Costa Rica actualmente es reconocida a nivel mundial por el esfuerzo que realiza en la conservación de los bosques. Principalmente se le atribuye este “éxito” al programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA), antecedente del mecanismo REDD en Costa Rica.
El PSA es un sistema de incentivos financieros a cargo del Fondo Nacional para el Financiamiento Forestal (FONAFIFO), una dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía. Está orientado a propietarios(as) y poseedores(as) de bosques y plantaciones de árboles a los que se les paga por las funciones que proveen sus bosques o plantaciones, a las que se les denomina “servicios ambientales”, entre los que se reconocen: mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero; protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico; protección de la biodiversidad para su conservación y uso sostenible, científico y farmacéutico, de investigación y mejoramiento genético; la protección de ecosistemas y formas de vida y de la belleza escénica natural para fines turísticos y científicos.
Sin embargo, el sistema presenta serias debilidades al enfocarse solamente en los denominados servicios ambientales, dejando de lado valores culturales, espirituales y sociales del bosque y la biodiversidad, así como los respectivos impactos de estas omisiones en comunidades locales y pueblos indígenas. Tampoco cuestiona las causas de la degradación ambiental ni el consumismo depredador. Dado que brinda tan sólo un pago por un periodo de tiempo determinado, no ofrece una solución a aspectos tales como la reducción de la pobreza.
Además, este mecanismo no ha impedido que los bosques se encuentren amenazados por actividades tales como el turismo a gran escala o el monocultivo de piña y palma africana, así como ha favorecido que grandes compañías produzcan madera bajo un concepto mercantilista concentrando incentivos - como el PSA - para el establecimiento de plantaciones de monocultivos y abriendo la explotación de madera del bosque y otros agroecosistemas según estrictos criterios de rentabilidad y mercado.
En el caso particular de los territorios indígenas, el PSA negocia los contratos con las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) adscritas al Consejo Nacional Indígena (Conai), que es una institución de carácter oficial encargada de manejar tanto los asuntos indígenas como su relación con las instituciones públicas. El gobierno muestra como un logro del PSA la distribución de poco más de nueve millones de dólares entre todos los territorios indígenas del país. A pesar de que hay casos exitosos donde se ha hecho un uso planificado de estos recursos y/o se han repartido de manera equitativa, en muchos territorios estos dineros han generado tensiones ya que algunos grupos se han apropiado y administrado de manera subjetiva estos fondos, favoreciendo a las familias más cercanas a su entorno. En territorios de la etnia Ngöbe por ejemplo, se ha distribuido varios millones de dólares en PSA durante los últimos cinco años. Sin embargo hasta el momento no se conoce ningún caso donde el uso de estos fondos haya servido para consolidar sus territorios, dado que gran cantidad de tierra todavía está en manos de personas no indígenas. Lo anterior es de fundamental importancia pues hay territorios Ngöbe donde más del sesenta por ciento de la tierra está en manos de ganaderos no indígenas que provocan deforestación.
Como se mencionó anteriormente, el PSA es un antecedente de REDD en el país, y según la estrategia que el gobierno de Costa Rica está implementando y que se publicó a finales del 2010, uno de los principales actores durante este proceso son los territorios indígenas, principalmente porque allí se conserva una parte importante de los bosques del país. Con la implementación de REDD, el gobierno pretende consolidar al menos 600 mil hectáreas que están bajo el sistema actual PSA, y agregar 750 mil hectáreas adicionales, además de recuperar la cobertura forestal en el 12% del territorio nacional que se encuentra en usos distintos a su vocación forestal. También se propone mantener el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Cualquier política y mecanismo relacionado con los pueblos indígenas en el país debe pasar por un proceso de consulta, con el fin de favorecer su autonomía. Es así como FONAFIFO ha contactado a un grupo de indígenas de diversos territorios para que participen en el proceso oficial. En el grupo está la Red indígena Bribri y Cabecar (RIBCA), conformada por representantes de 8 territorios indígenas de la zona Atlántica de Costa Rica. Este grupo ha participado en la elaboración de un plan nacional de consulta para el tema REDD+ entre los Pueblos indígenas, con apoyo económico de la GIZ (Agencia de Cooperación Alemana). El Plan de Consulta, según RIBCA, fue elaborado con representantes de los 4 bloques regionales donde se agrupan los 24 territorios indígenas de Costa Rica. La propuesta del plan fue presentada en una reunión el pasado mes de enero a representantes de indígenas, quienes aprobaron el marco general del mismo. En dicho plan se establece, entre otras cosas, el sistema organizativo y de interlocución sobre REDD+ con los Pueblos indígenas, el cual es de conocimiento de FONAFIFO y GIZ, pero no de las comunidades.
