La expansión descabellada de la palma aceitera en Papúa y la resistencia de la comunidad Kampung Bariat
Una noche de octubre de 2023, decenas de mujeres de Kampung Bariat, una aldea en el distrito de Kondo, Regencia de Sorong, provincia de Papúa Occidental, se reunieron en el centro de su comunidad para una actividad que implicó compartir y catalogar las diferentes formas en que utilizan y se relacionan con el bosque. Éstas formas son esenciales para sus tareas de cuidado que incluyen alimentar y garantizar la salud y el bienestar de sus familias y comunidad. Con la luz de tan solo unas pocas bombillas escribieron y compartieron conocimientos tradicionales sobre lugares de particular importancia que rodean a su comunidad, como por ejemplo lugares donde se puede encontrar un buen sagú –un alimento básico de la comunidad–, lugares para plantar ciertos cultivos, lugares para recolectar determinadas hierbas, raíces y hojas medicinales, sitios sagrados, etcétera. Fue una actividad alegre que reveló la profunda y fuerte conexión que las mujeres tienen con su territorio.
Pero el motivo para hacer esta actividad no fue nada alegre. En 2014, el gobierno indonesio en Yakarta decidió otorgar una concesión de 37.000 hectáreas en el sur de Sorong a PT Anugerah Sakti Internusa, una filial del grupo Indonusa Agromulia (1). Los permisos posteriores de las autoridades de Papúa autorizaron a la empresa a comenzar a destruir 14.467 hectáreas dentro de esta zona de concesión (que en ese momento estaba conformada por un 96% de bosque intacto) y plantar millones de árboles de palma aceitera (2). El futuro de la aldea de Kampung Bariat se ve amenazado porque la concesión se superpone con su territorio. No se informó a la comunidad y mucho menos se le pidió que diera su opinión o consentimiento para la concesión.
Aquella noche especial de octubre, las mujeres de Kampung Bariat también hablaron de la empresa. Enojadas por la situación, declaran: “¡Necesitamos que la palma aceitera no entre!” y “¡Somos capaces de cuidar nuestro territorio!” Las aproximadamente 300 mujeres y hombres de Kampung Bariat han cuidado su territorio durante generaciones, desde que diez clanes familiares se unieron y se establecieron en esta zona. Se identifican como Tehit, un grupo indígena perteneciente al pueblo Afsya.
Expansión industrial de la palma aceitera en Papúa e Indonesia
Según cifras oficiales, hay alrededor de 16 millones de hectáreas de plantaciones industriales de palma aceitera en Indonesia, aproximadamente la mitad de la cantidad total mundial. Sin embargo, Sawit Watch, una ONG indonesia que monitorea el sector de la palma aceitera, estima que el área total de plantaciones de palma aceitera en Indonesia se acerca a los 25 millones de hectáreas (3), y advierte que en el futuro se agregarán millones de hectáreas más. En 2023, estas plantaciones en Indonesia crecieron 116.000 hectáreas, un aumento del 54 por ciento en comparación con 2022 (4).
Junto con las islas de Kalimantan, Sulawesi y partes de Java, Papúa está destinada a convertirse en la nueva frontera para la expansión masiva de la palma aceitera en Indonesia y en todo el mundo. Esto se debe a su vasto territorio y a las condiciones que el gobierno indonesio ofrece a las empresas e inversionistas del país. Estas condiciones se han vuelto cada vez más favorables, facilitadas en parte por la ley ómnibus (5). Papúa es el objetivo de muchos más megaproyectos mineros, plantaciones de caña de azúcar, proyectos agrícolas a gran escala llamados “polígnos alimentarios” y el antiguo proyecto hidroeléctrico Mamberano, todos los cuales causarían impactos devastadores. No es casualidad que Papúa, con sus vastos “recursos naturales”, fuera el último territorio sobre el que los colonizadores holandeses intentaron mantener el control, pero tuvieron que renunciar debido a la presión internacional (6).
La justificación legal que ha utilizado el gobierno central de Yakarta para entregar tierras de bosques a empresas de palma aceitera y otras empresas extractivas en Papúa se basa en una decisión del Ministerio de Agricultura adoptada durante el régimen de Suharto (nº 820/1982). Declaró que los aproximadamente 41 millones de hectáreas de superficie boscosa de Papúa eran “bosques estatales”, lo que quitó a los Pueblos Indígenas el poder de gestionar y tomar decisiones sobre los territorios que tradicionalmente ocupan y de los que dependen.
Una expansión descabellada
Tanto el gobierno holandés del pasado como el posterior gobierno indonesio afirmaron ser los “dueños” de Papúa, ignorando por completo la presencia de las comunidades indígenas que ya estaban allí. Actuaron como si fuera tierra vacía y sin uso, de la que los intereses capitalistas pudieran sacar provecho. Sin embargo, una investigación de la organzación Pusaka reveló la presencia de al menos 10.472 aldeas en Papúa, habitadas principalmente por Pueblos Indígenas. El informe agrega que todas estas comunidades dependen de un territorio más amplio, el cual administran de acuerdo con sus prácticas, costumbres y creencias. (7). La mayor área dada en concesión para el desarrollo de palma aceitera es el llamado proyecto Tanah Merah, en la Regencia Boven Digoel, provincia de Papúa del Sur. Siete empresas controlan la zona, que cuenta con un total de 280.000 hectáreas. Este proyecto viola el territorio donde reside el Pueblo Awyu y del que depende (8).
