¿Es la dicotomía madereo legal-madereo ilegal la que debería regir en una política de conservación de bosques? Se entiende que existe madereo ilegal cuando la madera --convertida en un negocio rentable a ser explotado-- es cosechada, transportada, comprada o vendida infringiendo las leyes nacionales. Pero las leyes difieren ampliamente de un país a otro, por lo que no es posible hacer una distinción entre madereo legal e ilegal a escala mundial en la medida que no existen normas internacionales al respecto. Quizá en cada caso las preguntas a formular sean: ¿qué es legal? ¿qué debería ser legal? ¿lo legal es legítimo?
Aunque legales ¿hasta qué punto son legítimas las concesiones de madereo industrial otorgadas a empresas europeas en África, donde explotan más de 11 millones de hectáreas de bosques, en muchos casos restándoles el lugar que les correspondería a las comunidades locales para realizar un manejo comunitario de sus recursos?¿Es legítimo el madereo de caoba en Brasil para la fabricación de muebles suntuarios en EE.UU., Reino Unido, Holanda o Alemania, afectando miles de hectáreas de bosque por cada concesión y alterando el ciclo hidrológico, degradando el suelo, aumentando la temperatura de la superficie y liberando dióxido de carbono almacenado en los árboles a la atmósfera? ¿Qué legitimidad tiene el madereo en Finlandia por la compañía estatal Metsähallitus en bosques primarios que son territorio ancestral de los Sami, quienes ven así amenazadas su forma de vida y sustento, su cultura y sus derechos humanos? En ese sentido, la definición de lo que es legal no debería quedar separada de la cuestión de si lo legal se basa realmente en normas que la mayoría de la gente siente en cierta forma como propias. Puede ocurrir que lo que es ilegal para las comunidades indígenas sea perfectamente legal para el gobierno y los concesionarios forestales. Por eso, si bien la tala ilegal a menudo es presentada como una cuestión de que lo que se trata es de aplicar la ley, las disposiciones legales a menudo refuerzan relaciones injustas o desconocen los derechos consuetudinarios.
En países donde la legislación forestal no es considerada legítima por gran cantidad de gente, centrarse en esas leyes al abordar el tema de la ilegalidad podría implicar perpetuar las desigualdades sociales. En Indonesia, por ejemplo, la constitución de 1945 determinó que el Estado tiene el control sobre todos los bosques. La legislación forestal de 1999 se construye a partir de este concepto y clasifica explícitamente los bosques de los pueblos indígenas como bosques estatales y le da al Ministerio Forestal jurisdicción legal para manejar esos recursos forestales. En el marco de una política económica de explotación de los recursos naturales para su exportación, recomendada y apoyada financieramente por organismos internacionales, el gobierno otorga a las compañías madereras, entre otras, derechos sobre vastas extensiones de tierras de bosques que la población local había considerado suyas. El resultado es la pérdida de bosques y numerosos conflictos en materia de derechos humanos.
Más allá de la legitimidad de las acciones legales de las empresas madereras, son éstas y la cadena de intermediarios las que, ampliando su negocio con actividades ilegales, constituyen el grueso del madereo ilegal que, vinculado al comercio internacional ilegal provoca la destrucción de los bosques, introduce y alienta la corrupción, hace perder a los gobiernos miles de millones de dólares por concepto de evasión fiscal y financia conflictos armados, entre otros males. Aún así, en algunos casos se suele responsabilizar a las víctimas –comunidades desplazadas y empobrecidas- de la explotación y el comercio ilegal de madera, omitiendo considerar en estos casos sus causas subyacentes más profundas. En ese sentido, una simple política contra las prácticas ilegales que iguale las situaciones y no apunte a resolver las causas subyacentes de algunas situaciones especiales de madereo ilegal en que sus actores están lejos de ser agentes de poder, podría hacer más mal que bien. Aun cuando las pequeñas comunidades son las que a largo plazo tienen más para perder cuando se destruyen sus bosques y se roban sus recursos, hay casos, como en Perú, de pueblos indígenas que, hartos de la pobreza y de ver que día a día otros se enriquecen con la madera que sale de sus bosques, quieren obtener un mayor beneficio de sus recursos y muchas veces entran en la cadena de la tala ilegal, a sabiendas de que son explotadas y robadas.
Tal vez de lo que haya que hablar, entonces, sea de madereo sustentable. El madereo legal puede ser insustentable y el madereo sustentable puede ser ilegal. Si el objetivo principal es la sustentabilidad, entonces habría que apuntar a actividades sustentables, y eso podría implicar, pues, la legalización de actividades hoy ilegales y la ilegalización de otras hoy legales. Dicho así puede parecer un tema meramente legal. Creemos que nada más lejos de eso. Bastantes procesos hay centrados en la aplicación de la ley, como lo describirán los artículos referidos al FLEGT (Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales) impulsado por la Unión Europea, que no aportan soluciones reales.
Una vez más habrá que considerar el modelo de producción, comercialización y consumo sobre el que se asienta el madereo ilegal. Veremos que está dominado por grandes empresas que generan beneficios a corto plazo con la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Que la comercialización corre por cuenta de una cadena de gigantes que alimentan un consumo frenético y derrochador. Y que esos agentes dominan el escenario mundial. Como en otros sectores, habrá que apostar a los procesos y soluciones locales que desde la decisión de las comunidades podrán traer cambios, ya sea frenando la destrucción como propiciando la construcción de otros modelos no destructivos.
Por Raquel Núñez, Movimiento Mundial por los Bosques (WRM), correo electrónico: raquelnu@wrm.org.uy. Basado en información obtenida de: "The need to control transnational forestry corporations: a European case study", http://www.forestsmonitor.org/reports/solddownriver/cover.htm; “Opciones para Europa. El control de la importación de madera ilegal”, Royal Institute of International Affairs (Chatham House) y FERN, http://www.fern.org/pubs/reports/options2_sp.pdf