Desde 2021, el inicio de los trabajos para poner en marcha un proyecto de monocultivo de eucalipto han puesto en alerta a la población de los departamentos de los Plateaux y de Djouori-Agnili, en la provincia del Haut-Ogooué, en Gabón. Ubicado en África central, Gabón es parte de la cuenca del Congo, considerada como el segundo mayor bosque tropical  después de la Amazonia. Más del 80 por ciento del territorio del país está cubierto de bosque y las sabanas de los Plateaux Batéké representan un ecosistema específico con paisajes únicos.   

En los departamentos de los Plateaux y de Djouori-Agnili, como en otras partes, la agricultura, la recolección, así como la comercialización de materias primas y productos elaborados y/o procesados, son las principales fuentes de subsistencia de la mayoría de la población. Por ello, la noticia de un megaproyecto de plantación de monocultivos de árboles en el Plateaux suscitó  preocupación  entre las comunidades de la región.

Las preocupaciones han crecido aún más debido a la intención del promotor del proyecto de vender también créditos de carbono basados en la plantación de árboles. Las compañías petroleras y otras empresas contaminadoras promueven el concepto de créditos de carbono desde hace aproximadamente veinte años. Para desviar la atención del papel de la explotación petrolera y de la combustión del carbono fósil en el proceso del cambio climático, sus consultores explican a los gobiernos que, dentro del marco del cambio climático y para sostener y apoyar la cuestión climática, es importante proteger los bosques y plantar árboles.

En general, cuando estas empresas llegan con sus  consultores a un país, hablan a los gobernantes sobre carbono y sobre clima. Suelen formular promesas de inversión en  plantaciones de árboles para sostener la economía nacional, proteger los bosques y fomentar empleos en las comunidades donde el proyecto será instalado. Detrás de estas promesas, quieren apropiarse de las tierras comunitarias para establecer monocultivos de árboles.. En el caso del proyecto de eucalipto en los Plateaux Bateke en Gabón, la empresa Sequoia, ya ha registrado su proyecto de plantación de eucalipto con Verra, la principal organización que certifica los proyectos de bonos de carbono (1). Esto demostraría que el proyecto de eucalipto en los platos Bateke, también conocido como LAPHO es un proyecto para generar créditos de carbono.

Un proyecto del antiguo director de Olam Gabón

El proyecto de monocultivo de eucaliptos está falsamente denominado Proyecto Agroforestal de Leconi en Haut-Ogooué (LAPHO), una contradicción manifiesta porque el eucalipto no va de la mano de la agro-silvicutura. Se trata de un proyecto que afirma haber obtenido 60.000 hectáreas para el cultivo de eucaliptos en esta región de sabana, lo cual sería una grave amenaza tanto para la población que vive en los Plateaux como para la ecología.

El promotor de este proyecto es Sequoia Plantation, una empresa creada gracias a un fondo ubicado en los Emiratos Árabes Unidos (Abu Dhabi). El principal accionario es Gagan Gupta, el antiguo director de Olam Gabón, una empresa que controla casi todos los sectores económicos de Gabón. El proyecto de Sequoia pretende ser un conjunto de actividades económicas bajo la gestión de la Gabon Special Economic zone (GSEZ, la cual es considerada como una empresa pantalla de la familia Bongo que ha gobernado Gabón durante décadas, hasta que fue destituida por un  golpe militar en 2023).

Proyecto durante el periodo del Covid

Durante el periodo del Covid 19, en 2021, las poblaciones comenzaron a notar movimientos de vehículos y de máquinas pesadas cerca del pueblo Kandouo, en el este de la provincia Haut-Ogooué. Los movimientos de tierra para la construcción de un vivero y viviendas para los trabajadores fueron  realizadas sin consultar a las poblaciones locales, cuyas tumbas de sus ancestros fueron arrasadas. Las familias se acercaron a los operadores para quejarse y éstos  Estos últimos les respondieron que dirigieran los reclamos al entonces presidente Ali Bongo Ondimba, a lo cual dejaba claro que  la familia Bongo estaba detrás del proyecto. El avance del proyecto sin consulta pública ni participación  de las poblaciones locales revelaban un abuso de poder que iba en contra de la regulación gabonesa. A partir de esos hechos, la noticia sobre el proyecto se difundió en toda la sociedad.

