Introducción
El 27 de agosto de 2007, el ministro de Justicia, Tarso Genro, firmó las resoluciones ministeriales de delimitación de las Tierras Indígenas Tupinikim (14.227 hás.) y Comboios (3.800 hás.), totalizando 18.027 hás.
Según las resoluciones, el gobierno brasileño reconoce que las tierras han sido tradicionalmente ocupadas por los Tupinikim y Guaraní y que en los últimos 40 años estuvieron ocupadas ilegalmente por Aracruz Celulose.
Fue una victoria de la resistencia indígena contra el poder económico y político de la empresa y de sus múltiples aliados. Una victoria de la vida y una derrota, aunque sea localizada, del monocultivo y del desierto verde. Una victoria también de la solidaridad nacional e internacional que anima y llena de esperanza a todos aquellos que luchan por sus derechos y creen en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Durante estos últimos 40 años ni los sucesivos gobiernos ni la empresa consiguieron romper esta resistencia. El uso de la fuerza policial, los acuerdos ilegales y las compensaciones financieras fueron insuficientes para impedir que las comunidades indígenas continuaran luchando por la recuperación de sus tierras y por la garantía de un territorio autónomo sin la dependencia económica que la empresa siempre intentó imponerles.
La lucha de resistencia
El proceso de ocupación de las tierras indígenas por parte de Aracruz Celulosecomenzó a fines de los años 1960 y rápidamente causó una profunda desestructuración en las formas sociales, económicas y culturales, principalmente de los Tupinikim, que casi los llevó al exterminio. De inmediato tuvo lugar la expropiación de sus tierras y la destrucción de casi todas las aldeas (de unas 40 solo quedaron Caieiras Velhas, Pau Brasil y Comboios). La sustitución de los bosques nativos por eucaliptos inviabilizó sus prácticas tradicionales de subsistencia. Arroyos y riachuelos se secaron y los pocos que quedaron sufrieron la contaminación de sus aguas debido a los agrotóxicos utilizados por la empresa.
Cercados por los eucaliptos y con pocas alternativas de supervivencia económica los Tupinikim y Guaraní decidieron actuar. En 1980, en plena dictadura militar, realizaron la primera autodemarcación de sus tierras y recuperaron 6.500 hás. Al año siguiente, un acuerdo entre los militares y la empresa las redujo a 4.491 hás.
En 1993, los indígenas reivindicaron ante la FUNAI la ampliación de las tierras. Estudios del organismo, realizados entre 1994 y 1997, reconocieron el derecho y la necesidad de una ampliación de las tierras en otras 13.579 hás. Sin embargo, el gobierno brasileño una vez más se sometió a los intereses de la empresa y determinó, en 1998, la demarcación de apenas 2.571 hás.
Sublevados con la decisión del gobierno, los indígenas realizaron la 2ª Autodemarcación. Cuando estaban por concluir la demarcación de las 13.579 hás., el gobierno federal determinó la intervención de la Policía Federal. Las aldeas fueron ocupadas por la policía, los defensores de la causa indígena fueron aprehendidos y procesados y los caciques llevados a Brasilia y obligados a firmar un Acuerdo ilegal con la empresa. A cambio de la reducción de las tierras recibieron compensaciones financieras.
Siete años después los Tupinikim y Guarani decidieron romper este Acuerdo. El 19 de febrero de 2005, cerca de 350 indígenas, reunidos en Asamblea General, con el lema “Nuestra Tierra, Nuestra Libertad”, resolvieron recuperar las 11.009 hás. en poder de Aracruz Celulose.
El 17 de mayo iniciaron la 3ª Autodemarcación. Pocos dias después reconstruyeron las aldeas Olho D´Água y Córrego do Ouro, dos de las casi 40 aldeas destruidas por la empresa a fines de la década del 60.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público Federal de Espíritu Santo (MPF-ES) inició una investigación civil pública, en la que se constataron varias ilegalidades en la demarcación de 1998. En seguida, envió recomendaciones al Presidente de la República y al Ministro de Justicia para que procedieran a la demarcación de las 11.009 hás. restantes.
