La subsidiaria venezolana de la empresa transnacional fabricante de pulpa, cartón y embalajes Jefferson Smurfit, con sede central en Dublín, se ha visto forzada finalmente a parar las actividades de deforestación en el estado de Portuguesa. Si bien la compañía posee enormes plantaciones de especies de rápido crecimiento (ver Boletín nro. 18 del WRM), ha estado usando en forma intensa madera proveniente de los escasos bosques tropicales remanentes en la zona, tanto de los situados en terrenos propios, como de los que son propiedad de terceros. La razón para esta actividad ilegal -en algunos casos “legalizada”- es sencilla: la materia prima de los bosques es más barata que la de las plantaciones.
La decisión de cambiar su política no resultó del compromiso que la compañía manifiesta tener con la protección ambiental, ni de la acción de las agencias gubernamentales encargadas de hacer cumplir la ley. El cambio verificado señala el éxito de una larga lucha llevada adelante por campesinos y ambientalistas a nivel local, con el apoyo de algunos parlamentarios y de organizaciones internacionales, entre ellas el WRM. Luego de años tratando de evitar la deforestación practicada por Smurfit, más de un centenar de campesinos, estudiantes y ambientalistas decidieron finalmente bloquear la carretera mediante la cual los camiones de la compañía transportaban madera del bosque tropical hacia la planta industrial. La acción propició la intervención de la Guardia Nacional, que fue puesta en una situación en la cual no pudo hacer otra cosa que intervenir contra la empresa, por lo menos deteniendo doce camiones que cargaban más de 200 toneladas de madera del bosque tropical.
A pesar de los resultados logrados en esta acción, las organizaciones locales han expresado un moderado optimismo en relación con las declaraciones de la compañía de que no usaría más madera tropical en el futuro. Estos sostienen que las mismas fueron formuladas por funcionarios de rango menor dentro de la empresa, y que se encuentran a la espera de más información por parte de ésta y de la Guardia Nacional. Carlos Molina, del Grupo Ambiental Morador, dijo que “por ahora nuestros bosques ya no serán convertidos en cartón corrugado”, en tanto Angel Marín –Presidente del Comité Ambiental Ospino- declaró que la Guardia Nacional “simplemente está haciendo lo que ha dejado de hacer durante años, al aplicar la Ley Forestal de Suelos y Aguas. Lo importante es que hubo un gesto de soberanía ante tanta impunidad”.
Analizando la situación, Marín expresó que “Smurfit es un gran factor de deforestación en una región cuya precaria cobertura boscosa debe preservarse”. Subrayó la importancia de la cobertura internacional que este caso ha recibido y atribuye la decisión de la compañía “a la presión internacional, a la movilización social y al trabajo de congresantes y parlamentarios regionales”.
El Dr. Rafael Gonzalez, abogado del Comité de Tierras de Morador, comentó que “comienza a caer una red organizada de transgresiones ambientales. El costo social de las deforestaciones nunca puede ser compensado por empleos temporales y mal pagados de una actividad que supone destruir la fauna, la flora y los cursos de agua”.
El Prof. Raúl Lugo, conocido ambientalista de la región, agregó que la cuestión del uso ilegal de tierras agrícolas por parte de Smurfit está todavía pendiente y que “se está organizando un frente nacional para enfrentar la colonización del país con empresas depredadoras que imponen un anti-desarrollo”.
Fuentes: Grupo Ecológico Morador.- Optimismo por paralización de deforestaciones anunciado por Smurfit. Boletín de Prensa 17/2/99; Ultimas Noticias 27/1/99; El Regional 31/1/99; El Nuevo País 28/1/99.