El modelo forestal chileno ha sido mostrado como el ejemplo por antonomasia de desarrollo forestal y ha venido siendo exportado a los países de la región. Implementado durante la dictadura militar, tal estilo de desarrollo del sector, que generó concentración económica, desplazamiento de indígenas y campesinos y daños al medio ambiente, está hoy siendo severamente cuestionado -incluso con acciones directas- por parte de los afectados. En este caso, los indígenas mapuches.
Durante los meses de febrero y marzo de este año, el sur de Chile se ha visto conmovido por una serie de sucesos conflictivos en relación con las reivindicaciones territoriales de los mapuches. Excepción hecha del área metropolitana de Santiago, allí habita el grupo más numeroso de esta etnia originaria del actual territorio chileno, compuesta por alrededor de un millón de personas.
Tomando acciones directas para efectivizar sus derechos ancestrales sistemáticamente ignorados, 300 mapuches de las comunidades de Temulemu, Didaico, Pantano, junto a otros provenientes de Lumaco atacaron el 5 de marzo el fundo Chorrillos, al SW de Traiguén. Su propósito era poner fin a la tala de las plantaciones de pino que Forestal Mininco considera de su propiedad. La Reforma Agraria impulsada por el Presidente Eduardo Frei Montalva –padre del actual Presidente- reconoció la propiedad de las comunidades mapuches sobre estas tierras. La dictadura militar pinochetista confiscó posteriormente las mismas, que fueron puestas a la venta y adquiridas por esta empresa.
En tanto la policía defendía el predio, un numeroso grupo de mapuches -que incluía hombres, mujeres y niños- atacaban con boleadoras, hondas y armas de fuego, animados por consignas como “Son pocos (los policías) y pelean por plata; nosotros somos más y peleamos por la vida”. Catorce personas resultaron heridas en la refriega y un clima tenso se instaló definitivamente en la zona. Los indígenas lanzaron un ultimátum para que Mininco detenga definitivamente sus actividades.
Mientras sucedían estos incidentes, la empresa mencionada talaba árboles en otro sector de la misma comuna, operaciones que continuaron al día siguiente. En una actitud de provocación, las tareas de madereo se desarrollaron a escasa distancia de la casa del lonko (jefe mapuche) Pascual Pichún en Santa Rosa de Colpi. Dirigentes mapuches consideran que la actitud de la empresa es una burla al propio sistema judicial, puesto que no hay todavía pronunciamiento sobre el tema. Por lo tanto no se descartan movilizaciones ulteriores.
Una semana después, en la provincia de Arauco, un grupo de cien personas, que componen treinta familias de la etnia mapuche de diversas comunidades aledañas al sector Lautaro-Antiquina, ocupó un fundo donde operaba Forestal Bosques Arauco. Juan Huenupi, miembro del consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en la VIII Región, manifestó que “la gente está cansada y no se hace justicia”. Recordó que los indígenas que participaron de esta acción reclaman 50.000 hectáreas que les fueron reconocidas en la época de la Reforma Agraria y que luego les fueron quitadas por la dictadura militar. Tras ocupar el predio durante un día, los mapuches se retiraron a la espera de que sus reivindicaciones sean de una vez oídas.
El 13 de marzo, cerca de ahí, en la zona de Cañete, un grupo de mapuches asaltaron la hacienda Lleu-Lleu. El asalto tuvo lugar después de celebrarse un nguillatun (reunión mapuche), en el que participaron indígenas de varias comunidades de la provincia de Arauco, en la VIII Región, así como de la IX Región. Osvaldo Carvajal, el actual propietario del predio, considera que se encuentra injustamente implicado en un conflicto histórico entre los mapuches y el estado chileno y ha iniciado acciones legales contra los asaltantes. Al día siguiente los Carabineros detuvieron a la realizadora mapuche Jeanette Paillán -del Centro de Estudios y Comunicación Mapuche Lulul Mawidha- mientras se encontraba filmando un ngillatun. Adujeron que la misma había participado del asalto a la finca el día anterior, acusándosela de hurto y saqueo a la propiedad privada. Sin embargo, su detención en realidad forma parte de una serie de actos intimidatorios y de violencia sufridos por el Centro Lulul por parte de grupos civiles y paramilitares de las empresas forestales de la zona. Otros indígenas fueron también detenidos con posterioridad al asalto de Lleu-Lleu. El 20 de marzo la Justicia dispuso la libertad de cuatro de ellos por falta de pruebas, en tanto tres permanecen incomunicados hasta ser llevados ante los tribunales. En relación con este hecho María Llanquileo, vocera de la coordinadora mapuche de Arauco, anunció ese mismo día un encuentro de todas las comunidades de la provincia en apoyo de los detenidos, del que participarán organizaciones de otros puntos del país.
La situación de violencia que impera en la región se origina en una situación de injusticia, en la que las empresas forestales, con el apoyo irrestricto del Estado, se apropiaron de las tierras de los pueblos originarios. Frente a esta situación, los mapuches apelan a generar hechos políticos para intentar volcar la balanza a su favor para el reconocimiento de sus derechos territoriales.
