Tailandia: valorando los bosques por los créditos de carbono

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Río Salween, Tailandia. Foto: Prachatai, 2022

Los bosques en Tailandia contienen la inmensa diversidad de las selvas tropicales, lo que incluye a las relaciones e interconexiones con los Pueblos Indígenas y las comunidades que coexisten con estos bosques. Basándose en sus propios principios de conocimientos y prácticas tradicionales, estas comunidades han preservado sus bosques por generaciones, haciendo de estas zonas unas de las más biodiversas del mundo. Además, practican diferentes formas de ‘manejo’ comunitario de sus tierras, bosques y economías locales. Sin embargo, los sistemas comunitarios se ven amenazados por políticas problemáticas que pretenden convertir a todos los bosques en propiedad estatal y privada, añadiendo ahora un nuevo tipo de activo: los créditos de carbono.

Las políticas de conservación de los bosques tailandeses

La política de conservación de los bosques de Tailandia comenzó en 1896, cuando se fundó el Departamento Forestal de la Realeza para administrar las concesiones de bosques, seguido por la Ley Forestal B.E. 2484 (o 1941) y la Organización de la Industria Forestal en 1974. Estas políticas transformaron las áreas boscosas del país en activos estatales para la exportación de madera, criminalizando a alrededor de 10 millones de personas de comunidades que dependen de los bosques, que habitaban los bosques mucho antes de que aparecieran estas leyes y políticas.

Debido a las protestas generalizadas de las comunidades de los bosques en todo el país contra la extracción de madera y los numerosos impactos de la industria, en 1989 se modificó el plan de gestión de las concesiones económicas de bosques y se prohibió la tala. Las zonas de bosque fueron declaradas Bosques de Reserva Nacional que serían administrados únicamente por el Departamento de Parques Nacionales, quien todavía tiene autoridad para aprobar cualquier proyecto público o privado en estos Bosques de Reserva y también controla los medios de vida de más de 4.000 comunidades que dependen de los bosques.

La prohibición de la tala marcó el surgimiento de un enfoque cada vez más militarizado de la conservación de los bosques, y el Real Departamento Forestal adoptó una postura de línea dura contra quienes vivían dentro de las áreas protegidas, en particular contra las comunidades indígenas de las montañas del norte, que carecían de ciudadanía tailandesa. Los bosques eran considerados espacios donde se suponía que no se practicaba la agricultura. Todos los tipos de sistemas de agricultura itinerante fueron puestos en una misma bolsa, y se estigmatizaron como irracionales y destructivos.

Además, la aplicación relativamente deficiente de la legislación y la confusión sobre los reclamos en materia de tenencia de la tierra en los Bosques de Reserva trajeron nuevos niveles de complejidad. Por ejemplo, hubo escándalos de corrupción en torno a las actividades turísticas y la explotación de recursos en los Bosques de Reserva.

El intento de categorizar los bosques quedó claro en las Directivas de Política Forestal Nacional de Tailandia de 1985 y de 2019 (1), ya que apuntan a que el país tenga un 40 por ciento de zonas de bosque. Este objetivo debía dividirse entre el 25 por ciento de los ‘Bosques de Reserva’ controlados por el estado (parques nacionales, santuarios de vida silvestre, áreas de cuencas hidrográficas); y el 15 por ciento de ‘bosques económicos’ (bosques reservados para múltiples propósitos), que incluyen bosques comunitarios y plantaciones de actores privados en tierras de propiedad estatal. A marzo de 2023, según el gobierno, se ha logrado el 31,59 por ciento de esta meta.

Los bosques comunitarios varían según la región. En general, buscan mantener los sistemas ecológicos, asegurar la soberanía alimentaria, preservar las medicinas tradicionales, apoyar las economías locales y promover el bienestar espiritual de la comunidad. Por lo tanto, toda comunidad del bosque que sea reconocida como tal tiene derecho a gestionar sus propios bosques. Pero cuando el gobierno emitió la Ley de Bosques Comunitarios en 2019, tales leyes y reglamentos limitaron severamente los derechos de las comunidades dentro de las zonas de Bosques de Reserva. El Departamento Forestal es el único organismo autorizado para determinar y clasificar los bosques, lo que significa que solo aquellos registrados por su oficina pueden ser considerados como bosques comunitarios.

Por otro lado, el propósito de los ‘bosques económicos’, que inicialmente era la explotación de madera (o sea, plantaciones), cambió para permitir que las empresas privadas utilicen las zonas para actividades de ecoturismo y de responsabilidad social empresarial.