Los 29 millones de hectáreas totales que abarcan las plantaciones industriales de palma aceitera en todo el mundo tampoco estaban “vacías” cuando fueron ocupadas para esta actividad, sino todo lo contrario (9). Existe una gran cantidad de experiencias bien documentadas de comunidades cuyas tierras fueron tomadas por empresas de palma aceitera. Sus experiencias (las historias de violencia que han experimentado, los abusos que han enfrentado las mujeres, la destrucción y la contaminación de la tierra y el agua) son sorprendentemente similares. Ésta es la razón por la que una nueva ronda de expansión de la palma aceitera a gran escala dirigida a Papúa resulta una idea tan descabellada y absurda.
Algunos de los aspectos comunes a estas historias y experiencias de Indonesia, Malasia, Tailandia, Colombia, Nigeria, Guatemala, Papúa Nueva Guinea, Costa de Marfil, Honduras, Brasil, Ecuador, Camerún y muchos otros países son los siguientes:
- Los territorios de las comunidades indígenas y negras son los más codiciados, en violación de sus derechos territoriales y medios de vida. En la tierra de Papúa, por ejemplo, la expansión de la palma aceitera ha provocado en todos los casos conflictos con las comunidades indígenas. Para 2018, 272.000 hectáreas de superficie, principalmente bosques, en Papúa se habían convertido en plantaciones industriales de palma aceitera, dejando tras de sí no solo un reguero de bosques destruidos sino también de medios de vida destruidos (10).
- La palma aceitera industrial no sólo se apropia de la tierra sino también del agua. En Kalimantan Occidental se ha apropiado de más tierra y agua para la producción de palma aceitera industrial que en cualquier otro lugar del planeta. Una investigación realizada en ese lugar reveló que hubo apropiación a gran escala, alto nivel de contaminación y cuantiosa destrucción del agua a lo largo de la cadena de producción de aceite de palma, lo que afecta a toda la región y a su población. Sin agua nadie sobrevive (11).
- El aceite de palma se ha convertido en el aceite vegetal más barato a escala mundial debido a la feroz explotación laboral de quienes anteriormente encontraban su sustento en el bosque, la agricultura y la pesca. Las ganancias de las empresas de palma aceitera se refuerzan aún más con la explotación y el control de los cuerpos de las mujeres. Cuando la palma aceitera industrial invade un territorio comunitario, la vida de las mujeres se vuelve extremadamente dura. Cuando se destruye un río, por ejemplo, esto tiene profundas consecuencias para ellas. Debido a la división sexual del trabajo existente, en la que las mujeres son quienes sustentan la vida, los impactos destructivos de la palma aceitera profundizan la opresión de las mujeres. Las empresas también explotan el trabajo de las mujeres en las plantaciones. En este contexto, se generaliza la prostitución y la violencia sexual contra las trabajadoras (12).
- Incluso cuando hay pruebas de contaminación del agua u otras violaciones de derechos, las empresas de palma aceitera gozan de total impunidad. Mientras tanto, los activistas de las comunidades que dicen NO a las plantaciones industriales de palma aceitera y defienden sus derechos en su territorio deben hacer frente a la intimidación, amenazas de muerte, criminalización, acusaciones de terrorismo y prisión.
- Las certificaciones de 'control de calidad' como RSPO (Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible), creado hace 20 años, se han convertido en instrumentos de maquillaje verde para la industria de la palma aceitera. Estas certificaciones no cambian los patrones estructurales de injusticia, violencia y destrucción, y sus sistemas internos de queja tampoco cambian el comportamiento de las empresas en la práctica. Lo que sí garantizan estos instrumentos son ganancias para los productores de aceite de palma, inversores, comerciantes y empresas manufactureras (13). Estos instrumentos y certificaciones también tienen la responsabilidad compartida de las múltiples opresiones provocadas por las industrias extractivas en el Sur Global.
Hoy en día, los “biocombustibles” o “agrocombustibles” derivados del aceite de palma se venden al público como “energía renovable” y parte de la llamada “transición energética”. Ésta es la última mentira que la industria del aceite de palma ha difundido para justificar su expansión masiva. Ya en 2013, una investigación de la organización GRAIN reveló que el actual sistema alimentario dirigido por la agroindustria, en el que el sector de la palma aceitera es un actor clave, es responsable de aproximadamente la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (14).
Kampung Bariat y otras comunidades se defienden
De vuelta en Kampung Bariat, otra noche de octubre de 2023, la comunidad se reunió para ver el video de una visita que algunos miembros de la comunidad habían hecho a Yakarta, la capital de Indonesia, a unos 3.000 kilómetros de distancia. Las imágenes mostraban a los aldeanos expresando sus preocupaciones a diferentes autoridades de Yakarta. Yuliana Kedemes, una de las participantes en la visita, resumió su mensaje en una entrevista: “No podemos permitir que [las empresas palmicultoras] vengan aquí, porque si lo hacen ¿dónde vivirán nuestros hijos y nietos en el futuro?”.(15)
Al día siguiente, la comunidad recibió a las autoridades de la regencia de South Sorong y del distrito de Kondo. Fueron recibidos en lengua tehit por representantes de los diez clanes, quienes contaron la historia de cómo se fundó Kampung Bariat. Entregaron a las autoridades un expediente con documentación y un mapa que muestra la profunda conexión que tienen mujeres y hombres con su territorio. Afirmaron que necesitan un mínimo de 3.200 hectáreas de tierra para garantizar la supervivencia de su comunidad. Las autoridades manifestaron que apoyarían las demandas del pueblo de Kampung Bariat. La lucha de Kampung Bariat y de muchos otros Pueblos Indígenas de Papúa contra las amenazas actuales de la palma aceitera recibió un apoyo sin precedentes cuando, en abril de 2021, el regente de Sorongse revocó las licencias otorgadas a cuatro empresas de palma aceitera. Para ello se basó en una auditoría iniciada en 2018, que identificó violaciones jurídicas y administrativas por parte de las empresas. En junio de 2021 se revocaron las licencias de otras 12 empresas en el sur de Sorong, entre ellas las licencias de PT Anugerah Sakti Internusa, la empresa cuya concesión se superpone con el territorio de Kampung Bariat (16). Sin embargo, PT Anugerah Sakti Internusa acudió a los tribunales en diciembre de 2021 para impugnar la decisión, en un intento por recuperar sus licencias.
