Integrante, junto con el Fondo Monetario Internacional, de la “familia” Bretton Woods, desde su creación en 1944 el Banco Mundial ha sido y continúa siendo un actor principal en la confección y aplicación de las políticas macroeconómicas de los países del Sur, financiando a empresas públicas y privadas en emprendimientos que califica de “desarrollo” (desde construcción de carreteras hasta instalación de fábricas de celulosa).
Esos préstamos los otorga con condiciones, que se han traducido en la aplicación de políticas económicas que han implicado desde la privatización de los servicios estatales o públicos hasta la desregulación de las leyes laborales y ambientales. El objetivo ha sido dejar al Estado reducido a funciones mínimas para que sea la competencia del mercado quien sirva al “interés público”. En los hechos, esas políticas de “desarrollo” han servido para insertar a los países del Sur en la arquitectura mundial basada en relaciones de dependencia centro-periferia.
Con respecto a las plantaciones industriales de árboles, el Banco Mundial ha sido decisivo para la consolidación de esos proyectos, proveyendo los fondos necesarios para ofrecer “incentivos” (exenciones fiscales, reintegros, préstamos blandos, subvenciones directas e indirectas, etc.) a las empresas forestadoras y posibilitar el despegue de esa producción destinada a la exportación. Así lo comentábamos para el caso de Uruguay (ver Boletín Nº 83 del WRM).
No obstante, en este país los planes no han transcurrido lo aceitadamente que hubieran deseado el Banco Mundial y los grupos de la industria papelera, para quienes el proyecto de instalación de las fábricas de celulosa sobre el río Uruguay se ha convertido en una piedra en el zapato. La oposición que ha concitado tanto en la interna del país como en la población argentina vecina a las proyectadas fábricas --que ha desplegado un grado de movilización tan alto que el gobierno argentino hizo suya la posición de los grupos locales, llegando a un enfrentamiento diplomático con Uruguay-- es una cuesta difícil de remontar para la política de participación del propio Banco Mundial.
A eso se agregan las fallas que en ese sentido ha cometido dentro de Uruguay. Como parte del proceso de consultas y divulgación relacionado con el borrador del estudio de impacto acumulado de las fábricas de celulosa de Botnia y Ence, encomendado por el Banco a la consultora Pacific Consultants International, el 14 de febrero la Corporación Financiera Internacional (el brazo del BM encargado de préstamos a privados) realizó una reunión en Montevideo “para ayudar a informar su toma de decisión al considerar el financiamiento” de las mismas.
El Grupo Guayubira --que ha cuestionado sistemáticamente la expansión del modelo de monocultivos de árboles en gran escala y su corolario, las fábricas de celulosa-- decidió no participar de la audiencia por considerar que ésta pretendía lograr el aval del informe. Previamente Guayubira había manifestado a funcionarios del Banco Mundial que el informe de la evaluación del impacto acumulado de las fábricas de celulosa está totalmente sesgado a favor de la forestación y de las fábricas de celulosa y que carece de la objetividad necesaria como para constituirse en base de una discusión seria e informada sobre un tema tan importante como éste. En tal sentido, Guayubira había recomendado al Banco que le exigiera a la empresa consultora mejorar sustancialmente su informe para así servir de base para la consulta amplia que el Banco deseaba realizar. Sin embargo, eso no se hizo y por esa razón, el grupo decidió no participar, hacer públicas sus críticas fundamentadas al informe y manifestar en la calle su oposición al financiamiento de las fábricas de celulosa por parte del Banco Mundial (ver críticas en http://www.guayubira.org.uy/celulosa/audienciaBM2.html y fotos de la concentración en http://www.guayubira.org.uy/celulosa/fotos_IFC_BM.html).
Por otro lado, el Banco Mundial no había invitado a la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, la cual participa formalmente en la Comisión Técnica Asesora del Medio Ambiente (COTAMA), dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Si bien finalmente --y por casualidad-- el Banco pudo reparar su grave omisión, lo cierto es que la Red terminó siendo participada tangencialmente y a último momento.
Reconociendo que se trata de emprendimientos industriales que forman parte de uno de los sectores de la industria más contaminantes del mundo, la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas presentó en la Audiencia Pública sus comentarios al Estudio de Impactos Acumulativos. Algunos de los argumentos destacados son: el estudio tiene errores técnicos importantes como confundir sábalos con sardinas; no se respetaron las exigencias de los técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente; falta conocimiento científico y datos concretos para poder hacer una evaluación veraz; hay dudas sobre los beneficios económicos ya que no existen datos oficiales sobre la generación de empleos; por estar en una Zona Franca estos proyectos no recaudarán impuestos. La Red expresa: “Estimamos que solamente de IRIC (Impuesto a la Renta de Industria y Comercio) Uruguay dejará de percibir una cifra del orden de US$ 120 millones anuales. Parte de esta cifra -que sumará ganancias a la empresa- sí será pasible de un impuesto similar que recaudan el estado finlandés y el estado español. Esto significa que el estado uruguayo resignará una suma cercana a los US$ 40 millones anuales que irán a engrosar las arcas de los estados europeos, una situación inadmisible dadas las condiciones económicas comparativas de estos países. Más aún, mientras el estado deja de recaudar los impuestos que legítimamente le corresponden, deberá realizar una serie de erogaciones derivadas de las necesidades de infraestructura y servicios que estas actividades industriales demandarán. Además de todo esto, se aumentará la forestación sin que sepamos cuáles son sus impactos ambientales” (ver el informe completo en http://www.uruguayambiental.com/articulos/RedUruOngAmbCelulosa.pdf).
De los actores sociales más destacados vinculados a este proceso, el Banco Mundial no contó con el aval de ninguno. El Grupo Guayubira decidió no participar en la consulta por falta de seriedad del informe que se iba a discutir y presentó sus críticas por escrito. Las dos delegadas del Guayubira que quisieron hacer una breve declaración explicando los motivos de esa postura no fueron autorizadas a hacer uso de la palabra. La Red Uruguaya de ONGs ambientalistas –invitada a último momento- presentó una fundamentada exposición de críticas al informe de impactos acumulados que motivó la reunión. La Asociación Nacional de ONGs (ANONG) no fue ni siquiera invitada. El delegado de la Central de Trabajadores (PIT/CNT), cuya presencia estaba prevista en el panel de oradores, a último momento informó que no podía concurrir, por lo que también estuvieron ausentes los trabajadores organizados. Ahora el tema ha pasado a los titulares de las noticias mundiales y el Banco Mundial, artífice del proceso, está en la mira...
Por Raquel Núñez, Movimiento Mundial por los Bosques, E-mail: raquelnu@wrm.org.uy