Ante la presión de grupos de la sociedad civil tailandesa, el gobierno de Tailandia rechazó una propuesta de "conservación de bosques" de EE.UU., que establecería plantaciones de árboles para cumplir con las metas de reducción de emisiones de anhídrido carbónico (CO2) de Estados Unidos, a cambio de la reducción de la deuda que mantiene Tailandia con este país.
La propuesta de EE.UU. transfería US$ 12,6 millones, que incluyen el reembolso de la deuda de Tailandia a un "Fondo de Conservación de Bosques Tropicales" (TFCF por sus siglas en inglés) durante un período de 28 años. A cambio, el TFCF establecería plantaciones de árboles en Tailandia para absorber CO2 y permitiría a EE.UU. obtener "créditos de emisión" como reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Los grupos de comunidades locales, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y la comunidad científica de Tailandia presionóal gobierno para que rechazara la propuesta, afirmando que los riesgos que implicaba la propuesta para las comunidades locales y los bosques de Tailandia no valían el dinero que el país ganaría por la reducción de la deuda.
El 1 de marzo de 2002, después de una reunión de dos horas entre cinco ministros gubernamentales para discutir la propuesta, el Ministro de Relaciones Exteriores tailandés Surakiart Sathirathai declaró que el gobierno había decidido no aceptar la propuesta, porque los ministerios de ciencia y de agricultura que examinaron el borrador de la propuesta, afirmaron que EE.UU. no había contemplado las preocupaciones principales de Tailandia.
Sin dar detalles, el Sr. Surakiart afirmó que esas preocupaciones estaban relacionadas con temas de acceso a los bosques y "créditos de carbono". El ministro añadió que las negociaciones entre los dos gobiernos continuarían y que si el gobierno de EE.UU. aceptaba la posición de Tailandia, el acuerdo se firmaría el año próximo.
"Pero nuestra posición no cambiará. Es decir, no cambiaremos los recursos de nuestros bosques y "créditos de carbono" por reducción de la deuda," afirmó.
El gobierno quería que el acuerdo estuviera desvinculado a los "créditos de carbono" bajo el Protocolo de Kioto (que Tailandia todavía no ratificó). Sin esta desvinculación, Tailandia podría en el futuro no recibir ayuda de los países industriales para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Protocolo de Kioto exige a los países industrializados que reduzcan sus emisiones de "gases de efecto invernadero", como anhídrido carbónico, metano, y óxido nitroso. Sin embargo, estos países pueden obtener créditos de carbono (permisos para contaminar) si gastan dinero en plantar árboles como "sumideros de carbono" en los países en desarrollo para que "absorban" una parte del CO2.
La cantidad de CO2 consumido por estos sumideros se restaría entonces de la cantidad de CO2 emitido por esos países ricos. Pero sigue habiendo dudas sobre la efectividad de los sumideros de carbono, ya que no existe un método confiable para calcular la cantidad de CO2 que éstos eliminan de la atmósfera, ni tampoco para calcular las emisiones de CO2 que se podrían producir como resultado del establecimiento de plantaciones de árboles como sumideros.
Decharat Sukkumnoed del grupo ambiental tailandés Sustainable Energy Network (Red de Energía Sostenible) afirmó: "Creo que Washington va a seguir exigiendo a Tailandia que establezca el fondo porque ese tipo de programa le permite reclamar créditos de carbono. El gobierno tailandés debe dejar en claro que no permitiremos que los países industrializados reclamen créditos por proyectos de reforestación en nuestro país".
Saneh Chamarik, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia (NHRC, por su sigla en inglés), dijo: "El gobierno debe obedecer la Constitución y permitir que la opinión pública, el ámbito académico y también las organizaciones populares participen en el proceso de toma de decisión sobre el acuerdo".
"El gobierno no debe arriesgar nuestros recursos biológicos a cambio de una reducción de nuestra deuda. Es tiempo de demostrar que Tailandia ya no se avendría firmar acuerdos injustos que sirven claramente a los intereses de EE.UU".
Otra preocupación es que la propuesta de EE.UU. de "deuda por bosques" también permitiría el acceso de corporaciones e investigadores estadounidenses a la diversidad biológica de Tailandia.
Jakkrit Kuanpoth, director de la Oficina de Investigación y Reglamentación Legal del NHRC afirmó que los detalles de la propuesta eran similares a la propia Ley de Conservación de Bosques Tropicales de 1998 de EE.UU. (Ley TFC).
