En este mes, en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, es imperioso destacar los casos de dos comunidades de países aparentemente muy distantes pero que tienen mucho en común. Tanto en Honduras como en la India, las comunidades llevan años de lucha contra el nuevo colonialismo de poderosos grupos económicos vinculados a la plantación de palma aceitera y a la extracción de hierro, respectivamente.
Basadas en un modelo industrial extractivista, en gran escala y exportador, estas empresas son responsables por la violación de derechos humanos en las comunidades donde se han instalado. La obtención de lucro está por encima de todo, y justifica cualquier medio para acallar las voces de resistencia y así lograr una producción a gran escala destinada a países con alto consumo de aceite de palma o hierro en el mercado global.
Sean nacionales o trasnacionales, siderúrgicas o agrícolas, las empresas llegan con grandes promesas de desarrollo, bienestar y empleo para la comunidad, pero a corto plazo queda en evidencia la realidad de su negocio de carácter capitalista, que nada tiene que ver con las promesas realizadas ni con los intereses de las comunidades locales.
Las comunidades locales organizadas reaccionan informándose, denunciando irregularidades, reivindicando su derecho a la tierra y al territorio –su medio de vida y sustento– y resistiendo no sólo la apropiación y destrucción de ecosistemas sino además la violación de derechos humanos.
La respuesta de las empresas, ante la oposición a sus emprendimientos, no tarda en llegar. Es así que, con el respaldo del gobierno, se criminaliza a los movimientos campesinos, lo que supone amenazas, menciones en la prensa desprestigiando a los líderes locales o a las denuncias realizadas por las comunidades, prisión por causas no conocidas, juicios injustos, represión policial y/o militar, y hasta se llega al asesinato.
India: Dirigente del movimiento anti-POSCO secuestrado por la administración Orissa
La empresa coreana POSCO intenta instalar en Orissa, al este de India, una planta siderúrgica con una capacidad de producción de cuatro millones de toneladas, para lo cual necesita unas 1.500 hectáreas de tierra (ver boletines 147, 155, 157, 163 del WRM).
Del total mencionado, 1.200 hectáreas son bosques -- la empresa está negociando obtener una autorización con el gobierno de Orissa para talar esa área, para abrir espacio para la instalación de la planta-- y “apenas” 60 hectáreas –según declara el gobierno-- corresponden a terrenos privados. Lo que no se dice es que este “apenas” representa a dos comunidades donde viven más de 600 familias, las cuales serían desplazadas.
El movimiento de pescadores y campesinos de las comunidades de Dhinkia y Gobindpur lleva varios años de resistencia contra los intentos del gobierno de Orissa, así como de la multinacional POSCO, de destinar estas tierras al proyecto de extracción de hierro que incluye la construcción de una carretera de acceso al predio de la planta.
A pesar de que el gobierno dice que el programa de compra de tierras es pacífico, manifestantes y activistas sostienen que el gobierno los coacciona para que cedan, desplegando una enorme cantidad de policías en el área. Abhay Sahoo, uno de los líderes del PPSS (Movimiento de resistencia anti-POSCO) se pregunta qué es lo que tanto molesta al gobierno. Lo que las comunidades defienden es su economía basada en el betel, los peces y el arroz, que les permite asegurar el bienestar de las futuras generaciones "sin ninguno de esos proyectos que sólo prometen destruir todo nuestro entorno", declara a la agencia IPS. (Ver http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=98519).
Como consecuencia de la resistencia del movimiento, el activista Abhay Sahoo fue arrestado a fines de noviembre cerca del área propuesta para llevar a cabo el proyecto y se encuentra con prisión preventiva ya que la petición de fianza fue rechazada. Esto ocurre luego de que los habitantes de Dhinkia y Gobindpur resistieran heroicamente --bajo el agobiante calor del verano y por más de dos meses-- los ataques de la policía, llamando la atención de todo el país sobre la amenaza a su próspera economía y a los ecosistemas. También ocurre en el marco de las denuncias realizadas al ministerio del ambiente sobre la autorización para deforestar a favor del proyecto, la que consideran inmoral y sin el aval de la población local –alegando a una reciente propuesta de ley que exige el consentimiento del 80% de la población.
La situación empeoró en los últimos días, cuando más de 500 hombres armados – un tipo de milicia privada - , respaldados por la policía y el gobierno, llegaron a la manifestación no violenta del PPSS donde unas 2000 personas entre hombres, mujeres y niños yacían sobre la tierra para impedir el acceso de la empresa a su zona. La milicia, con bombas y armas atacó a los manifestantes, hiriendo a no menos de ocho personas, una de ellas con lesiones graves.
Las comunidades de Dhinkia y Gobindpur necesitan de nuestra solidaridad. La represión ejercida contra el movimiento PPSS, el arresto del líder Abhay Sahooy, el ataque a la manifestación pacífica de estas dos comunidades locales deben recibir la condena de la comunidad internacional al igual que el proyecto de la empresa POSCO, que además de ser socialmente injusto y económicamente destructivo es responsable por la violación de derechos humanos en Orissa. (Acceder aquí a una carta modelo -en inglés- a ser dirigida al gobierno y a la comisión de Derechos Humanos de India
http://www.wrm.org.uy/India/letter12-2011.html).