A partir de entonces, los indígenas llevaron a cabo una serie de acciones, con el objetivo de exigir al Ministerio de Justicia el cumplimiento de las recomendaciones del MPF-ES.
En 2005 ocuparon las fábricas de Aracruz Celulose durante 2 días, una acción organizada por la Comisión de Caciques que tuvo amplia repercusión internacional.
En enero de 2006 los indígenas fueron sorprendidos por una violenta operación de la Policía Federal para cumplir una decisión judicial de reintegración de tenencia a favor de la empresa. Esta acción, considerada irregular por el MPF-ES, provocó la destrucción de las aldeas Olho D´Água y Córrego do Ouro y dejó 13 indígenas heridos. Una de las principales irregularidades señaladas fue la participación activa de Aracruz Celulose, autora de la acción judicial y consecuentemente beneficiada con su cumplimiento.
La operación policial fue una “pifia” del gobierno federal y de la empresa, debido a su repercusión internacional y a la acción que inició el MPF-ES contra el gobierno federal por las innumerables irregularidades existentes. El gobierno federal intentó corregir su error rápidamente. En reunión pública en la Asamblea Legislativa de Espíritu Santo, el entonces ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, prometió concluir la demarcación de las 11.009 hás. antes de finalizar el año 2006.
Sin embargo, el proceso administrativo siguió sus etapas lentamente. Los indígenas decidieron, entonces, llevar a cabo nuevas acciones de gran impacto. En setiembre de 2006, durante 15 días, realizaron roza y quema de 100 hás. de eucalipto para demostrar que, contrariamente a las acusaciones, no estaban interesados en los eucaliptos y que la lucha era por la recuperación de las tierras. La reacción de la empresa fue inmediata. Una campaña difamatoria y racista contra los indígenas invadió las calles, las escuelas y el comercio de la ciudad de Aracruz, inclusive involucrando a empresas de la región. Se colocaron carteles publicitarios en las calles principales de la ciudad con textos racistas y ofensivos contra los indígenas. Se realizaron dos manifestaciones importantes, una en Aracruz y otra en la capital del estado, Vitória. Una acción del MPF-ES, amparada por la Justicia, condenó a la empresa por delito de racismo y difamación, lo que la obligó a dar marcha atrás. A pesar de eso, la campaña ya había conseguido poner a parte de la población de Aracruz en contra de los indígenas.
Debilitados, pero no intimidados, los indígenas ocuparon el puerto por donde se exporta la celulosa de la empresa (Portocel) para intensificar la presión sobre el Ministro de Justicia. Pero, la empresa consiguió movilizar a unos 1500 trabajadores tanto de la empresa como de empresas tercerizadas para retirar a los indígenas a la fuerza, lo que casi provocó una masacre de los indígenas.
En enero de 2007 el ex ministro de Justicia, a pesar de disponer de todos los elementos necesarios para firmar las resoluciones ministeriales de Delimitación de las tierras indígenas, devolvió los procesos a la FUNAI para que dicho organismo buscara un entendimiento (acuerdo) entre las partes. La FUNAI, a su vez, se negó a cumplir esta decisión, pero la Justicia Federal de la ciudad de Linhares (ES) decidió asumir la tarea e intimó a las partes a que celebraran un acuerdo sobre las tierras. Tras dos intentos, frustrados por la firme posición de los indígenas, se concluyó el proceso de negociación y la decisión sobre la disputa se envió nuevamente al poder ejecutivo.
El 5 de julio de este año, la FUNAI remitió el proceso al Ministerio de Justicia y en esta ocasión el ministro, en un acto de mucha firmeza y habilidad política, firmó las resoluciones garantizando a los Tupinikim y Guaraní los derechos sobre las 11.009hás. de tierra y poniéndole fin a una disputa de casi 40 años. Unos días antes los indígenas habían reconstruido nuevamente las aldeas Olho D´Água y Areal como una prueba más de su resistencia, coraje y determinación.
Por: Fabio Martins Villas, correo electrónico: fabio.villas@bol.com.br, Fase/ES y Red Alerta contra el Desierto Verde