Pero la presión por la crisis climática y las negociaciones internacionales ha transformado la condición, el valor económico y el uso de los bosques (y de las plantaciones de árboles) para agregar un nuevo tipo de activo: los créditos de carbono.

El carbono en los bosques

Las negociaciones climáticas internacionales han transformado los bosques en ‘sumideros de carbono’ que están destinados a generar ‘créditos de carbono’ a ser comercializados en mercados libres internacionales. Estos ‘sumideros de carbono’ se denominan proyectos de compensación, porque se supone que los créditos de estos proyectos compensan la contaminación de otros. Por lo tanto, los gobiernos, las empresas o las personas que deseen compensar una cantidad ‘equivalente’ de emisiones de carbono o reclamar la ‘neutralidad’ de carbono, pueden comprar créditos. (2) Estos proyectos de ‘sumideros de carbono’ también pueden ser plantaciones de monocultivos industriales, ya que se otorga importancia solo a la capacidad de los árboles de absorber dióxido de carbono a fin de generar los créditos negociables. Esta lógica de compensación y de convertir los bosques en ‘sumideros de carbono’ beneficia a las industrias más contaminantes, en particular a los sectores de la energía y la agroindustria, al permitirles expandirse y funcionar aparentando ser ‘carbono neutros’.

Las empresas invierten en proyectos de reforestación a gran escala y bajo costo (principalmente plantaciones de monocultivos de árboles) para utilizarlos como compensaciones de carbono. También pueden comprar créditos de carbono de proyectos en Áreas Protegidas que afirman estar ‘almacenando’ y ‘conservando’ el carbono.

En consecuencia, el objetivo del gobierno tailandés de aumentar la cantidad de zonas cubiertas de árboles en el país, así como los proyectos de reforestación del sector privado, no deben considerarse como iniciativas benévolas, generalmente en el marco de actividades de responsabilidad social empresarial, sino más bien como una agenda que oculta el querer lucrar con los créditos de carbono.

En 2007 Tailandia comenzó a integrar el concepto del mercado de carbono en la política nacional. La Organización de Gestión de Gases de Efecto Invernadero de Tailandia (TGO, por su sigla en inglés) fue creada para implementar mecanismos para el mercado de carbono y administrar el Programa Voluntario de Reducción de Emisiones de Tailandia (TVER, por su sigla en inglés). Además, Tailandia participa en el programa REDD+ (Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación Forestal) con el apoyo del Banco Mundial y el Departamento Forestal de la Realeza. Todas estas políticas y programas generan preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil y los grupos comunitarios de los bosques, ya que amenazan con limitar los derechos de las comunidades en el uso, acceso y manejo de sus bosques. Aún así, y a pesar de estas preocupaciones, se sigue impulsando el programa REDD+.

Se anticipa que el rol de los mercados de carbono aumente rápidamente en el país. El gobierno presentó su Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) a las Naciones Unidas, que incluye el objetivo de aumentar su ‘capacidad de captura de carbono’ basada en los bosques. Los bosques y las plantaciones industriales de árboles se han convertido en un aspecto esencial para que el gobierno pueda reclamar la ‘neutralidad de carbono’ para el año 2050 y el ‘cero neto’ para 2065.

En este contexto y con estos objetivos en mente, el gobierno tailandés lanzó un Plan Estratégico Nacional de 20 años (2018-2037) que tiene como objetivo aumentar las áreas cubiertas de árboles al 50 por ciento del territorio nacional. Esto significa que Tailandia necesitaría tener 11,29 millones de Rai adicionales (3) (alrededor de 2 millones de hectáreas) de Bosques de Reserva y otras áreas de conservación, y 15,99 millones de Rai (alrededor de 2,5 millones de hectáreas) de áreas de plantación para 2037.

Para materializar estos objetivos, varios organismos gubernamentales han promulgado leyes y reglamentos específicamente para apoyar el mercado de carbono, en particular las actividades REDD+:

- El Departamento Forestal de la Realeza ampliará los Bosques de Reserva a 4,5 millones de Rai adicionales (alrededor de 720 mil hectáreas). Esto incluye más de 11 mil bosques comunitarios registrados con 300 mil Rai (alrededor de 50 mil hectáreas);
- El Departamento de Recursos Marinos y Costeros establecerá 3 millones de Rai de plantaciones de manglares (alrededor de 500 mil hectáreas).
- El Departamento de Parques Nacionales establecerá más Áreas Protegidas, que abarcarán una superficie de 1,28 millones de Rai (alrededor de 205 mil hectáreas).

