Durante años los activistas de los bosques han centrado su atención (y con razón) en el papel que juega el Banco Mundial en la destrucción de los bosques. Esos esfuerzos han servido en cierta medida para que se introdujeran una serie de cambios positivos en las políticas del Banco, que al menos han significado una mejora en su préstamos.
Sin embargo, los esfuerzos para influenciar a otro actor de igual o mayor importancia en la pérdida de bosques (el Fondo Monetario Internacional) prácticamente no han existido o han resultado claramente insuficientes, pese a existir pruebas abundantes del vínculo directo entre las políticas impuestas por el FMI y la deforestación.
A través de sus Programas de Ajuste Estructural (PAE), el FMI ha estado imponiendo durante años a los gobiernos del sur la instrumentación de una serie de políticas que supuestamente apuntan a resolver los problemas económicos de esos países. País tras país y año tras año, el resultado ha sido el aumento del empobrecimiento y la degradación generalizada del medio ambiente.
Ignorando que la salud económica, ambiental y social de sus pacientes no solo no está mejorando sino que, por el contrario, empeora a ojos vistas, el FMI continua imponiendo exactamente la misma medicina: eliminar las barreras comerciales, aumentar las exportaciones, reducir el gasto del estado, promover la inversión extranjera, liberalizar, privatizar.
Es realmente difícil de creer que los economistas del FMI ignoren los resultados de la instrumentación de las políticas de la institución. Es todavía más difícil de creer que sus miembros más influyentes (EE.UU., Japón, la Unión Europea) no sean capaces de hacerla funcionar en forma adecuada. Pero cuando se miran los resultados de esas políticas, resulta evidente que el FMI de hecho está haciendo su trabajo en forma más que adecuada, especialmente para las empresas transnacionales del norte. El suministro abundante y barato de un sinnúmero de materias primas está ahora directa o indirectamente en manos de las transnacionales y lo mismo ha ocurrido con los grandes activos económicos que solían ser propiedad del estado (energía, telecomunicaciones, minas, seguros, bancos, etc.) y que ahora están bajo el control de las compañías transnacionales.
En la región tropical, los programas impuestos por el FMI han resultado en la degradación de los bosques, en graves impactos sociales y en el empobrecimiento generalizado. Los bosques están siendo destruidos rápidamente para dar paso a cultivos comerciales orientados a la exportación; el madereo comercial a gran escala está agotando algunos de los bosques con mayor diversidad biológica de la Tierra; las corporaciones mineras están destruyendo el medio ambiente y las formas de sustento de los pobladores locales; la explotación petrolera está degradando ecosistemas enteros y los recursos básicos de las comunidades locales; las represas hidroeléctricas arrasan áreas enteras de bosques; el cultivo del camarón orientado a la exportación produce la desaparición de los manglares.
El resultado es que países ricos en recursos naturales se empobrecen cada vez más desde el punto de vista social, económico y ambiental cuanto más aumenta la explotación y exportación de sus recursos.
Con esos antecedentes, el FMI debe ser considerado como una de las principales causas subyacentes de deforestación y degradación de bosques. Todos los gobiernos (del norte y del sur) se han comprometido a proteger los bosques que aún existen en el mundo y a abordar las causas subyacentes de la deforestación. Todos esos gobiernos integran el FMI. Sin embargo, no siendo ésta una institución democrática, el número de votos dentro del Fondo depende del número de acciones que cada país tiene. Esto implica que la responsabilidad por las políticas y acciones de la institución en relación con los bosques descansa directamente en manos de sus principales accionistas: EE.UU., los países miembros de la Unión Europea y Japón.
Esos gobiernos deben ser forzados a percibir (a través de crecientes campañas), de que el mundo los hace responsables por el desastre social y ambiental resultante de las políticas impuestas por el FMI en los países tropicales, las que deben ser modificadas en forma urgente y radical. Más de lo mismo es simplemente una receta para el desastre.