Hay más Pueblos Indígenas de Papúa que iniciaron casos judiciales. En el caso de la zona de desarrollo de palma aceitera más grande de Papúa, el proyecto Tanah Merah, el pueblo Awyu lucha por sus derechos en los tribunales, incluso ante la Corte Suprema. En mayo de 2024, los pueblos indígenas Awyu y Moi viajaron a Yakarta, donde realizaron oraciones, rituales y danzas para exhortar a la Suprema Corte a que evitara la destrucción de sus tierras (17).
Parte de lo que los Pueblos Indígenas de Papúa señalan al gobierno central es el abandono generalizado de las concesiones por parte de las empresas de Papúa. Una investigación de Pusaka reveló que desde 1988 hasta 2011 (cuando se emitió una moratoria presidencial sobre la tala de bosques), sólo 125.284 hectáreas de las 1.162.893 otorgadas a 51 empresas de palma aceitera (10,7% del área) habían sido realmente convertidas a palma aceitera. Mientras tanto, varias de estas empresas habían cesado sus actividades. Si se incluyen también las concesiones madereras y de plantaciones para obtención de madera, la cantidad de tierra abandonada, considerando las concesiones otorgadas durante este período de 1988-2011, asciende a 1.925.306 hectáreas. Los Pueblos Indígenas reclaman que el gobierno debería devolverles estas tierras ya que son su territorio ancestral, así como reconocer sus derechos territoriales (18).
Extractivismo “verde”
En lugar de responder a los reclamos legítimos de los Pueblos Indígenas, el gobierno indonesio permite la expansión de otro tipo de extractivismo en Indonesia, con todo el acaparamiento de tierras y la especulación que conlleva: el extractivismo “verde” de proyectos y programas de carbono forestal. En los últimos años, desde el Acuerdo de París por el Cambio Climático, la demanda de créditos de carbono se vio impulsada por el frenesí de las grandes industrias contaminantes para volverse “carbono neutras”. En realidad, al comprar esos “créditos” estas industrias contaminantes pueden continuar con sus actividades e incluso aumentar la quema de combustibles fósiles, que es la principal causa del caos climático. Por eso los “créditos de carbono” deberían llamarse “créditos de contaminación”.
Este mercado de carbono redunda en el interés del gobierno indonesio: ya ha recibido decenas de millones de dólares estadounidenses del Banco Mundial, el Fondo Verde para el Clima y los gobiernos de países industrializados como Noruega, Alemania, Japón y el Reino Unido para convertirse en “Listo para REDD”. Esto significa implementar la “infraestructura” necesaria, tal como una legislación favorable y métodos para supuestamente medir y verificar la cantidad de carbono en los bosques de Indonesia, el cual se compara con las cantidades de referencia definidas por el gobierno y los propios donantes (19).
Además de ser una oportunidad para la llamada “industria de la conservación” –como lo son organizaciones como The Nature Conservancy (TNC), Conservation International (CI) y World Wildlife Fund (WWF)– de aumentar las “áreas protegidas”, el negocio del carbono en Papúa también se ha convertido en una nueva oportunidad para industrias extractivas como las plantaciones de palma aceitera y las empresas madereras. Pero su nuevo negocio está agravando el caos climático y haciendo más difícil la lucha de los Pueblos Indígenas por sus derechos territoriales.
El mercado y el comercio de carbono: una nueva oportunidad para las industrias extractivas, una nueva amenaza para los Pueblos Indígenas de Papúa
Las empresas de aceite de palma y otras empresas de Papúa pueden aprovecharse ahora de una nueva fuente de ingresos. En lugar de destruir los bosques para la actividad maderera o la palma aceitera, pueden dejar el bosque “en pie” y seguir ganando dinero, vendiendo un nuevo producto llamado “créditos de carbono” –a partir de la promesa de que mantendrán el bosque intacto en lugar de talarlo. El gobierno de Indonesia permite a las empresas de la categoría de concesión PBHP (Permiso de Negocio de Utilización Forestal) utilizar las zonas de concesión para más de una actividad comercial, que puede incluir créditos de carbono. El Grupo ALS (grupo Alamindo), por ejemplo, propietario de tres empresas e industrias madereras en Papúa, pretende establecer un negocio de carbono a través de PT Rimbakayu Arthamas, en colaboración con otras nueve empresas, haciendo uso de este tipo de permiso (20).
En Brasil, las empresas de palma aceitera entraron en el mercado del carbono de una manera similar, al tiempo que perjudicaban a las comunidades indígenas aún más de lo que ya lo hacían. La empresa Agropalma, en el estado de Pará, en la región amazónica, está utilizando tierras de bosque (no dedicadas al cultivo de palma aceitera) para vender “créditos de carbono”. Estos “bosques de carbono” están “protegidos” por guardias fuertemente armados que persiguen a las comunidades indígenas Turiwara y afrodescendientes llamadas quilombolas. Estos pueblos siempre tratarán de entrar al bosque porque es su territorio ancestral, donde se encuentran sus cementerios y lugares para pescar y cazar (21). Con el reciente proyecto de carbono forestal, su lucha de larga data para recuperar estas tierras se ha vuelto aún más difícil.