Fue  en este contexto cuando, a principios de 2023, la organización CREPB (Colectivo de los habitantes y ecologistas de los Plateaux Batéké) comenzó a realizar  trámites ante los ministerios e instituciones del gobierno gabonés. Los pedidos de acceso a la documentación acerca del proyecto no tuvieron respuesta, revelando la evolución dudosa del proyecto. Ante ello, el CREPB multiplicó los trámites administrativos y organizó  conferencias de prensa para llamar la atención de la opinión nacional e internacional acerca de los peligros y trámites no reglamentarios del proyecto. Estas actividades llevaron a la empresa Sequoia a dirigir una defensa ante gabinete el primer ministro.

En este contexto, en diciembre de 2023, una misión colaborativa de sensibilización fue organizada y realizada en los Plateaux por parte de las asociaciones CREPB et JVE (Jóvenes Voluntarios para el Medioambiente). Debido a esta presión en el campo, Sequoia organizó una denominada ceremonia de consulta pública el 31 de julio de 2023. Sin embargo, no la hicieron en las localidades vinculadas al proyecto  (en los departamentos de Plateaux y de Djouori-Agnili), sino en Franceville, varios kilómetros más lejos del sitio previsto para las plantaciones de eucaliptos. Asimismo, la empresa declaró públicamente la suspensión de sus actividades el 7 de diciembre de 2023, dirigiendo una carta al Primer Ministro  y a cuatro otros ministerios.

Los días 23 y 24 de marzo de 2024, la empresa retomó sus consultas, incluso una en el pueblo de Kandouo, cerca de las plantaciones del proyecto Sequoia y otra en Bongoville, a varios kilómetros de las plantaciones. El 8 de mayo de 2024, Sequoia dio a conocer su reporte de estudio de impacto ambinetal a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual publicó un comunicado el 22 de mayo llamando a las personas interesadas a leer y comentar el reporte.. Cuatro asociaciones presentaron  un informe común destancando las deficiencias y los graves peligros relacionados con el proyecto.

Entre otras observaciones, las asociaciones remarcaron (1) la discrepancia entre la  la descripción del proyecto y su contenido real (2) la ausencia de cartografía participativa; (3)  errores en los parámetros de estudio  ( por ejemplo, no tomar en cuenta los recursos animales e hidrológicos, los tamaños de las muestras, e identificación falsa  de especies, en  sitios fuera del espacio dedicado a la explotación); (4) los riesgos de contaminación de las capas freáticas con pesticidas; 5) los riesgos de agotamiento de las capas de agua subterráneas; (6) la perturbación ambiental (por la destrucción de las especies vegetales y animales); (7) la pérdida de biodiversidad; (8) los riesgos de mega-incendios; (9) los riesgos de aparición (para las poblaciones impactadas) de enfermedades graves vinculadas con pesticidas y actividades de la empresa; (10) los riesgos de exposición al peligro de las poblaciones locales y su emigración; (11) la ausencia de soluciones ante los riesgos; (12) la falsedad de las consultas públicas. En fin, la empresa presentó un reporte de estudios de impacto ambiental con graves omisiones y fallas.

A pesar de estas fallas obvias, el comité de evaluación del estudio de impacto ha elegido de quedarse sólo con la “discrepancia entre la formulación del proyecto y su contenido, la ausencia de un plan de gestión medioambiental con presupuesto y la ausencia de un comité de vigilancia del proyecto”. Con base a esta lista reducida de fallas, el comité rechazó en primera lectura el reporte, ypidió a Sequoia completar estos elementos.

Rechazo total al proyecto

Las numerosas misiones realizadas por el CREPB y otros grupos en los Plateaux Batéke han revelado un rechazo total de la población al proyecto de plantación de eucaliptos. El testimonio del jefe de distrito  Djouani/Ompouyi refleja la opinión expresada en todos los pueblos visitados: “Nunca aceptaremos que se apropien de nuestra tierra para plantar eucaliptos, el hombre teke sólo planta árboles que nos alimentan, vayan a ver todos nuestros pueblos antiguos, encontrarán mangos, safoutier, aguacates... no árboles que destruirán nuestra tierra, no al eucalipto”. Salvo la población dividida del pueblo de Kandouo (donde se encuentran los viveros), los habitantes de todas las demás localidades de los departamentos afectados se oponen  al proyecto de plantación. Lo mismo ocurre en todos los pueblos de Plateaux y Djouori Agnili, así como en las localidades de Leconi y Bongoville. Una encuesta realizada por el CREPB registró un 100 por ciento de rechazo al proyecto, sobre la base de una muestra de 1432 personas.