Es así como el pasado mes de setiembre, representantes de Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIs) y organizaciones indígenas comunitarias, regionales y nacionales, dieron a conocer a la Coordinadora de este tema en FONAFIFO, así como a funcionarios del Banco Mundial encargados del tema, una serie de anormalidades y potenciales perjuicios que la iniciativa REDD+ acarrearía a los Pueblos Indígenas.
Según el Boletín de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, en dicha reunión se propuso que antes de implementar una estrategia REDD en el país es necesario superar algunos temas como: 1) La aprobación del Proyecto de Ley 14.352 de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas; 2) La seguridad territorial: recuperación de la tierra, territorio y recursos naturales y de la biodiversidad; 3) Consensuar un plan nacional de desarrollo para Pueblos Indígenas; y 4) Consensuar políticas públicas y programas específicos para Pueblos Indígenas. Además se recalcó que a efectos de la consulta de REDD+ ya existen mecanismos para su realización, que han sido reconocidos, aceptados y aplicados por el propio estado y son los que se aplicaron en la elaboración del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. Asimismo enfatizaron que una iniciativa como REDD+ no puede ser únicamente la decisión de un grupo de las llamadas ADIs.
De igual manera, se afirma que el gobierno intenta imponer su agenda política aún cuando los indígenas tienen la suya propia y que el estado costarricense nunca se ha preocupado por la recuperación de tierras indígenas, a pesar que existe la Ley Indígena desde 1977. Según Pablo Nájera, indígena de Terraba, “en REDD+ sencillamente tratan de mal utilizar a los indígenas, para avalar el proceso. Los indígenas en las comunidades no saben nada sobre REDD+ ¿Qué tanto fue la participación indígena en la definición de la estrategia? ¿Qué procesos se deben iniciar y por qué ahora? ¿Será REDD+ parte de la política indígena? ¿A quién se le va a vender? ¿Quién financia? ¿Por qué?” Igualmente Antonio Nájera, del mismo territorio, denuncia que su familia tiene 30 años de conservar una finca que dedican a fines educativos y a la investigación científica, que nunca han recibido un apoyo de FONAFIFO, y que es recién ahora se está enterando de lo que quieren hacer con REDD+, lo que indica que a las comunidades no se les ha brindado ni la más mínima información previa.
Si bien es cierto que en Costa Rica todavía no existe un acuerdo sobre REDD, ya el pueblo bribri —situado en el atlántico sur— sufre sus impactos. Miembros de la comunidad de Alto Durigna dentro del territorio Bribri han denunciado la implementación en sus territorios de REDD. Esta comunidad indígena está alarmada por la intención de FONAFIFO de aplicar ese mecanismo en unas mil hectáreas de bosques dentro de su territorio, que además rodea dos sitios considerados sagrados por la cultura bribri. Filidencio Cubillo, indígena bribri, ha manifestado: “los bosques de estas partes, no solamente son simples bosques sino son sitios sagrados para nuestro pueblo. Uno de ellos, el Surayo, es el origen de la creación, de la semilla. Fueron designados por el mismo Sibu para darle vida a su semilla. Lo mismo es el cerro Namasol. Es por esta razón que el mundo de afuera no entiende nuestra manera de ver, de sentir y de expresar nuestra espiritualidad. El mundo de afuera todo lo ve sólo por la plata, todo es mercancía para ellos. Así expresamos nuestro rechazo a este proyecto que pretende conservar, entre comillas, parte de estos bosques. Dicen que son mil hectáreas pero no sabemos cuánto será. Defenderemos estos bosques. Es la misma comunidad la que se manifiesta y no es gente de fuera que viene a calentarnos la cabeza”
Si en realidad se quisiera favorecer a las comunidades locales y a los pueblos indígenas, la solución debería ser la promulgación de políticas públicas integrales que favorezcan el control comunitario del territorio y los bienes de la Naturaleza, fortaleciendo iniciativas ya existentes, como la gobernanza comunitaria del bosque y la biodiversidad, garantizando las condiciones necesarias para que exista un ejercicio real de sus derechos históricos y colectivos como la autonomía y el control de sus tierras y territorios bajo su cosmovisión.
Por Mariana Porras Rozas, COECOCeiba-AT, Costa Rica, mariana@coecoceiba.org