En todo el mundo, 17 años de experiencia en proyectos de carbono forestal y otros proyectos llamados de tipo REDD han demostrado que allí donde avanza el negocio del carbono se debilita la lucha de las comunidades indígenas por sus derechos territoriales. Esto ocurre a pesar de que los promotores y partidarios de los proyectos de carbono afirman y prometen que los proyectos harán avanzar y mejorarán los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas (22). Lo que es peor, los proyectos de carbono hacen poco por revertir la deforestación y exacerban el caos climático, lo que en última instancia afectará negativamente a los bosques tropicales y, por lo tanto, a los Pueblos Indígenas. Según las investigaciones, la selva amazónica está en un proceso de rápida “desecación”. Podría convertirse en una gran sabana en un futuro próximo si los gobiernos, en particular de los países industrializados, no deciden rápidamente detener la extracción de combustibles fósiles (23).
Observaciones finales
El gobierno indonesio ya no puede ignorar la existencia de pueblos indígenas en la tierra de Papúa, cuyas delegaciones visitan regularmente sus oficinas en la capital, Yakarta. Entregar sus tierras a empresas privadas y permitir que éstas las destruyan o practiquen el extractivismo “verde” está en abierta violación del artículo 33 de la Constitución de Indonesia, que establece que aunque la tierra pertenece al Estado, debe “utilizarse en la mayor medida posible para la prosperidad del pueblo indonesio”. En una reciente entrevista con Al Jazeera, el presidente electo de Indonesia, Prabowo, llegó a afirmar: “Los intereses, la seguridad y el futuro de todos los Pueblos Indígenas son la máxima prioridad. Tenemos que protegerlos, tenemos que asegurar sus medios de sustento” (24).
Pero asegurar sus medios de sustento significa garantizar que puedan ejercer libremente el control sobre sus territorios. Esta demanda ha sido sistemáticamente ignorada por el gobierno. Por lo tanto, es fundamental fortalecer la lucha de resistencia. Esto puede ocurrir a través de procesos de aprendizaje horizontales que conecten a las comunidades de todo el mundo, de modo que puedan compartir su amplia diversidad de experiencias de resistencia contra tales plantaciones. Un ejemplo de ello es la alianza informal contra la expansión industrial de la palma aceitera en África occidental y central, que desde 2016 conecta a comunidades que luchan por recuperar sus tierras de manos de las empresas de palma aceitera en varios países africanos (25). Conectar las luchas contra la palma aceitera y otras amenazas extractivas podría ser un elemento clave para fortalecer la actual lucha de las comunidades de Papúa para defender sus territorios.
Secretariado Internacional del WRM
(1) https://awasmifee.potager.org/uploads/2015/04/atlas-sawit-en.pdf
(2) Spurred by investor-friendly law, palm oil firms sue to get licenses back, Monagbay, enero 2022.
(3) Sawitwatch. Catatan&Proyeksi perkebunan sawit Indonesia tahun 2023, 2023
(4) Nusantara Atlas, 2023 Marks a Surge in Palm Oil Expansion in Indonesia, enero 2024
(5) Boletín WRM, Indonesia: legalización de crímenes bajo el lema de “creación de empleo”, enero 2021.
(6) Después de que el gobierno de Indonesia asumiera el poder, la primera inversión extranjera aprobada para Papúa en 1967 abrió las puertas para que Freeport Sulpur Inc. extrajera mineral de lo que se considera una de las mayores reservas de oro del mundo, con impactos devastadores sobre las comunidades, que continúan hasta el día de hoy.
(7) Documento informativo: Karena ada Hutan Tong Hidup, Jakarta, 2023
(8) The Awyu Tribe Fights the “Tanah Merah Project” Companies Up To the Supreme Court, Pusaka, marzo 2024.
(9) La palma de aceite en América Latina: monocultivo y violencia, GRAIN, marzo 2024.
(10) CIFOR, Drivers of forest loss in Papua and West Papua.
(11) Toxic river. The fight to reclaim water from oil palm plantations in Indonesia, December 2020, Kruha et al,
(12) WRM, Romper el silencio: hostigamiento, violencia sexual y abuso contra mujeres dentro y alrededor de plantaciones de caucho y palma aceitera, marzo 2019 y Rape, abuses in palm oil fields linked to top cosmetic brands: AP, Al Jazeera News, noviembre 2020
(13) Ver, por ejemplo: Latin American Palm Oil Linked to Social Risks, Local Deforestation, Chain Reaction Research, diciembre 2021 o Who’s funding palm oil?, Mongabay, marzo 2015.
(14) How much of world’s greenhouse gas emissions come from agriculture?, GRAIN, octubre 2014.
(15) Ibid 2
(16) Ibid
(17) Land Back: Supreme Court Ceremonial Venue for Papuan Indigenous Peoples Fighting Palm Oil Companies, Pusaka, marzo 2024. Hasta ahora, sólo siete comunidades han asegurado el control sobre sus tierras mediante el uso de una categoría jurídica creada mediante cambios en la Ley de Bosques de 2012. Se trata de los llamados ‘bosques consuetudinarios’ y suman 39.841 hectáreas. Es un paso importante, aunque insignificante al mismo tiempo, si se compara con las áreas entregadas a las empresas, empresas que tienen un gran impacto en los medios de vida y amenazan el futuro de los pueblos indígenas.