Desde entonces, las asociaciones CREPB, JVE, Copil-Citoyen, Muyissi Environnement y La Fondation Bongo Ayouma se unieron para liderar un frente común en las gestiones administrativas para oponerse al proyecto, es decir, la redacción y presentación de interpelaciones al Gobierno, el análisis del estudio de impacto ambiental de Sequoia y la elaboración y presentación de las observaciones ante el Departamento de  Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como los programas de radio y televisión. (2) El trabajo de las asociaciones tiene un efecto positivo: la opinión pública nacional e internacional se está sumando a la causa de la preservación del  ambiente de los Plateaux Batéke.

El prefecto de Djouori Agnili ha pedido que se reanuden verdaderas consultas públicas que respeten las normas vigentes. La propia población local también expresó su oposición al proyecto ante Ministro de Agricultura durante su visita a Kandouo y Bongoville. En el caso del actual gobierno gabonés, altos funcionarios, como los Ministros de Petróleo y Turismo y el Primer Cuestor del Consejo Económico y Social Medioambiental (miembro de la asamblea parlamentaria responsable de las finanzas internas y la administración) han expresado abiertamente su oposición al proyecto. (3)

Perspectivas

La lucha de la población local y las asociaciones ecologistas en contra del proyecto de eucaliptos de Sequoia se encuentra ahora en una encrucijada. A pesar de las abundantes pruebas de los peligros del monocultivo de eucalipto y de la abrumadora oposición al proyecto de plantación en los pueblos cercanos, las acciones ilegales de Sequoia están ganando terreno.

Pero la población y las asociaciones siguen de cerca la evolución de los acontecimientos. La población local teme que las plantaciones pongan en peligro su soberanía alimentaria. Han expresado su oposición a las plantaciones, y los líderes comunitarios no dejan de repetir que lo que las comunidades realmente necesitan para su desarrollo:

“Necesitamos una solución a la intrusión de elefantes y necesitamos mejorar los cultivos alimentarios, además de construir la carretera. No al eucalipto”, afirma el jefe de Ekouyi. El jefe de la comunidad de Souba, en el departamento de Djouori Agnili, añade: “No al eucalipto, sí a los tractores para los cultivos locales”.

De igual forma, los jefes de los pueblos de Saye y Kabala y Akou explican: “Necesitamos soluciones para la agricultura alimentaria y la construcción de carreteras, no al eucalipto” y “Necesitamos la mecanización de nuestra agricultura porque en los Plateaux plantamos mandioca, piña, maíz y ñame, no eucalipto”.

Dr. René Noël Poligui (CREPB) y Remi Messessi Komlan (JVE GABON).

(1) Leconi Agroforestry Project in Haut-Ogooue (LAPHO). VCS ID-Nr. 4543. Project «under development».
(2) Programa de radio.
(3) https://magazinesuperstar.com/solidarite-internationale-bertin-kourouvi-sallie-a-bertrand-zibi-pour-contrer-les-plantations-deucalyptus-au-gabon/

La compra de créditos de carbono con base en los bosques o en proyectos de plantación de árboles en el marco del mecanismo REDD (Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los Bosques) se ha generalizado en todo el mundo. REDD ha permitido a numerosas empresas y gobiernos afirmar que son ‘neutrales en carbono’, a pesar de que el mecanismo ha demostrado ser un fracaso. Esta estrategia no funciona porque el carbono ‘almacenado’ en los árboles, una vez emitido, tiene un impacto muy diferente sobre el clima que el carbono emitido por los ‘depósitos’ subterráneos de petróleo, gas o carbón (1). Por lo tanto, después de más de 18 años de proyectos y programas REDD en todo el mundo, la crisis climática no ha hecho más que empeorar. Hasta ahora, la única manera de revertir el caos climático es detener la extracción de combustibles fósiles.

Después de la Cumbre de la Tierra de Río en 1992 –la reunión que puso el tema del clima en la agenda internacional– el gobierno tailandés comenzó a formular e implementar su ‘política climática’. Tailandia ha estado particularmente interesada en basar su política en la compensación de carbono. La compensación de carbono es una opción atractiva para las industrias contaminantes, porque es más barata que reducir realmente las emisiones derivadas de su quema de combustibles fósiles. Las compensaciones de carbono permiten a las empresas comprar créditos de carbono de un proyecto ubicado en otro lugar; en otras palabras, les permite ‘comprar’ el derecho a seguir contaminando.

