La empresa de plantaciones de palma aceitera Socfin ha traído consigo violencia, patriarcado y opresión a las comunidades afectadas de Sierra Leona. Sin embargo, las mujeres tienen que hacer frente a otro sistema patriarcal más cerca de casa. Los Jefes Supremos son los guardinaes de la tierra de acuerdo con el derecho consuetudinario, que a menudo otorga a los hombres poder de decisión y la propiedad sobre la tierra.
Los prolongados procesos de acaparamiento de tierras en Sierra Leona son el resultado de un violento pasado colonial e imperial. La tierra arable y colectiva que anteriormente se cultivaba para obtener alimentos se está poniendo a disposición de las grandes empresas de una forma muy conveniente para ellas, a menudo en arrendamientos a largo plazo para la producción de productos de exportación como el aceite de palma.
La palma aceitera ha sido un cultivo tradicional para numerosas comunidades de Sierra Leona y del África Occidental. Sin embargo, con la llegada de la multinacional palmícola Socfin, la producción de palma aceitera en Sierra Leona ha pasado a hacerse en régimen de monocultivo industrial, dejando tras de sí un rastro de violencia, patriarcado y opresión.
En 2011, Socfin firmó un contrato de arrendamiento de tierras por 50 años con el gobierno de Sierra Leona y las autoridades locales, al que le siguieron dos acuerdos más. La compañía pagó a los dueños de tierras de la Jefatura Sahn Malen una compensación única de 1 millón de leones por acre (alrededor de 177 dólares). En menos de 10 años, los bosques y la tierra fértil de esta Jefatura se transformaron en miles de hectáreas de monocultivos de palma aceitera.
La contribución de las mujeres a la soberanía alimentaria de las zonas rurales de Sierra Leona es sumamente importante. Sin embargo, por lo general no tienen un título jurídico sobre la tierra. Aun si las leyes del derecho codificado les permitieran ser propietarias de tierras, las mujeres deben enfrentar otro sistema patriarcal más cerca de casa.
Las leyes consuetudinarias a menudo otorgan a los hombres la mayor parte del poder de propiedad y de toma de decisiones sobre las cuestiones de la tierra. Además de eso, los Jefes Supremos son los custodios de la tierra de acuerdo con el derecho consuetudinario de Sierra Leona. Descendientes de las “familias gobernantes” designadas por las autoridades coloniales británicas en 1879, los Jefes son los líderes indiscutibles dentro de los límites de sus territorios. Esta estructura jerárquica significa que la empresa puede adquirir tierras comunitarias contando con el consentimiento de una sola persona.
Las mujeres son las más afectadas.
A continuación, la entrevista a Aminata Massaquoi, miembro de la Alianza informal contra las plantaciones industriales de palma aceitera en África occidental y central. Aminata acompaña y apoya a mujeres de Sierra Leona que se oponen y denuncian el modelo de plantaciones de palma aceitera, y recientemente visitó varias comunidades perjudicadas por las plantaciones de Socfin.
¿Cómo está organizado el sistema de tenencia de la tierra a nivel gubernamental en Sierra Leona, particularmente en relación con los derechos de las mujeres?
La tierra en Sierra Leona se clasifica como tierra estatal, privada o comunal. En la parte occidental del país, la mayoría de las tierras se encuentran en régimen de propiedad privada individual con derechos exclusivos a usarlas y transferirlas. Las familias o las personas tienen derechos de acceso, uso y transferencia mediante arrendamiento o venta. Y, como saben, también operan en el país, así como en otras partes del mundo, los sistemas consuetudinarios de tenencia, arrendamiento y propiedad estatal de la tierra.
No es tan fácil para las mujeres de las zonas rurales o para las mujeres que viven en comunidades debido a las leyes consuetudinarias que existen allí. A lo largo de los años, los grupos de la sociedad civil y de defensa de los derechos de las mujeres han reclamado que todas las leyes sobre tierras existentes en el país se sincronicen para evitar una interpretación dual sobre el mismo tema. Pero eso aún no se ha logrado.
Mientras tanto, las adquisiciones de tierras a gran escala, en gran medida por parte de empresas extranjeras para explotación agrícola, han aumentado rápidamente, precisamente al mismo tiempo que se ha estado debatiendo sobre la política agraria. Una investigación de la ONG Christian Aid informó que desde 2009 hasta finales de 2012, los inversores extranjeros habían arrendado o se habían dispuesto a arrendar a largo plazo al menos 1.154.777 hectáreas; aproximadamente el 21,4% de la tierra cultivable total del país destinada a la agricultura industrial a gran escala (1). Como ha ocurrido en otras partes de África, numerosos expertos y ONGs han criticado este tipo de arrendamientos porque afirman que en lugar de ayudar a mejorar el nivel de vida de quienes viven en las zonas rurales, se aprovechan de los títulos de propiedad de la tierra y, de hecho, aumentan la pobreza y las desigualdades económicas. Esto sigue siendo motivo de gran preocupación y las señales son evidentes en las zonas donde se hicieron los referidos arrendamientos.
¿Cuál es la situación de las mujeres en las comunidades con relación a la tenencia de la tierra y los derechos de acceso a la tierra conforme a las leyes consuetudinarias?
