Usurpación de territorios en Camboya: protegiendo las ganancias corporativas | Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

El violento y sistemático acaparamiento de los territorios de campesinos y pueblos indígenas en Camboya ha provocado que el número de familias afectadas por conflictos de tierras durante 2014 se haya triplicado en comparación con el año anterior (1). En marzo de 2015, la Liga Camboyana para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos (LICADHO) publicó una “sistematización de data sobre concesiones de tierras” que muestra las vastas superficies de usurpación y uso de la tierra por parte del poder corporativo en Camboya (2). Además, con el fin de “abrir” espacios para las ganancias privadas, se están deforestando y desplazando violentamente a comunidades en áreas que figuran dentro de un proyecto REDD con el argumento de “preservar” los bosques comunitarios del país.

Sólo en 2014, LICADHO registró que existían 10.625 familias, o un estimado de 49.519 personas, afectadas recientemente por conflictos de tierras. Una lista detallada de los casos documentados (3), en su mayoría confinados a 13 provincias donde LICADHO tiene oficinas de campo, revela la acción, entre otros, de las actividades mineras, las plantaciones de árboles, la agroindustria, la construcción de hidroeléctricas, así como la participación de funcionarios militares y estatales de seguridad. El número de familias afectadas en 2014 representa más del triple de las familias documentados en 2013 (3.475), así como casi el doble del número registrado en 2012 (5.672). Muchos de los conflictos por la tierra han terminado en desalojos forzosos. Estos son frecuentemente violentos y es común el despliegue de fuerzas estatales contra civiles para proteger los intereses del sector privado y en su propio beneficio.

Debido a la falta de transparencia del gobierno, la información recopilada por LICADHO para la “sistematización de data sobre concesiones de tierras” permanece incompleta. Sin embargo, ya se puede observar la gran cantidad de concesiones otorgadas para plantaciones de caucho y su extracción, caña de azúcar y yuca, así como plantaciones de palma aceitera y árboles para celulosa y papel. De todas maneras, muchas otras áreas de concesión permanecen “desconocidas” en cuanto a su extensión, propiedad y uso (4).

El gobierno de Camboya sigue negando la grave situación que enfrentan los campesinos y los pueblos indígenas, quienes se ven obligados a hacer frente a la escalada de acaparamiento, en defensa de sus territorios. Una declaración anterior de LICADHO, en abril de 2014, ya advertía de la creciente “ola” de conflictos territoriales. Como expresó entonces el director de LICADHO, Naly Pilorge, “cada cifra representa una vida potencialmente en ruinas, un individuo que se enfrenta a graves dificultades de largo aliento. Sin la tierra, ya no tienen los medios para abastecerse de los requisitos básicos para una vida digna”. (5) En reacción a la declaración, el gobierno organizó una conferencia de prensa aduciendo públicamente que las conclusiones del LICADHO “no eran reales”. Menos de cuatro meses después, un joven camboyano de 19 años de edad fue asesinado a tiros por soldados que dispararon contra un grupo de campesinos involucrados en una disputa sobre tierras con la unidad militar de la provincia de Preah Vihear.

Según la organización de derechos humanos, la renovada “ola” de conflictos se produce después de la directiva del gobierno de mayo de 2012, que suspendió el otorgamiento de nuevas concesiones de tierras con fines económicos y ordenó una revisión sistemática de las concesiones existentes. Esta Directiva fue seguida, a finales de 2012 y principios de 2013, por un programa de titulación de tierras para grandes extensiones, incluidas tierras comunales. Sin embargo, un vacío legal permitió que las concesiones que ya estaban “en trámite” se otorgaran después de la Directiva. En los siete meses siguientes al anuncio de la moratoria, se entregó a los concesionarios un total de 208.805 hectáreas de tierra (6). El programa de titulación de tierras parece ser un completo fracaso. Como expresa LICADHO, “una parte del país en la que el gobierno afirma haber reasignado tierras de una concesión y otorgado títulos a los comuneros es la zona de la provincia de Preah Vihear, en la que la comunidad indígena Kuoy continúa luchando para salvar sus bosques” (7) .

