El Ministerio de Agricultura de Perú afirmó recientemente que la tala ilegal de madera, especialmente de la caoba, funciona como el narcotráfico o el contrabando, tratándose de una red organizada y poderosa que amenaza el proceso de ordenamiento del bosque que el Gobierno ha emprendido.
De acuerdo con el ministerio, el problema radica en que nunca se había tomado la decisión firme de luchar contra la tala ilegal y que se descuidó el control de la cadena de comercialización, constituida en el soporte financiero de esta actividad.
Con el objetivo de comenzar a abordar el tema, el ministerio decidió instalar una comisión multisectorial --presidida por el ministro-- encargada de diseñar y poner en práctica una estrategia para enfrentar este problema. Esa comisión también diseñará estrategias que determinen el retiro de los extractores forestales ilegales de las zonas reservadas, de las concesiones forestales y de los territorios de comunidades indígenas no contactadas, así como de proponer medidas de reforma legal para sancionar la tala ilegal y las acciones que sean necesarias para combatir a quienes comercialicen esta madera.
Sin embargo, es importante resaltar que lo anterior es claramente insuficiente para encarar un tema tan complejo como el de la tala ilegal, cuya solución requiere la elaboración de una estrategia que abarque una amplia gama de temas --que van mucho más allá de simples medidas de contralor legal-- entre los que nos interesa enfatizar los siguientes:
- el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas (contactados o no, en áreas protegidas o no)
- la seguridad de tenencia de la tierra (tanto en zonas boscosas como no boscosas)
- el control de la industria maderera y en particular de las grandes empresas del sector, principales beneficiarias y financiadoras de la tala ilegal
- la revisión de la política de demarcación de áreas protegidas, que deberá contar con el consentimiento previo informado de las comunidades que allí habitan (a excepción del caso de las comunidades no contactadas) y respetando su derecho a ser los principales beneficiarios de los recursos del bosque
- las políticas macroeconómicas y sectoriales (industriales, energéticas, de transporte, etc.), que promueven la extracción excesiva (legal o ilegal) o que generan las condiciones para la explotación insustentable
- las políticas económicas y sociales que originan las condiciones de pobreza y marginación que llevan a muchas personas a involucrarse en operaciones de tala ilegal de madera.
Lo anterior no agota la diversidad de temas que deben ser necesariamente tomados en consideración para abordar el problema. El gobierno dio un primer paso en la dirección correcta al invitar a los actores involucrados en el problema: extractores, pueblos indígenas, comerciantes, organismos no gubernamentales y el Estado, a integrar la comisión multisectorial recientemente establecida. Con el transcurso de los meses se verá si esa comisión es capaz de encarar el tema en toda su complejidad, aportando soluciones equitativas para que quienes habitan el bosque y dependen del mismo puedan utilizarlo de forma tal de asegurar tanto sus necesidades básicas como la conservación del bosque en su conjunto. Esperamos que así sea.
Artículo basado en información obtenida de El Comercio: "Fuerte mafia maneja tala indiscriminada",
http://www.elcomercioperu.com.pe/Noticias/Html/2002-11-05/Nacional4707.html , enviada por WWF Perú, correo electrónico: adriana@wwfperu.org.pe