En tanto uno de sus fundadores, soy responsable al menos en parte de haber permitido que el sistema del FSC adoleciera de una falla fatal en el momento de su establecimiento: dicho en forma simple, las llamadas entidades certificadoras “independientes” acreditadas por el FSC no son, de hecho, para nada independientes. Dado que he sido un atento observador del FSC desde que éste se estableció, hoy me queda claro que en muchas de las cosas que luego salieron mal subyace esta misma falla y comprendo por qué hoy se entregan tantos certificados completamente injustificados a empresas de madereo y plantaciones que no cumplen con la mayoría de los Principios y Criterios del FSC.
El problema es que hoy los contratos que rigen las evaluaciones previas a la certificación se acuerdan directamente entre las empresas de madereo o plantaciones y las empresas certificadoras acreditadas por el FSC. A causa de esto, y especialmente porque un certificado otorgado es garantía de ganancias futuras para las empresas certificadoras (gracias a las visitas de supervisión y las reevaluaciones), éstas tienen un fuerte incentivo financiero para otorgar certificados incluso cuando la empresa de madereo o plantaciones no cumple los Principios y Criterios del FSC.
Otra consecuencia es que estas empresas efectivamente compiten entre sí para demostrar a los potenciales “certificandos” que cada cual tiene la mayor probabilidad de otorgar la certificación, y la forma de hacerlo es rebajando las normas en la evaluación, “haciendo la vista gorda” a todos los problemas grandes que encuentran o “simpatizando” con la empresa de madereo o plantaciones en escrutinio. Efectivamente, en términos del rigor de sus evaluaciones las entidades certificadoras acreditadas están corriendo una “carrera para bajar los requerimientos”. Esto sirve para minar por completo la integridad del sistema del FSC.
Las pruebas abundan. Por ejemplo, hace cuatro años la Fundación por los Bosques Tropicales (Rainforest Foundation) obtuvo de uno de los certificadores acreditados documentos internos que demostraban que la entidad había ignorado deliberadamente las demandas de ONGs ambientalistas y sociales de Indonesia, que exhortaban a la moratoria completa de la certificación, en pos de sus propios “intereses económicos estratégicos”. Esto incluía, entre otras cosas, la emisión de lucrativas certificaciones FSC a por lo menos una empresa que estaba manifiestamente en grave incumplimiento de los Principios y Criterios (y que más tarde, tras una prolongada campaña, fueron retiradas).
En otros casos, los sistemas internos de evaluación de los certificadores parecen haber sido manipulados para garantizar que la empresa de madereo/plantaciones que se inspecciona logre llegar a la “nota mínima” necesaria para la certificación. Y en otros casos, los supuestamente independientes “consejos de certificación”, que existen para supervisar las decisiones de cada una de las empresas certificadoras, han ignorado descaradamente los verdaderos datos proporcionados por los asesores o cualquier recomendación adversa para aconsejar en su lugar que de todos modos se otorgue el certificado, priorizando así los intereses económicos de la empresa certificadora para la cual, en realidad, están trabajando.
El FSC debería encarar estos problemas a través de sus procedimientos de supervisión y acreditación. Sin embargo, en la práctica no puede ni lo hace. El contrato jurídicamente vinculante con las empresas certificadoras le impide hacer nada que pudiera “perjudicar los intereses económicos” de las certificadoras. Además, algunos de las ‘Cuatro Grandes’ certificadoras (SGS, SCS, SmartWood y Soil Association Woodmark) simplemente amenazaron con abandonar el FSC si se pone muy estricto en la aplicación de las normas. Consciente sin duda de la impresión que esto causaría entre sus competidores y financiadores, el FSC fue así forzado a la más completa sumisión. El resultado es que sigue otorgando certificados completamente inapropiados en todo el mundo, por ejemplo en Brasil, Camerún, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Indonesia, Irlanda, Sudáfrica…
Otra consecuencia de la estructura actual es que los certificadores captan la mayor parte del “flujo de ingresos” de la certificación, en tanto el FSC está permanentemente escaso de fondos y depende de donantes, que a su vez tienen sus propios planes para la organización.
Sin duda alguna, poder aprender lecciones del pasado es maravilloso. Pero parece claro que hay que resolver este problema de conflicto de intereses en el corazón del FSC si se quiere algún avance significativo en cuanto a que el FSC trabaje por los objetivos que la gran mayoría de los lectores de este boletín comparten. Por ejemplo, hay que cuestionarse el valor de invertir tanto esfuerzo en el proceso de Revisión de Plantaciones cuando, incluso en el caso de que el Principio 10 se mejorara radicalmente, se permitirá que los certificadores sigan ignorándolo olímpicamente.
Es necesario romper el vínculo financiero directo entre empresas certificadoras y empresas madereras y de plantaciones. Una forma de hacerlo sería que las empresas de madereo/plantaciones tuvieran que contratar directamente a la Secretaría del FSC para las evaluaciones con miras a la certificación. El FSC podría adjudicar a los certificadores los subcontratos para la realización de las evaluaciones (y la subsiguiente supervisión) sobre la base de licitaciones competitivas de modo que el certificador que ofrezca las normas más altas para la evaluación al mejor precio obtenga el contrato para cualquier evaluación dada. La actual “carrera para bajar los requerimientos” entonces se transformaría inmediatamente en una “carrera para aumentarlos”. Podría obligarse a los certificadores, por ejemplo, a incluir en su “carpeta” de contratos determinado porcentaje de certificaciones de bosques comunitarios para poder participar de la licitación para la certificación de operaciones forestales industriales mayores y más lucrativas.
La Junta del FSC sería responsable de encargar una evaluación independiente de un muestreo aleatorio de certificaciones por año para garantizar que los certificadores cumplieron con sus contratos. Todo aquel que no lo hubiere hecho recibiría duras sanciones o se le retendrían sus pagos contractuales. La Secretaría del FSC cobraría por sus servicios, garantizando así un flujo regular de ingresos y disminuyendo su dependencia de la financiación externa.
Claro está que los certificadores resistirán encarnizadamente estos cambios, pues los obligarían a ser más rigurosos en sus evaluaciones. Pero la elección parece sencilla: o bien el FSC se libera de la presión asfixiante de las empresas certificadoras, o seguirá cayendo hasta que su credibilidad colapse por completo.
Por Simon Counsell, Rainforest Foundation. Nota: Existe una versión más detallada del informe y la propuesta en relación con este asunto que puede solicitarse al autor a través del correo electrónico: simonc@rainforestuk.com.