En la Amazonía peruana, la actividad maderera es altamente selectiva, es decir, de la gran diversidad de especies sólo se utilizan unas pocas, lo que ha llevado a la reducción de las existencias de algunas especies. El consumo de determinadas maderas --como la caoba-- no perdona siquiera zonas de reserva.
El madereo ilegal que se desarrolla en torno a estas zonas recurre a diversas estratagemas, desde los contratos de extracción en las llamadas zonas de amortiguamiento (franjas de unos 15 km. de ancho en promedio bordeando la zona de reserva, que sirve a los extractores pues hacen pasar como proveniente de ellas la madera talada en su interior), hasta los permisos de tránsito para transportar por ríos dentro de la reserva la madera supuestamente extraída fuera de ella. También se suele “blanquear” la madera: la legalizan aserrándola con sierra cinta para borrar las huellas de haber sido aserrada con motosierra, modalidad prohibida porque implica gran desperdicio de madera, y se le preparan papeles como si saliera de zona bajo contrato. Ahora también la “blanquean” en el terreno, con aserraderos portátiles de cinta.
La sonoridad y visibilidad de estas actividades que implican gente en campamentos conocidos y permanentes, chatas que transportan madera y grúas, hacen que esta actividad ilegal sea todo menos clandestina. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria, ubicada en el triángulo formado por la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, se ha identificado que trabajan un promedio de 20 hombres por campamento, y anualmente funcionan unos 50 de ellos.
Es justamente en este sector del madereo ilegal donde abunda un sistema laboral asociado al no pago, a la remuneración en especies, a la prostitución de mujeres en los campamentos madereros y a condiciones de trabajo infrahumanas.
La esclavitud del siglo XXI se da con el nombre de trabajo forzoso y sus víctimas son los más marginados --niños, mujeres, comunidades nativas. Esos que parecen invisibles. La competitividad obliga a buscar el abaratamiento en los procesos de producción y entonces se dan estas modalidades de explotación que deberían de ofender las conciencias.
Isidoro Chahuán, motosierrista, de la etnia quichua, dice: "Trabajo por un jabón, sal, un cartucho, una camisa". Él es lo que se denomina un trabajador habilitado. En la Amazonía, más de 30 mil peruanos de las comunidades indígenas más alejadas se encuentran en esta situación inhumana. Un informe para la OIT sobre el trabajo forzoso en la extracción de madera en la Amazonía, del antropólogo Eduardo Bedoya y el científico social Alberto Bedoya, habla de hasta tres formas en las que opera. En dos de ellas el sistema de deudas infladas y los magros pagos por la materia extraída son un denominador común. Si bien se trata de un fenómeno histórico, que data de la época colonial, ahora con el 'boom' del cedro y la caoba la industria maderera ha tenido que ir ganando espacios y por eso se ha visto forzada a internarse en territorios vírgenes, zonas de reserva comunal, parques nacionales y espacios donde hay grupos no contactados o de contacto incipientes.
El caso más frecuente es el que se da cuando un “maderero-habilitador” vinculado a grandes empresarios madereros, entrega en la ciudad una cantidad de dinero a “patrones enganchadores” para obtener madera. Estos ofrecen dinero o anticipos de alimentos o bienes (tales como arroz, sal, botas, rifles, motosierras, etc.) al interior de las comunidades indígenas, a condición de que ellos, que conocen la zona y sus árboles mejor que nadie, les entreguen madera cortada. Por lo general estos acuerdos se dan a través de contratos verbales o escritos donde no hay referencia al valor de la madera en el mercado, cosa que desconocen los nativos y son presa fácil del engaño. Así, cuando los trabajadores entregan la madera al “patrón enganchador”, éste esgrime distintos motivos por los que el material no es bueno y arbitrariamente reduce el pago. Como no les alcanza el dinero, los indígenas piden más préstamos y así engrosan su deuda. El campesino queda “enganchado” llegando a firmar contratos de hasta diez años.
En el caso de los campamentos madereros se reúnen trabajadores, por lo general ajenos a las comunidades, para que realicen la extracción de la madera. En el referido informe se explica que en las ciudades se les entrega el 10% inicial para reclutarlos y luego se les lleva a trabajar a las zonas más remotas de la Amazonía. Esas regiones son muy lejanas para escaparse, se les quita los documentos, se les aleja de las canoas y se les amenaza con no pagarles si pretenden fugarse. Los salarios son muy bajos y los bienes muy caros. Una gaseosa en un campamento maderero puede costar 10 soles, un costal de azúcar 50, uno de arroz otro tanto. Así se inicia un círculo vicioso de deudas. "El gran problema de estos campamentos es la incapacidad que tienen los trabajadores de movilizarse. Los inspectores laborales no llegan por lo inaccesible de la zona. Los pobladores tampoco pueden pagar su deuda buscando otro campamento porque reciben, en muchos casos, amenazas físicas", indica Bedoya. Se trata de un trabajo forzoso porque hay pérdida de libertad.
En muchos casos aquellos que recalan en un campamento maderero, formado por 10 o 40 trabajadores, llevan a su familia. La esposa cocina, los niños ayudan, pero a ninguno se les remunera. De acuerdo con el estudio hay un alto índice de adolescentes hombres y las mujeres generalmente trabajan de cocineras y prostitutas, cobrando por sus servicios en tablones de madera.
Éste es el castigo de la madera. Para los “patrones-enganchadores”, que trabajan para los madereros-habilitadores, que a su vez trabajan para grandes empresas madereras, engañar a los campesinos no le resulta tan difícil. Solo tienen que aprovecharse de la miseria generada por el propio sistema de explotación maderera que les ha depredado sus economías locales, los ha desplazado de sus tierras o los ha cercado, quitándoles los bosques que forman parte de su sustento de alimentos, medicinas, vivienda.
Sobre esas condiciones de miseria prospera el gran negocio forestal, en una connivencia estrecha entre actividades legales e ilegales hasta el punto de formar una sola, y en ocasiones incluso gozando del aval de sellos de certificación.
Artículo basado en información obtenida de: “30 mil peruanos son víctimas de trabajo forzoso en la Amazonía”, Gabriel Gargurevich, Diario La República mayo de 2005, y “Controles y descontroles: Extracción ilegal de madera en el Pacaya-Samiria”, Alberto Chirif, Actualidad indígena Nº 99, marzo de 2005, Servicio de Información Indígena SERVINDI, www.servindi.org, enviados por Carlos Arrunátegui, FAdAmazon (Fundación de Adhesión con los Pueblos Amazónicos), correo electrónico: carrunategui@fadamazon.org; “Esclavos de la madera”, Jimena Pinilla Cisneros, El Comercio, http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionImpresa/Html/2005-05-12/impCronicas0305152.html