Después de que el mecanismo REDD fuera lanzado internacionalmente en 2007, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Tailandia creó la Organización de Gases de Efecto Invernadero de Tailandia (TGO) para promover la compensación y el comercio de carbono. En 2009, Tailandia se convirtió en miembro del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), del Banco Mundial, como forma de ‘prepararse’ para REDD. En 2014, el gobierno estableció el plan de Reducción Voluntaria de Emisiones de Tailandia (T-VER), regulado por la TGO. Después de ratificar el Acuerdo de París (2016), Tailandia formuló su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) para combatir el cambio climático, que incluía: reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 40% para el año 2030; convertirse en ‘carbono neutral’ para 2050; y convertirse en ‘cero neto’ en términos de emisiones de gases de efecto invernadero para 2065.

El apoyo del Banco Mundial, a través del FCPF, ha sido fundamental para permitir que el gobierno tailandés formule su estrategia REDD para el período 2023-2037. En 2021, el gobierno presentó su estrategia REDD al parlamento tailandés para su aprobación. El objetivo de la estrategia es aumentar la cubierta de bosques del país del 31% (la cantidad actual) hasta el 40% en 2037. El gobierno tailandés afirma que esto permitiría una reducción de las emisiones de CO2 de hasta 120 millones de toneladas. Mientras esta propuesta aún está a la espera de la aprobación parlamentaria –y de la voluminosa financiación que se espera que provenga tanto del Banco Mundial como de otros donantes tras dicha aprobación–, el gobierno tailandés anunció un plan aún más ambicioso para compensar las emisiones de CO2. Su objetivo es utilizar las llamadas ‘áreas verdes’ para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de cubrir el 55% del territorio del país (¡más de la mitad!) con estas áreas.

La creación de ‘áreas verdes’ en lugar de bosques crea incentivos para que las empresas privadas inviertan no solo en proyectos de reforestación sino también en plantaciones industriales de palma aceitera y cualquier tipo de proyecto de monocultivo de árboles, como plantaciones de eucalipto, acacia, caucho o teca. A estas empresas se les permite entonces obtener créditos de carbono para estos proyectos, que supuestamente compensan sus emisiones. En las últimas décadas, la expansión industrial de la palma aceitera ha sido una de las mayores causas directas de la deforestación tropical en todo el mundo y, por lo tanto, una fuente importante de emisiones de CO2. En la actualidad, Tailandia tiene alrededor de 1 millón de hectáreas de plantaciones de palma aceitera y planea expandir aún más esta superficie en los próximos años (2). Todos los proyectos industriales de monocultivos de árboles a gran escala tienen importantes repercusiones, tales como un acaparamiento masivo de tierras, impactos ecológicos, el uso de la violencia y desalojos forzosos.

El plan para implementar estas ‘áreas verdes’ e incorporar más de la mitad de la superficie del país a los sistemas de compensación de carbono está siendo coordinado bajo los auspicios del programa T-VER. Este plan prevé agregar una enorme superficie de plantaciones de árboles que totalizarían 30 millones de rai (4,8 millones de hectáreas). Hasta septiembre de 2024 se habían registrado 460 proyectos en el marco del programa, 87 de los cuales son plantaciones de árboles. Se afirma que, en conjunto, supuestamente evitarán 13 millones de toneladas de emisiones de CO2.

La política económica de Tailandia perpetúa la dependencia de los combustibles fósiles

El papel central que desempeñan las compensaciones de carbono en la ‘política climática’ de Tailandia se entiende mejor si se observan los planes de desarrollo económico y la matriz energética del país. Actualmente, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Tailandia proviene de la quema de combustibles fósiles. El borrador del plan energético de 2024 del gobierno para el período 2024-2037 prevé que los combustibles fósiles, en particular el gas y el carbón, seguirán siendo la principal fuente de energía de Tailandia, representando el 48% del suministro energético del país. Esta fuente se complementará con la energía solar y otras fuentes de energía renovable (32%), la energía hidroeléctrica (17%) y otras fuentes.

La dependencia que tiene Tailandia de los combustibles fósiles respalda el hecho de que su política de desarrollo económico se centra en la implementación de una red de 15 “Zonas Económicas Especiales”, que incluyen los llamados “corredores económicos” (3). Estas zonas garantizan condiciones especiales para los inversores, en especial incentivos fiscales y períodos de concesión de hasta 99 años. Se espera que estas zonas atraigan inversiones extranjeras, especialmente de China, Japón y los Estados Unidos.