"Si aceptamos la propuesta, eso significa que el gobierno de Tailandia acepta que la ley de EE.UU. se aplique en territorio tailandés, y que no se podrá instrumentar ninguna ley o reglamentación nacional que viole la ley de EE.UU.
Según Jakkrit, la Ley TFC de 1998 establece la política de EE.UU. de apoyar y procurar protección para los bosques tropicales de todo el mundo.
Pero Jakkrit destacó que la política estaba basada en la preocupación de EE.UU. de obtener un beneficio económico de la diversidad de recursos biológicos de áreas de bosques tropicales a partir de los cuales desarrollar productos farmacéuticos y de otros tipos.
Según el TFCF, Tailandia no podría aplicar sus leyes sobre biodiversidad, protección de recursos naturales y propiedad intelectual, ya que, según la propuesta original, debería cumplir con las leyes de EE.UU.
"Es obvio que el objetivo real de la propuesta de EE.UU. es utilizar los recursos biológicos de Tailandia para favorecer su propia industria farmacéutica y agrícola, y también recolectar créditos en la reducción de gases de efecto invernadero [estableciendo plantaciones de árboles a través del Fondo]", declaró.
Srisuwan Kuankachorn, miembro de Project for Ecological Recovery (Proyecto de Recuperación Ecológica), un grupo ambientalista con sede en Bangkok, afirmó que el TFCF es un ejemplo de cómo los gobiernos de los países industrializados siguen intentando comprar una salida para evadir la solución de los problemas del cambio climático en vez de tomar medidas concretas para reducir sus emisiones. "El proyecto sigue el patrón de desarrollo económico neoclásico que ha causado problemas ambientales como el calentamiento global en primer lugar", resaltó.
En los últimos años, los países industrializados, en especial EE.UU., han intentado evitar reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo a lo exigido por el Protocolo de Kioto, proponiendo proyectos similares al TFCF. Quejándose de que esto afectaría sus economías, los gobiernos de estos países (en especial Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón) no están dispuestos a realizar acciones efectivas en sus propios países, y buscan transferir el peso que implica la resolución de los problemas del cambio climático a los países en desarrollo.
De hecho, los países industrializados ya contaminaron su "parte" de la atmósfera. Históricamente, los países industrializados son responsables de hasta el 90 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Sólo EE.UU. es responsable por aproximadamente el 25 por ciento de la emisión anual de gases, aunque todavía tiene pendiente la ratificación del Protocolo de Kioto.
En un artículo titulado "Democracia o carbocracia", Larry Lohmann de Cornerhouse, una organización de investigación y solidaridad con sede en el Reino Unido, afirma: "El Protocolo de Kioto alienta a los países ricos que ya utilizan más de lo que les corresponde de los sumideros y reservas de carbono del mundo, a comprar más sumideros usando dinero en efectivo, que ha sido acumulado en parte, a través de la superexplotación de esos sumideros y reservas".
Según el artículo, el Protocolo de Kioto le brinda a los ricos el derecho a emitir una cantidad extra de gases de efecto invernadero a cambio de plantar o "mantener" árboles o suelos en países pobres o en sus propias zonas rurales. En consecuencia, los pobladores locales no sólo tienen que ceder sus derechos sobre el uso futuro de la tierra, sino que estos proyectos implican que también el país deba renunciar a la opción de usar esas áreas de plantación en sus propios "presupuestos de CO2" cuando, como resulta probable, el Protocolo de Kioto se amplie e incluya a los países en desarrollo.
El TFCF y otros programas de "créditos de carbono" similares para establecer plantaciones de árboles como sumideros de carbono, no sólo perjudican las formas de sustento locales, sino que también significan la aprobación de la contaminación relacionada a los combustibles fósiles en los demás lugares, tanto en los sitios de extracción minera y petrolera, como alrededor de las plantas de generación de energía, con efectos desproporcionados para los pobres de todo el mundo.
Sin embargo, estos intentos de los países industrializados de establecer "sumideros de carbono" y evitar la reducción de sus propias emisiones de gases de efecto invernadero son rechazados por los grupos de comunidades locales en los países en desarrollo. En Tailandia, la Asamblea de los Pobres, una coalición de alcance nacional de agricultores y organizaciones de comunidades locales, presentaron una carta abierta a la Oficina del Primer Ministro, exigiendo que el gobierno tailandés actuó e en forma cauta en relación al TFCF y otros proyectos similares. La carta afirma que no vale la pena cambiar los recursos biológicos del país por una pequeña cantidad de dinero.
Por: Rajesh Daniel, TERRAPER.