En Sierra Leona, el derecho consuetudinario coincide con el derecho codificado, pero en las zonas rurales, donde hay escaso acceso a los servicios de la justicia codificada, tiende a prevalecer el derecho consuetudinario. La gente depende de los jefes de las aldeas para resolver las disputas. Y cuando se trata del matrimonio, los matrimonios consuetudinarios tienden a dominar aunque no están reconocidos por la ley codificada. A menos que un matrimonio consuetudinario se registre en los consejos locales, no confiere derechos de propiedad al marido o a la mujer. Entonces, si el cónyuge muere, la tierra de la pareja puede volver a la familia del cónyuge fallecido.
Para las mujeres, que a menudo son las principales trabajadoras, proveedoras de ingresos y cuidadoras de los hogares, y quienes más dependen de su tierra para ganarse la vida y mantener a sus hijos, esto significa que si el hombre muere o si una mujer quiere disolver un matrimonio por violencia doméstica, es posible que no tenga derechos sobre la tierra en la que ha trabajado durante años. En ese caso, la familia de su marido podría expulsarla de la tierra. Sus hijos tampoco tienen derechos sobre dicha tierra y eso puede ser difícil de confrontar porque estas mujeres no son financieramente fuertes como para defenderse. En Sierra Leona, la Ley de Devolución del Estado de 2007 otorgó a las mujeres el derecho jurídico a heredar tierras, pero en realidad solo unas pocas mujeres lo hicieron.
Debido a las numerosas acciones en defensa de los derechos de las mujeres a la tierra, se suele hacer creer que las mujeres están incluidas en la toma de decisiones, pero en la práctica no es así. En las visitas de campo varias mujeres me explicaron que ellas recién se enterarían de un acuerdo sobre la tierra después de concretado, porque se utiliza el derecho consuetudinario para silenciarlas. Las mujeres siempre han denunciado la falta absoluta de sus posibilidades de participación en las discusiones cuando empresas, gobiernos u otros llegan a las comunidades para ofrecer proyectos o comprar la tierra.
El derecho codificado otorga a las mujeres la facultad de poseer o arrendar tierras, pero las leyes consuetudinarias les niegan ese derecho. Debido a que gran parte de las tierras se encuentra en las zonas rurales, la mayoría de las mujeres sufren la opresión de las autoridades locales. No obstante, el trabajo continuo de defensa en las comunidades ha sido de gran ayuda.
También predomina la violencia hacia las mujeres en la interna misma de las comunidades y por parte de las autoridades de las comunidades. Esto ha sido motivo de preocupación en un lugar tras otro, y en la mayoría de las comunidades rurales, debido a las leyes consuetudinarias y a las tradiciones, se espera que las mujeres pasen a un segundo plano durante los compromisos públicos. Especialmente si una mujer está casada, no debe atreverse a hablar ni a tomar decisiones en presencia de su esposo. Los maridos o los hombres se convierten en portavoces de las mujeres. En consecuencia, una mujer empoderada o mujeres que son conscientes de sus derechos en ese sentido, corren el riesgo de sufrir la violencia ejercida al interior de sus hogares por insubordinación. Se pueden aplicar numerosos mecanismos para silenciar a las mujeres.
Durante su visita a varias comunidades enfrentadas a plantaciones industriales de palma aceitera, ¿cuál percibió como el reclamo más importante planteado por las mujeres?
El reclamo común ha sido la falta de inclusión en los contratos de tierras y la toma de decisiones. Con la llegada de las plantaciones de palma aceitera se vieron privadas del acceso a sus tierras y necesitan una fuente alternativa de ingresos. Luchan por recuperar sus tierras porque los acuerdos no les son rentables. La empresa no emplea a la población local como había prometido; tampoco cumplió con la construcción de escuelas, pozos de agua, centros de salud y caminos secundarios, ni se concedieron becas, ni muchas otras promesas. Las mujeres también reclaman que sus comunidades ya no son seguras como lo eran antes de la llegada de la empresa.
También se denunció claramente el abuso sexual que ocurre dentro de los confines de las plantaciones, pero debido al estigma y al rechazo de los hombres, normalmente no se habla de ello.
¿A qué tipos de abuso son sometidas las mujeres?
Las mujeres que trabajan con las empresas del aceite de palma perciben un salario bajo por un trabajo duro. Caminan largas distancias hasta el lugar de trabajo; no reciben atención médica adecuada; los despidos son sin beneficios; no tienen derechos laborales (las mantienen como “trabajadoras eventuales” sin contrato y pueden ser despedidas en cualquier momento); no tienen seguro médico ni cobertura de accidentes de trabajo.
Las mujeres contaron de las experiencias vinculadas a insinuaciones sexuales formuladas por algunos trabajadores o guardias de seguridad a trabajadoras de la empresa, de las que se espera que cooperen o de lo contrario perderían sus trabajos. Algunas mujeres involuntariamente aceptan pasar por esas experiencias para conservar su trabajo y su salario.
Las mujeres que se rebelan contra lo que está ocurriendo quedan marginadas de las actividades comunitarias. Siempre están en la mira de las autoridades locales y a veces vigilan sus movimientos.
¿Cómo enfrentan las mujeres esta situación?
Lo hacen principalmente boicoteando las reuniones de la comunidad que están relacionadas con las empresas. Actúan desobedeciendo al Jefe supremo y fortalecen las relaciones con aliados, así como con las organizaciones locales e internacionales que cada tanto se relacionan con ellas en relación con el tema. También a través de talleres sobre leyes y derechos. Se reúnen entre ellas de vez en cuando, aún cuando las vigilan.
(1) Christian Aid, Who is benefiting?, 2013