Honduras: llamamiento urgente de solidaridad con el Movimiento Campesino del Bajo Aguán.
El Movimiento Campesino de la zona del Bajo Aguán, al norte de Honduras, ha difundido recientemente una carta abierta en la que denuncia que “¡Es Urgente Detener la Masacre en el Bajo Aguan!”. Esta voz de alerta es a la vez un pedido de apoyo a la comunidad internacional -pueblos, gobiernos e instituciones- frente a la situación extrema en que se encuentran. (Verhttp://movimientocampesinodelaguan.blogspot.com/2011/11/
llamamiento-urgente-de-solidaridad-con.html)
Los campesinos y campesinas viven en continuo peligro, con una “presencia militar y policial fuertemente intensificada en los últimos tiempos – la misma que es señalada repetidamente por su responsabilidad en la represión”, expresa la carta.
“La gravedad del problema fue denunciada el pasado 24 de octubre, en el marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se documentó el incremento de los asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011-, persecuciones, amenazas e intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación, y se encuentran en total indefensión frente a la criminal represión y saqueo de la oligarquía hondureña, ligada fundamentalmente a la producción de palma aceitera en esa zona y estrechamente vinculada al régimen político instaurado tras el golpe de estado de 2009. A esos asesinatos se agregan los procesos judiciales en contra de más de 160 campesinos –iniciados hasta julio del 2011-, los desalojos forzosos y la destrucción de las viviendas y medios de vida de pueblos enteros.
Según informes y denuncias públicas disponibles, en el país hay más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado hondureño una estrategia agraria para solventar la grave problemática social. El conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebasar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo.”
“Las familias campesinas exigen la tierra porque no tienen qué comer. Necesitamos sembrar nuestros alimentos y también contribuir a la economía local y nacional. El monocultivo es una de las razones que nos han llevado a este conflicto agrario y no podemos seguir reproduciendo este modelo” relata un líder campesino a un periodista de Rel-UITA. (Ver “Palma africana y derechos humanos. El agua y el aceite” enhttp://www.rel-uita.org/agricultura/palma_africana/index.htm)
La carta abierta dice que “mientras la muerte y el terror continúan recorriendo los campos del Bajo Aguán, y el régimen criminaliza la lucha campesina y profundiza la militarización del territorio, su titular Porfirio Lobo asegura que se avanza en el proceso de pacificación y reconciliación del país, logrando así que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales reincorporaran al Estado de Honduras como miembro activo con plenos derechos. Asimismo dan rienda suelta a los planes ambiciosos de inversión, endeudamiento y ocupación territorial del país a fin de profundizar el saqueo y la depredación. Lejos de alcanzar esa pacificación y reconciliación, el pueblo hondureño sufre los embates de un sistema colapsado.”
“A partir de junio de este año y con la concurrencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, los Estados Unidos y otros, bajo la justificación de una nueva Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad que se supone indicada para mejorar el combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado, se está consolidando un fuerte respaldo y aprovisionamiento justamente a los sectores más implicados en el mismo. Esta nueva transnacionalización de un muy particular concepto de seguridad, siempre bajo el dominio de Estados Unidos., ya tiene muchos antecedentes en el país y la región, incluyendo el ‘capítulo de seguridad' incorporado al NAFTA, cuyos resultados en México están a la vista. Tampoco pueden ignorarse sus vínculos con las políticas de inversión, endeudamiento y control territorial que en el Bajo Aguán y las zonas costeras Garífunas, entre otras partes de Honduras, buscan imponer sus proyectos de saqueo reverdecidos –‘energía renovable', ‘reforestación ecológica' y ‘turismo sustentable' - por sobre la resistencia de las poblaciones, cuyas posibilidades de vida se ven cada vez más violentadas.”
El Movimiento Campesino solicita, entre otros temas, que: “la Organización de Estados Americanos proceda con urgencia a nombrar una Comisión de Verificación de la situación del Bajo Aguan, con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”. También exhorta a “Instituciones Financieras Internacionales, inversores y ‘donantes' internacionales a que suspendan toda operación que afecta la zona, hasta tanto su necesidad y legitimidad sean comprobadas desde la perspectiva de los derechos de las comunidades afectadas”.
Finalizando la carta abierta, se hace especial énfasis en las exigencias a las autoridades hondureñas, quienes deben respetar los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional de: velar por los derechos humanos terminando con la criminalización de los movimientos campesinos; detener los desalojos forzosos, impidiendo el avance de la agroindustria por sobre la soberanía alimentaria y territorial y la desmilitarización de la región.
Apelamos a la solidaridad de la comunidad internacional con el pueblo hondureño y a estar alertas frente a la situación de grave peligro que se presenta en este país y especialmente en la zona del Bajo Aguan.
Estos dos casos son representativos de otros muchos que ocurren en América Latina, África y Asia, donde los responsables de implementar un modelo industrial extractivista a gran escala y de promover el consumo excesivo según las reglas del capitalismo global, responden con criminalización, represión, militarización y muerte a quienes se oponen a entregar su tierra, territorios, cultura y formas tradicionales de producción en aras de una feroz mercantilización de la naturaleza.