Uganda, como cualquier otro país africano, está en plena campaña de promoción de las plantaciones, con el pretexto de crear ingresos y otros beneficios para los ugandeses, pero destruyendo numerosos recursos naturales como bosques, humedales y laderas de montañas. En los últimos diez años, miles de hectáreas de bosque fueron destruidas y reemplazadas por monocultivos.
Al mismo tiempo, Uganda se comprometió a nivel internacional a proteger los bosques y reducir la deforestación, al ser uno de los países africanos que participan en REDD+. Luego de aprobada su Propuesta de Preparación a REDD (R-PP) durante la 9ª reunión del Comité de Participantes (PC) del Fondo de Cooperación para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial, basándose en la situación de los bosques de Uganda y de los beneficios para las comunidades dependientes de ellos y los propietarios de bosques, Uganda recibirá 3,4 millones de dólares para preparar una estrategia REDD-plus, un escenario de referencia y un sistema de medida, notificación y verificación (MRV). Sin embargo, el compromiso mencionado se contradice con la expansión actual de las plantaciones industriales en el país. Un ejemplo de esto es lo que sucedió en agosto de 2011, cuando el gobierno decidió utilizar la escasez de azúcar como excusa para proponer la cesión de 7.100 hectáreas de bosque a MEHTA, empresa propietaria de la Sugar Corporation of Uganda (SCOUL), para que expandiera sus plantaciones de caña. La gente se opuso, incluyendo los medios, los líderes locales y las OSC; la comunidad internacional fue informada y amplificó las voces de resistencia de los ugandeses, obligando al gobierno a detener la entrega del bosque.
Un país como Uganda, signatario de varias convenciones como el CDB y Ramsar (sobre el tema de los humedales), no debería haber pensado en dar el bosque a cambio de ganancias económicas de poca monta y a corto plazo, a expensas de la población y el medio ambiente, sin una evaluación adecuada de las funciones vitales del bosque y sin conocer las diversas causas subyacentes que provocan el fracaso de las industrias azucareras. Cabe señalar que la maquinaria utilizada hoy en día para extraer el azúcar de la caña es anticuada; data de los años 1960, lo cual significa que su eficacia ha decaído. En otras palabras, la producción de azúcar podría aumentar mejorando la tecnología, en lugar de convertir más tierras boscosas en tierras de cultivo para más plantaciones industriales. Además, los proyectos como éste favorecen la deforestación y la degradación de los bosques, a pesar de que Uganda se comprometió a detenerlas.
En el mismo sentido, el gobierno ugandés está promoviendo las plantaciones de palma aceitera en Kalangala, con financiación de varias instituciones financieras como IFAD y el Banco Mundial, y de compañías de palma aceitera como Wilmar y otras. Se ha verificado la existencia de numerosas contradicciones y violaciones, incluyendo el incumplimiento del convenio CDB, pues se destruyó gran cantidad de flora y fauna. Una vez más, el gobierno usa un doble discurso cuando promueve la palma aceitera a expensas de los bosques naturales y, al mismo tiempo, promueve REDD+, supuestamente para conservar esos bosques. Cerca de 10.000 hectáreas han sido plantadas con palma aceitera. La población de Kalangala se ha visto privada de su derecho al agua limpia y a un medio ambiente sano; está expuesta a la degradación cultural, sus medios de vida están comprometidos, y se enfrenta a la inseguridad alimentaria, entre muchos otros problemas.
Otro ejemplo de proyecto de plantación que afecta a las comunidades locales es el de Kikonda, en el distrito forestal de Kyankwanzi, donde la firma sudafricana Global Woods estableció una plantación de pinos en 2002, desplazando a las comunidades indígenas que utilizaban inicialmente la reserva del bosque para la agricultura. Los impactos de esta iniciativa se están haciendo sentir hoy en día.
Así como el desarrollo de las plantaciones, también las iniciativas REDD han causado impactos sobre la población que depende del bosque. Por ejemplo, debido a un programa REDD, el gobierno expulsó a los grupos indígenas. Los pigmeos del bosque de Semliki han vivido en los bosques desde tiempos inmemoriales, pero la Autoridad Ugandesa de la Fauna (UWA), en estrecha colaboración con la Autoridad Nacional de los Bosques, los expulsó como si fueran intrusos.
Uganda debe crear un mecanismo que regule el desarrollo de las plantaciones, para no arrasar los bosques naturales existentes ni pisotear los derechos de la población local. Todo desarrollo serio debería centrarse en la gente e incluir los aspectos sociales. Además, el caso de Uganda revela que es necesario un enfoque común, para lograr detener realmente la destrucción de los bosques y evitar que los proyectos de desarrollo como las plantaciones no tengan efectos negativos sobre las personas y el medio ambiente, sino que sean beneficiosos para ambos. Un diseño de proyecto de ese tipo sólo será posible si la población participa verdaderamente y puede dar o negar su consentimiento a planes de desarrollo que tienen gran impacto sobre sus medios de vida.
David Kureeba, Asociación Nacional de Ambientalistas Profesionales (NAPE), Amigos de la Tierra Uganda, e-mail: kureebamd@yahoo.com.