Durante años los ambientalistas han acusado a la fábrica de pulpa y papel Indorayon (PT IIU) localizada en Porsea, cerca del Lago Toba en Sumatra del Norte, de estar contaminando el lago y los ríos que en él desembocan, talando los bosques de la zona y plantando monocultivos de eucalipto y acacia para la obtención de materia prima. Un sinnúmero de manifestaciones y protestas tuvo lugar denunciando las actividades de la compañía. La ONG indonesia WAHLI incluso llegó a llevar el caso a los tribunales, acusando tanto a la empresa como al gobierno -que autorizó la construcción de la fábrica en 1989- por los altos niveles de contaminación que aquella estaba ocasionando. El problema generado por la producción insustentable de Indorayon ha demostrado ser de no fácil resolución, dada la diferencia de intereses y puntos de vista de los diferentes actores implicados. Durante esta larga lucha, activistas locales y campesinos –quienes desde siempre han reclamado la clausura de la planta- hasta se vieron enfrentados a ONGs localizadas en la ciudad, que estaban a favor de que la empresa asumiera las responsabilidades de los impactos negativos, sin que se llegara a su clausura. Algo similar sucedió en relación con los trabajadores, quienes querían que la fábrica siguiera funcionando, para así conservar sus puestos de trabajo. En este conflictivo marco, cada tanto voceros del gobierno central salían a opinar que la fábrica debía ser clausurada, mientras que la empresa, con el fin de acallar la oposición, procuraba organizar nuevas organizaciones comunitarias más proclives a llegar a acuerdos con ella.
Como parecía muy dificíl llegar a una solución que conformara a ambas partes, el 12 de marzo el presidente Habibie decidió detener temporalmente las operaciones de Indorayon en el área. “La decisión fue tomada como resultado de la presión de la opinión pública” señaló el Gobernador de Sumatra del Norte Rizal Nurdin tras un encuentro con el Presidente. Habibie también prometió promulgar inmediatamente un decreto presidencial por el que se declara al Lago Toba y a un territorio circundante de 300.000 hectáreas como área de conservación. El futuro de la fábrica habrá de ser decidido por un grupo de expertos que estudiarán el impacto ambiental que ésta provoca, en especial sobre el vecino Lago Toba. Este constituye no sólo una fuente de alimento y de agua para las comunidades de la región, sino que posee también un valor cultural especial para el pueblo Batak que habita en sus orillas. Nurdin dijo asimismo que, basándose en los resultados de dicho estudio, el Presidente habrá de decidir si clausurar, relocalizar o permitir la reanudación de las operaciones de la cuestionada fábrica.
Fuente: Otto Miettinen, 20/3/99.