(18) Documento informativo: Karena ada Hutan Tong Hidup, Jakarta, 2023
(19) Indonesia REDD+ National Strategy 2021-2030; Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, noviembre de 2022
(20) Pusaka, The Moi Tribe Opposing Timber Corporate Giants, julio 2023.
(21) Boletín WRM, REDD y la Economía Verde agravan las opresiones y la deforestación en Pará, Brasil, julio 2023.
(22) WRM, 15 años de REDD. Un mecanismo intrínsecamente corrupto
(23) The Scientist, Amazon Rainforest Nearing Savannah “Tipping Point”, marzo 2023
(24) Al Jazeera, Indonesia's Prabowo: Victory, controversies and hopes, mayo 2024
(25) Ver la declaración de la última reunión de esta Alianza Informal contra la Expansión de las Plantaciones Industriales de Palma Aceitera en África Occidental y Central, en 2022, aquí.
Orinoquía Colombiana: Entre el olvido, el extractivismo y la reserva agrícola
La Orinoquía es una de las cinco regiones geográficas de Colombia, abarca los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Vichada y parte norte del Guaviare. También conocida como Los Llanos, esta región comprende una gran diversidad ecosistémica y cultural, entre piedemonte, selva transicional, sabana, sabana inundable y ríos caudalosos, con gran variedad de fauna y flora, parte de ella en peligro de extinción.
Sobre la Orinoquía se ha desplegado la narrativa del “vacío” (1), de allí que su nombre común, “llanos”, refiera a lo plano, a lo inhabitado y salvaje. Sin embargo, en esta región se encuentra la diáspora de Pueblos Indígenas nómadas que ancestralmente habitaron la región y que ahora se ven confinadas dentro de algunos resguardos indígenas ya constituidos (2), y asentamientos aún no reconocidos por las entidades competentes del Estado (Ministerio del Interior). Poblaciones que en su mayoría han sido declaradas por la Corte Constitucional en riesgo de extinción física y cultural (auto 004). (3) Debido al etnocidio y racismo estructural del que han sido víctimas, actualmente no tienen los medios físicos ni culturales para pervivir. (4)
El estado colombiano sigue promoviendo la interpretación de este territorio como “vacío” y disponible como reserva agrícola. Para ello ha titulado el uso del suelo a grandes capitales nacionales y extranjeros sin tener en cuenta la existencia y participación de las comunidades en esas decisiones, ni aplicar un enfoque diferencial en este tipo de actividades y proyectos que tienen afectaciones directas a territorios y territorialidades indígenas.(5)
A la cultura ancestral de los pueblos se contrapone la violenta estrategia de desarrollo (6) que se actualiza en el territorio mediante programas de colonización dirigida, explotación de caucho, quina, añil o hidrocarburos, además de monocultivos y ganadería. A ello se suma la recientedesignación de la región como “gran despensa agrícola” para expandir negocios de agroindustria, captura y compensación de emisiones de carbono, así como la minería de tierras raras.
En 2014, con la aprobación del documento CONPES 3797 (7)–, el Estado colombiano proyectó una porción de la Orinoquía, denominada altiplanicie, como zona de expansión agrícola, resaltando su potencialidad para proyectos de palmicultura y minería a gran escala. En este documento no se mencionan los Pueblos Indígenas, sus proyectos productivos, ni sus procesos organizativos.
Veamos tres ejemplos recientes de la intervención externa en el territorio.
Vichada y minería: Arco minero de la Orinoquía
Las reservas minerales en la Orinoquía colombiana tienen un alto valor en el mercado internacional debido a la presencia de minerales raros (8). En 2012, el Estado colombiano declaró y delimitó zonas del departamento del Vichada como Áreas Estratégicas Mineras (AEM) mediante la resolución 0045 de la Agencia Nacional Minera (ANM) (9). Sin embargo, esta resolución, junto con otras de similar naturaleza, fueron declaradas sin valor ni efecto por parte de la Corte Constitucional en 2015, debido a la vulneración de los derechos a la Consulta Previa, la diversidad cultural, la participación ciudadana y al territorio (10). Pero antes de esa decisión de la Corte, entre los años 2003 y 2012 fueron radicadas ante las autoridades 190 solicitudes de títulos mineros, con una extensión total de 895.908 hectáreas. Equivalente al 9% del departamento (11).
En 2022, la comunidad indígena del Resguardo indígena Guacamayas Maipore, en Vichada, empezó a expresar su preocupación por la explotación minera en su resguardo y en un área aledaña. En un proyecto de la multinacional Canadiense Auxico Resources, se negoció un predio colindante al Resguardo indígena que tenía un proceso de adjudicación de título de minería artesanal desde el año 2010. La Agencia Nacional Minera otorgó el título minero en 2023 y, en 2024, la autoridad ambiental (Corporinoquía) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental para este proyecto. (12)
La multinacional asegura que tiene un acuerdo de entendimiento con el Resguardo de Guacamayas Maipore para hacer minería dentro del territorio.(13) Situación que es desmentida por la mayoría de los habitantes del Resguardo, quienes expresan que solo una persona firmó esos documentos sin la participación de la comunidad. Ahora temen que en unos años empiecen a explotar estos metales dentro del Resguardo, sin su consentimiento. En los estudios de impacto ambiental no se han tenido en cuenta las afectaciones para las comunidades aledañas y no existe ningún tipo de prevención o compensación ambiental.