Se espera que las empresas privadas obtengan el 90 por ciento de los créditos de carbono (y las ganancias) generadas por este plan, y el 10 por ciento restante es para el gobierno. No hay información pública sobre cuánto se les pagará a los miembros de la comunidad que sean contratados como trabajadores para realizar las actividades de manejo forestal y establecimiento de plantaciones. Quedan prohibidas ciertas actividades, como las tradicionales quemas controladas practicadas en la agricultura itinerante, porque se considera que alteran la función de absorción de carbono del área.

Un ‘Modelo Bio-Circular-Verde’ para desalojar a las comunidades del bosque

Para respaldar aún más la política del mercado de carbono, Tailandia ha lanzado recientemente un plan de desarrollo económico llamado ‘El modelo BCG’ (El Modelo Bio-Circular-Verde), que tiene como objetivo aumentar 32 millones de Rai de ‘bosques de carbono’ (alrededor de 5,1 millones de hectáreas). Esta zona está incluida en el plan de 20 años, que se pretende llevar a cabo con la inversión de grandes empresas privadas. Sin embargo, el modelo BCG ha sido criticado por la limitada participación de las comunidades locales, así como por el predominio de grandes empresas. El 5 de octubre de 2022, el gobierno tailandés también aprobó una resolución que permite a las empresas privadas invertir en actividades de reforestación (plantaciones) en tierras de propiedad estatal.

Numerosas empresas de Tailandia, incluidas las industrias de combustibles fósiles, petroquímica y cemento, están dispuestas a establecer plantaciones para obtener créditos de carbono, ya que pueden utilizarse para disminuir la presión sobre su propia contaminación, y a la vez crear oportunidades comerciales. Por ejemplo, el Grupo PTT (Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited), una de las mayores empresas petroleras del país, ha anunciado recientemente un proyecto de plantación de 2,1 millones de Rai (alrededor de 336 mil hectáreas).

Mientras tanto, la Fundación Mae Fah Luang y la Comisión de Intercambio de Tailandia han estado promoviendo proyectos de ‘manejo comunitario del bosque’ en las regiones del norte, centro y sur del país. Este programa pretende cubrir 300 mil Rai (alrededor de 48 mil hectáreas) con el objetivo de aumentar los ingresos de las comunidades a través de la venta de créditos de carbono y de la compensación de la contaminación de las empresas. Cada comunidad que participe debe cumplir con los requisitos para registrarse en el Programa Voluntario de Reducción de Emisiones de Tailandia (T-VER, por su sigla en inglés). (4)

El problema de la injusticia estructural y el manejo insustentable de los bosques ha demostrado que este tipo de proyectos conducirá a la destrucción ambiental, la violación de los derechos de las comunidades del bosque y el aumento de los conflictos entre las empresas, los organismos gubernamentales y las comunidades del bosque.

En 2014, el Consejo Nacional para la Paz y el Orden aprobó una política de recuperación de bosques en nombre de la conservación. El gobierno afirma que pudo recuperar 435.731 Rai (alrededor de 69 mil hectáreas) de bosques. Sin embargo, este proceso condujo al desalojo forzoso de numerosas comunidades del bosque, contra las que se presentaron más de 46.600 demandas jurídicas. Además de esto, el gobierno planea expandir estas áreas de conservación mediante la creación de 20 nuevos parques nacionales de reserva.

Hay una agenda oculta tras la supuesta protección de los bosques. El objetivo final de esta política de ‘recuperación de los bosques’ con fines de conservación es maximizar el número de hectáreas de bosques bajo propiedad estatal. Éstos ahora se convierten en ‘sumideros de carbono’ enfocados en la generación de ganancias para el sector privado.

Las numerosas leyes aprobadas en nombre de la conservación de los bosques y la mitigación climática no han sido diseñadas para proteger los derechos de las comunidades del bosque, sino más bien para limitarles el uso de sus bosques y tierras y confinarlas a zonas más pequeñas.

Problemas estructurales al reevaluar los bosques como créditos de carbono

Hay numerosos problemas estructurales con este fuerte impulso para dar a los bosques estos nuevos niveles de poder e intereses económicos. Algunos son:

1. No hay suficiente tierra boscosa para absorber toda la contaminación de los combustibles fósiles
El sector energético y otras empresas contaminantes no pretenden detener ni reducir la extracción y uso de combustibles fósiles. Los bosques nunca podrán absorber el carbono que se emite desde los depósitos subterráneos de combustibles fósiles.