El gobierno debería hacer públicos todos sus acuerdos en materia de tierras. Pero hasta la fecha, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) ha publicado una lista simplificada e incompleta de empresas; el Ministerio de Medio Ambiente (MOE) ha hecho mucho menos, simplemente informando el número total de empresas que participan y el área total de tierra arrendada. Ningún ministerio ha dado a conocer la ubicación exacta de los más de 2,1 millones de hectáreas de tierras en Camboya que están dentro del ámbito de las concesiones de tierras existentes.

REDD en Camboya

El “proyecto Forestación Comunitaria REDD Oddar Meanchey”, creado en 2008, está a cargo de la filial en Camboya de una ONG denominada PACT, con sede en Estados Unidos, y de la Administración Forestal de Camboya. PACT Camboya introdujo a Terra Global Capital, una empresa comercializadora de carbono con sede en Estados Unidos, aunque aún no se han emitido créditos. El proyecto afirma que el objetivo es proteger a 13 bosques comunitarios gestionados por 58 aldeas. Los bosques comunitarios varían en tamaño, desde 400 hectáreas hasta más de 18.000 hectáreas, y en total cubren alrededor de 65.000 hectáreas.

En noviembre de 2011, una agencia del Gobierno de Estados Unidos, la Corporación de Inversión Privada en el Exterior (OPIC por su sigla en inglés), aportó US $ 900.000 en concepto de seguro de riesgo político para Terra Global Capital, el inversor privado del proyecto. El seguro protege a los inversionistas estadounidenses contra diversas posibilidades, entre ellas guerra, conflictos civiles, golpe de Estado, terrorismo y otras formas de violencia por motivos políticos, así como interferencia del gobierno anfitrión, como expropiación, entre otras. El apoyo de OPIC a Terra Global Capital constituye la primera cobertura de seguro de riesgo político del mundo para un proyecto REDD (8).

A pesar de que el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) es el encargado de establecer los bosques comunitarios, hace varios años que los militares de Camboya han estado talando bosques en la zona de la frontera con Tailandia, incluso en zonas de bosque comunitario del proyecto REDD. En 2012, los militares le dijeron al jefe de la red de bosques comunitarios, Sar Thlai, que tomarían más de 2.500 hectáreas de dos de los bosques comunitarios. Sar Thlai declaró al periódico Cambodia Dailyque en los últimos años los militares habían establecido bases en al menos 6 de los 13 bosques comunitarios (9). Además, en abril de 2013, dos soldados armados detuvieron a patrulleros del bosque comunitario y los obligaron a entregar dos motosierras y 100 tablones de madera suntuaria que habían incautado a madereros ilegales. Los soldados dijeron que la tala era para construir un nuevo edificio para su guarnición (10).

La deforestación continúa en los bosques comunitarios y alrededor de ellos en la provincia de Oddar Meanchey, y REDD no está haciendo nada para detener esto. Entre los peligros figura la acción de las empresas y de las fuerzas armadas en la zona y el otorgamiento de concesiones de tierras con fines económicos y a gran escala. En 2014, el Cambodia Daily informó que los pobladores del distrito de Banteay Ampil encontraron a cinco soldados camboyanos armados arrasando su bosque comunitario. El bosque de la comunidad es parte del proyecto Oddar Meanchey REDD (11) y el MAFF parece no estar haciendo nada para detener esto.

Las concesiones a gran escala han tenido gran trayectoria en materia de destrucción de los medios de vida y los bosques. El líder activista de Camboya contra el acaparamiento y la tala ilegal de tierras, Chut Wutty, fue asesinado a tiros por la policía militar en 2012, mientras guiaba a dos destacados periodistas del diario Cambodia Daily que investigaban la tala ilegal en las montañas Cardamom, en la provincia de Koh Kong (12). “Los camboyanos tienen el derecho y la necesidad de saber quién ocupa las zonas vecinas a sus casas”, dijo el Director de LICADHO, Naly Pilorge. Es necesario adoptar medidas urgentes para apoyar a las comunidades que luchan por evitar este saqueo constante.