Los habitantes de la zona norte de Costa Rica, organizados en el Frente Norte de Oposición a la Minería, se oponen al proyecto Minero Crucitas para la explotación de oro en minería a cielo abierto, y han organizado una marcha en San Carlos, bajo la consigna "Sí a la Vida, No a la Minería". Reclaman la suspensión de los proyectos mineros y el impulso a un desarrollo sostenible, ecoturístico y agroindustrial de las comunidades fronterizas hasta ahora abandonadas.
El Proyecto Minero Crucitas tiene su antecedente en la solicitud inicial del permiso de exploración presentada el 30 de agosto de 1991 por Maurice Eugene Coates, geólogo canadiense, representante de la empresa Vientos de Abangares S.A. En 1995, se certificó que la totalidad del capital social de la referida empresa pertenecía a la sociedad Placer Dome de Costa Rica, cuyo presidente era en ese momento William Earl Threlked, geólogo estadounidense y tenía como tesorero a Robert Pease, geólogo de origen canadiense. A su vez, la totalidad del capital social de Placer Dome de Costa Rica S.A. pertenecía a Placer Dome Latin America Limited, que tenía como apoderados a William Earl Threlked, estadounidense, y Robert Bruce Pease, canadiense. En 1998, Placer Dome Latin America inició el proceso de venta de su proyecto en Costa Rica, a través de la venta de las acciones de Placer Dome de Costa Rica, que se concretó en 1999 a favor de la empresa canadiense Lyon Lake Mines Ltd. que modificó su razón social pasando a ser Industrias Infinito Sociedad Anónima (IISA).
El 13 de marzo, IISA presentó ante la Secretaría Técnica Nacional ambiental (SETENA) el Estudio de Impacto Ambiental del referido Proyecto Minero Crucitas. El hecho de que este estudio haya sido presentado a la SETENA --en el marco de la oposición comunal, nacional y de los dos candidatos que disputan actualmente la presidencia del país-- es interpretado como una maniobra para adelantar todo lo que se pueda el proceso, pues la compañía es consciente de que la oposición es total y que el proyecto solo es apoyado por el actual gobierno, que ha puesto a disposición de las transnacionales los recursos del país. Como prueba de ello, se destaca que el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) otorgó la concesión de explotación el 17 de Diciembre del 2001, mediante la Resolución # R-578-2001-MINAE, de manera totalmente furtiva.
Los derechos mineros en el área --que abarca 305,9 hectáreas-- rigen por un período de 10 años a partir del 16 de enero del 2002, y la tecnología que se utilizará será la de minería a cielo abierto con lixiviación por cianuro, prohibida actualmente en muchos lugares del mundo por la contaminación de gran alcance que acarrea. Además de la degradación que la actividad supondrá para el ambiente local --en particular por el uso de cianuro-- requerirá también la tala de una importante área de bosque.
Conscientes de los daños ecológicos y sociales que esa actividad traerá a la región, las autoridades comunales han declarado que "no puede ser posible que se permita la destrucción de nuestra flora y fauna a cambio de una limosna que a fin de cuentas es lo que le quedará a nuestro país".
En el esquema de índices inversión-beneficios, apertura total del mercado, venta irrestricta de los recursos naturales, privatización y extranjerización de las empresas, poco lugar queda para las consideraciones ambientales y sociales. Pero el pueblo costarricense que sufre esas políticas, sabe que en la defensa de su naturaleza le va la vida. Y en eso están.