2. No hay bosques vacíos
Las áreas de bosques están habitadas por comunidades del bosque. Cuando se autoriza a las empresas a establecer plantaciones, esto significa que habrá un acaparamiento de los bosques comunitarios, los manglares y las tierras fértiles para producir créditos de carbono.

3. Riesgo de sobre-reclamar créditos de carbono
El método de contabilidad T-VER de los créditos incluye plantaciones y bosques restaurados. La recuperación de los bosques existentes contradice esto, en tanto esos bosques ya se han contabilizado para la mitigación del carbono. Sin criterios claros, existe el riesgo de que las empresas utilicen esto para beneficiarse aún más de este programa.

4. El carbono almacenado en los árboles no es permanente
Los bosques no son máquinas; tienen un ciclo de absorción y liberación de carbono en cada condición cambiante. Además, las decisiones políticas y los intereses económicos también pueden conducir a la deforestación a gran escala o a desastres como los incendios forestales. Sin embargo, es posible que ya se hayan contabilizado y vendido algunos de los créditos de carbono generados por esos árboles.

5. Las empresas privadas tienen conflictos de intereses con los intereses públicos
Las empresas privadas generarán ganancias a partir de los créditos de carbono generados en las comunidades o bosques estatales. Mientras tanto, las comunidades serán meramente contratadas como mano de obra jornalera en su propia tierra.

6. Los bosques son y están arraigados en la sabiduría y el conocimiento de las comunidades
Los bosques son parte de las comunidades humanas que han convivido con ellos por generaciones, y estas comunidades también son parte de los bosques. Estos bosques solo pueden regenerarse en un entorno de apoyo. Así, un proyecto de plantación de monocultivos, por definición, destruye el medio ambiente, los bosques y las interconexiones con todos los seres vivos, incluidas las comunidades.

Por lo tanto, es imperativo preguntarse ‘¿Cuál es el objetivo final de los créditos de carbono?’

El bombo publicitario que el gobierno, las ONG y las empresas contaminantes en Tailandia han hecho en torno a los créditos de carbono en base a los bosques crea la idea errónea de que generarán un beneficio mutuo para todos. Afirman, por ejemplo, que el gobierno o la comunidad que posee un bosque que genera créditos de carbono, se beneficiaría al recibir una inversión privada. Esto presupone que las comunidades de los bosques no pueden manejar sus bosques de forma independiente sin inversión privada y que dicha inversión facilitará y mejorará las cosas. Sin embargo, la experiencia con estos proyectos en bosques tropicales de todo el mundo revela que esto en gran medida se traduce en conflictos internos, promesas incumplidas, inseguridad alimentaria, entre otros problemas. Los créditos de carbono son solo una herramienta para que las empresas privadas sigan liberando sus emisiones contaminantes y lucrando, sin tener que reducir ninguna, mientras afirman ser ‘verdes’ o ‘carbono neutras’.

El mercado de carbono en los bosques de Tailandia sigue creciendo. Existe una demanda insaciable de créditos de carbono que amenaza crear una escala masiva de acaparamiento de tierras para áreas protegidas y plantaciones industriales, por un lado, y agricultura industrial, minería y actividades extractivas de combustibles fósiles, por el otro.
 
Es hora de denunciar que los créditos de carbono no tienen nada que ver con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o la mitigación del cambio climático. Son solo otra ofensiva para que los actores capitalistas expandan su destrucción en los bosques.
 

Kritsada Boonchai
Thai Climate Justice for All, Tailandia

(1) Política Forestal Nacional de Tailandia B.E. 2528 (1982) y posterior enmienda B.E. 2562 (2019). Pueden consultar el Plan Estratégico Nacional de 20 años (2018-2037) aquí.
(2) La neutralidad de carbono (en tailandés: การหักลบระหว่างการปล่อยคาร์บอนกับการลดหรือดูดคาร์บอน) se refiere a un supuesto equilibrio entre las emisiones de carbono y la eliminación de las emisiones de carbono de la atmósfera; esto se hace en gran parte a través de compensaciones.
(3) Un Rai (en tailandés: ไร่) es una unidad utilizada para medir la superficie terrestre. Se usa comúnmente en Tailandia y un rai equivale a 0,16 hectáreas.
(4) La Fundación Mae Fah Luang y el Proyecto de Compensación de Créditos de Carbono para Combatir el Cambio Climático SEC Innovate.