La multinacional usa la figura de “minería artesanal” para hacerse de un derecho de explotación bajo menores estándares de control. Cabe preguntarnos qué tipo de minería artesanal puede realizar una multinacional con intereses estratégicos supranacionales sobre estos minerales y, además, con proyección de construir una refinería de tierras raras en territorio colombiano. Tampoco es claro sobre quien recaerían las obligaciones derivadas de la licencia, sobre la empresa o la persona a la cuál compraron el predio, dejando un vacío sobre las responsabilidades que llegue a tener la empresa por afectaciones ambientales o sociales. (14)
Casanare: Caño Mochuelo y los conflictos de dos proyectos “ambientales”
El Resguardo Indígena de Caño Mochuelo, ubicado en el departamento del Casanare, alcanzó en el 2010 una importante victoria: impidió en asamblea general la exploración de petróleo en su territorio. (15) Sin embargo, en la actualidad se encuentran debatiendo dos proyectos que tienen que ver con la ola de “economía verde” impulsada desde el gobierno de Iván Duque y profundizada en el de Gustavo Petro. Estos proyectos son: venta de créditos de carbono y uno de “reforestación” de 200 hectáreas con especies de eucaliptos.
El Resguardo de Caño Mochuelo es una situación bastante singular dentro de la pluriversidad cultural colombiana. En una extensión menor a 100.000 hectáreas se encuentran confinados diez pueblos distintos en 14 asentamientos, pueblos que tienen tradiciones nómadas o seminómadas y que han sido históricamente exterminados física y culturalmente. (16) Las comunidades cuentan con una Asamblea General como forma de gobernanza y participación. Sin embargo, en ocasiones, no se respeta la decisión de la Asamblea y termina siendo una sola persona quien decide por 14 comunidades.
Año 2022 - Proyecto de venta de bonos de carbono (CO2)
Las comunidades que viven en el Resguardo de Caño Mochuelo han sido empobrecidas por la falta de atención y de oportunidades educativas y laborales, al tiempo que son víctimas de una multiplicidad de violaciones en su dignidad humana, reconocidas por el propio Estado colombiano en el proceso de reparación colectiva de víctimas del conflicto armado. (17)
Desde 2022, la empresa CO2CERO -a través de un particular, Henry Andueza Errunuma- ha promocionado un proyecto de venta de bonos (créditos) de carbono que se pretende implementar en el Resguardo. El acuerdo se suscribíria entre la empresa y Andueza, quien actuá como socio coordinador REDD+ en representación de nueve Resguardos indígenas, sin especificar el tipo de actividad por la cual se generarán los créditos de carbono (conservación, plantaciones de árboles, etc). En el sitio web de la empresa aparece un proyecto registrado bajo el nombre de Awia Tuparro +9, en el cual, si bien se mencionan varios territorios indígenas, no figura el Resguardo Caño Mochuelo (Proyectos de Carbono – CO2CERO).
En la socialización de este proyecto, los proponentes no han ejecutado el protocolo de consulta previa, libre e informada. Excusados en la naturaleza comercial del contrato, aseguran que es un acuerdo de voluntades libres entre las partes. A pesar de existir herramientas como las salvaguardas sociales, ambientales e institucionales promulgadas en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la práctica no existe un garante que haga cumplir los derechos mínimos de acceso a la información y de participación ciudadana por parte de las comunidades. (18)
El contrato tiene algunas particularidades que vale la pena mencionar:
• El contrato es un poder (contrato de mandato) en el que el Resguardo le otorga a un tercero la posibilidad de negociar en su nombre.
• El contrato tiene cláusulas de confidencialidad que afectan las salvaguardas sociales del acceso a la información
• El contrato define que es el Resguardo quien debe asumir las salvaguardas socio ambientales, en contravía de las obligaciones que tienen las empresas en este punto
• A pesar de plantear que las inversiones están ligadas a los llamados “planes de vida”, actualmente las comunidades del Resguardo no cuentan con ellos. Un “plan de vida” es una herramienta elaborada por las propias comunidades para habitar el territorio desde su propia cultura e identidad, abarcando diversos ámbitos como el espiritual, político, ambiental y económico.
• Las cláusulas de incumplimiento que pesan sobre las comunidades ascienden a los $ 100.000.000 (US 25,000)
• Si una vez hechos los estudios, al hacer el análisis no se considera viable el proyecto, los costos deben ser asumidos por el Resguardo Indígena.
La aprobación del proyecto de bonos de carbono no se hizo por el conducto regular de la Asamblea general del Resguardo sino por medio de una figura que no existe dentro de sus Estatutos: una mesa directiva con 14 autoridades, sin tener en cuenta la voluntad de las comunidades que en reiteradas asambleas ya habían manifestado sus reparos al proyecto.
A pesar de que la Asamblea general, en abril de 2024, decidió no continuar con este proyecto, el contrato ya había sido firmado por el Gobernador del Resguardo en diciembre de 2023, sin autorización de la Asamblea. Esto plantea un escenario difícil para poder desistir de este proyecto sin ninguna consecuencia legal.
