este contexto, esperar las muy necesarias reformas políticas en los países tanto ‘desarrollados’ como ‘en desarrollo’ puede significar esperar demasiado. El ritmo de destrucción de los bosques del mundo sigue aumentando a pesar de las tranquilizadoras estadísticas en contrario de los tecnócratas de la FAO, que no distinguen entre los bosques naturales y los monocultivos industriales que se están plantando para sustituirlos.
Este es el contexto en el cual los esfuerzos para mejorar el desempeño social y ambiental de las corporaciones, mediante la promoción de la Responsabilidad Social Corporativa y de reformas basadas en el mercado, han asumido un papel central. Y no sorprende que la industria siga prefiriendo estos enfoques voluntarios, que implican el desarrollo de normas y códigos de conducta voluntarios aplicados a través de la auto-reglamentación, las revisiones ‘entre pares’ y la verificación de terceros, a los controles estatales estrictos, ejecutables y obligatorios. Las principales organizaciones de la sociedad civil que impulsan estos enfoques voluntarios son las grandes agencias conservacionistas, en tanto los grupos y organizaciones por los derechos humanos y la justicia social, los grupos comunitarios y los pueblos indígenas han tendido a mantenerse aparte, con lo cual a menudo los asuntos sociales se tratan de forma muy pobre.
Así, esta edición del boletín del WRM centra la atención en el renovado debate sobre los ‘bosques de alto valor de conservación’ (BAVC), una herramienta conceptual cada vez más usada por las grandes ONG conservacionistas y las corporaciones, y ahora también por las agencias estatales de planificación, para delimitar los paisajes boscosos con el fin de optimizar el manejo forestal. ¿Cómo se está aplicando esta herramienta? ¿Cuáles son los intereses que se ‘optimizan’? ¿Qué garantías hay de que se respeten los derechos de las comunidades y de que se oigan sus voces en las decisiones relativas al uso de la tierra?
Fue el Consejo de Manejo Forestal (FSC) quien empezó a promover el concepto de BAVC como forma de brindar protección adicional a los bosques de importancia crítica. Muchas ONG conservacionistas tenían la esperanza de que el concepto se utilizaría para establecer zonas prohibidas para el madereo y la conversión. Entre tanto, al definir el concepto con mayor precisión se cayó en la cuenta de que los ‘altos valores de conservación’ son tanto sociales como biológicos, de modo que se identificaron seis tipos de BAVC: los bosques que son hábitats críticos, los que son ecosistemas críticos, los que albergan especies amenazadas y en peligro, los que brindan servicios ambientales críticos, los que son críticos para el sustento de la población local y los que son críticos para el mantenimiento de valores culturales. Que el enfoque de BAVC procure incluir una amplia gama de valores y exija un enfoque participativo para su identificación es una fortaleza incuestionable.
Aunque el concepto de BAVC se desarrolló en el contexto de la certificación de la madera como uno más de los diez Principios y Criterios del FSC, desde entonces se ha empezado a usar en forma mucho más amplia. El propio FSC está aplicándolo a maderas no certificadas (sino ‘controladas’) que permite se utilicen en productos de maderas mixtas que sin embargo llevan la etiqueta del FSC. También las corporaciones están usando el concepto en forma muy amplia en tanto herramienta para decidir dónde pueden comprar la madera en forma responsable. Otros lo están usando para decidir dónde deben o no deben establecer plantaciones. La Mesa Redonda sobre Palma Aceitera Sustentable incluyó el concepto en su recientemente adoptada norma para la producción de ‘palma aceitera sustentable’, y se está intentando introducirlo en su paralela Mesa Redonda sobre Soja Sustentable. El Banco Mundial también está estudiando la forma de aplicar el concepto para ayudarlo a definir qué son los ‘bosques críticos’ y los ‘hábitats críticos’ que sus políticas sobre bosques y hábitats naturales tienen la misión de salvaguardar. Resumiendo, el concepto de AVC ha emergido como herramienta de amplia aplicación en la planificación del uso de tierras, con todas las posibilidades y riesgos que esto implica.
La experiencia nos enseña que las herramientas para la planificación y zonificación del uso de tierras, sin importar cuánto se las promueva como métodos ‘de múltiples partes interesadas’, rara vez pueden ser completamente inclusivas, dado que implican un grado de planificación ‘de arriba hacia abajo’. Los esfuerzos de la gente de afuera para hacer participar a los locales se enfrentan siempre a obstáculos debido a lo limitado del tiempo y los recursos, las barreras lingüísticas, los prejuicios e ideas preconcebidas inconscientes o manifiestos y la marginación económica y política de los ‘grupos objetivo’. Y cuanto más grande la escala de dicha zonificación (y más grande la confianza depositada en tecnologías de punta como la cartografía satelital), mayores son los riesgos de que se pasen por alto los derechos, intereses, visiones y conocimiento de las comunidades locales.
También se plantean interrogantes relativas a las implicaciones más amplias del enfoque AVC en caso de que llegue a aplicarse solo, sin estar implantado en un enfoque más amplio de planeamiento territorial. ¿Existe el riesgo de que cuando se considere que una zona no tiene AVC se estime correcto su madereo, explotación minera o conversión? ¿Cómo evitar la hipótesis dantesca de islas de ‘alto valor de conservación’ rodeadas de ‘zonas para el sacrificio’ devastadas?
Consciente de estos escollos, se ha establecido una nueva red, la Red de Recursos de Alto Valor de Conservación (High Conservation Value Resources Network), que pretende debatir estos desafíos y encontrar formas acordadas de superarlos, aunque siempre dentro del contexto voluntario y favorable a los negocios preferido por las corporaciones.
La protección de los ‘altos valores de conservación’ es un objetivo meritorio, pero si se hace en formas que no respeten los derechos de las comunidades o no promuevan sus prioridades, puede ser también una amenaza para la gente y la naturaleza, tanto dentro como fuera de las zonas definidas como poseedoras de alto valor de conservación. Brindamos esta edición del boletín del WRM como una contribución a este debate.
Marcus Colchester