Los mapuches se encuentran entre los sectores más postergados de Chile y están enfrentados al callejón sin salida de la pérdida de sus territorios y recursos naturales a manos de los que ellos llaman “los chilenos usurpadores”, vale decir las poderosas empresas forestales. Desposeídos de su base material de existencia, su cultura peligra. Según el ex-Ministro de Agricultura del gobierno de la Unidad Popular, Jacques Chonchol, la dictadura fue “el principal responsable” del conflicto que se está viviendo, ya que “impulsó una contrarreforma agraria y las 300.000 hectáreas que se les habían entregado a las comunidades como reparación histórica, les fueron usurpadas y sacadas a remates bajo operaciones fraudulentas, y las compañías forestales las compraron a precios muy bajos”. De este modo las empresas forestales “han monopolizado las tierras y han forestado incluso terrenos agrícolas, lo que es un crimen para el país”. El esquema forestal impuesto a partir de la dictadura militar derivó en la concentración de la propiedad, los medios de producción, el gerenciamiento y la toma de decisiones en un reducido grupo de conglomerados que dominan la cadena productiva en el rubro. Un ejemplo es justamente el de Forestal Arauco. Por otra parte, como es sabido, los monocultivos de pino radiata y eucalipto en el sur del país han sido uno de los principales factores de destrucción del bosque austral chileno.
Las empresas generadoras del daño social y ambiental han mantenido una actitud de dureza frente a los reclamos de los mapuches. Forestal Mininco, perteneciente al conglomerado transnacional Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), contando con el apoyo de CORMA (Corporación Chilena de la Madera), acaba de calificar la acción de los mapuches en el fundo Chorrillos como “terrorismo rural”. Andrés Ovalle, gerente de la compañía, aduce que esas tierras “agricolamente son improductivas y sólo sirven para la forestación”. Por su parte Felipe Lamarca, portavoz de SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril) considera que “el gobierno debe respaldar plenamente a los privados en cuanto al derecho que les corresponde de disponer y administrar sus recursos y evitar plantear propuestas que limiten dicho ejercicio”, a la vez que se alarma por la movilización de los indígenas, conducidos por una nueva generación de líderes, con vinculaciones nacionales e internacionales a movimientos ecologistas e indigenistas. Propone que los mapuches abandonen su territorio o directamente sean transladados a la ciudad, pero asistidos por “políticas estatales de integración, para que no engrosen la marginalidad”.
Lejos de cumplir con el rol que le corresponde en materia de defensa de los derechos culturales y territoriales de los antiguos habitantes del área austral del Chile actual, el estado chileno no ha hecho más que actuar a favor de las empresas forestales. Mario Ríos Santander, Vicepresidente del Senado, dice que “el gobierno no ha dispuesto recursos en el tema indígena”. Por su parte la Ministra de Bienes Nacionales, Adriana Delpiano, admite que el gobierno no cuenta con tierras para ofrecer a los mapuches en la IX Región. El gobierno ha estado permanentemente dubitativo entre la convocatoria al diálogo y la represión. A su vez la acción de la CONADI, sumamente condicionada por un presupuesto insuficiente, ha resultado inoperante tanto en el plano de la conciliación del conflicto como en el de la satisfacción de las demandas de los pueblos indígenas perjudicados.
Dos visiones aparecen claramente enfrentadas en la raíz del conflicto. Una, la del desarrollismo a ultranza, con un estado que fomenta el protagonismo del sector empresarial, el cual, a su vez, ha venido consumiendo vorazmente los bosques nativos, utilizando su madera para alimentar la industria de la pulpa y el papel y reemplazádolos por monocultivos forestales con ese mismo fin. Para las grandes empresas, los mapuches no son más que una molestia y lo que habría que hacer con ellos es sacarlos. La otra visión es la de los pueblos nativos, aferrados a la defensa de su tierra, sus medios de vida y su cultura. No se trata –como alguna prensa ha tratado de ridiculizar- de dar marcha atrás a 300 años de historia, sino de reconocer los derechos de los pueblos indigenas a su territorio, su cultura y su integridad, tal como es la tendencia en la legislación de muchos países de América. Esta sería la forma de detener la violencia en la región. Ello serviría además para frenar un estilo de desarrollo en el sector forestal que beneficia a unos pocos y perjudica no sólo a los mapuches, sino a la gran mayoría de los chilenos. Eso es en esencia el tan mentado y promovido "modelo forestal chileno", que se pretende además imponer en toda América Latina.
Fuentes: Darío Jana 6/3/99, 10/3/99, 12/3/99; Jorge Calbucura 10/3/99, 11/3/99, 18/3/99, 20/3/99; MAPULINK 13/3/99; Monti Aguirre, IRN, 15/3/99; Defensores del Bosque Chileno, “La tragedia del bosque chileno”, Ocho Libros Editores, Santiago de Chile, 1998. Comentarios a cargo del WRM.