Año 2024 - Proyecto de reforestación con eucaliptos
En diciembre de 2023, el ex gobernador del departamento del Casanare Salomón Andrés Sanabria y el actual gobernador del resguardo de Caño Mochuelo acordaron de manera soterrada la reasignación de un dinero del Sistema General de Regalías. El recurso, que estaba destinado a infraestructura educativa de los colegios indígenas, fue reasignado para la “Implementación de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la comunidad indígena Resguardo Indígena de Caño Mochuelo con la reforestación productiva en el municipio de Paz de Ariporo” (Código BPIN 2023100010060), por un monto de $ 7.000.000.000 (US 1.700.000)
En este proyecto no se realizó la consulta previa o aprobación por parte de la Asamblea. Sólo hubo un documento personal firmado por el Gobernador del Resguardo. Existían documentos previos de concertación con los otros núcleos indígenas del departamento de Casanare, e internamente en Caño Mochuelo, se había determinado que el dinero que el Estado entrega a los Pueblos Indígenas por concepto de regalías tenía por destino la inversión en infraestructura educativa de los colegios indígenas del Casanare.(19) ¿Por qué entonces se modificó la decisión de las comunidades?
Este proyecto pretende la plantación de 200 hectáreas con eucalipto, en medio de la sabana del Casanare, argumentando que son eficientes para la “reconstrucción de bosques” y “la recuperación de la identidad indígena”. Sin embargo, son más que comprobados los impactos negativos de estos monocultivos. Uno de ellos es el alto consumo de agua, incluso en los niveles freáticos.
Más ejemplos del colonialismo y racismo del carbono en la Orinoquía
Mucho antes del Proyecto en Paz de Ariporo, inversionistas extranjeros de la empresa Forest First Colombia se apropiaron de 40 mil hectáreas en la región de Vichada para establecer una plantación de eucaliptos y hacer negocio con la venta de bonos de carbono. En una entrevista, sus representantes afirman que “en esta zona de Colombia, no solo no hay reservas de carbono en el suelo, sino que tampoco hay vegetación que retenga ese carbono”, agregando que el eucalipto, por el contrario, es “muy eficiente para tomar carbono del aire y almacenarlo en la madera”. En sintonía con el gobierno colombiano que considera la región como “vacía”, los representantes del proyecto afirmaron que “no están desplazando a la gente”. Sin embargo, acusan a las comunidades de base de destrucción ambiental, en lugar de a su propio monocultivo de eucalipto: “Las pocas personas que viven allí incendian el pastizal varias veces al año debido a las malas prácticas de manejo de la tierra”. (20)
Irónicamente, dentro del estudio ambiental del proyecto en Paz de Ariporo se justifica la reforestación con eucaliptos con el objetivo de recuperar la identidad cultural de las comunidades indígenas, cuando en realidad no existe ningún tipo de relación cultural entre esos árboles de origen australiano y las comunidades de la Orinoquía.
Vale la pena traer a colación que si el objetivo del proyecto estuviera dirigido a fortalecer a los Pueblos Indígenas y no solo a los intereses de los capitales y contratistas amigos de los gobernantes de turno, la reforestación debió haberse planeado con múltiples especies de la familia de las arecáceas (palmas), que por su alta demanda y grave confinamiento de las comunidades, se han llegado a extinguir en el Resguardo.
Las arecáceas no solo constituyen la fuente más importante de materias primas para la construcción, manufactura de herramientas, ropas, artesanías, medicinas, consecución de alimento, etc, sino que están conectadas con un universo teológico que se entreteje con todos los otros organismos con los que se cohabita en la Orinoquía. La palma de moriche (Mauritia flexuosa) se distingue por tener complejas relaciones de asociación con múltiples especies, de allí que haya sido nombrada especie clave para la vida. Caso similar sucede con la palma de seje (Oenocarpus bacaba), la palma real o cucurita (Attalea maripa), la palma de cumare (Astrocaryum aculeatum) y la palma de Assaí (Euterpe oleracea). (21) Es en estas especies de palmas y otras plantas donde se encarnan las sabidurías de los antepasados.
A pesar de estos hechos, las instituciones del Estado no asumen responsabilidades en los impactos ambientales ni en las garantías de derechos colectivos, así como la concertación adecuada, dejando a las comunidades desprovistas de un apoyo y acompañamiento del Estado.
Corporación Claretiana NPB (22)
Andrés Tiboche y Daniel Ávila
(1) Rausch, J. M. (1999). La frontera de los Llanos en la historia de Colombia : (1830- 1930) / Jane Rausch ; translation Nicolas Suescún. Santafé de Bogotá: Banco de la República, El Ancora
(2) El resguardo Indígena es una figura político – administrativa, retomada de la época colonial que busca proteger el territorio de las comunidades indígena, con respeto de la autonomía y autodeterminación de estas comunidades, de acuerdo al acuerdo 169 de la OIT.
(3) https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm
(4) Tal como se evidenció en el informe presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP por medio de la Red Llanos & Selva: “Etnocidio y Racismo Estructural en la Orinoquía”, en el 2021.
(5) Desde la Corte Constitucional se ha reconocido a las comunidades indígenas “las territorialidades” como lugares que si bien no están dentro de su territorio delimitado oficialmente hacen parte de su cultura por las relaciones espirituales y culturales. SU 123 de 2008.
(6) Editores. Gómez G., A. (1991). Indios, colonos y conflictos : una historia regional de los Llanos Orientales, 1870-1970 / Augusto Gómez G. Bogotá: Siglo XXI Editores, Pontificia Universidad Javeriana.
(7) Consejo Nacional de Política Económica y Social, órgano encargado de asesorar los políticas económicas y sociales del país.
(8) Se denomina tierras raras a un grupo especial de minerales que tiene un alto valor comercial para el desarrollo tecnológico.
