Camisea es el proyecto energético más grande de la historia peruana. Este proyecto involucra la extracción de gas natural de un área conocida como Lote 88, ubicado en ambas márgenes del río Camisea, una de las áreas más ricas en biodiversidad en el mundo. El costo de la construcción de todo el proyecto será de 1.600 millones de dólares lo que incluye la explotación, el procesamiento del gas y la construcción de dos gasoductos que pasarán por la cordillera de los Andes antes de llegar a la costa para su distribución.
El yacimiento contiene un estimado de 11 trillones de pies cúbicos de gas y 600 millones de barriles de condensado. La mitad de la producción será exportada a Estados Unidos para proveer a los mercados de energía de la costa oeste. El costo de esas exportaciones ya lo están pagando los pueblos indígenas, dado que cerca del 75% de los yacimientos de extracción de gas están localizados dentro de la reserva de pueblos indígenas, quienes ya han sido forzados a tener contacto con el consorcio Camisea, violándose así sus derechos reconocidos internacionalmente.
Asimismo, Camisea es el hogar de los Machiguengas, y de las comunidades nativas en aislamiento voluntario como los Nahua, los Yora o Kugapakori, y posiblemente de los Kirineri. Las comunidades de Camisea Shivankoreni, Segakiato y Cashiari tienen asentamientos cercanos a los pozos, con una población de alrededor de mil habitantes. Para sobrevivir, estas comunidades dependen de la agricultura, recolección, caza, pesca y extracción de los productos del bosque, actividades amenazadas por la expansión de los proyectos de extracción de gas.
Además, la planta de extracción de gas natural del Proyecto Camisea se encuentra en una región de abundante biodiversidad. Según el Smithsonian Institution, se han identificado 747 especies de árboles, 150 especies de mamíferos, 75 de anfibios, 83 de reptiles, 156 especies de peces, 420 de aves y cientos de especies de invertebrados.
Una gran victoria de la campaña contra el proyecto Camisea fue lograr que el Export-Import Bank (la agencia oficial de los EE.UU. para el financiamiento de exportaciones ) negara préstamos vinculados al proyecto Camisea (Lote 88) en agosto del 2003. El directorio de este Banco tomó en cuenta los riesgos sociales y ambientales del proyecto que no pudieron ser minimizados por los proponentes de la inversión.
Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) igual decidió hacer un préstamo por 135 millones de dólares al proyecto. Poco lo importó el hecho de que la empresa no cumplía con estándares internacionales como evitar el contacto con pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Tampoco le pareció importante que la planta de fraccionamiento se ubicara en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, que es la única área marina costera protegida del país.
De esta forma, el BID desconoció su propio mandato, que dice que: “Los dos principales objetivos del Banco son reducir la pobreza y promover la equidad social, y lograr el crecimiento económico sostenible”. En efecto, el proyecto ya está incrementando la pobreza, aumentando la inequidad social y haciendo imposible un desarrollo sostenible.
Un acuerdo entre la sociedad civil y el BID ha impulsado la puesta en marcha de un ‘monitoreo independiente’ del Proyecto del Gas de Camisea, el cual aun no garantiza que los impactos del proyecto sean revertidos pero con mayor información sobre estos.
Entre los impactos sociales ya sufridos por las poblaciones del área de influencia del proyecto se pueden encontrar los siguientes: disminución de los recursos pesqueros, afectando la alimentación de las familias; debido a la contaminación del agua con aceites, grasas, detergentes y residuos inadecuadamente manejados, se ha deteriorado la salud de los pobladores indígenas; las comunidades afectadas por donde pasa el gasoducto manifiestan que las empresas no han pagado derechos administrativos; no han dado trabajo a los pobladores; han destruido caminos, puentes y canales de regadío; y se han dañado las viviendas, etc.
A menos de cinco meses de iniciadas las operaciones del proyecto, el 22 de diciembre del 2004, en el Km. 8,8 se produjo la ruptura del gasoducto del Proyecto Camisea, ocasionándose el derrame del hidrocarburo, que pasó a la quebrada Kemariato y de ahí al río Urubamba. “Nuestras comunidades han sido gravemente afectadas y hasta el 20 de enero, cuando estuve en la zona, se seguían encontrando animales muertos en las orillas del Urubamba”, señaló Roger Rivas del Consejo Machiguenga del Río Urubamba.
Asimismo, entre los impactos ambientales se encuentran: la deforestación por el derecho de vía, la contaminación de los ríos, contaminación por ruido, erosión de los suelos, y la consecuente alteración de la flora y fauna en el área de influencia del proyecto.
Con respecto a impactos sobre el ambiente global, las reservas del yacimiento de Camisea liberarán un estimado de 687,2 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Este proyecto será el sexto en América financiado por una institución financiera internacional, en contar con el más grande potencial de emisiones de dióxido de carbono. Camisea generará, luego de su tiempo de vida, más de 23 veces el total de combustible fósil en relación con el CO2 que actualmente es liberado en el Perú cada año (Caffrey, 2002, Informe de consultoría independiente para COMARU Y AIDESEP). Todo esto en un mundo cuyo futuro está comprometido por el cambio climático relacionado con las emisiones de dióxido de carbono. El BID por ende está contribuyendo al cambio climático.
En el Urubamba, los impactos ambientales y sociales continúan y la capacidad de las poblaciones de defender su territorio es limitada. Para agravar la situación de los ecosistemas, un nuevo proyecto de explotación aumentará aún más los impactos sobre los bosques, reservas de agua natural y la flora y fauna de una región cuyo valor natural es de alcance nacional e internacional.
En efecto, en setiembre del 2004, Perupetro firmó el contrato de concesión del Lote 56 con el Consorcio Pluspetrol de Camisea I. El lote 56 está ubicado también en el Bajo Urubamba, con una extensión de 58.500 hectáreas, al noroeste del actual Lote 88. Dentro del Lote 56 se encuentra un área clasificada como bosque primario y es hogar de los Kirineri, población en aislamiento voluntario altamente vulnerable. Se invertirán 500 millones de dólares en la extracción del gas líquido; asimismo, 1.100 millones de dólares serán destinados a aumentar la capacidad del gasoducto Camisea para transportar el gas a la costa. La explotación del Lote 56 (Camisea II) viene a ser el primer componente de un proyecto de exportación de gas licuado.
El segundo componente consiste en una Planta de Licuefacción (Gas Natural Licuado) que convertiría el gas en líquido para su exportación. Esta planta se construirá en la Pampa Melchorita al sur de Lima.
La lejanía del proyecto imposibilita la difusión pertinente de los impactos que ocasiona; sólo las poblaciones que se encuentran en su área de influencia ven día a día cómo su ambiente natural, el cual les proporciona seguridad alimentaria y social, se va transformando en un cruce de tuberías inmensas, por donde pasa un elemento que quizás para ellos nunca significará mejorar su calidad de vida.
Este proyecto hará desaparecer poblaciones nativas en aislamiento voluntario como los Kirineri y devastará un territorio de inigualable importancia. Peor aún, ahora el gobierno se encuentra impulsando la exploración de más lotes (57 y 58) en la misma zona de Camisea, acumulando aún más impactos a los ya existentes.
¿Financiará el BID también estos nuevos proyectos destructivos?
Por Patricia Patrón, Amigos de la Tierra Perú, correo electrónico: ppatron@labor.org.pe