Pero estos proyectos inevitablemente conducirán también a un mayor acaparamiento de tierras y mares, así como a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero derivados de la quema de combustibles fósiles, debido a todas las actividades industriales, de construcción y de transporte involucradas. Por ejemplo, el Corredor Económico del Sur (CES), planificado para el sur de Tailandia, cubrirá 14 provincias. Los sitios piloto estarán en las provincias de Ranong, Chumphon, Nakhon, Thammarat y Surat Thani, cubriendo una superficie total de 300.000 rai (48.000 hectáreas). Este proyecto incluirá un puerto de aguas profundas e industrias químicas, petroleras y de procesamiento de alimentos. El CES destruirá zonas costeras y de bosques, desalojará comunidades y afectará gravemente la seguridad alimentaria de las comunidades cercanas. Para ponerlo en contexto, se trata de una región donde numerosas comunidades dependen de los manglares; la región también incluye un sitio Ramsar (4) para la conservación de la biodiversidad.

Lucro empresarial y maquillaje verde

En lugar de abordar el grave problema del caos climático y sus causas profundas, la ‘política climática’ del gobierno tailandés, como la de tantos otros países, beneficia a los inversores internacionales y al sector privado ya privilegiado del país. Esta ‘política climática’ también proporciona un beneficio adicional a las empresas de combustibles fósiles altamente contaminantes: les permite maquillar su imagen de verde y desviar la atención de las actividades destructivas y las violaciones que cometen.

Un ejemplo de empresas que maquillan su imagen de verde y desvían la atención de las violaciones que cometen es el caso de la empresa nacional tailandesa de petróleo y gas, PTT. PTT importa gas de Myanmar para garantizar el suministro de gas en Tailandia. Los pagos que PTT hace al régimen militar de Myanmar le permiten a éste continuar su sangrienta guerra contra su propio pueblo (5). Los ataques aéreos del ejército de Myanmar ya han matado a miles de ciudadanos de Myanmar, y millones de sus ciudadanos se han convertido en refugiados. Sin embargo, PTT, con su participación en el programa de compensación T-VER, proyecta una imagen de empresa social y ambientalmente responsable. En 2023 anunció que ‘reforestará’ 2 millones de rai (320.000 hectáreas) en todo el país hasta 2030. Su director general afirma que PTT “ha adherido estrictamente a su misión de mantener la seguridad energética, así como de cuidar de la sociedad y el medio ambiente durante los últimos 45 años” (6).

Mayor injusticia social y más resistencia

Las comunidades de Tailandia que viven en los bosques, dependen de ellos y los cuidan, han tenido que hacer frente al menos a dos grandes amenazas: los ataques a su territorio como resultado de una política económica destructiva (que incluye las zonas económicas especiales); y una política conservacionista violenta y autoritaria que constantemente intenta expulsarlos del bosque (7). Y ahora, la prisa por instalar proyectos de carbono que tomarían el control de sus tierras –todo bajo el pretexto de ‘compensar’ la contaminación en otros lugares– se presenta como otra amenaza que deberán enfrentar cada vez más.

En cuanto al Corredor Económico del Sur, en el sur de Tailandia, las comunidades ya han protestado por estos planes. Escribieron cartas a los inversores expresando sus preocupaciones, incluso sobre cómo este proyecto representa una amenaza a sus medios de vida y sustento. Pero, como en otros países, las comunidades de Tailandia a menudo aceptan los proyectos de carbono debido a los beneficios que les prometen tanto el gobierno como las ONG. En Tailandia, 89 comunidades registraron 121 de los llamados ‘bosques comunitarios’ bajo el sistema T-VER, incluidas las comunidades del sur que dependen de los bosques de manglares. Tal vez una de las razones por las que las comunidades se suman a estos proyectos es porque no implican directamente la destrucción visible que suponen otros proyectos, como la minería, las plantaciones de árboles, los puertos de aguas profundas y las zonas industriales.

