En julio de 2001, grupos de la sociedad civil de Uganda presentaron una demanda al Panel de Inspección del Banco Mundial, denunciando que el proyecto de la represa de Bujagali violó varias de las políticas del Banco Mundial y que produciría perjuicios sociales, económicos y ambientales a los pobladores locales. Como resultado, el Panel tomó el caso y el 30 de mayo presentó un informe confidencial al Directorio Ejecutivo; en el mismo se concluye que la represa de Bujagali planificada (detallada en el Boletín Nro 42 del WRM) viola cinco políticas claves del Banco Mundial. El informe del Panel sugiere una serie de medidas correctivas para rectificar los problemas del proyecto.
Según el Panel de Inspección (el organismo investigador independiente del Banco Mundial) la represa planeada viola las políticas del Banco sobre reasentamiento involuntario, evaluación ambiental, hábitats naturales, divulgación de la información y evaluación económica de inversiones.
El informe del Panel afirma que el análisis económico del proyecto de Bujagali es altamente insuficiente. Revela que una depreciación moderada de la moneda de Uganda haría que las tarifas de energía aumentaran 20% por kilowatt-hora, situación que el informe califica como "sin lugar a duda económicamente inaccesible". El informe afirma que el contrato fundamental del proyecto, el Contrato de Compra de Energía, es desfavorable para Uganda, y no siempre cumple con las Mejores Prácticas Internacionales. También revela que el Banco Mundial ha descuidado evaluar las alternativas posibles, en particular la de la energía geotérmica, en la elaboración del proyecto.
También destaca que en lo que respecta a medidas significativas para analizar o mitigar los impactos sociales y ambientales que tendrá la represa de Bujagali, o no existen o cuando existen son muy insuficientes. Estas medidas incluyen una evaluación de los impactos acumulados de las represas en Uganda, un plan de acción de reasentamiento y desarrollo comunitario para los pobladores afectados.
El informe del Panel sugiere acciones correctivas para rectificar los problemas del proyecto de Bujagali. Entre las sugerencias se incluyen varias medidas para evaluar en forma adecuada los riesgos y la viabilidad económica del proyecto, así como cambios al desfavorable Contrato de Compra de Energía (CCE). Afirma que la publicación del CCE sería "vital" para un debate público y para la comprensión de los impactos del proyecto.
Es obvio que es necesario llevar a cabo las medidas correctivas sugeridas por el Panel de Inspección, así como el análisis adecuado de la viabilidad económica del proyecto antes de que el mismo sea aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial. Los gerentes del Banco ahora tienen seis semanas para responder al informe del Panel de Inspección independiente.
El Banco Mundial parece no haber aprendido todavía la lección sobre la falta de sustentabilidad de las represas hidroeléctricas a gran escala. Y lo que resulta todavía más importante, no sólo ignora los resultados de las investigaciones y las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas (que se hicieron públicas en noviembre de 2000), sino que también viola sus propias políticas y reglamentaciones internas. En ese contexto, la pregunta ahora es: ¿cumplirá el Banco con las recomendaciones de su propio Panel, o las ignorará y seguirá adelante con esta represa?
Artículo basado en información obtenida de: "Internal World Bank Report Reveals Major Problems with Uganda Dam", International Rivers Network, comunicado de prensa del 10 de junio de 2002. "Ugandan dam violates World Bank policies on economic, environment, says report", por Harry Dunphy, Associated Press, 11 de junio de 2002.