(9) DIARIO OFICIAL. AÑO CXLVIII. N. 48483. 6, JULIO, 2012. PÁG. 131. En: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=4007264
(10) Sentencia de Tutela T 766 de 2015 https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2016/06/sentencia-t-766-2015-1.pdf
(11) Rojas, I., Ospina, J. & González O. (2019) Vichada: Tierra Codiciada. En: TERRITORIO Y DESARROLLO 2019; Enero-Junio. Vol. 3, N°1. PP. 13-19.
(12) https://www.elespectador.com/investigacion/la-historia-no-contada-de-la-primera-mina-de-tierras-raras-en-vichada-colombia/#google_vignette
(13) https://www.auxicoresources.com/_files/ugd/6f9bc0_4801a8ed522945498617f1d95afbfc12.pdf?index=true
(14) Actualmente el gobierno colombiano está concertando con las comunidades indígenas la actualización del código de minas, sin embargo, hemos podido evidenciar que el tema de tierras raras no se ha tocado directamente y existe un gran desconocimiento de este tipo de proyectos.
(15) https://sistematizacioncm.wordpress.com/4-el-proceso-de-intervencion/el-proceso-de-intervencion/2010-2/ Art. 1 de la Res. 0171 del 2016 de la unidad para la atención y reparación de las víctimas. Define confinamiento como una situación de vulneración a derechos fundamentales, en la que las comunidades, pese a permanecer en una parte de su territorio, pierden la movilidad, como consecuencia de la presencia y accionar de grupos armados ilegales. Esta restricción implica la imposibilidad de acceder a bienes indispensables para la supervivencia derivada del control militar, económico, político, cultural y social que ejercen los grupos armados ilegales en el marco del Conflicto armado interno.
(16) Auto 098 de medidas cautelares, en el marco de reparación colectiva de víctimas del conflicto armado, existe un proceso de reparación colectiva por parte del Estado Colombiano, en este contexto se dicta una medida cautelar (figura jurídica de prevención para evitar generar daños mayores a los ocasionados)
(17) En el desarrollo del presente artículo, la Corte Constitucional de Colombia a través de la sentencia T 248 de 2024 da cuenta de esta vulneraciones de los derechos colectivos de las comunidades, así como la omisión del Estado Colombiano en aplicar un enfoque étnico en el mercado voluntario de REDD+
(18) El Sistema General de Regalías (SGR) es un mecanismo que busca garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables del país.
(19) https://dfcgov.medium.com/a-q-a-with-forest-first-colombia-ceo-tobey-russ-and-cfo-jonathan-dodd-on-climate-change-mitigation-06e33921cd4d
(20) Schultes, R. E. (1974). Palms and religion in the northwest amazon / Richard Evans Schultes. Cambridge: Harvard University.
(21) Organización que acompaña por más de 20 años a las comunidades indígenas de la Orinoquía
Camerún: ¡La resistencia contra la replantación de monocultivos de palma por parte de SOCAPALM es fértil!
SOCAPALM es el nombre de una empresa que controla cerca de 60.000 hectáreas de plantaciones industriales de palma aceitera en Camerún. Fue una empresa estatal hasta el año 2000, cuando fue privatizada y adquirida por la empresa agroindustrial SOCFIN, propiedad principalmente del grupo francés Bolloré, controlado por la familia Bolloré y la familia Huber Fabri de Luxemburgo. El Banco Mundial jugó un papel clave en la historia de cómo el conglomerado SOCFIN y el puñado de familias multimillonarias europeas que controlan esta empresa se beneficiaron de la compra de SOCAPALM. (1)
Actualmente, la empresa está en proceso de renovar parte de sus plantaciones de palma aceitera en Edéa con el fin de mantener y aumentar aún más su productividad y, por lo tanto, sus ganancias.
A finales del año pasado, las comunidades de Edéa comenzaron a movilizarse contra este proceso. En particular, las mujeres de uno de los pueblos que se organizaron en la Asociación de (Mujeres) Vecinas de Socapalm en Edéa, AFRISE, por su sigla en francés.
Lanzaron una petición (2) pidiendo la solidaridad internacional a su reclamo de detener la replantación llevada a cabo por SOCAPALM y alertando que estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para detener las actividades de SOCAPALM en Edéa. Declararon que “no aceptaremos pasar los próximos 50 años en esta miseria. Estamos decididas a luchar para liberar nuestras tierras y obtener espacios de vida para nuestros hijos, las generaciones presentes y futuras”.
Alertadas por el hecho de que a principios de este mes ya habían comenzado a replantar en algunos pueblos, la Alianza Informal contra las Plantaciones Industriales de Palma Aceitera en África Occidental y Central, un colectivo de comunidades y activistas que lucha contra la expansión de las plantaciones en África, publicó una declaración en apoyo de las comunidades.
En el comunicado (3), la Alianza Informal dice que “instamos a Socapalm a detener inmediatamente la replantación de monocultivos palma aceitera en las proximidades de las casas y tumbas de las comunidades que viven en Apouh à Ngog, la cual viene llevando a cabo desde el miércoles 8 de agosto de 2024. La plantación de decenas de miles de hectáreas de palmeras frente a los patios de estos residentes locales es un grave atentado contra la soberanía alimentaria de las familias del pueblo y contra la dignidad de las mujeres de Apouh à Ngog, en el distrito de Edéa 1 de Camerún”.
La resistencia de la comunidad y su determinación para detener a la empresa ha llevado al subprefecto a solicitar a Socapalm el cese de sus actividades.
Esta es una primera victoria de la comunidad y de las mujeres organizadas de Edéa, pero ¡la lucha continuará hasta que SOCAPALM devuelva las tierras a las comunidades!
(3) https://www.wrm.org.uy/action-alerts/stop-socapalms-replanting-operations