En noviembre de 2001, los ministros de comercio de 140 países se reunieron en Doha, Qatar para otorgar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) un nuevo mandato histórico que podría intensificar el madereo de bosques nativos, el agotamiento de las pesquerías, la quema de combustibles fósiles, el uso de sustancias químicas tóxicas y la liberación de organismos modificados genéticamente.
A pesar de los discursos sobre la mitigación de la pobreza y el desarrollo sustentable, la declaración ministerial oficial (conocida como la declaración de Doha) concede nuevos poderes a la OMC para impedir que los gobiernos regulen las actividades de las corporaciones transnacionales. Al declararse a sí misma como árbitro de las crisis de los recursos naturales y como foro para determinar la relación entre acuerdos internacionales conflictivos en materia de comercio y medio ambiente, lo acordado en Doha representa un desafío directo para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable (WSSD, por sus iniciales en inglés) en Johannesburgo, Sudáfrica.
El nuevo mandato de la OMC abarca temas cuya respuesta definirá en última instancia nuestro futuro común. A menos que se lo enfrente, el tema del gobierno a escala global habrá sido resuelto por la OMC, autoproclamándose como el árbitro de todas las cosas. Las corporaciones transnacionales, que son quienes dan forma a las reglamentaciones de la OMC, definirán a través de éstas el futuro de incontables pequeños productores rurales, pueblos de pescadores, habitantes de los bosques, pueblos indígenas y otras personas cuya supervivencia depende del acceso y el control sobre los recursos naturales que existen en las tierras comunales de todo el mundo. Las formas de sustento tradicionales y sustentables de estos pueblos están bajo amenaza en los acuerdos de Doha.
Los acuerdos de Doha han otorgado poderes a la OMC para:
- aumentar el control de las corporaciones sobre los recursos naturales, permitiendo que las decisiones sobre su uso se basen cada vez más en las demandas a corto plazo de los mercados financieros mundiales;
- intensificar la explotación de los bosques, la agricultura y la pesca orientadas a la exportación, así como la quema de combustibles fósiles, la minería y la explotación de otros recursos naturales;
- eliminar más políticas de conservación y de desarrollo comunitario por considerarlas "barreras" injustas para el comercio;
- determinar quién se apropia de los remanentes de los recursos naturales mundiales en grave proceso de degradación;
- Subordinar los acuerdos ambientales multilaterales (MEA, por su sigla en inglés) a los derechos para las corporaciones establecidos en las reglamentaciones de la OMC.
Más aún, los objetivos de la OMC en materia de acceso al mercado, combinan dos impactos peligrosos que atentan contra la conservación de los recursos naturales y los medios sustentables de vida: 1) la expansión de las exportaciones para un consumo desmedido; 2) la eliminación de disposiciones legales de protección para asegurar el uso sustentable de los recursos naturales y a las comunidades locales que dependen de ellos. Los bosques, la pesca y la agricultura se ven particularmente afectados por esos impactos. Las negociaciones están desglosadas en la eliminación de aranceles (impuestos a la importación) y en las llamadas Medidas no Arancelarias (o NTM por sus iniciales en inglés).
Los aranceles vinculados a los bosques fueron un tema de gran preocupación para quienes protestaron en Seattle, ya que los ministros tenían prevista la conclusión de un acuerdo para esa semana. Conocido popularmente como el "Acuerdo Mundial para el Libre Madereo", los activistas que trabajan por la conservación de los bosques lograron que el Representante comercial de EE.UU. presentara por primera vez una evaluación ambiental de la liberalización del comercio, que se publicó justo antes de la cumbre ministerial de 1999. En el informe, que fuera realizado por un grupo financiado por la industria maderera, los funcionarios de comercio ocultaron los verdaderos hallazgos: la reducción de aranceles daría como resultado el aumento del madereo en algunos de los bosques primarios más amenazados del mundo, que están habitados por pueblos indígenas. La reducción de las tarifas reduce el precio de la madera para los consumidores, y a su vez estimula el crecimiento del consumo excesivo, especialmente en los países ricos, donde los aranceles son más altos. La eliminación de aranceles de la OMC podría atentar contra los esfuerzos por reducir el consumo de madera y otros recursos, una prioridad definida en la Cumbre de la Tierra realizada en Río en 1992. Pese a ello, el informe preparatorio para Johannesburgo presentado por el Secretario General de la ONU califica los acuerdos de Doha de la OMC como un "éxito".
Se considera Medida no Arancelaria (NTM) cualquier medida, política o práctica gubernamental, que tenga el efecto de "distorsionar" el comercio. Las NTM sobre bosques se definen en forma amplia, como cualquier medida que "distorsione" el comercio. Incluso medidas con una capacidad "potencial" de ejercer impactos sobre el comercio, como el etiquetado ecológico, están en la mira de la OMC. El orden del día de las NTM es el paso final para eliminar todo tipo de control gubernamental sobre la reglamentación de los recursos naturales, y representa la subordinación de cualquier política cuyos objetivos tiendan, por ejemplo, a la conservación o el desarrollo comunitario, a la expansión del comercio.
El acuerdo de Doha puede llegar a ser conocido algún día como una declaración de guerra silenciosa contra los derechos de los pueblos y el planeta. Amenaza el acceso y el control de los pueblos pobres sobre los propios recursos de los cuales depende su supervivencia, agudizando la espiral de exclusión que hunde a tantos en la inseguridad y la desesperación. En el proceso preparatorio de la WSSD se está hablando de convocar a la concertación de un "Acuerdo Mundial" en Johannesburgo. Cualquier acuerdo realmente significativo debería iniciar un proceso dirigido por los pueblos para transformar las instituciones económicas internacionales. De otro modo, las decisiones que se tomen en el ámbito de la WSSD serán debilitadas por la OMC, el FMI, el Banco Mundial y las corporaciones mundiales a las que esas instituciones sirven.
Mientras que los entusiastas del libre comercio mundial califican los resultados de Doha como una victoria en la guerra mundial contra la pobreza, y siguen "convencidos de que las políticas comerciales y ambientales pueden y deben apoyarse mutuamente", las contradicciones entre los objetivos de Doha y Johannesburgo son cada vez más evidentes.
Ante la perspectiva muy real de que el gobierno mundial sea usurpada por las corporaciones transnacionales a través de la OMC, la sociedad civil debe utilizar el proceso de Johannesburgo como vehículo para desafiar los objetivos de Doha e intensificar su cuestionamiento a las actuales instituciones económicas mundiales. Independientemente de los resultados oficiales de la WSSD, el proceso de los pueblos, como en Seattle, puede y debe en última instancia reemplazar a la OMC por un sistema verdaderamente democrático que valore la vida por sobre el dinero, y los derechos de los pueblos por sobre los derechos de las corporaciones.
Lejos de haber finalizado, la respuesta de la sociedad civil a los acuerdos de Doha recién comienza: las organizaciones de base de todo el mundo utilizarán la Cumbre Mundial de la ONU sobre Desarrollo Sustentable como una vehículo organizativo para responder a los objetivos definidos en Doha. El "proceso de los pueblos" de Johannesburgo será apenas una de las varias convergencias necesarias para reemplazar la apuesta de la OMC en favor de las corporaciones, por un orden del día internacional de los ciudadanos que proteja los intereses de los pobres y del planeta. Si no es así, Doha será conocido como el momento de la historia en que el gobierno mundial fue verdaderamente usurpado.
Por: Victor Menotti, International Forum on Globalization, correo electrónico: vmenotti@ifg.org