En consecuencia, varias comunidades del sur de Tailandia ya han firmado contratos por hasta 30 años para vender créditos de carbono (8). Según estos contratos, las comunidades recibirían el 20% de las ventas de créditos de carbono, mientras que el 70% iría al desarrollador del proyecto de carbono y el 10% al gobierno. Para recibir su parte, la comunidad debe asegurarse de que el carbono ‘almacenado’ en las zonas de manglares no solo se mantendrá allí sino que también aumentará durante el período del proyecto. Sin embargo, no está claro qué significa esto en la práctica; el contrato no habla claramente, por ejemplo, de restricciones para entrar y utilizar los bosques de manglares. Lo que sí dice el contrato para el proyecto de carbono es que se pagará a la gente de la comunidad para que trabaje en el proyecto, lo que significa monitorear la zona de manglares contra posibles amenazas. Pero ¿cuáles son esas amenazas, si las comunidades siempre han cuidado el bosque?

La experiencia en otros lugares nos ha demostrado que esas ‘amenazas’ suelen referirse a los propios miembros de la comunidad, cuando quieren talar un árbol o realizar alguna actividad que se entiende que ‘perturbaría’ el carbono almacenado en el manglar. Estos proyectos también generan conflictos dentro de las comunidades. Por ejemplo, es común que haya divisiones entre una minoría que de alguna manera se beneficia del proyecto (por ejemplo, a través de empleos) y una mayoría que está excluida de esos beneficios e incluso resulta perjudicada por el proyecto. Los conflictos son muy probables en el caso de Tailandia, donde históricamente se ha ignorado y perseguido a las comunidades de los bosques y se ha considerado que no tienen ningún derecho sobre la tierra. Debido a este precedente histórico de ignorar los derechos de los habitantes de los bosques, los nuevos ‘titulares de derechos’ del carbono (las empresas que promueven y compran los créditos de carbono) por lo general no informan adecuadamente a las comunidades sobre sus proyectos, y mucho menos buscan su consentimiento.

Pero cada vez más, las comunidades y los movimientos populares de toda Tailandia han comenzado a hablar y a tratar de entender mejor lo que realmente está sucediendo con la ‘política climática’ del gobierno. Hablan de cómo los planes de compensación de carbono tienden a empeorar el caos climático y causar mayor injusticia social, en lugar de lo contrario (9).

Su lucha puede ayudarnos a abordar las múltiples crisis que enfrenta Tailandia, al señalarnos una nueva dirección: en lugar de promover planes de compensación de carbono que aumentan las ganancias de las empresas que se basan en la extracción y quema de combustibles fósiles, podemos promover y reconocer los derechos de las comunidades que dependen de los bosques, como las comunidades de los bosques de manglares del sur de Tailandia, que  han cuidado estos bosques a lo largo de numerosas generaciones. Apoyar sus luchas y sus demandas puede promover la justicia social y climática del país.

Secretariado Internacional del WRM, con aportes de Surin Onprom (investigador independiente) y Bandita Yangdee (Center for Ecological Awareness Building)

(1) https://www.wrm.org.uy/15-years-of-redd-is-all-carbon-the-same
(2) https://www.krungsri.com/en/research/industry/industry-outlook/agriculture/palm-oil/io/plam-oil-industry-2024-2026
(3) https://www.thailand.go.th/issue-focus-detail/006-023
(4) Los llamados humedales de importancia internacional, ver https://www.ramsar.org/es
(5) https://globalmayday.net/bloodmoneymyanmar/
(6) https://www.nationthailand.com/business/corporate/40030072
(7) https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/forest-colonialism-in-thailand
(8) https://dialogue.earth/en/nature/thailand-turns-to-mangrove-carbon-credits-despite-scepticism/
(9) The People's Network for Climate Justice and Against Greenwashing. Stop Greenwashing Say No to Carbon Offset End the false solutions to climate crisis. 14 October 2024, Ver aquí.

En 2023, la administración del presidente indonesio Jokowi anunció un programa de producción de alimentos de 2 millones de hectáreas en el sur de Papúa, centrado en plantaciones de arroz y caña de azúcar. Esto supone ignorar que, en el pasado, programas similares resultaron un fracaso total, que solo produjeron ganancias para las empresas y un acaparamiento masivo de tierras así como violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. El nuevo programa “PSN Merauke” –que se está implementando a gran velocidad y podría convertirse en el mayor proyecto de deforestación del mundo– se superpone a tierras consuetudinarias y afectará directamente a 40.000 indígenas. Les invitamos a leer el documento informativo de PUSAKA que pide la suspensión inmediata del programa “PSN Merauke” en inglés aquí.